La pandemia está descontrolada y el virus campa a sus anchas por toda la geografía española. El Gobierno ha derivado toda responsabilidad en las autonomías, continúa manipulando las cifras oficiales de fallecidos, y se niega a permitir una investigación independiente de la gestión de la pandemia en España (tal y como han solicitado las sociedades científicas, y como se está realizando en otros países europeos). ¿A qué se dedica pues el Gobierno socialcomunista desde que vino de vacaciones? Está muy ocupado negociando el apoyo de golpistas y etarras a los Presupuestos Generales del Estado, y retomando su apretada agenda ideológica más radical.
España es con el Reino Unido el país del G-20 donde más se ha desplomado el PIB y el de peor pronóstico de recuperación. Los datos epidemiológicos resultan también pésimos: tercer país del planeta con más muertos por millón de habitantes y líderes europeos en contagios. Ante un panorama con urgencias tan agobiantes, ¿cuál es a estas horas la prioridad del Gobierno de España? La de siempre: escurrir el bulto. La factoría de Iván Redondo ha diseñado el plan perfecto para extender una cortina de humo sobre su negligente gestión de la pandemia.
Con la complicidad de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y gracias a la mayoría que el PSOE y Unidas Podemos suman en la Mesa de la Cámara Baja (la que decide qué asuntos tienen prioridad y cuáles no), Sánchez ha decidido meter la sexta marcha a sus leyes más de izquierdas para no perder el favor de su electorado y así, de paso, desviar la atención de la opinión pública de los ya 53.000 muertos que pesan sobre sus espaldas.
El Gobierno se ha marcado como objetivo para los próximos meses del curso político impulsar varias leyes o reformas de leyes de alto voltaje ideológico, como así queda recogido en el Plan Anual Normativo 2020 que el Consejo de Ministros aprobó el 8 de septiembre (con retraso por la pandemia). Éstas son algunas:
España es con el Reino Unido el país del G-20 donde más se ha desplomado el PIB y el de peor pronóstico de recuperación. Los datos epidemiológicos resultan también pésimos: tercer país del planeta con más muertos por millón de habitantes y líderes europeos en contagios. Ante un panorama con urgencias tan agobiantes, ¿cuál es a estas horas la prioridad del Gobierno de España? La de siempre: escurrir el bulto. La factoría de Iván Redondo ha diseñado el plan perfecto para extender una cortina de humo sobre su negligente gestión de la pandemia.
Con la complicidad de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y gracias a la mayoría que el PSOE y Unidas Podemos suman en la Mesa de la Cámara Baja (la que decide qué asuntos tienen prioridad y cuáles no), Sánchez ha decidido meter la sexta marcha a sus leyes más de izquierdas para no perder el favor de su electorado y así, de paso, desviar la atención de la opinión pública de los ya 53.000 muertos que pesan sobre sus espaldas.
El Gobierno se ha marcado como objetivo para los próximos meses del curso político impulsar varias leyes o reformas de leyes de alto voltaje ideológico, como así queda recogido en el Plan Anual Normativo 2020 que el Consejo de Ministros aprobó el 8 de septiembre (con retraso por la pandemia). Éstas son algunas:
Ley de la Eutanasia
El PSOE quiere convertir la eutanasia en «un nuevo derecho individual», y despenalizar el derecho a la muerte digna. Con 201 votos a favor, 140 en contra y dos abstenciones, el pleno del Congreso aprobó el pasado 11 de febrero la tramitación de la proposición de esta ley socialista, que se vio paralizada por la irrupción del coronavirus.
Se retomó el 10 de septiembre, con el debate (y posterior rechazo) de las enmiendas presentadas por PP y Vox contra la Ley de la Eutanasia. El plazo para la presentación de enmiendas parciales finaliza el 16 de septiembre, y posteriormente se constituirá la ponencia encargada de dar forma a la iniciativa.
Ley de Memoria Democrática
También el Consejo de Ministros ha aprobado (el 15 de septiembre) el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, impulsado por la vicepresidenta Carmen Calvo.
Entre otras cosas, contemplará la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado de 1936; la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos; la exhumación de víctimas del franquismo de fosas comunes sufragada por fondos públicos; que los descendientes de los brigadistas internacionales puedan acceder a la nacionalidad española; o la "resignificación" del Valle de los Caídos (que será reconvertido en un cementerio civil, lo que comportará el desahucio de la comunidad benedictina que allí habita).
