Los aplausos desde los balcones en agradecimiento al personal sanitario han ido dando paso a numerosas caceroladas contra el Gobierno como protesta por la incompetente gestión que está haciendo de esta crisis, así como por los continuos bulos del ejecutivo utilizados para tapar su ineptitud. A medida que avanzan los días, estas caceroladas, a su vez, han ido dado paso a manifestaciones en las calles.
La iniciativa ha surgido -a partir del 10 de mayo- en la calle Núñez de Balboa del céntrico barrio madrileño de Salamanca, pero día a día se está extendiendo a más calles, barrios, y otras ciudades del país.
Los ciudadanos protestamos contra el gobierno de Pedro Sánchez al grito de Libertad, libertad! y pedimos al Gobierno su dimisión. Unos recogen las hojas de propaganda de color rojo, que llevan el siguiente mensaje: "Confía en tu gobierno. Encerrados seréis libres". Otros optan por dar vueltas a la manzana pertrechados con banderas de España y cacerolas. Además, desde balcones y ventanas suenan con estrépito las caceroladas como respuesta crítica a la política del Ejecutivo central.
Y es que los ciudadanos ya estamos hartos.
- Hartos de vivir encerrados como ratas en nuestras casas por la incompetencia de un gobierno que antepuso sus intereses políticos e ideológicos a la salud de todos los españoles.
- Hartos de ver cómo nuestros familiares, vecinos y amigos enferman (e incluso mueren) porque nuestro gobierno no supo tomar las medidas necesarias a tiempo para protegernos.
- Hartos de ver cómo nuestros mayores mueren en el más absoluto desamparo y en soledad porque este gobierno es incapaz de gestionar debidamente los recursos del país y de proveerse del material sanitario necesario.
- Hartos de ceder nuestros derechos y libertades por tiempo ilimitado porque nuestro inútil presidente, a pesar de tener un séquito de ministros y asesores, no sabe cómo sacarnos de ésta.
- Hartos de consentir una dictadura encubierta en un estado de alarma perpetuo porque a nuestro totalitario presidente lo único que le importa es ostentar un poder absoluto y sumar días en la Moncloa.
- Hartos de vivir en la miseria porque nuestro gobierno socialcomunista ha arruinado nuestros negocios y destruido nuestros empleos.
- Hartos de la represión y la opresión policial que domina nuestras calles, sancionando y/o arrestando a aquellos ciudadanos indefensos que osan desobedecer las órdenes dictadas por un engreído, soberbio, psicópata y chantajista al que la democracia le importa un pimiento.
- Hartos de la censura gubernamental y de no poder expresar libremente nuestra opinión, aunque sea contraria a la ideología bolivariana que pretende imponernos un gobierno de coalición formado por comunistas, golpistas y proetarras, con los que pacta prebendas que son inadmisibles en una democracia.
- Hartos de vivir con miedo porque nuestro gobierno no ha sabido contener ni aislar el virus al negarse a hacernos test.
- Hartos ser el hazmerreír del mundo por tener el gobierno más mentiroso de la historia de España.
... Hartos de...
Dos meses han pasado desde aquel fatídico día en el que gobierno de la mercadotecnia anunciaba el Estado de la Confusión, una maniobra subterránea que le permitiría -desde dos días después- acaparar poder a manos llenas. Durante este tiempo, al cacique le ha ido bien pero al pueblo le está yendo mal. Muy mal. A estas alturas de la película, la inacción no es una solución. La sociedad está depertando de su letargo y aborregamiento y está dispuesta a tomar las calles.
Las personas que, desafiando las órdenes del Real Decreto, se concentran cada día en la calle Núñez de Balboa, en Madrid, no son ciudadanos incívicos, sino gente harta de la incompetente gestión de un Ejecutivo que pretende estigmatizarlos con la etiqueta de pudientes insolidarios y fachas con banderas de España.
Porque, como el origen ha estado en un barrio «pijo» (donde, por cierto, residen la mayoría de ministros y políticos de nuestro actual gobierno socialista), la izquierda pretende atacar las protestas como si fueran un movimiento «de ricos». Pero nada más lejos de la realidad, porque en Madrid ya se ha extendido a más zonas donde sus habitantes no son considerados precisamente "pudientes", sino de ciudadanos de clase media y trabajadora (como los barrios de Embajadores, Méndez Álvaro, Chamartín, Mirasierra, Montecarmelo, Sachinarro, Las Tablas, Aravaca, Móstoles...), y también se están replicando en todas las ciudades. La protesta ciudadana es ya un clamor en toda la geografía española.
