Las mascarillas han causado una deriva en el discurso del Gobierno. Vamos de bulo en bulo. Primero mintieron para ocultar el desabastecimiento y la falta de previsión en el acopio de material sanitario por parte del Ejecutivo, y luego siguieron mintiendo para disimular el afán recaudador que ha imperado en el insolente impuesto de lujo en un artículo esencial para combatir la mayor pandemia de la humanidad. Repasemos la concatenación de engaños que gira en torno a las mascarillas.
La primera de todas las mentiras la puso el Gobierno en boca de un técnico llamado Fernando Simón, maestro en utilizar el engaño para tapar las negligencias del Gobierno. "No tiene sentido que la población sana utilice mascarillas", decía sin sonrojarse. El día que Fernando Simón dijo a los españoles que el uso de la mascarilla no era aconsejable, cometió el mayor pecado en el que puede incurrir un profesional de su categoría, director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias de España. Fernando Simón sabía perfectamente que el uso de la mascarilla era necesario para contener los contagios producidos por un virus respiratorio que se contagia por el aire que respiramos y, a pesar de eso, durante los primeros meses de la pandemia, utilizó todo tipo de argumentos para desaconsejar su uso.
Es más. El Ministerio de Sanidad desaconsejaba en su página web el uso de la mascarilla con un eslogan que ahora, visto con cierta perspectiva, provoca estupefacción: “Si estás sano, no las uses”. A través de la cuenta en Twitter de Sanidad se continuaba haciendo hincapié en que si la población estaba sana no era necesario llevar mascarilla. Hablamos de los meses de marzo y abril. “No tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa”, insistía Simón.
A principios de abril, cambio de discurso. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, recomendaba las mascarillas para toda la población, más allá del consejo europeo de emplearla en el transporte público.
13 de mayo. Simón, preguntado si finalmente sería obligatorio el uso de mascarilla, explicaba que "si se decide, se tendría que valorar muy bien cómo se explicitan las excepciones". Una semana después, el BOE decretó la obligación de portar mascarilla en todo espacio, abierto o cerrado, donde no se pudiera respetar la distancia de seguridad.
Y finalmente, el propio Fernando Simón se vio obligado a confesar la verdad que permanecía oculta: no se recomendó el uso de las mascarillas por falta de abastecimiento. “En una situación de escasez de mascarillas, éramos muy prudentes a la hora de hacer recomendaciones que no se podían aplicar. Desde que se inició la pandemia, hemos tratado de ser muy realistas con las medidas de control”, dijo el 20 de mayo. Ese día, sepultó su prestigio como profesional independiente: la gente esperaba de él un criterio científico, no una excusa política.
El 30 de junio Ciudadanos llevó al Pleno del Congreso la propuesta para bajar el IVA de las mascarillas al 4%. Logró el apoyo de todos los grupos, salvo los del Gobierno. Los socialistas se amparaban en la legislación europea: no se puede aplicar el IVA hiperreducido sin modificar la normativa. Desde hacía semanas, Portugal había reducido el IVA al 6%; Alemania al 5%; Francia, al 5,5%; Austria, al 0%, como en Bélgica...
El vicepresidente Pablo Iglesias se escudaba en que el Gobierno pretendía bajar "mucho más" del 4%, y que por tal motivo se habían negado a aceptar la medida propuesta por la oposición. "Es escandaloso que el IVA de las mascarillas, un producto de primera necesidad, esté al 21%", dijo el líder de Podemos.
Ya entrado el mes de octubre, la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, echaba la culpa a Europa. "No es decisión del Gobierno de España; es una cuestión del reglamento europeo". El 28 de octubre, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, consideraba en el Congreso que el precio es elevado, por lo que se estaban estudiando la reducción de su coste "para determinados sectores sociales". Por aquel entonces, Hacienda descartaba la bajada del IVA y pensaba en incentivar la producción nacional y rebajar el precio máximo.
3 de noviembre. El Gobierno registró en el Congreso el veto a la enmienda de Ciudadanos para bajar el IVA al 4% alegando que, además de que la legislación europea lo impedía, la medida supondría "1.568 millones de menor recaudación al año", con una estimación de consumo diario de 50 millones de mascarillas. De paso, también rechazó otorgar ayudas económicas a Pymes y autónomos para la adquisición de mascarillas y realización de PCR a sus trabajadores, alegando que el Gobierno no se puede permitir el gasto de 2.024 millones de euros en financiar mascarillas y 180 millones de euros en las PCR. También rechazó financiar pruebas PCR masivas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el personal sanitario alegando su coste, que cifra en 10,7 millones de euros. Eso sí, la nómina de los asesores de Pedro Sánchez y demás altos cargos (16,4 millones) se mantiene intacta en el proyecto de Presupuestos.