El problema es que la norma que traen Sánchez y Calvo forma parte de su amplio proyecto de ingeniería social. Está impregnada de un resabio dogmático que la convierte en una ley tuerta. Se recuerdan los abusos represivos que cometió en su día el totalitarismo de derechas, pero se corre un velo absoluto sobre los del totalitarismo de izquierdas. Lo que propugna el sanchismo es contar la historia a medias, un relato maquiqueo, en blanco y negro.
Es decir, se pretende establecer el delito de apología del franquismo (habrá multas de hasta 150.000€ y hasta 4 años de prisión) pero seguirá estando permitida la apología del comunismo (se podrán seguir promoviendo sus ideas totalitarias y contrarias a la democracia; incluso los grandes criminales socialistas y comunistas españoles podrán seguir siendo homenajeados impunemente). Se ilegalizará a la Fundación Francisco Franco pero no harán lo mismo con partidos políticos con un historial sangriento o golpista como el Partido Comunista, ERC o Bildu, que además están (en activo) gobernando España.
El Ejecutivo que presiden Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pretende reescribir por ley lo acontecido en España desde 1934 con el fin de convertir a los vencidos de la Guerra Civil en vencedores y a los vencedores en vencidos, haciendo mangas y capirotes del ejemplar ejercicio de reconciliación que conocemos como Transición y se basó en el propósito común de pasar página de aquella tragedia en aras de construir juntos una España plural y próspera. Pretende dinamitar los consensos alcanzados entonces para sentar las bases de un cambio de régimen donde quede prohibido pensar con cabeza propia y discrepar de cualquiera de los dogmas incluidos en la doctrina mal llamada «progresista», empezando por el que presenta una república intachable de ciudadanos felices arrollada por la barbarie de unos militares «fachas» que acabaron reinstaurando una monarquía ilegítima.
Pretende ignorar dos leyes de amnistía aprobadas por abrumadora mayoría, a costa de grandes renuncias, pero hacerlo de forma selectiva y sectaria; esto es, desamparando a quienes pudieran haber protagonizado algún hecho delictivo desde las filas del franquismo sin privar de impunidad a las decenas de terroristas con las manos manchadas de sangre que se beneficiaron de esos indultos, a menudo para volver a matar. En definitiva, pretende imponernos una única visión sesgada y partidista de lo acontecido en nuestro país durante el último siglo para así facilitar la magna siembra demagógica y falsaria que ha de sustentar su proyecto liberticida.
El texto es claramente intervencionista y pasa directamente a ser no solo ejecutivo (multas, sanciones, ilegalizaciones) sino también adoctrinador, pues lleva su versión a la escuela. Los alumnos de Secundaria estudiarán obligatoriamente una asignatura sobre «los crímenes del fascismo», y se incluirá en la formación a los profesores, de tal forma que no quede ningún cabo suelto para la institucionalización de la nueva doctrina.
Prohibir y castigar al que opina diferente es algo que veíamos muy lejos de nosotros, en la dictadura cubana y en la tiranía venezolana, pero ya lo tenemos aquí en España. Si se cumplen los plazos, la Ley de Distracción Histórica quedará aprobada en el verano de 2021.
No es el momento de luchar contra la dictadura de Franco, pues murió hace 42 años. Es el momento de luchar en defensa de la libertad que hoy disfrutamos frente a los nuevos aspirantes a tiranos, frente a los que pretenden dejar sin efecto el artículo 20 de nuestra Constitución, que defiende la libertad de expresión en general y la libertad de cátedra en particular.
Este nuevo proyecto de Ley de Memoria Democrática es, para el Gobierno, "urgente y necesario". ¿De verdad piensan que teniendo 12.000 infectados y 250 fallecidos por Covid diarios, esta ley es una prioridad en este momento? ¿Que estando el país en números rojos, debe gastarse el dinero público en exhumar cadáveres y en ahondar en la división de los españoles por un conflicto que estalló hace 84 años? Claro que esta ley llega camuflada en medio de unos informativos sectarios que sólo se dedican a contar nuevos casos del Covid-19, cuántas aulas de cuántos colegios ha habido que cerrar hoy, y cuántos jóvenes estuvieron anoche sin mascarilla haciendo botellón.
