Tras meses de negociaciones con sus socios de gobierno, por fin Sánchez depositó el 27 de octubre en la Cámara Baja (para su tramitación parlamentaria) el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021, un presupuesto caracterizado por un nivel de gasto récord que se financiará con una brutal subida de impuestos. Las nuevas cuentas adolecen de un sinfin de errores técnicos, falta de concordancia entre las cifras, y exceso de optimismo, y tienen un claro sesgo ideológico que se aleja de dar respuesta a las necesidades reales de la economía española en tiempos de coronavirus.
La verdad es que en este tema de los presupuestos no entiendo absolutamente nada. Primero, porque Sánchez lleva meses "negociando" con su gobierno Frankenstein unas cuentas que eran inexistentes. ¿Cómo puedes pedir que te apoyen un presupuesto que aún no has elaborado? ¿Cómo puede nadie comprometer su voto, dando un cheque en blanco al Ejecutivo, sin haber analizado previamente las diferentes partidas presupuestarias? Si nuestros políticos hubieran estado alguna vez al frente de una empresa sabrían que primero se piden presupuestos, luego se valoran, y por último se aprueban o adjudican al mejor postor. En el caso del Estado es al revés. Así nos va.
Segundo, porque el gobierno envió el 15 de octubre unos Presupuestos Generales del Estado 2021 a Bruselas (requisito necesario para poder disponer del Fondo de Recuperación europeo) que nada tienen que ver con las cuentas que se recogen en este proyecto de ley. O sea, Sánchez le ha dicho a Bruselas que el dinero que recibirá de la UE lo empleará en X cosas, pero luego se lo gastará en lo que le dé la gana. Lo que olvida el gobierno socialcomunista es que la Comisión Europea no es tonta y sabe que España será el país más afectado por la crisis económica, vaticinando una caída del PIB del 12,4% este 2020 (las previsiones que habían hecho en verano eran del 10,9%).
Tercero, porque el Ejecutivo vende la piel del oso antes de cazarlo. En el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado 2021 figuran como ingresos 26.634 millones de euros de ayudas europeas que aún no han sido aprobadas, y que además no llegarán hasta, como pronto, mediados del próximo año. De hecho, el Gobierno aprobó un techo de gasto temerario contando con ese dinero.
En estos gráficos de EP Data se explica el desglose de las diferentes partidas. Veamos las más destacadas:
La cuantía para la Vivienda subirá un 367,9% más, con un incremento de 1.772 millones. Del total presupuesto en vivienda, 2.250 millones se dedicarán a promover el alquiler, la construcción y la rehabilitación.
El ministerio de Transición Ecológica contará con 11.935 millones para políticas verdes.
El sistema educativo público y la formación profesional tendrán 4.893 millones de euros (1.803 de las ayudas europeas), un incremento presupuestario de más del 70,2%, con un aumento de las becas de más de 514 millones más y se pondrá en marcha un plan de modernización de la formación profesional que contará con 1.500 millones en los próximos 4 años.
La cuantía para I+D+i subirá un 80%, recibirá una inyección extraordinaria de 5.106 millones de euros más, con un crecimiento de la partida destinada a Ciencia e Innovación del 60%, que se traduce en 3.200 millones más.
El plan España digital 2025 moverá una inversión pública y privada de 70.000 millones hasta 2022.
Las inversiones en infraestructuras aumentarán en un 114,8%, con 6.161 millones de euros más, mientras que las partidas destinadas a la industria y energía se incrementarán en casi 5.700 millones de euros. Por el impacto de la pandemia, las ayudas a sectores como el comercio, el turismo y a las pymes registrarán un aumento del 150%, con 1.338 millones de euros más.
El sector de la agroindustria, que incluye la Agricultura, Pesca y Alimentación, contará con una partida adicional de 790 millones de euros. Respecto al sector de la cultura, los presupuestos para esta partida suben un 25,6%, pero no da una cifra concreta.
Asimismo, la prevención de la violencia de género contará con una partida de 180 millones (incremento de 21 millones), mientras que la Memoria Histórica contará con 11 millones más.
La Sanidad tendrá 5.088 millones de euros (3.000 llegarán de los fondos europeos), de los que se destinarán 2.436 millones del fondo React EU a la compra de vacunas y a reforzar la atención primaria.
El gasto en pensiones es la partida social más importante, con 163.297 millones de euros (un 3,2% más), equivalente al 35,8% del gasto total. Los PGE incluirán la subida del 0,9% de las pensiones y del 1,8% de las pensiones no contributivas. Según las recomendaciones del Nuevo Pacto de Toledo, a partir de 2023, 23.000 millones de gastos impropios, ajenos a las pensiones, deberán ser asumidos por los Presupuestos Generales del Estado (y sufragadas vía impuestos).
El presupuesto destinado a las Cortes Generales se incrementa en 7,5 millones de euros, fundamentalmente por la subida de gastos de personal laboral un 0,9%, acompasándolo al incremento del sueldo de los funcionarios de la Administración General del Estado. El Gobierno gastará en 2021 un 17,2% más en pagar al personal del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), es decir 340 millones de euros, con el objetivo de dotar al organismo de los recursos personales necesarios para conseguir una mayor operatividad la gestión de las prestaciones por desempleo derivadas de despidos y ERTEs.
Las prestaciones por desempleo son la segunda partida en volumen de gasto, con 25.012 millones de euros, un 20,1% más y el equivalente al 5,5% del total. El IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) se incrementará un 5%, tras años congelado (este indicador es clave para conceder ayudas sociales, becas y prestaciones), situándolo en 564,73 euros.
Las nuevas cuentas incluyen 2.000 millones de euros destinados a las políticas activas de empleo, de los que se destina una partida de más de 200 millones a "reforzar y modernizar" los servicios sociales. El importe destinado al desempleo aumentará en 4.191 millones de euros, mientras que la dotación para fomento del empleo se incrementará casi un 30%. La partida para desempleo incluye también 262 millones para un nuevo subsidio para los trabajadores que hayan agotado todas sus ayudas en la pandemia y no hayan podido generar nuevas prestaciones, aunque ésto aún se está negociando.
Se reforzará el sistema de cuidados y se impulsará la conciliación. ¿Cómo? Con una inversión de 700 millones de euros divididos en tres ejes: 200 millones para impulsar la educación de niños de 0 a 3 años, 300 millones a igualar los permisos de maternidad y paternidad a 16 semanas, y 200 millones en la contratación pública de cuidadores profesionales para niños menores de 14 años.
En cuanto a los servicios públicos básicos, con 22.697 millones, el 5% del total y un alza del 5,5%, se contemplan para Justicia 2.048 millones (+7,6%, el 0,4%), para Defensa 9.072 millones (+5%, el 2%), para seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias 9.694 millones (+,5%, el 2,1%), y para política exterior y cooperación al desarrollo 1.882 millones (+17,4%, el 0,4%).
Por imposición de Pablo Iglesias, las nuevas cuentas públicas llevan aparejadas dos compromisos: reformar el ingreso mínimo vital y regular los precios de los alquileres.