El 6 de noviembre pidieron por escrito el aprobado a Europa. El día 9, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, asumía que el Gobierno "se podía plantear" la bajada del IVA de las mascarillas. El día 10, Illa pedía "prudencia" sobre este asunto y admitía que se estaba trabajando en varias opciones "para ver si se podía lograr".
Tras el Consejo de Ministros, María Jesús Montero pidió "respeto a la legalidad vigente", e insistió en que el reglamento europeo impedía la bajada del IVA de las mascarillas, motivo por el cual el Gobierno había enviado un escrito a Bruselas "para que confirmara este extremo". Anunció que el gobierno valoraba una doble vía para bajar el coste: no solo a través de la reducción del impuesto, sino también regulando (a la baja) el precio máximo del producto (fijado en 0,96 euros para las quirúrgicas). Sin duda, la segunda vía es la más interesante para el Ejecutivo, que mantiene su recaudación impositiva pero traspasa a los vendedores las pérdidas, al tener que venderlas (obligatoriamente) más baratas.
La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, acusó el 11 de noviembre a otros países europeos de saltarse la ley. "Lo que no queremos hacer es saltarnos la legalidad; hay otros países que lo han hecho, que no les importan las directivas europeas, pero a nosotros, sí", declaraba en RTVE. ¿Nadie la había avisado de que la ministra de Hacienda iba a bajar el telón del espectáculo burlesco en el pleno del Congreso unas horas después?
Esa misma mañana, durante el debate de los Presupuestos, Mª Jesús Montero anunciaba que el Consejo de Ministros iba a aprobar un Real Decreto para bajar el IVA de las mascarillas al 4%, tras haber recibido el visto bueno de Bruselas. Así, las mascarillas quirúrgicas deberían bajar algo más de 15 céntimos sólo por efecto del impuesto, hasta los 0,80€, pero con la reducción de precio impuesta por el Ejecutivo, su precio máximo queda en 0,72€ IVA incluido.
Toda esta polémica sobre el impuesto deviene porque la confirmación de la UE ya fue emitida en abril (precisamente a ella se acogieron varios países para aplicar la rebaja meses atrás), lo que demuestra no solo el engaño, sino el afán recaudatorio de nuestro gobierno (a costa de los millones de ciudadanos que las están pasando canutas con esta crisis).
Nueve meses han pasado con mentiras sobre las mascarillas. ¿Acabarán aquí? ¡Pues no! Una vez publicado el Real Decreto-ley 34/2020 en el BOE, llegaba la sorpresa: la bajada del IVA solo se aplica a las mascarillas quirúrgicas deshechables. Quedan fuera del real decreto otros tipos de mascarillas de uso bastante extendido como las FPP2 (que son las que realmente protegen del virus), que seguirán teniendo un IVA del 21%.
¿Y España? Como siempre, a la contra. Si en agosto Fernando Simón calificó las mascarillas FFP2 de "egoístas" porque protegen en ambos sentidos (aire inhalado y aire exhalado), ahora el Ministro de Consumo, Alberto Garzón, asegura que "no hay evidencias de que las mascarillas FFP2 protejan mejor que las quirúrgicas", pese a que la práctica totalidad del Gobierno ya la usa en público. Estas declaraciones demuestran, una vez más, el negacionismo y la irresponsabilidad de nuestro Gobierno.
Porque lo que ha dicho Garzón es rotundamente FALSO. La recomendación de la comunidad científica es clara: evitar las mascarillas de tela o artesanales así como las quirúrgicas, que filtran solo el 70% de las partículas. Está completamente probado que las mascarillas FFP2 son las más seguras, puesto que las quirúrgicas solo protegen de la emisión de gotículas por parte del portador, mientras que éstas lo hacen también frente a la inoculación de aerosoles. Son, por tanto, las más recomendables para su uso en interiores poco ventilados.
Entonces, ¿por qué el Gobierno de España sigue negando la mayor? Pues como siempre, por una cuestión económica. Las FFP2 son más caras, y además mantienen el IVA del 21% (impuesto de lujo). Está claro -y lo saben perfectamente- que si las decretasen obligatorias se evitarían muchos contagios, pero las asociaciones de consumidores (y la población en general) se les echaría encima. El Ejecutivo debería regular el abusivo precio de este tipo de mascarillas (en España cuestan 3€ cada una, mientras que en China no llegan a 1€), así como aplicarles el IVA reducido. Y está claro que no está por la labor.