Haciendo gala de un perfecto manejo de la opinión pública y de la manipulación de las redes sociales, el gobierno ha desplegado un ejército de trolls y bots para lanzar su campaña particular de desprestigio a estas protestas, la rebelión de los cayetanos (en referencia a la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, que además es marquesa, por lo que se le presupone un alto poder adquisitivo) o la rebelión de pocholos (en alusión a José María 'Pocholo' Martínez-Bordiu).
Ese cliché revela hasta qué punto el Gobierno pretende doblegar con falsedades el derecho a expresarse de ciudadanos que no son un peligro público y que manifiestan su indignación de forma cívica (y respetando -salvo raras excepciones- la distancia interpersonal exigida para preservar la seguridad). Porque ésto no va de ricos y pobres, ni de izquierdas ni derechas. Esto va de libertad. Así de claro.
La gente que se manifiesta en contra de Pedro Sánchez y toda su casta son españoles concernidos con el Estado de Derecho y la unidad nacional. Si el Gobierno piensa que las protestas responden exclusivamente a motivos ideológicos es que no entiende nada. A estas alturas son millones de españoles los que están hartos de la incompetencia y de los tics totalitarios de un Gobierno que se ha parapetado tras un estado de alarma perpetuo para cercenar derechos fundamentales.
El error (uno más) de Sánchez es mayúsculo: demonizar a los críticos con su gestión con estigmas de tipo ideológico demuestra la cortedad de miras de un Ejecutivo que pretende trasladar la idea falaz de que estamos ante una protesta partidista, cuando la realidad es que cada son más los españoles, con independencia de que sean de izquierdas o de derechas, los que expresan su hartazgo e indignación.
El error (uno más) de Sánchez es mayúsculo: demonizar a los críticos con su gestión con estigmas de tipo ideológico demuestra la cortedad de miras de un Ejecutivo que pretende trasladar la idea falaz de que estamos ante una protesta partidista, cuando la realidad es que cada son más los españoles, con independencia de que sean de izquierdas o de derechas, los que expresan su hartazgo e indignación.
Por si acaso, en Moncloa ya se han encendido las alarmas. En el Gobierno auguran que, la del barrio de Salamanca, no es "una concentración más", sino el caldo de cultivo de todo lo que puede llegar en las próximas semanas. Porque la protesta ya se está extendiendo por el resto de España, a medida que el Ejecutivo socialcomunista sigue dando muestras de desprecio a la libertad.
Y para sofocar la pacífica "rebelión de las mascarillas", Marlaska ha ordenado un gran despliegue policial, con helicóptero incluido. La orden de Moncloa a la Policía contra las protestas es clara y contundente: «inundar con antidisturbios las calles» con el objetivo del «cumplimiento del Real Decreto del Estado de Alarma. Paseos SÍ, práctica deportiva SÍ, pero CONCENTRACIONES NO». Intimidación. También ha vuelto a hacer gala de su autoridad sobre los cuerpos y seguridad del Estado, ordenando, una vez más, a la Guardia Civil el rastreo de las redes sociales con el fin de detectar esas posibles convocatorias que permitan a la Guardia Civil acudir a los lugares antes de que se produzcan las concentraciones.
Y aún va más allá. El estado policial que pretende instaurar Marlaska, inundando las calles de Policía para disuadir a los españoles críticos con el Gobierno que se manifiestan libremente, inicia una segunda fase. En este caso, señalando a los políticos que han hecho llamamientos para que la gente tome las calles en señal de protesta (con Abascal y Ayuso a la cabeza).
Y aún va más allá. El estado policial que pretende instaurar Marlaska, inundando las calles de Policía para disuadir a los españoles críticos con el Gobierno que se manifiestan libremente, inicia una segunda fase. En este caso, señalando a los políticos que han hecho llamamientos para que la gente tome las calles en señal de protesta (con Abascal y Ayuso a la cabeza).