Respecto al Ingreso Mínimo Vital, cuyo cobro ha sido un despropósito y tiene a muchos de los futuros beneficiarios esperando desde hace meses en una situación crítica, el Gobierno se compromete a ampliar la cobertura y mejorar las prestaciones. Lo hará impulsando tres enmiendas al real decreto ley por el que éste se regula:
- Se tendrán en cuenta los ingresos de los meses del año en curso (y no del año anterior) para poder acceder a esta prestación, de forma que alguien que pierda sus ingresos repentinamente no tenga que esperar al año siguiente para acreditarlo.
- Los menores de 30 años que quieran solicitarlo tendrán que demostrar dos años, y no tres, de vida independiente.
- Desde los Ministerios de Derechos Sociales e Inclusión y Seguridad Social se buscarán “soluciones” que faciliten la identificación de beneficiarios.
En lo que respecta a la regulación del alquiler, el Gobierno se compromete a llevar al Congreso la Ley de Vivienda en un plazo de 4 meses. Dicha ley habilitará a las Comunidades Autónomas y ayuntamientos a intervenir el mercado del alquiler en zonas tensionadas en las que se hayan producido aumentos abusivos y sostenidos de las rentas.
La recaudación por impuestos directos (IRPF y Sociedades fundamentalmente) y cotizaciones sociales crecerá un 3,4%, hasta los 221.946 millones. De este total, 119.942 millones de euros, un 3,7% más, se corresponderá con los impuestos, mientras que por cotizaciones sociales se recaudarán 153.484 millones de euros, un 5% más que este año.
Por su parte, los impuestos indirectos, entre los que se encuentra el IVA, repuntarán un 9,1%, hasta los 51.480 millones de euros, mientras que las tasas y otros ingresos tributarios caerán un 3%, hasta los 14.255 millones.
Asimismo, las transferencias corrientes supondrán unos ingresos de 15.3423 millones de euros, lo que supone un 26,1% más que este año, al tiempo que el Gobierno espera recaudar por ingresos patrimoniales 8.401 millones, un 44,8% más.
De esta forma, las operaciones corrientes sumarán 311.505 millones de euros, un 5,7% más, mientras que las operaciones de capital repuntarán un 175%, hasta los 8.725 millones de euros.
Por último, los ingresos no financieros, con 320.230 millones, crecerán un 7,5%, mientras que los activos financieros, con 3.766 millones, registrarán una caída del 39,8% respecto a lo presupuestado en 2020.
Además, las subidas tributarias incluidas en el Presupuesto prevén incrementar en 1.862 millones la recaudación en 2021. Estas son las subidas fiscales que se recogen en los PGE, que según el gobierno "pagarán los ricos":
- El IRPF se incrementa dos puntos el tipo para rentas del trabajo superiores a 300.000 euros (afecta al 0,07% de los contribuyentes) y en tres puntos el tipo para rentas del capital superiores a 200.000 euros (lo que afectará a solo el 0,08% de los declarantes). Ambas medidas afectan a unos 36.000 contribuyentes, el 0,17% del total. Impacto previsto: 144 millones de euros.
- La reducción máxima en el IRPF para planes de pensiones individuales baja de 8.000 a 2.000 euros anuales. La reducción máxima para planes de empresa sube de 8.000 a 10.000 euros anuales. Esta medida afectará a cerca de 8,5 millones de españoles. Llama la atención que los beneficios tributarios por los juegos de azar (390 millones de euros) sean superiores a los que se han consignado para los planes de pensiones (357 millones).
- El impuesto sobre patrimonio aumenta del 2,5 % al 3,5 % para fortunas a partir de 10 millones de euros. Se dota al impuesto de carácter indefinido. Aquí el Gobierno no puede excusarse en Europa, donde está prácticamente desaparecido este tributo, así que la justificación que da es la de "garantizar que los que más tienen, más aportan".
- Aumento del impuesto de hidrocarburos al diésel, que pasa de 30,7 céntimos por litro a 34,5 céntimos por litro. Impacto previsto: 500 millones. Justificación: "una medida de carácter medioambiental sin afán recaudatorio". Aunque esta medida podría retirarse en enmiendas tras una negociación con Ciudadanos, afecta a transportistas, taxistas, repartidores... en definitiva, a miles de autónomos de este país.
- Dentro del impuesto de sociedades, las empresas que facturen más de 40 millones de euros verán reducida la exención de tributación de los dividendos y plusvalías de sus filiales del 100% al 95%. Esta medida no aplicará a las empresas que facturen menos de 40 millones durante un periodo de 3 años, pero si quisieran proteger de verdad a las pymes habrían incluido la bajada que le habían prometido a las compañías con una facturación inferior a un millón de euros para que pasasen a tributar de un tipo de gravamen del 25% al 23%. El palo en Sociedades afectará a 1.739 empresas. Impacto previsto: 473 millones.
- El impuesto sobre las primas de seguros se incrementa del 6% al 8%. Impacto previsto: 455 millones. Esta medida afectará a todos los españoles. ¿Quién no tiene un seguro?
- Socimis: También se establece una tributación mínima del 15% para las las Socimis frente al nulo gravamen actual.
- Con el impuesto a las transacciones financieras ('tasa Tobin'), Hacienda prevé recaudar 850 millones de euros.
- El impuesto sobre determinados servicios digitales ('tasa Google') presenta una estimación de ingresos de 968 millones de euros.
- Con el impuesto sobre envases de plástico de un solo uso la previsión es de 491 millones de recaudación. Afectará a todos los ciudadanos españoles.
- Subida del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% actual al tipo general del 21%. Estimación: 340 millones de euros para las arcas públicas, con la excusa de "fomentar hábitos más saludables de la población y seguir las recomendaciones de la OMS". Afectará a todos los españoles.
- Además, se prorrogan los actuales umbrales para que los autónomos accedan al régimen de módulos de IRPF e IVA.
En primer lugar, los PGE parten de un cuadro macroeconómico erróneo. Se sustentan sobre unas previsiones económicas irreales y demasiado optimistas, por lo que las desviaciones están aseguradas. Estas cuentas parten de la base de que el PIB caerá un 11,2% en 2020 para, posteriormente, crecer hasta un 9,8% en 2021. No existe ninguna previsión semejante hasta la fecha por parte de expertos o firmas de análisis. Además, el nuevo estado de alarma y la imposición de nuevas y duras restricciones conllevarán el consiguiente daño a la economía.
Gobierno estima que la inversión crecerá, nada más y nada menos, que un 15%, frente al varapalo sufrido este año, con una caída del 18,3%. El optimismo gubernamental le lleva a calcular una creación de empleo del 7,2% y una tasa de paro del 16,3% en 2021 (que los expertos estiman sea superior al 20%).
El optimismo económico del Gobierno permite proyectar un repunte de la recaudación fiscal por parte del Estado del 13% interanual, hasta superar los 222.107 millones, casi 26.000 millones adicionales. Cuesta creer que España vaya a conseguir en 2021 unos ingresos tributarios históricos, cuando nuestro país se enfrenta a la peor crisis del periodo de paz.