El problema es que la norma que traen Sánchez y Calvo forma parte de su amplio proyecto de ingeniería social. Está impregnada de un resabio dogmático que la convierte en una ley tuerta. Se recuerdan los abusos represivos que cometió en su día el totalitarismo de derechas, pero se corre un velo absoluto sobre los del totalitarismo de izquierdas. Lo que propugna el sanchismo es contar la historia a medias, un relato maquiqueo, en blanco y negro.
Es decir, se pretende establecer el delito de apología del franquismo (habrá multas de hasta 150.000€ y hasta 4 años de prisión) pero seguirá estando permitida la apología del comunismo (se podrán seguir promoviendo sus ideas totalitarias y contrarias a la democracia; incluso los grandes criminales socialistas y comunistas españoles podrán seguir siendo homenajeados impunemente). Se ilegalizará a la Fundación Francisco Franco pero no harán lo mismo con partidos políticos con un historial sangriento o golpista como el Partido Comunista, ERC o Bildu, que además están (en activo) gobernando España.
El Ejecutivo que presiden Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pretende reescribir por ley lo acontecido en España desde 1934 con el fin de convertir a los vencidos de la Guerra Civil en vencedores y a los vencedores en vencidos, haciendo mangas y capirotes del ejemplar ejercicio de reconciliación que conocemos como Transición y se basó en el propósito común de pasar página de aquella tragedia en aras de construir juntos una España plural y próspera. Pretende dinamitar los consensos alcanzados entonces para sentar las bases de un cambio de régimen donde quede prohibido pensar con cabeza propia y discrepar de cualquiera de los dogmas incluidos en la doctrina mal llamada «progresista», empezando por el que presenta una república intachable de ciudadanos felices arrollada por la barbarie de unos militares «fachas» que acabaron reinstaurando una monarquía ilegítima.
Pretende ignorar dos leyes de amnistía aprobadas por abrumadora mayoría, a costa de grandes renuncias, pero hacerlo de forma selectiva y sectaria; esto es, desamparando a quienes pudieran haber protagonizado algún hecho delictivo desde las filas del franquismo sin privar de impunidad a las decenas de terroristas con las manos manchadas de sangre que se beneficiaron de esos indultos, a menudo para volver a matar. En definitiva, pretende imponernos una única visión sesgada y partidista de lo acontecido en nuestro país durante el último siglo para así facilitar la magna siembra demagógica y falsaria que ha de sustentar su proyecto liberticida.
El texto es claramente intervencionista y pasa directamente a ser no solo ejecutivo (multas, sanciones, ilegalizaciones) sino también adoctrinador, pues lleva su versión a la escuela. Los alumnos de Secundaria estudiarán obligatoriamente una asignatura sobre «los crímenes del fascismo», y se incluirá en la formación a los profesores, de tal forma que no quede ningún cabo suelto para la institucionalización de la nueva doctrina.
Prohibir y castigar al que opina diferente es algo que veíamos muy lejos de nosotros, en la dictadura cubana y en la tiranía venezolana, pero ya lo tenemos aquí en España. Si se cumplen los plazos, la Ley de Distracción Histórica quedará aprobada en el verano de 2021.
No es el momento de luchar contra la dictadura de Franco, pues murió hace 42 años. Es el momento de luchar en defensa de la libertad que hoy disfrutamos frente a los nuevos aspirantes a tiranos, frente a los que pretenden dejar sin efecto el artículo 20 de nuestra Constitución, que defiende la libertad de expresión en general y la libertad de cátedra en particular.
Este nuevo proyecto de Ley de Memoria Democrática es, para el Gobierno, "urgente y necesario". ¿De verdad piensan que teniendo 12.000 infectados y 250 fallecidos por Covid diarios, esta ley es una prioridad en este momento? ¿Que estando el país en números rojos, debe gastarse el dinero público en exhumar cadáveres y en ahondar en la división de los españoles por un conflicto que estalló hace 84 años? Claro que esta ley llega camuflada en medio de unos informativos sectarios que sólo se dedican a contar nuevos casos del Covid-19, cuántas aulas de cuántos colegios ha habido que cerrar hoy, y cuántos jóvenes estuvieron anoche sin mascarilla haciendo botellón.