La primera de todas las mentiras la puso el Gobierno en boca de un técnico llamado Fernando Simón, maestro en utilizar el engaño para tapar las negligencias del Gobierno. "No tiene sentido que la población sana utilice mascarillas", decía sin sonrojarse. El día que Fernando Simón dijo a los españoles que el uso de la mascarilla no era aconsejable, cometió el mayor pecado en el que puede incurrir un profesional de su categoría, director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias de España. Fernando Simón sabía perfectamente que el uso de la mascarilla era necesario para contener los contagios producidos por un virus respiratorio que se contagia por el aire que respiramos y, a pesar de eso, durante los primeros meses de la pandemia, utilizó todo tipo de argumentos para desaconsejar su uso.
Es más. El Ministerio de Sanidad desaconsejaba en su página web el uso de la mascarilla con un eslogan que ahora, visto con cierta perspectiva, provoca estupefacción: “Si estás sano, no las uses”. A través de la cuenta en Twitter de Sanidad se continuaba haciendo hincapié en que si la población estaba sana no era necesario llevar mascarilla. Hablamos de los meses de marzo y abril. “No tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa”, insistía Simón.
A principios de abril, cambio de discurso. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, recomendaba las mascarillas para toda la población, más allá del consejo europeo de emplearla en el transporte público.
13 de mayo. Simón, preguntado si finalmente sería obligatorio el uso de mascarilla, explicaba que "si se decide, se tendría que valorar muy bien cómo se explicitan las excepciones". Una semana después, el BOE decretó la obligación de portar mascarilla en todo espacio, abierto o cerrado, donde no se pudiera respetar la distancia de seguridad.
Y finalmente, el propio Fernando Simón se vio obligado a confesar la verdad que permanecía oculta: no se recomendó el uso de las mascarillas por falta de abastecimiento. “En una situación de escasez de mascarillas, éramos muy prudentes a la hora de hacer recomendaciones que no se podían aplicar. Desde que se inició la pandemia, hemos tratado de ser muy realistas con las medidas de control”, dijo el 20 de mayo. Ese día, sepultó su prestigio como profesional independiente: la gente esperaba de él un criterio científico, no una excusa política.
El IVA de las mascarillas
Más burda aún ha sido la mentira (una más) sostenida por el Gobierno para mantener el impuesto de artículo de lujo de las mascarillas durante todo este tiempo, un 21% de IVA en vez de un 4% como bien de primera necesidad. La acumulación de argumentos falsos y excusas inventadas es tan descarada que cuesta trabajo hasta reconocerlo como mentira, por el desahogo con el que se lanza una trola con la máxima seriedad.El 30 de junio Ciudadanos llevó al Pleno del Congreso la propuesta para bajar el IVA de las mascarillas al 4%. Logró el apoyo de todos los grupos, salvo los del Gobierno. Los socialistas se amparaban en la legislación europea: no se puede aplicar el IVA hiperreducido sin modificar la normativa. Desde hacía semanas, Portugal había reducido el IVA al 6%; Alemania al 5%; Francia, al 5,5%; Austria, al 0%, como en Bélgica...
El vicepresidente Pablo Iglesias se escudaba en que el Gobierno pretendía bajar "mucho más" del 4%, y que por tal motivo se habían negado a aceptar la medida propuesta por la oposición. "Es escandaloso que el IVA de las mascarillas, un producto de primera necesidad, esté al 21%", dijo el líder de Podemos.
Ya entrado el mes de octubre, la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, echaba la culpa a Europa. "No es decisión del Gobierno de España; es una cuestión del reglamento europeo". El 28 de octubre, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, consideraba en el Congreso que el precio es elevado, por lo que se estaban estudiando la reducción de su coste "para determinados sectores sociales". Por aquel entonces, Hacienda descartaba la bajada del IVA y pensaba en incentivar la producción nacional y rebajar el precio máximo.
3 de noviembre. El Gobierno registró en el Congreso el veto a la enmienda de Ciudadanos para bajar el IVA al 4% alegando que, además de que la legislación europea lo impedía, la medida supondría "1.568 millones de menor recaudación al año", con una estimación de consumo diario de 50 millones de mascarillas. De paso, también rechazó otorgar ayudas económicas a Pymes y autónomos para la adquisición de mascarillas y realización de PCR a sus trabajadores, alegando que el Gobierno no se puede permitir el gasto de 2.024 millones de euros en financiar mascarillas y 180 millones de euros en las PCR. También rechazó financiar pruebas PCR masivas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el personal sanitario alegando su coste, que cifra en 10,7 millones de euros. Eso sí, la nómina de los asesores de Pedro Sánchez y demás altos cargos (16,4 millones) se mantiene intacta en el proyecto de Presupuestos.