Y parte de esos ingresos extra provendrán de una larga e intensa subida de impuestos con la que el Ejecutivo prevé recaudar cerca de 6.000 millones de euros en 2021. España es la única gran potencia europea que apuesta por subir los impuestos, en lugar de bajarlos. Pero es que además, el Ejecutivo "vende" que estos impuestos los pagarán "los ricos". Entonces, ¿cómo es posible que 2021 se vaya a convertir en el año de la recaudación récord si casi nadie va a sufrir el sablazo?
A todo ello se suma un incremento récord de gasto, 412.087 millones de euros, lo que representa un fuerte aumento del 13,8% respecto a 2020, del cual se destinarán 239.765 millones (el 52,6% del total) a gasto social, la mayor parte a pensiones. Dicho aumento de gasto no se relaciona directamente con la crisis sanitaria ni económica, sino con el electoralismo y el clientelismo políticos, tal y como evidencia el alza de las pensiones o de sueldos públicos en un contexto de inflación negativa o el incremento de subvenciones de todo tipo.
Y es que los presupuestos nacionales están secuestrados por partidas como la deuda pública, las pensiones y el desempleo. De hecho, 219.979 millones de euros (el 51% del gasto público) ya está comprometido para esas tres partidas sobre las que no hay margen de maniobra: 31.667 millones de euros para la deuda pública, 163.297 millones para las pensiones y 25.012 millones para el desempleo. En cambio, para industria, energía, comercio, turismo, pymes o infraestructuras, ni siquiera se alcanzan los 50.000 millones de euros. Es decir, que se destina cuatro veces más dinero a deuda, pensiones y jubilaciones que a apoyar a las empresas, pymes y autónomos españoles.
Tal es el nivel de gasto que, pese a la optimista recuperación que estima el Gobierno y la histórica subida de impuestos, el déficit seguirá rozando el 8% del PIB a cierre de 2021. Este colosal desequilibrio entre ingresos y gastos supondrá una presión añadida a las finanzas públicas, ya que la deuda rondará el 120% del PIB, un nivel inédito en el último siglo, lastrando con ello la solvencia del Estado a poco que se produzcan turbulencias financieras o se retiren los estímulos monetarios del Banco Central Europeo.
Por último, estos presupuestos no sólo no incluyen ni una sola reforma estructural, clave para impulsar el crecimiento y la creación de empleo, sino que avanza la imposición de nuevas y graves rigideces en materia económica y fiscal, tales como la posibilidad de fijar el precio de los alquileres o la temida "armonización fiscal" a nivel autonómico, empezando por el Impuesto de Patrimonio.
En definitiva, son unos Presupuestos irreales que contienen fuertes y generalizadas subidas de impuestos, elevan el gasto a niveles récord, agravan la sostenibilidad de las cuentas públicas y dificultan la actividad económica en uno de los momentos más dramáticos y delicados de la reciente historia de España.
Éste es el calendario que el Gobierno de Pedro Sánchez ha diseñado:
28 de octubre. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hizo entrega del proyecto de ley de Presupuestos a la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, y la presidenta de la Comisión de Presupuestos, Pilar Garrido.
30 de octubre. Las cuentas del Estado son publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Hasta ese día, los grupos parlamentarios pudieron solicitar las comparecencias de los altos cargos del Gobierno y organismos públicos para que expliquen las cuentas de sus distintos departamentos.
Primera semana de noviembre. Se celebran esas comparecencias. Los grupos de la oposición tendrán hasta las 14 horas del viernes 6 de noviembre para registrar sus enmiendas de totalidad pidiendo la devolución del proyecto al Gobierno. Es decir, apenas una semana después de registrarse el proyecto.
1 y 12 de noviembre. Se celebrará el debate de totalidad de los presupuestos en el Pleno del Congreso. La ministra de Hacienda defenderá su proyecto ante la oposición. Las enmiendas se votarán el día 12 de una tacada, es decir, en una única votación, puesto que piden lo mismo: tumbar los Presupuestos y devolverlos al Gobierno. No se necesitan mayorías reforzada, sino que bastan más votos a favor que en contra. Esto supone acelerar una o dos semanas el calendario que venía siendo habitual en la Cámara en los últimos años, lo que ha provocado el rechazo tanto del PP como de Vox.
El proyecto de ley de presupuestos volverá al Pleno del Congreso en la semana del 30 de noviembre para aprobar las cuentas de cada Ministerio. Ahí el Gobierno no puede perder votaciones porque el derribo de una sola sección provoca la caída de todo el proyecto. Si las cuentas superan esta votación, el proyecto pasará al Senado para continuar la tramitación con comparecencias, debates de veto y de enmiendas parciales.
Las cuentas volverán al Congreso para su aprobación definitiva a principios de enero, y no se descarta incluso habilitar la semana de Reyes para que puedan entrar en vigor cuando antes.
Sin embargo, el debate se ha convertido en una pugna entre los posibles apoyos del Gobierno a la votación definitiva que tendrá lugar en la última semana del año. El ala socialista del Gobierno mantiene como socios preferentes a los aliados de la investidura pero quiere a Arrimadas en la ecuación, mientras en Unidas Podemos hacen todo lo posible por borrarla de la ecuación. Por su parte, ERC y Ciudadanos se declaran incompatibles entre sí para la aprobación final de las cuentas. Y la oposición en bloque rechaza que el gobierno haya pactado las cuentas con Bildu.
Muchos barones y ex-dirigentes del PSOE se oponen al acuerdo con los proetarras, lo que ha causado una nueva tormenta política. ¿Y qué ha hecho Sánchez? Es de cajón. El polémico acercamiento a Bildu aprobado desde Moncloa exige un relato, una explicación, un discurso. Algo que permita ayudar a tragar con una rueda de molino mil veces desmentida: no habrá acuerdo con Bildu, nunca, para nada. Repetido cinco y veinte veces. Palabra de Pedro.
Por eso, Sánchez ha enviado una carta a los militantes del PSOE en la que defiende la necesidad de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado con “el mayor respaldo posible”, incluso con el apoyo de la izquierda abertzale. En la misiva lamenta que, mientras que el contenido de los Presupuestos ocupa “poco espacio en el debate público”, la atención “se desvía hacia asuntos del pasado, como la lucha antiterrorista, que nada tienen que ver con los Presupuestos ni figuran por fortuna desde hace años entre los problemas de España y los españoles”. ¡Madre mía, qué argumento! EH Bildu es una desviación poco importante.
Los Presupuestos, continúa en el escrito, son "tan indispensables y su orientación es tan indiscutible" que los "adversarios del Gobierno progresista evitan hablar de ellos y desvían la atención hacia polémicas artificiales y noticias inventadas". ¡Noticias inventadas! ¡Fake news! Ya estamos todos. La recién creada comisión de la verdad de Moncloa acaba de dictaminar que el pacto con EH Bildu es mentira. Es un bulo, una falsedad, no existe. Es la tergiversación de la realidad extrema. El relativismo llevado a sus últimas consecuencias: las cosas no son como son, sino como yo digo que son. Y punto. Todo lo demás es una trapisonda del enemigo.