Hay cuatro fechas concretas que hacen temer un aumento de la tensión en las calles. El 15 de mayo, cuando previsiblemente el Gobierno impedirá que Madrid pase a la fase 1 de la desescalada; el día 20, en que se votará la quinta prórroga del estado de alarma; el día 23, cuando Vox ha convocado varias manifestaciones (calificadas de fascistas) en coche en todas las capitales de provincia, y el día que el Consejo de Ministros apruebe la renta mínima vital si muchos trabajadores no han cobrado todavía el ERTE (presumiblemente el 26 de mayo).
A medida que el Gobierno se descompone, intensifica su control sobre los ciudadanos y aumenta su presión sobre los derechos y libertades de quienes protestan contra el socialcomunismo. Cuando la sociedad se levanta democráticamente contra sus gobernantes y se extiende la protesta, el poder se retrata. Es la prueba del algodón democrático. Y este que preside Pedro Sánchez está dando muestras de un talante peligroso.
Hasta el extremo de que en el operativo diseñado por el Ministerio del Interior juega un papel fundamental la información aportada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que evalúa a diario la evolución de las caceroladas para determinar si es necesario reforzar los dispositivos policiales en las viviendas de los ministros para evitar los escraches, como ya ocurre en el chalet de Galapagar del vicepresidente Pablo Iglesias.
Sorprende que el CNI, una de cuyas atribuciones es la de obtener, evaluar y difundir información para prevenir cualquier amenaza o peligro contra los intereses de España, se dedique a identificar a los portadores de cacerolas (pacíficos, más allá de la incomodidad del ruido que puedan hacer) por si se presentan en las inmediaciones de las casas de los ministros. Pero no nos extraña tanto si tenemos en cuenta que es el propio Iglesias el que preside la comisión que controla el CNI.
Por otro lado, llama poderosamente la atención que, mientras el Gobierno no permite a la ciudadanía manifestarse en contra suya, sí permita una multitudinaria concentración de personas para despedir al que fuera secretario general del Partido Comunista de España, Julio Anguita, que falleció el 16 de mayo.
Y de igual manera, que también se estén permitiendo las manifestaciones que se están sucediendo tras la muerte de George Floyd el 25 de mayo a manos de un policía en Minneapolis, en protesta por el racismo y la violencia policial en Estados Unidos. Tampoco entiendo por qué se manifiestan los españoles en este particular ni tiene que ver éso con España, como si aquí no tuviéramos en estos momentos temas de qué preocuparnos...
A medida que el Gobierno se descompone, intensifica su control sobre los ciudadanos y aumenta su presión sobre los derechos y libertades de quienes protestan contra el socialcomunismo. Cuando la sociedad se levanta democráticamente contra sus gobernantes y se extiende la protesta, el poder se retrata. Es la prueba del algodón democrático. Y este que preside Pedro Sánchez está dando muestras de un talante peligroso.
Hasta el extremo de que en el operativo diseñado por el Ministerio del Interior juega un papel fundamental la información aportada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que evalúa a diario la evolución de las caceroladas para determinar si es necesario reforzar los dispositivos policiales en las viviendas de los ministros para evitar los escraches, como ya ocurre en el chalet de Galapagar del vicepresidente Pablo Iglesias.
Sorprende que el CNI, una de cuyas atribuciones es la de obtener, evaluar y difundir información para prevenir cualquier amenaza o peligro contra los intereses de España, se dedique a identificar a los portadores de cacerolas (pacíficos, más allá de la incomodidad del ruido que puedan hacer) por si se presentan en las inmediaciones de las casas de los ministros. Pero no nos extraña tanto si tenemos en cuenta que es el propio Iglesias el que preside la comisión que controla el CNI.
Por otro lado, llama poderosamente la atención que, mientras el Gobierno no permite a la ciudadanía manifestarse en contra suya, sí permita una multitudinaria concentración de personas para despedir al que fuera secretario general del Partido Comunista de España, Julio Anguita, que falleció el 16 de mayo.
Y de igual manera, que también se estén permitiendo las manifestaciones que se están sucediendo tras la muerte de George Floyd el 25 de mayo a manos de un policía en Minneapolis, en protesta por el racismo y la violencia policial en Estados Unidos. Tampoco entiendo por qué se manifiestan los españoles en este particular ni tiene que ver éso con España, como si aquí no tuviéramos en estos momentos temas de qué preocuparnos...
¿Estamos ante el comienzo de la II Guerra Civil?