El 6 de noviembre pidieron por escrito el aprobado a Europa. El día 9, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, asumía que el Gobierno "se podía plantear" la bajada del IVA de las mascarillas. El día 10, Illa pedía "prudencia" sobre este asunto y admitía que se estaba trabajando en varias opciones "para ver si se podía lograr".
Tras el Consejo de Ministros, María Jesús Montero pidió "respeto a la legalidad vigente", e insistió en que el reglamento europeo impedía la bajada del IVA de las mascarillas, motivo por el cual el Gobierno había enviado un escrito a Bruselas "para que confirmara este extremo". Anunció que el gobierno valoraba una doble vía para bajar el coste: no solo a través de la reducción del impuesto, sino también regulando (a la baja) el precio máximo del producto (fijado en 0,96 euros para las quirúrgicas). Sin duda, la segunda vía es la más interesante para el Ejecutivo, que mantiene su recaudación impositiva pero traspasa a los vendedores las pérdidas, al tener que venderlas (obligatoriamente) más baratas.
La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, acusó el 11 de noviembre a otros países europeos de saltarse la ley. "Lo que no queremos hacer es saltarnos la legalidad; hay otros países que lo han hecho, que no les importan las directivas europeas, pero a nosotros, sí", declaraba en RTVE. ¿Nadie la había avisado de que la ministra de Hacienda iba a bajar el telón del espectáculo burlesco en el pleno del Congreso unas horas después?
Esa misma mañana, durante el debate de los Presupuestos, Mª Jesús Montero anunciaba que el Consejo de Ministros iba a aprobar un Real Decreto para bajar el IVA de las mascarillas al 4%, tras haber recibido el visto bueno de Bruselas. Así, las mascarillas quirúrgicas deberían bajar algo más de 15 céntimos sólo por efecto del impuesto, hasta los 0,80€, pero con la reducción de precio impuesta por el Ejecutivo, su precio máximo queda en 0,72€ IVA incluido.
Toda esta polémica sobre el impuesto deviene porque la confirmación de la UE ya fue emitida en abril (precisamente a ella se acogieron varios países para aplicar la rebaja meses atrás), lo que demuestra no solo el engaño, sino el afán recaudatorio de nuestro gobierno (a costa de los millones de ciudadanos que las están pasando canutas con esta crisis).
Nueve meses han pasado con mentiras sobre las mascarillas. ¿Acabarán aquí? ¡Pues no! Una vez publicado el Real Decreto-ley 34/2020 en el BOE, llegaba la sorpresa: la bajada del IVA solo se aplica a las mascarillas quirúrgicas deshechables. Quedan fuera del real decreto otros tipos de mascarillas de uso bastante extendido como las FPP2 (que son las que realmente protegen del virus), que seguirán teniendo un IVA del 21%.
¿FFP2 obligatorias?
Ante el aumento de contagios detectado desde finales de Diciembre por la aparición de nuevas variantes de coronavirus, Europa camina hacia el uso obligatorio de las mascarillas FFP2, que tienen una capacidad de filtración del 95%. Alemania y Francia, por ejemplo, ya exigen su uso para acceder al transporte público, a los comercios y a espacios cerrados.¿Y España? Como siempre, a la contra. Si en agosto Fernando Simón calificó las mascarillas FFP2 de "egoístas" porque protegen en ambos sentidos (aire inhalado y aire exhalado), ahora el Ministro de Consumo, Alberto Garzón, asegura que "no hay evidencias de que las mascarillas FFP2 protejan mejor que las quirúrgicas", pese a que la práctica totalidad del Gobierno ya la usa en público. Estas declaraciones demuestran, una vez más, el negacionismo y la irresponsabilidad de nuestro Gobierno.
Porque lo que ha dicho Garzón es rotundamente FALSO. La recomendación de la comunidad científica es clara: evitar las mascarillas de tela o artesanales así como las quirúrgicas, que filtran solo el 70% de las partículas. Está completamente probado que las mascarillas FFP2 son las más seguras, puesto que las quirúrgicas solo protegen de la emisión de gotículas por parte del portador, mientras que éstas lo hacen también frente a la inoculación de aerosoles. Son, por tanto, las más recomendables para su uso en interiores poco ventilados.
Entonces, ¿por qué el Gobierno de España sigue negando la mayor? Pues como siempre, por una cuestión económica. Las FFP2 son más caras, y además mantienen el IVA del 21% (impuesto de lujo). Está claro -y lo saben perfectamente- que si las decretasen obligatorias se evitarían muchos contagios, pero las asociaciones de consumidores (y la población en general) se les echaría encima. El Ejecutivo debería regular el abusivo precio de este tipo de mascarillas (en España cuestan 3€ cada una, mientras que en China no llegan a 1€), así como aplicarles el IVA reducido. Y está claro que no está por la labor.