Oponerse a los Presupuestos, criticar los acuerdos del amado líder, es antidemocrático. Lo dice tal cual: el PSOE debe ahora “explicar sin cesar el alcance histórico de estos presupuestos. Reiterar una vez y otra que nuestro país necesita salir adelante con el concurso de todos. Que no hay excusa que justifique desentenderse de este esfuerzo y menos aún oponerse a él”. No hay excusa que justifique oponerse a él. Tela.
12 de noviembre. Lo de Iglesias no tiene nombre. Después de que el proyecto de los Presupuestos se presentara con retraso por la tensa negociación entre Sánchez e Iglesias, cuando parecía que habían alcanzado un acuerdo y presentaron su proyecto de ley, va Iglesias y se desmarca, haciendo oposición a su propio gobierno. Ni 3 días pasaron desde que el PSOE había reclutado para su "mayoría de legislatura" a la coalición heredera de Batasuna y ERC, cuando Unidas Podemos, Esquerra y Bildu le dieron un zarpazo por la espalda al PSOE, presentando una enmienda a los Presupuestos para prohibir los desahucios.
Ahora Iglesias quiere enmendar sus propios presupuestos presentando un añadido a la ley de acompañamiento de los Presupuestos la prohibición de todos los desahucios sin alternativa habitacional en España hasta el 31 de diciembre de 2022 (lo vigente es hasta que finalice el estado de alarma el 9 de mayo de 2021 y no hasta diciembre de 2022). El trío calavera pide también ampliar la moratoria de desahucios en el alquiler vigente a todo supuestos, así como prohibir el corte de suministros básicos de agua, luz y gas.
Pedro Sánchez quiere evitar dar una imagen de desunión, así que va a pasar por el aro. Pero no como enmienda a los presupuestos, sino como decreto-ley. Así evita el debate (y posible veto) en el Congreso y no frena los Presupuestos (Iglesias retiraría su enmienda si consigue su objetivo por vía decreto). Así pues, la Comisión que debate las enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2021 ha rechazado la enmienda propuesta por Podemos, ERC y Bildu, mientras el PSOE pacta cómo atender la reivindicación, pero fuera de los presupuestos.
3 diciembre. El Pleno del Congreso ha aprobado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 y los ha enviado al Senado para completar su tramitación con el respaldo del 54% de la Cámara Baja. Votos a favor (188): ERC, PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y el Partido Regionalista de Cantabria. Votos en contra (154): PP, Vox, Ciudadanos, Junts, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y el BNG.
Hoy en el Congreso ha habido dos nacimientos: el de un Presupuesto para los próximos 3 años y el de un bloque político de poder dispuesto a perdurar durante muchos más. Lo que Pablo Iglesias, autor intelectual de la criatura y comadrona del parto, llama “la nueva dirección del Estado”.
El Gobierno de Sánchez, Iglesias, Junqueras y Otegi se fortalece sustancialmente, quizá decisivamente. Lo hace por el mismo motivo, al mismo ritmo y en la misma medida en que se debilita el Estado asentado sobre la Constitución de 1978. Curioso país éste en el que el interés del Gobierno y el del Estado divergen desde la raíz, y se contraponen hasta el punto de que lo que beneficia a uno perjudica necesariamente al otro.
El gran hallazgo estratégico de Pablo Iglesias tras pasar el sarampión revolucionario fue descubrir que el mejor instrumento para desarticular un Estado constitucional europeo está en su interior: se llama ministerios, BOE y, por supuesto, Presupuestos.
Su segundo descubrimiento fue que en España se daban todas las condiciones favorables para ello: un partido histórico de la izquierda —revestido de una indiscutible presunción de respetabilidad democrática e institucional y con raíces profundas en la sociedad— en manos de un aventurero dispuesto a todo por afianzarse en la cumbre del poder. Una miríada de partidos nacionalistas con vocación disgregadora y, en ciertos casos, con un discurso teñido de izquierdismo radical. Un centro derecha constitucional inerte y fragmentado, condenado a la inoperancia por sus propios dirigentes. Y una extrema derecha rampante, ideal para activar el resorte reactivo en el campo propio.
Iglesias señaló el objetivo final y Sánchez lo ha rubricado. Si se cumple el plan entero, puede que lleguemos al final de la década hablando no del Gobierno, sino del régimen. Puede que para entonces la Constitución permanezca formalmente en vigor, pero sea poco más que un traje para vestir con decoro en Europa, en un escenario real de discrecionalidad oficialista. Puede que a Felipe VI se le permita seguir figurando como Rey, pero que lo hayan convertido en un exiliado dentro de su propio Estado. Puede que Cataluña y Euskadi sigan nominalmente dentro de España, pero resulte imposible hallar cualquier resto de España en sus territorios —y, sobre todo, en la conciencia de su población joven—. Puede que el trabajo de ERC y Bildu en la dirección del Estado ponga seriamente en peligro la salud de éste. Y también puede que, de resultas de todo ello y de la crisis, se provoque un viraje social que nos lleve demasiado lejos en la dirección contraria. Si la aprobación de unos Presupuestos fue el acto fundacional de un régimen, lo sabremos en unos años.
El Círculo comparte que una situación excepcional requiere de medidas de apoyo excepcionales en el ámbito social que permitan temporalmente afrontar las dificultades de familias, autónomos y empresas. Pero este carácter expansivo ha de responder a criterios técnicos, no a razones ideológicas o al cumplimiento de un programa de Gobierno elaborado antes de la llegada de la pandemia. En este sentido, el documento alerta que «el carácter expansivo de estos Presupuestos va a situar el déficit y la deuda pública en niveles difícilmente sostenibles» y pide establecer cuanto antes una estrategia de transición para, una vez afianzada la recuperación, «volver a la senda de consolidación presupuestaria que garantice la sostenibilidad y el correcto equilibrio intergeneracional». Para ello, el Círculo pide «un uso eficiente de los recursos públicos».
El documento insiste en la necesidad de mejorar nuestra competitividad mediante la aplicación de reformas estructurales para transformar el modelo productivo español.
La verdad es que en este tema de los presupuestos no entiendo absolutamente nada. Primero, porque Sánchez lleva meses "negociando" con su gobierno Frankenstein unas cuentas que eran inexistentes. ¿Cómo puedes pedir que te apoyen un presupuesto que aún no has elaborado? ¿Cómo puede nadie comprometer su voto, dando un cheque en blanco al Ejecutivo, sin haber analizado previamente las diferentes partidas presupuestarias? Si nuestros políticos hubieran estado alguna vez al frente de una empresa sabrían que primero se piden presupuestos, luego se valoran, y por último se aprueban o adjudican al mejor postor. En el caso del Estado es al revés. Así nos va.