Todo esto se les está yendo de las manos. Somos el único país que está levantando el hacha de guerra contra un Gobierno en esta crisis del Covid-19. Eso es democracia, por mucho que algunos se empeñen en sesgar este tipo de manifestaciones y de encasillarlas como revueltas o marchas en función del color ideológico que las apoye. Pese a que la izquierda siempre daña todo a su paso cuando estos expresan su malestar y que la derecha marcha de manera pacifica sin que ningún contenedor sea pasto de las llamas, los que piensan diferente a ellos van a ser considerados fascistas hagan lo que hagan.
Lo vemos en el Congreso de los Diputados. Iglesias y su banda son expertos en tirar la piedra y esconder la mano. Piden consenso mientras ellos son los primeros que están humillando sesión tras sesión a la oposición. Y este panorama ha hecho abrir las heridas de muchos españoles. Ciudadanos que tienen la sensación de que se les está robando su dinero con la corruptela de nuestros gobernantes y saqueando las libertades con su complejo de tiranos.
Y ahora, mientras que la derecha más radical pide a sus seguidores "Únete a la Resistencia", la izquierda lanza su campaña "Fase Antifascista". Acción Antifascista, que, en un intento de boicotear las manifestaciones convocadas por Vox el próximo día 23 de mayo, están alentado la violencia callejera, incitando a la gente a atacar los coches de los manifestantes lanzándoles huevos, pintura o cualquier cosa que se les ocurra. Me parece alarmante, y veremos a ver si estas revueltas no derivan en una II guerra civil, porque el grado de crispación es máximo.
Lo vemos en el Congreso de los Diputados. Iglesias y su banda son expertos en tirar la piedra y esconder la mano. Piden consenso mientras ellos son los primeros que están humillando sesión tras sesión a la oposición. Y este panorama ha hecho abrir las heridas de muchos españoles. Ciudadanos que tienen la sensación de que se les está robando su dinero con la corruptela de nuestros gobernantes y saqueando las libertades con su complejo de tiranos.
Y ahora, mientras que la derecha más radical pide a sus seguidores "Únete a la Resistencia", la izquierda lanza su campaña "Fase Antifascista". Acción Antifascista, que, en un intento de boicotear las manifestaciones convocadas por Vox el próximo día 23 de mayo, están alentado la violencia callejera, incitando a la gente a atacar los coches de los manifestantes lanzándoles huevos, pintura o cualquier cosa que se les ocurra. Me parece alarmante, y veremos a ver si estas revueltas no derivan en una II guerra civil, porque el grado de crispación es máximo.
Y para echar más leña al fuego y contrarrestar la Caravana por España y su Libertad convocada por Vox el sábado 23 de mayo, el Gobierno ha autorizado varias manifestaciones comunistas, a celebrare el mismo día, bajo el lema "Por el trabajo, por nuestros derechos, por un plan urgente de emergencia social". Los dos partidos más radicales enfrentados en las calles.
Las dos Españas, otra vez. Un país, que, pese a que no se haya desmembrado territorialmente, está dividido histórica e ideológicamente. Nuestra memoria reciente es la vida de los que sueñan en ganar una guerra que perdieron hace años contra los que intentan no volver al pasado del que renegaron hasta los intelectuales que lo propiciaron. La existencia de los que ondean la rojigualda y los que adornan su pensamiento con la tricolor.
Además, el enfrentamiento político derivado de esta rebelión ya se ha trasladado al Congreso. Sostiene Pablo Iglesias que si se generalizan protestas de «gente de derechas» contra los domicilios de algunos miembros del Ejecutivo, como es su caso, lo próximo pueden ser concentraciones de «gente de izquierdas» como por ejemplo, en las casas de Casado, Ayuso o Abascal. ¿Amenaza? El mensaje de Iglesias está claro: instar a la «gente de izquierdas» a salir en su defensa, como acto de desagravio por las protestas «de gente de derechas» ante su casoplón de Galapagar (protegido, por cierto, por un batallón de agentes de la guardia civil enviados por Marlaska). Iglesias, está claro, busca el estallido social que desate un clima de violencia para justificar sus métodos dictatoriales y su ideario comunista, y ejercer el poder a la manera que le gustaría: cercenando derechos y libertades.