Leyes feministas y de género
Por otro lado, el Ejecutivo pretende aprobar de una vez por todas la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, la llamada "ley del solo sí es sí", que en el primer trimestre del año provocó muchas tensiones entre el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y el de Justicia, por su cuestionada calidad jurídica. En marzo, coincidiendo con el 8-M, se aprobó un anteproyecto que el mes pasado en Ejecutivo decidió devolver a Igualdad para su mejora, incluso después de haber pedido a los órganos consultivos preceptivos que emitieran sus informes.
La «ley del solo sí es sí» castiga todo acto sexual no consentido, incluido el piropo, las miradas lascivas, las bromas, las insinuaciones y el «acoso callejero». No diferencia entre agresión y abuso sexual (refunde ambos delitos), por lo que ya no conllevan un rango distinto de penas, que será de 1 a 4 años de cárcel. Es decir, todo acto «sin consentimiento expreso» (no aclara cómo se acreditará esa autorización expresa) y que atente contra la libertad sexual será agresión sexual.
La «ley del solo sí es sí» castiga todo acto sexual no consentido, incluido el piropo, las miradas lascivas, las bromas, las insinuaciones y el «acoso callejero». No diferencia entre agresión y abuso sexual (refunde ambos delitos), por lo que ya no conllevan un rango distinto de penas, que será de 1 a 4 años de cárcel. Es decir, todo acto «sin consentimiento expreso» (no aclara cómo se acreditará esa autorización expresa) y que atente contra la libertad sexual será agresión sexual.
También está en la agenda para lo que queda de 2020 la llamada Ley Orgánica para la igualdad de las personas LGTBI y para la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. Como la anterior, llevará el sello del Ministerio de Igualdad, cuya titular explicó hace unos meses que la norma pretende ampliar derechos al colectivo y "luchar contra el estigma, la discriminación y las violencias que históricamente ha sufrido".
Como Ministra, la señora Montero es una destacada incompetente. Un florero solicitado por el macho alfa con el que consintió sin clase de arrobo alguno el presidente Sánchez, el conspicuo embustero que nos gobierna. Desde el Ministerio de Igualdad se dedica infatigablemente a promover el feminismo más recalcitrante y nocivo. La nueva religión que nos quieren meter en vena, aprovechando el mantra de la violencia de género, es un sarcasmo.
Debemos respetar la libertad sexual y aprender a convivir en el respeto máximo con los homosexuales pero no deberíamos apoyar ni un momento más la patraña marxista leninista de género que niega las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y afirma que el sexo es exclusivamente una construcción social, rechazando las influencias físicas y psicológicas en la diferenciación de los roles genéticos con la siniestra intención de esconder tras la ideología de género la destrucción de la familia.
El socialismo de Sánchez está empeñado en emponzoñar y dividir a la sociedad con su proyecto continuado de revisionismo histórico, y el ala comunista de la Moncloa que representan Iglesias y Montero está determinado a quebrar la convivencia natural entre hombres y mujeres, dispuesto a enfrentarnos, y trabajan a destajo para que aborrezcamos el deseo natural por la contraparte, para castrar el apetito carnal y para hacernos sentir unos delincuentes.
Irene Montero también ha anunciado que derogará la reforma que hizo Rajoy de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley Orgánica 11/2015), pues en su opinión no da la opción «libre» de abortar. La actual normativa requiere el consentimiento paterno para abortar si las mujeres son menores de edad. Ahora la ministra de Igualdad reivindica «el derecho a la interrupción del embarazo en condiciones de seguridad», así como «el derecho de todas las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, a una maternidad libremente decidida y, sobre todo, una vida sexual plena y libre». También quiere garantizar el acceso a las mejores técnicas anticonceptivas para todas las mujeres, así como que se impartan clases de educación sexual.
En la «agenda feminista» de Montero hay que «vencer al machismo y el heteropatriarcado», y va ligada la concepción de la sociedad que quiera ser más eficiente económicamente con la introducción de directrices feministas en todas las medidas. El Gobierno va a promulgar dos reales decretos, uno para regular la igualdad retributiva y acabar con la brecha salarial, y otro centrado en la creación de los planes de igualdad de las empresas de más de 50 trabajadores.
Debemos respetar la libertad sexual y aprender a convivir en el respeto máximo con los homosexuales pero no deberíamos apoyar ni un momento más la patraña marxista leninista de género que niega las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y afirma que el sexo es exclusivamente una construcción social, rechazando las influencias físicas y psicológicas en la diferenciación de los roles genéticos con la siniestra intención de esconder tras la ideología de género la destrucción de la familia.