Segundo, porque el gobierno envió el 15 de octubre unos Presupuestos Generales del Estado 2021 a Bruselas (requisito necesario para poder disponer del Fondo de Recuperación europeo) que nada tienen que ver con las cuentas que se recogen en este proyecto de ley. O sea, Sánchez le ha dicho a Bruselas que el dinero que recibirá de la UE lo empleará en X cosas, pero luego se lo gastará en lo que le dé la gana. Lo que olvida el gobierno socialcomunista es que la Comisión Europea no es tonta y sabe que España será el país más afectado por la crisis económica, vaticinando una caída del PIB del 12,4% este 2020 (las previsiones que habían hecho en verano eran del 10,9%).
Tercero, porque el Ejecutivo vende la piel del oso antes de cazarlo. En el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado 2021 figuran como ingresos 26.634 millones de euros de ayudas europeas que aún no han sido aprobadas, y que además no llegarán hasta, como pronto, mediados del próximo año. De hecho, el Gobierno aprobó un techo de gasto temerario contando con ese dinero.
¿Presupuestos "progresistas"?
Sánchez ha resumido así el espíritu de las cuentas públicas de 2021: "Salir con ímpetu hacia adelante y salir además juntos, sin dejar a nadie atrás: reducir las diferencias sociales, garantizando la cohesión social y luchando por una mayor igualdad entre hombres y mujeres, efectiva y real".En estos gráficos de EP Data se explica el desglose de las diferentes partidas. Veamos las más destacadas:
Gastos
En lo referido a los ministerios, todos los departamentos ven aumentar su presupuesto, si bien el gasto efectivo de los ministerios y otros organismos del Estado será de 194.456 millones de euros.
La cuantía para la Vivienda subirá un 367,9% más, con un incremento de 1.772 millones. Del total presupuesto en vivienda, 2.250 millones se dedicarán a promover el alquiler, la construcción y la rehabilitación.
El ministerio de Transición Ecológica contará con 11.935 millones para políticas verdes.
El sistema educativo público y la formación profesional tendrán 4.893 millones de euros (1.803 de las ayudas europeas), un incremento presupuestario de más del 70,2%, con un aumento de las becas de más de 514 millones más y se pondrá en marcha un plan de modernización de la formación profesional que contará con 1.500 millones en los próximos 4 años.
La cuantía para I+D+i subirá un 80%, recibirá una inyección extraordinaria de 5.106 millones de euros más, con un crecimiento de la partida destinada a Ciencia e Innovación del 60%, que se traduce en 3.200 millones más.
El plan España digital 2025 moverá una inversión pública y privada de 70.000 millones hasta 2022.
Las inversiones en infraestructuras aumentarán en un 114,8%, con 6.161 millones de euros más, mientras que las partidas destinadas a la industria y energía se incrementarán en casi 5.700 millones de euros. Por el impacto de la pandemia, las ayudas a sectores como el comercio, el turismo y a las pymes registrarán un aumento del 150%, con 1.338 millones de euros más.
El sector de la agroindustria, que incluye la Agricultura, Pesca y Alimentación, contará con una partida adicional de 790 millones de euros. Respecto al sector de la cultura, los presupuestos para esta partida suben un 25,6%, pero no da una cifra concreta.
Asimismo, la prevención de la violencia de género contará con una partida de 180 millones (incremento de 21 millones), mientras que la Memoria Histórica contará con 11 millones más.
La Sanidad tendrá 5.088 millones de euros (3.000 llegarán de los fondos europeos), de los que se destinarán 2.436 millones del fondo React EU a la compra de vacunas y a reforzar la atención primaria.
El gasto en pensiones es la partida social más importante, con 163.297 millones de euros (un 3,2% más), equivalente al 35,8% del gasto total. Los PGE incluirán la subida del 0,9% de las pensiones y del 1,8% de las pensiones no contributivas. Según las recomendaciones del Nuevo Pacto de Toledo, a partir de 2023, 23.000 millones de gastos impropios, ajenos a las pensiones, deberán ser asumidos por los Presupuestos Generales del Estado (y sufragadas vía impuestos).
El presupuesto destinado a las Cortes Generales se incrementa en 7,5 millones de euros, fundamentalmente por la subida de gastos de personal laboral un 0,9%, acompasándolo al incremento del sueldo de los funcionarios de la Administración General del Estado. El Gobierno gastará en 2021 un 17,2% más en pagar al personal del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), es decir 340 millones de euros, con el objetivo de dotar al organismo de los recursos personales necesarios para conseguir una mayor operatividad la gestión de las prestaciones por desempleo derivadas de despidos y ERTEs.
Las prestaciones por desempleo son la segunda partida en volumen de gasto, con 25.012 millones de euros, un 20,1% más y el equivalente al 5,5% del total. El IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) se incrementará un 5%, tras años congelado (este indicador es clave para conceder ayudas sociales, becas y prestaciones), situándolo en 564,73 euros.
Las nuevas cuentas incluyen 2.000 millones de euros destinados a las políticas activas de empleo, de los que se destina una partida de más de 200 millones a "reforzar y modernizar" los servicios sociales. El importe destinado al desempleo aumentará en 4.191 millones de euros, mientras que la dotación para fomento del empleo se incrementará casi un 30%. La partida para desempleo incluye también 262 millones para un nuevo subsidio para los trabajadores que hayan agotado todas sus ayudas en la pandemia y no hayan podido generar nuevas prestaciones, aunque ésto aún se está negociando.
Se reforzará el sistema de cuidados y se impulsará la conciliación. ¿Cómo? Con una inversión de 700 millones de euros divididos en tres ejes: 200 millones para impulsar la educación de niños de 0 a 3 años, 300 millones a igualar los permisos de maternidad y paternidad a 16 semanas, y 200 millones en la contratación pública de cuidadores profesionales para niños menores de 14 años.
En cuanto a los servicios públicos básicos, con 22.697 millones, el 5% del total y un alza del 5,5%, se contemplan para Justicia 2.048 millones (+7,6%, el 0,4%), para Defensa 9.072 millones (+5%, el 2%), para seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias 9.694 millones (+,5%, el 2,1%), y para política exterior y cooperación al desarrollo 1.882 millones (+17,4%, el 0,4%).
Por imposición de Pablo Iglesias, las nuevas cuentas públicas llevan aparejadas dos compromisos: reformar el ingreso mínimo vital y regular los precios de los alquileres.
Respecto al Ingreso Mínimo Vital, cuyo cobro ha sido un despropósito y tiene a muchos de los futuros beneficiarios esperando desde hace meses en una situación crítica, el Gobierno se compromete a ampliar la cobertura y mejorar las prestaciones. Lo hará impulsando tres enmiendas al real decreto ley por el que éste se regula:
- Se tendrán en cuenta los ingresos de los meses del año en curso (y no del año anterior) para poder acceder a esta prestación, de forma que alguien que pierda sus ingresos repentinamente no tenga que esperar al año siguiente para acreditarlo.
- Los menores de 30 años que quieran solicitarlo tendrán que demostrar dos años, y no tres, de vida independiente.
- Desde los Ministerios de Derechos Sociales e Inclusión y Seguridad Social se buscarán “soluciones” que faciliten la identificación de beneficiarios.