Lo que es ya indiscutible es que la rebelión ciudadana ha comenzado y no parará hasta que los españoles recuperemos nuestras libertades y derechos. Y precisamente, el artículo 21 de la Constitución ampara "el derecho de reunión pacífica y sin armas" si bien, en el caso de manifestaciones organizadas se establece que los organizadores deberán solicitar permiso previamente una autorización a la Delegación de Gobierno.
Las dos Españas, otra vez. Un país, que, pese a que no se haya desmembrado territorialmente, está dividido histórica e ideológicamente. Nuestra memoria reciente es la vida de los que sueñan en ganar una guerra que perdieron hace años contra los que intentan no volver al pasado del que renegaron hasta los intelectuales que lo propiciaron. La existencia de los que ondean la rojigualda y los que adornan su pensamiento con la tricolor.
Además, el enfrentamiento político derivado de esta rebelión ya se ha trasladado al Congreso. Sostiene Pablo Iglesias que si se generalizan protestas de «gente de derechas» contra los domicilios de algunos miembros del Ejecutivo, como es su caso, lo próximo pueden ser concentraciones de «gente de izquierdas» como por ejemplo, en las casas de Casado, Ayuso o Abascal. ¿Amenaza? El mensaje de Iglesias está claro: instar a la «gente de izquierdas» a salir en su defensa, como acto de desagravio por las protestas «de gente de derechas» ante su casoplón de Galapagar (protegido, por cierto, por un batallón de agentes de la guardia civil enviados por Marlaska). Iglesias, está claro, busca el estallido social que desate un clima de violencia para justificar sus métodos dictatoriales y su ideario comunista, y ejercer el poder a la manera que le gustaría: cercenando derechos y libertades.
Lo que es ya indiscutible es que la rebelión ciudadana ha comenzado y no parará hasta que los españoles recuperemos nuestras libertades y derechos. Y precisamente, el artículo 21 de la Constitución ampara "el derecho de reunión pacífica y sin armas" si bien, en el caso de manifestaciones organizadas se establece que los organizadores deberán solicitar permiso previamente una autorización a la Delegación de Gobierno.
Pero ¿para qué pedirlos, si Marlaska ya ha ordenado a todas las delegaciones de España que los denieguen en masa? Censura y mordaza, lo cual, lejos de apaciguar los ánimos, los caldea aún más. Aunque no ha sido así en Pamplona, cuando un centenar de ciudadanos se han manifestado el 15 de mayo para pedir la libertad del etarra que asesinó al concejal de UPN, Tomás Caballero, al grito de "PSOE y GAL son lo mismo" o "esta es su paz y su tolerancia". Ellos SÍ tenían autorización para manifestarse en pleno estado de alarma. ¿Será por el trato de favor que Sánchez está otorgando al País Vasco para que sus socios de gobierno (PNV) sigan apoyando sine qua non el estado de alarma? Y les ha dado sus frutos, ya que tras varios días de protestas abertzales autorizadas, Marlaska ha acordado acercar y progresar de grado a otros tres presos etarras, por no hablar del pacto de la vergüenza, firmado con Bildu, prometiendo la derogación íntegra de la reforma laboral de 2012 a cambio de 5 míseras abstenciones (que eran irrelevantes) en la votación de la quinta prórroga del estado de alarma.
De momento, en las zonas "no privilegiadas" del país las concentraciones espontáneas y apolíticas de los ciudadanos están siendo acalladas y disueltas por los dispositivos policiales, y las manifestaciones "oficiales" convocadas por Vox ya están siendo denegadas por las delegaciones de gobierno de Cataluña y Castilla y León (en el resto de ciudades su autorización está siendo "negociada"). Por supuesto, las de Podemos ya han sido autorizadas.
Las protestas espontáneas de ciudadanos que se están sucediendo no se neutralizan mandando cada vez más efectivos policiales, porque el descontento es transversal y no obedece a patrones ideológicos ni sociales. Porque aquí tenemos dos tipos de manifestaciones: las protestas que han ido surgiendo de manera espontánea entre los ciudadanos indignados (la rebelión de las mascarillas), y las convocadas por los partidos políticos (Vox frente a Podemos), con eslóganes como Únete a la resistencia vs Fase Antifascista. Y éstas últimas son las peligrosas, pues incitan al odio y la violencia entre castas.