El socialismo de Sánchez está empeñado en emponzoñar y dividir a la sociedad con su proyecto continuado de revisionismo histórico, y el ala comunista de la Moncloa que representan Iglesias y Montero está determinado a quebrar la convivencia natural entre hombres y mujeres, dispuesto a enfrentarnos, y trabajan a destajo para que aborrezcamos el deseo natural por la contraparte, para castrar el apetito carnal y para hacernos sentir unos delincuentes.
Irene Montero también ha anunciado que derogará la reforma que hizo Rajoy de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley Orgánica 11/2015), pues en su opinión no da la opción «libre» de abortar. La actual normativa requiere el consentimiento paterno para abortar si las mujeres son menores de edad. Ahora la ministra de Igualdad reivindica «el derecho a la interrupción del embarazo en condiciones de seguridad», así como «el derecho de todas las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, a una maternidad libremente decidida y, sobre todo, una vida sexual plena y libre». También quiere garantizar el acceso a las mejores técnicas anticonceptivas para todas las mujeres, así como que se impartan clases de educación sexual.
En la «agenda feminista» de Montero hay que «vencer al machismo y el heteropatriarcado», y va ligada la concepción de la sociedad que quiera ser más eficiente económicamente con la introducción de directrices feministas en todas las medidas. El Gobierno va a promulgar dos reales decretos, uno para regular la igualdad retributiva y acabar con la brecha salarial, y otro centrado en la creación de los planes de igualdad de las empresas de más de 50 trabajadores.
Otras leyes de alto voltaje
En los planes más inmediatos de Sánchez e Iglesias también figura una nueva Ley de secretos oficiales (la vigente es de 1968, reformada en 1978) que permita desclasificar los archivos secretos de la dictadura, la transición, el golpe de Estado del 23-F, los GAL... Precisamente en un momento en que Unidas Podemos y los independentistas han puesto en su punto de mira el régimen del 78 y el sistema de Monarquía parlamentaria aprobado en la Constitución. Esta ley es una vieja petición del PNV, y será impulsada por el Ministerio de Defensa de Margarita Robles.Y está por ver por dónde va la reforma que el Ministerio de Interior de Fernando Grande-Marlaska pretende para este curso de la Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, después de que Sánchez se mostrara compungido en el Congreso y le diera el más sentido pésame a Bildu por el suicidio de un preso etarra.
Como también está por ver la reforma del Código Penal comprometida por el Ministerio de Justicia y referente al delito de sedición, fruto de la negociación de los Presupuestos con ERC y Junts per Catalunya.
En un ejercicio de blindaje del poder de la Fiscalía de Dolores Delgado, el Gobierno también ha lanzado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), mediante la cual los fiscales podrán decidir, por su cuenta y riesgo (sin orden judicial), autorizar el registro y entrada de los lugares cerrados que no son domicilio y sin previo aviso. Es decir, la ley de la patada en la puerta. No contentos con eso, añade: «Se incluye en la nueva regulación la intromisión en el domicilio a través de medios electrónicos que permiten conocer desde el exterior la situación o el movimiento de personas y cosas en un espacio». Los jueces temen que con esta ley, el control de la Fiscalía albergue el deseo de un control de las fases de instrucción judicial.
Luego está la creación de un comité para vigilar a los medios e imponer una verdad institucional. O sea, el zorro, el Gobierno, vigilando el gallinero. ¡Qué barbaridad! La propia creación de un Ministerio de la Verdad con sede en Moncloa es el mejor ejemplo de esa desinformación que dicen que pretenden perseguir, porque las razones en las que se sustenta su fundación (una especie de exigencia o mandato de la Unión Europea) son falsas. Ningún plan europeo habilita al gobierno a mover los hilos de la prensa patria (más de lo que ya lo hace) para dirigir la información y controlar así nuestro pensamiento, que es lo que verdaderamente se pretende con la orden ministerial.
Para rematar la jugada, tenemos también la supresión del español como lengua vehicular del Estado a través de la infame y sectaria Ley Celaá de educación. Se trata de una cesión a los independentistas catalanes a cambio de un puñado de votos que Sánchez necesita para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2021. El castellano, una lengua que hablan en el mundo 600 millones de personas, a subasta, entregada a ERC a través de una norma que es manifiestamente contraria a la Constitución.