En lo que respecta a la regulación del alquiler, el Gobierno se compromete a llevar al Congreso la Ley de Vivienda en un plazo de 4 meses. Dicha ley habilitará a las Comunidades Autónomas y ayuntamientos a intervenir el mercado del alquiler en zonas tensionadas en las que se hayan producido aumentos abusivos y sostenidos de las rentas.
Ingresos
El presupuesto consolidado de ingresos alcanzará los 323.996 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,6%, que se financiará con una importante subida fiscal.
La recaudación por impuestos directos (IRPF y Sociedades fundamentalmente) y cotizaciones sociales crecerá un 3,4%, hasta los 221.946 millones. De este total, 119.942 millones de euros, un 3,7% más, se corresponderá con los impuestos, mientras que por cotizaciones sociales se recaudarán 153.484 millones de euros, un 5% más que este año.
Por su parte, los impuestos indirectos, entre los que se encuentra el IVA, repuntarán un 9,1%, hasta los 51.480 millones de euros, mientras que las tasas y otros ingresos tributarios caerán un 3%, hasta los 14.255 millones.
Asimismo, las transferencias corrientes supondrán unos ingresos de 15.3423 millones de euros, lo que supone un 26,1% más que este año, al tiempo que el Gobierno espera recaudar por ingresos patrimoniales 8.401 millones, un 44,8% más.
De esta forma, las operaciones corrientes sumarán 311.505 millones de euros, un 5,7% más, mientras que las operaciones de capital repuntarán un 175%, hasta los 8.725 millones de euros.
Por último, los ingresos no financieros, con 320.230 millones, crecerán un 7,5%, mientras que los activos financieros, con 3.766 millones, registrarán una caída del 39,8% respecto a lo presupuestado en 2020.
Además, las subidas tributarias incluidas en el Presupuesto prevén incrementar en 1.862 millones la recaudación en 2021. Estas son las subidas fiscales que se recogen en los PGE, que según el gobierno "pagarán los ricos":
- El IRPF se incrementa dos puntos el tipo para rentas del trabajo superiores a 300.000 euros (afecta al 0,07% de los contribuyentes) y en tres puntos el tipo para rentas del capital superiores a 200.000 euros (lo que afectará a solo el 0,08% de los declarantes). Ambas medidas afectan a unos 36.000 contribuyentes, el 0,17% del total. Impacto previsto: 144 millones de euros.
- La reducción máxima en el IRPF para planes de pensiones individuales baja de 8.000 a 2.000 euros anuales. La reducción máxima para planes de empresa sube de 8.000 a 10.000 euros anuales. Esta medida afectará a cerca de 8,5 millones de españoles. Llama la atención que los beneficios tributarios por los juegos de azar (390 millones de euros) sean superiores a los que se han consignado para los planes de pensiones (357 millones).
- El impuesto sobre patrimonio aumenta del 2,5 % al 3,5 % para fortunas a partir de 10 millones de euros. Se dota al impuesto de carácter indefinido. Aquí el Gobierno no puede excusarse en Europa, donde está prácticamente desaparecido este tributo, así que la justificación que da es la de "garantizar que los que más tienen, más aportan".
- Aumento del impuesto de hidrocarburos al diésel, que pasa de 30,7 céntimos por litro a 34,5 céntimos por litro. Impacto previsto: 500 millones. Justificación: "una medida de carácter medioambiental sin afán recaudatorio". Aunque esta medida podría retirarse en enmiendas tras una negociación con Ciudadanos, afecta a transportistas, taxistas, repartidores... en definitiva, a miles de autónomos de este país.
- Dentro del impuesto de sociedades, las empresas que facturen más de 40 millones de euros verán reducida la exención de tributación de los dividendos y plusvalías de sus filiales del 100% al 95%. Esta medida no aplicará a las empresas que facturen menos de 40 millones durante un periodo de 3 años, pero si quisieran proteger de verdad a las pymes habrían incluido la bajada que le habían prometido a las compañías con una facturación inferior a un millón de euros para que pasasen a tributar de un tipo de gravamen del 25% al 23%. El palo en Sociedades afectará a 1.739 empresas. Impacto previsto: 473 millones.
- El impuesto sobre las primas de seguros se incrementa del 6% al 8%. Impacto previsto: 455 millones. Esta medida afectará a todos los españoles. ¿Quién no tiene un seguro?
- Socimis: También se establece una tributación mínima del 15% para las las Socimis frente al nulo gravamen actual.
- Con el impuesto a las transacciones financieras ('tasa Tobin'), Hacienda prevé recaudar 850 millones de euros.
- El impuesto sobre determinados servicios digitales ('tasa Google') presenta una estimación de ingresos de 968 millones de euros.
- Con el impuesto sobre envases de plástico de un solo uso la previsión es de 491 millones de recaudación. Afectará a todos los ciudadanos españoles.
- Subida del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% actual al tipo general del 21%. Estimación: 340 millones de euros para las arcas públicas, con la excusa de "fomentar hábitos más saludables de la población y seguir las recomendaciones de la OMS". Afectará a todos los españoles.
- Además, se prorrogan los actuales umbrales para que los autónomos accedan al régimen de módulos de IRPF e IVA.
Los errores del presupuesto
El Gobierno que encabezan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias acaban de presentar los peores Presupuestos posibles de cara a facilitar la recuperación. Ni realistas ni útiles para la actual crisis que atraviesa España. Esa es la valoración que hacen los empresarios de estas cuentas. Ni España va a crecer un 9%, como recogen las cuentas, ni tendrá un déficit de un 7%.En primer lugar, los PGE parten de un cuadro macroeconómico erróneo. Se sustentan sobre unas previsiones económicas irreales y demasiado optimistas, por lo que las desviaciones están aseguradas. Estas cuentas parten de la base de que el PIB caerá un 11,2% en 2020 para, posteriormente, crecer hasta un 9,8% en 2021. No existe ninguna previsión semejante hasta la fecha por parte de expertos o firmas de análisis. Además, el nuevo estado de alarma y la imposición de nuevas y duras restricciones conllevarán el consiguiente daño a la economía.
Gobierno estima que la inversión crecerá, nada más y nada menos, que un 15%, frente al varapalo sufrido este año, con una caída del 18,3%. El optimismo gubernamental le lleva a calcular una creación de empleo del 7,2% y una tasa de paro del 16,3% en 2021 (que los expertos estiman sea superior al 20%).
El optimismo económico del Gobierno permite proyectar un repunte de la recaudación fiscal por parte del Estado del 13% interanual, hasta superar los 222.107 millones, casi 26.000 millones adicionales. Cuesta creer que España vaya a conseguir en 2021 unos ingresos tributarios históricos, cuando nuestro país se enfrenta a la peor crisis del periodo de paz.
Y parte de esos ingresos extra provendrán de una larga e intensa subida de impuestos con la que el Ejecutivo prevé recaudar cerca de 6.000 millones de euros en 2021. España es la única gran potencia europea que apuesta por subir los impuestos, en lugar de bajarlos. Pero es que además, el Ejecutivo "vende" que estos impuestos los pagarán "los ricos". Entonces, ¿cómo es posible que 2021 se vaya a convertir en el año de la recaudación récord si casi nadie va a sufrir el sablazo?