Para que los poderes públicos puedan incidir en el derecho de reunión, restringiéndolo, modificando las circunstancias de su ejercicio, o prohibiéndolo, es preciso que existan razones fundadas, lo que implica una exigencia de motivación de la resolución correspondiente en la que se aporten las razones que han llevado a la autoridad gubernativa a concluir que el ejercicio del derecho fundamental de reunión producirá una alteración del orden público o la desproporcionada perturbación de otros bienes o derechos protegidos por nuestra Constitución.
Para que los poderes públicos puedan incidir en el derecho de reunión, restringiéndolo, modificando las circunstancias de su ejercicio, o prohibiéndolo, es preciso que existan razones fundadas, lo que implica una exigencia de motivación de la resolución correspondiente en la que se aporten las razones que han llevado a la autoridad gubernativa a concluir que el ejercicio del derecho fundamental de reunión producirá una alteración del orden público o la desproporcionada perturbación de otros bienes o derechos protegidos por nuestra Constitución.
Atendiendo a la Carta Magna, mientras sean protestas pacíficas y los asistentes no infrinjan las restricciones del estado de alarma (mantener la distancia de seguridad interpersonal impuesta y portar mascarillas) no pueden ni deben ser prohibidas.
De hecho, una quincena de países han reclamado a España que garantice el derecho de expresión y protesta, durante el examen de derechos humanos de la ONU. Berlín ha destacado su preocupación por “la amplía interpretación” del concepto de seguridad nacional en la legislación española, mientras que el gobierno belga ha recomendado en España “tomar medidas” para garantizar el derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión. En este sentido, Bélgica, Canadá y Suiza han instado a España a revisar el código penal para proteger estos derechos. Italia, por su parte, ha reclamado medidas adicionales para garantizar la libertad de expresión y reunión, y ha reclamado mejorar la investigación de “el uso de la fuerza” por parte de la policía. También Rusia ha llamado la atención al gobierno español por “intervenciones ilícitas” de las fuerzas del orden.
Pero a nuestro gobierno le da igual. El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha exigido (por medio de una instrucción lanzada a todas las dependencias policiales el 27 de mayo) el volcado de todos los atestados policiales al sistema informático SIDENPOL para imponer castigos.
De hecho, una quincena de países han reclamado a España que garantice el derecho de expresión y protesta, durante el examen de derechos humanos de la ONU. Berlín ha destacado su preocupación por “la amplía interpretación” del concepto de seguridad nacional en la legislación española, mientras que el gobierno belga ha recomendado en España “tomar medidas” para garantizar el derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión. En este sentido, Bélgica, Canadá y Suiza han instado a España a revisar el código penal para proteger estos derechos. Italia, por su parte, ha reclamado medidas adicionales para garantizar la libertad de expresión y reunión, y ha reclamado mejorar la investigación de “el uso de la fuerza” por parte de la policía. También Rusia ha llamado la atención al gobierno español por “intervenciones ilícitas” de las fuerzas del orden.
Pero a nuestro gobierno le da igual. El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha exigido (por medio de una instrucción lanzada a todas las dependencias policiales el 27 de mayo) el volcado de todos los atestados policiales al sistema informático SIDENPOL para imponer castigos.
Protesta "Sanitarios Necesarios"
El lunes 25 de mayo la Comunidad de Madrid pasa a fase 1 y los sanitarios piensan que es el momento de poner en la agenda la falta de personal, la precariedad laboral o la escasez de test para la desescalada. Precedidos por protestas espontáneas durante esta última semana, una concentración a las puertas de todos los centros sanitarios a las 20 horas será la primera acción coordinada. Comienza a andar así la plataforma 'Sanitarios Necesarios'.
Piden garantizar los 10.000 puestos sanitarios con los contratos extras realizados para luchar contra el covid-19. También piden reforzar la atención primaria y la hospitalaria y la dotación de personal en las residencias de mayores, así como ayuda para afrontar las consecuencias de la pandemia. Y es que la falta de material de protección durante buena parte de la crisis ha hecho mella en las plantillas.
Piden garantizar los 10.000 puestos sanitarios con los contratos extras realizados para luchar contra el covid-19. También piden reforzar la atención primaria y la hospitalaria y la dotación de personal en las residencias de mayores, así como ayuda para afrontar las consecuencias de la pandemia. Y es que la falta de material de protección durante buena parte de la crisis ha hecho mella en las plantillas.