A todo ello se suma un incremento récord de gasto, 412.087 millones de euros, lo que representa un fuerte aumento del 13,8% respecto a 2020, del cual se destinarán 239.765 millones (el 52,6% del total) a gasto social, la mayor parte a pensiones. Dicho aumento de gasto no se relaciona directamente con la crisis sanitaria ni económica, sino con el electoralismo y el clientelismo políticos, tal y como evidencia el alza de las pensiones o de sueldos públicos en un contexto de inflación negativa o el incremento de subvenciones de todo tipo.
Y es que los presupuestos nacionales están secuestrados por partidas como la deuda pública, las pensiones y el desempleo. De hecho, 219.979 millones de euros (el 51% del gasto público) ya está comprometido para esas tres partidas sobre las que no hay margen de maniobra: 31.667 millones de euros para la deuda pública, 163.297 millones para las pensiones y 25.012 millones para el desempleo. En cambio, para industria, energía, comercio, turismo, pymes o infraestructuras, ni siquiera se alcanzan los 50.000 millones de euros. Es decir, que se destina cuatro veces más dinero a deuda, pensiones y jubilaciones que a apoyar a las empresas, pymes y autónomos españoles.
Tal es el nivel de gasto que, pese a la optimista recuperación que estima el Gobierno y la histórica subida de impuestos, el déficit seguirá rozando el 8% del PIB a cierre de 2021. Este colosal desequilibrio entre ingresos y gastos supondrá una presión añadida a las finanzas públicas, ya que la deuda rondará el 120% del PIB, un nivel inédito en el último siglo, lastrando con ello la solvencia del Estado a poco que se produzcan turbulencias financieras o se retiren los estímulos monetarios del Banco Central Europeo.
Por último, estos presupuestos no sólo no incluyen ni una sola reforma estructural, clave para impulsar el crecimiento y la creación de empleo, sino que avanza la imposición de nuevas y graves rigideces en materia económica y fiscal, tales como la posibilidad de fijar el precio de los alquileres o la temida "armonización fiscal" a nivel autonómico, empezando por el Impuesto de Patrimonio.
En definitiva, son unos Presupuestos irreales que contienen fuertes y generalizadas subidas de impuestos, elevan el gasto a niveles récord, agravan la sostenibilidad de las cuentas públicas y dificultan la actividad económica en uno de los momentos más dramáticos y delicados de la reciente historia de España.
Tramitación exprés
No obstante, estas cuentas aún deben ser aprobadas. A pesar de que llegan con meses de retraso (según la legislación, el último día para su aprobación era el 30 de septiembre), ahora Pedro Sánchez tiene prisa. El Gobierno ha diseñado una tramitación exprés de los presupuestos que reduce a la mitad los plazos para presentar enmiendas y agrupa en 3 días 120 comparecencias para dar cuenta de las partidas de cada ministerio en estos presupuestos, con la finalidad de que puedan estar aprobadas definitivamente en la primera semana de Enero de 2021.Éste es el calendario que el Gobierno de Pedro Sánchez ha diseñado:
28 de octubre. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hizo entrega del proyecto de ley de Presupuestos a la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, y la presidenta de la Comisión de Presupuestos, Pilar Garrido.
30 de octubre. Las cuentas del Estado son publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Hasta ese día, los grupos parlamentarios pudieron solicitar las comparecencias de los altos cargos del Gobierno y organismos públicos para que expliquen las cuentas de sus distintos departamentos.
Primera semana de noviembre. Se celebran esas comparecencias. Los grupos de la oposición tendrán hasta las 14 horas del viernes 6 de noviembre para registrar sus enmiendas de totalidad pidiendo la devolución del proyecto al Gobierno. Es decir, apenas una semana después de registrarse el proyecto.
1 y 12 de noviembre. Se celebrará el debate de totalidad de los presupuestos en el Pleno del Congreso. La ministra de Hacienda defenderá su proyecto ante la oposición. Las enmiendas se votarán el día 12 de una tacada, es decir, en una única votación, puesto que piden lo mismo: tumbar los Presupuestos y devolverlos al Gobierno. No se necesitan mayorías reforzada, sino que bastan más votos a favor que en contra. Esto supone acelerar una o dos semanas el calendario que venía siendo habitual en la Cámara en los últimos años, lo que ha provocado el rechazo tanto del PP como de Vox.
El proyecto de ley de presupuestos volverá al Pleno del Congreso en la semana del 30 de noviembre para aprobar las cuentas de cada Ministerio. Ahí el Gobierno no puede perder votaciones porque el derribo de una sola sección provoca la caída de todo el proyecto. Si las cuentas superan esta votación, el proyecto pasará al Senado para continuar la tramitación con comparecencias, debates de veto y de enmiendas parciales.
Las cuentas volverán al Congreso para su aprobación definitiva a principios de enero, y no se descarta incluso habilitar la semana de Reyes para que puedan entrar en vigor cuando antes.
Votación de los Presupuestos
12 de noviembre. El Ejecutivo ha logrado mayoría para tumbar las 7 enmiendas a la totalidad del proyecto de cuentas públicas de 2021 que habían presentado PP, Vox, Junts per Catalunya, Foro Asturias, la CUP, Coalición Canaria y el BNG, a los que se sumó UPN, que no presentó enmienda propia. Sánchez ha conseguido 198 votos, muchos más de los 175 necesarios, para tumbar las iniciativas contrarias a los nuevos PGE.Sin embargo, el debate se ha convertido en una pugna entre los posibles apoyos del Gobierno a la votación definitiva que tendrá lugar en la última semana del año. El ala socialista del Gobierno mantiene como socios preferentes a los aliados de la investidura pero quiere a Arrimadas en la ecuación, mientras en Unidas Podemos hacen todo lo posible por borrarla de la ecuación. Por su parte, ERC y Ciudadanos se declaran incompatibles entre sí para la aprobación final de las cuentas. Y la oposición en bloque rechaza que el gobierno haya pactado las cuentas con Bildu.
Muchos barones y ex-dirigentes del PSOE se oponen al acuerdo con los proetarras, lo que ha causado una nueva tormenta política. ¿Y qué ha hecho Sánchez? Es de cajón. El polémico acercamiento a Bildu aprobado desde Moncloa exige un relato, una explicación, un discurso. Algo que permita ayudar a tragar con una rueda de molino mil veces desmentida: no habrá acuerdo con Bildu, nunca, para nada. Repetido cinco y veinte veces. Palabra de Pedro.
Por eso, Sánchez ha enviado una carta a los militantes del PSOE en la que defiende la necesidad de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado con “el mayor respaldo posible”, incluso con el apoyo de la izquierda abertzale. En la misiva lamenta que, mientras que el contenido de los Presupuestos ocupa “poco espacio en el debate público”, la atención “se desvía hacia asuntos del pasado, como la lucha antiterrorista, que nada tienen que ver con los Presupuestos ni figuran por fortuna desde hace años entre los problemas de España y los españoles”. ¡Madre mía, qué argumento! EH Bildu es una desviación poco importante.
Los Presupuestos, continúa en el escrito, son "tan indispensables y su orientación es tan indiscutible" que los "adversarios del Gobierno progresista evitan hablar de ellos y desvían la atención hacia polémicas artificiales y noticias inventadas". ¡Noticias inventadas! ¡Fake news! Ya estamos todos. La recién creada comisión de la verdad de Moncloa acaba de dictaminar que el pacto con EH Bildu es mentira. Es un bulo, una falsedad, no existe. Es la tergiversación de la realidad extrema. El relativismo llevado a sus últimas consecuencias: las cosas no son como son, sino como yo digo que son. Y punto. Todo lo demás es una trapisonda del enemigo.
Oponerse a los Presupuestos, criticar los acuerdos del amado líder, es antidemocrático. Lo dice tal cual: el PSOE debe ahora “explicar sin cesar el alcance histórico de estos presupuestos. Reiterar una vez y otra que nuestro país necesita salir adelante con el concurso de todos. Que no hay excusa que justifique desentenderse de este esfuerzo y menos aún oponerse a él”. No hay excusa que justifique oponerse a él. Tela.
12 de noviembre. Lo de Iglesias no tiene nombre. Después de que el proyecto de los Presupuestos se presentara con retraso por la tensa negociación entre Sánchez e Iglesias, cuando parecía que habían alcanzado un acuerdo y presentaron su proyecto de ley, va Iglesias y se desmarca, haciendo oposición a su propio gobierno. Ni 3 días pasaron desde que el PSOE había reclutado para su "mayoría de legislatura" a la coalición heredera de Batasuna y ERC, cuando Unidas Podemos, Esquerra y Bildu le dieron un zarpazo por la espalda al PSOE, presentando una enmienda a los Presupuestos para prohibir los desahucios.
Ahora Iglesias quiere enmendar sus propios presupuestos presentando un añadido a la ley de acompañamiento de los Presupuestos la prohibición de todos los desahucios sin alternativa habitacional en España hasta el 31 de diciembre de 2022 (lo vigente es hasta que finalice el estado de alarma el 9 de mayo de 2021 y no hasta diciembre de 2022). El trío calavera pide también ampliar la moratoria de desahucios en el alquiler vigente a todo supuestos, así como prohibir el corte de suministros básicos de agua, luz y gas.
Pedro Sánchez quiere evitar dar una imagen de desunión, así que va a pasar por el aro. Pero no como enmienda a los presupuestos, sino como decreto-ley. Así evita el debate (y posible veto) en el Congreso y no frena los Presupuestos (Iglesias retiraría su enmienda si consigue su objetivo por vía decreto). Así pues, la Comisión que debate las enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2021 ha rechazado la enmienda propuesta por Podemos, ERC y Bildu, mientras el PSOE pacta cómo atender la reivindicación, pero fuera de los presupuestos.
3 diciembre. El Pleno del Congreso ha aprobado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 y los ha enviado al Senado para completar su tramitación con el respaldo del 54% de la Cámara Baja. Votos a favor (188): ERC, PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y el Partido Regionalista de Cantabria. Votos en contra (154): PP, Vox, Ciudadanos, Junts, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y el BNG.
Hoy en el Congreso ha habido dos nacimientos: el de un Presupuesto para los próximos 3 años y el de un bloque político de poder dispuesto a perdurar durante muchos más. Lo que Pablo Iglesias, autor intelectual de la criatura y comadrona del parto, llama “la nueva dirección del Estado”.
El Gobierno de Sánchez, Iglesias, Junqueras y Otegi se fortalece sustancialmente, quizá decisivamente. Lo hace por el mismo motivo, al mismo ritmo y en la misma medida en que se debilita el Estado asentado sobre la Constitución de 1978. Curioso país éste en el que el interés del Gobierno y el del Estado divergen desde la raíz, y se contraponen hasta el punto de que lo que beneficia a uno perjudica necesariamente al otro.
El gran hallazgo estratégico de Pablo Iglesias tras pasar el sarampión revolucionario fue descubrir que el mejor instrumento para desarticular un Estado constitucional europeo está en su interior: se llama ministerios, BOE y, por supuesto, Presupuestos.
Su segundo descubrimiento fue que en España se daban todas las condiciones favorables para ello: un partido histórico de la izquierda —revestido de una indiscutible presunción de respetabilidad democrática e institucional y con raíces profundas en la sociedad— en manos de un aventurero dispuesto a todo por afianzarse en la cumbre del poder. Una miríada de partidos nacionalistas con vocación disgregadora y, en ciertos casos, con un discurso teñido de izquierdismo radical. Un centro derecha constitucional inerte y fragmentado, condenado a la inoperancia por sus propios dirigentes. Y una extrema derecha rampante, ideal para activar el resorte reactivo en el campo propio.
Iglesias señaló el objetivo final y Sánchez lo ha rubricado. Si se cumple el plan entero, puede que lleguemos al final de la década hablando no del Gobierno, sino del régimen. Puede que para entonces la Constitución permanezca formalmente en vigor, pero sea poco más que un traje para vestir con decoro en Europa, en un escenario real de discrecionalidad oficialista. Puede que a Felipe VI se le permita seguir figurando como Rey, pero que lo hayan convertido en un exiliado dentro de su propio Estado. Puede que Cataluña y Euskadi sigan nominalmente dentro de España, pero resulte imposible hallar cualquier resto de España en sus territorios —y, sobre todo, en la conciencia de su población joven—. Puede que el trabajo de ERC y Bildu en la dirección del Estado ponga seriamente en peligro la salud de éste. Y también puede que, de resultas de todo ello y de la crisis, se provoque un viraje social que nos lleve demasiado lejos en la dirección contraria. Si la aprobación de unos Presupuestos fue el acto fundacional de un régimen, lo sabremos en unos años.
Análisis del Círculo de Empresarios
El Círculo de Empresarios analiza los Presupuestos de Sánchez en el documento "PGE 2021: Un déficit estructural que compromete la recuperación".El Círculo comparte que una situación excepcional requiere de medidas de apoyo excepcionales en el ámbito social que permitan temporalmente afrontar las dificultades de familias, autónomos y empresas. Pero este carácter expansivo ha de responder a criterios técnicos, no a razones ideológicas o al cumplimiento de un programa de Gobierno elaborado antes de la llegada de la pandemia. En este sentido, el documento alerta que «el carácter expansivo de estos Presupuestos va a situar el déficit y la deuda pública en niveles difícilmente sostenibles» y pide establecer cuanto antes una estrategia de transición para, una vez afianzada la recuperación, «volver a la senda de consolidación presupuestaria que garantice la sostenibilidad y el correcto equilibrio intergeneracional». Para ello, el Círculo pide «un uso eficiente de los recursos públicos».
El documento insiste en la necesidad de mejorar nuestra competitividad mediante la aplicación de reformas estructurales para transformar el modelo productivo español.