Tic, tac... El cerco judicial se estrecha sobre Pablo Iglesias por el caso Dina. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente del Gobierno por varios delitos relacionados con el robo de la tarjeta de memoria del móvil de Dina Bousselham y la difusión de cierto material 'sensible' que contenía.
Recordemos que el mismo juez (el 25 de mayo) retiró a Iglesias su condición de perjudicado o víctima en todo este entramado, aunque a mediados de septiembre la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corrigió al instructor obligándole a devolvérsela al considerar que la autoría de los desperfectos de la tarjeta no era competencia de la Audiencia Nacional.
Ahora el juez (que ha dado por concluida su investigación contra Villarejo y los periodistas de la revista Interviú, continuando el procedimiento para juzgarles) ha presentado ante el Supremo los indicios que ha encontrado contra Iglesias y pide a la Sala de lo Penal del alto tribunal que lo investigue. (En función de esa investigación, se decidirá si se le imputa y juzga por los delitos o no).
Es decir, en apenas 5 meses, Iglesias ha pasado de perjudicado a investigado, de ser una víctima de las cloacas del Estado a ser él la ponzoñosa cloaca.
1) Delitos de descubrimiento y revelación de secretos (con agravante de género), por haber recibido una copia del volcado del móvil de su ex-asesora con fotos íntimas suyas y no habérsela devuelto durante un año. Este delito requiere denuncia de la persona agraviada, en este caso Dina Bousselham, por lo que si ésta exculpa a Iglesias, el asunto no irá a ninguna parte.
Según el artículo 197.2 del Código Penal, este delito conlleva una pena de 6 meses a 2 años de cárcel. Pero además, el magistrado entiende que en este caso incurriría la circunstancia agravante de género (artículo 22.4 del Código Penal) lo cual ascendería la pena a de 1 a 4 años de prisión.
2) Daños informáticos, por los daños sufridos en la micro tarjeta SD. Iglesias recibió la tarjeta de memoria en buen estado, se la llevó y la tuvo en su poder durante un tiempo, pero cuando se la devolvió a su dueña, ésta ya no funcionaba y no se podía acceder a su contenido. Este delito acarrea una pena de prisión de 6 meses a 3 años (artículo 264 del Código Penal).
3) Acusación o denuncia falsa y/o simulación delito. El magistrado califica de "consciente y planificada actuación falsaria" de Iglesias fingiendo ante la opinión pública y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales, con la finalidad de obtener rédito electoral al presentarse como pobre víctima de una conspiración orquestada por el Gobierno del PP y el ex-comisario Villarejo. El delito de acusación y denuncia falsa conlleva una pena de prisión de 6 meses a 2 años (artículo 456 del Código Penal). Fingir un delito inexistente está castigado con una multa de 6 a 12 meses (artículo 457 del Código Penal).
El líder de Podemos pidió al presidente del Gobierno evitar toda tentación de avanzar en una negociación dela renovación reparto del Poder Judicial con el Partido Popular, porque el modelo planteado por el PP (que los jueces sean preseleccionados por jueces, no por políticos) desbarataría sus posibilidades de incrementar el control de la Justicia.
Ahora, la posible imputación del vicepresidente del Gobierno en el marco del culebrón Dina vaticina otra guerra en la Fiscalía. Al disfrutar Iglesias de su condición de aforado, solo podría ser juzgado por el Tribunal Supremo, pero para iniciar la investigación solicitada por juez de la Audiencia Nacional, la Sala Penal del Tribunal Supremo (presidida por Manuel Marchena) deberá pedir a la Fiscalía que informe al respecto. ¡Y ya todos sabemos de quién depende la Fiscalía!
Dicho informe podría hacerlo cualquier fiscal de la Sala Penal. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, legalmente no puede intervenir bajo ningún precepto en esta causa, por haber sido Ministra de Justicia en el anterior Gobierno de Pedro Sánchez. Así que Delgado tiene dos opciones:
1) asignar directamente el caso de Iglesias al polémico teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, en cuyo caso deberá convocar previamente a la Junta de Fiscales de Sala (art. 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal);
2) que se asigne la causa al fiscal que por turno corresponda.
Recordemos que Luis Navajas fue quien redactó el informe en el que solicita al Supremo que se archiven todas las querellas presentadas contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la pandemia. Y además, hizo unas polémicas declaraciones en Onda Cero sobre el propio Ministerio Fiscal (acusándolo de estar politizado ideológicamente), así como contra el Fiscal Anticorrupción del caso Dina, Ignacio Stampa, a quien desprecia por haber filtrado información sobre el caso a la abogada de Podemos, Marta Flor, con quien tenía un affair.
Bien, una vez hecho el informe de la Fiscalía, lo deberá remitir a la Sala Penal del Supremo, quien deberá decidir si admite a trámite la causa penal contra Iglesias o no (el dictamen de la Fiscalía es preceptivo, pero no vinculante; por lo que la Sala Penal puede adoptar una posición contraria a la defendida por el Ministerio Público).
Si se admitiera a trámite la exposición razonada, el Supremo nombraría a un instructor, que sería el encargado de practicar las diligencias que considere oportunas. Al finalizar las mismas, tendría que decidir si los indicios son suficientes para actuar contra Iglesias o, por el contrario, archivar el procedimiento.
Si el Supremo estima que hay indicios para investigarlo deberá solicitar al Congreso la concesión del imprescindible suplicatorio para poder actuar penalmente contra el vicepresidente segundo del Ejecutivo. Si se concede por el Congreso (hasta ahora no se ha denegado ni uno sólo, pero para ello necesita el apoyo del PSOE), el instructor ya podría citarle a declarar y Pablo Iglesias tendría que comparecer ante el Tribunal Supremo, aunque podría negarse a declarar si lo considera conveniente. Si el Congreso no aprueba el suplicatorio, la causa contra Iglesias se cerraría, a menos que Iglesias decidiese comparecer como investigado voluntariamente ante el Supremo.
Una vez finalice la instrucción de la investigación, el instructor deberá decidir si hay indicios suficientes para llevarlo juicio o no. Si es que sí, tendrá que dictar el correspondiente auto de transformación de la causa en Procedimiento Abreviado, dando un plazo para que las partes soliciten la apertura de juicio oral y presenten las correspondientes peticiones de penas provisionales o insten el archivo. Si por el contrario, el instructor concluye que no hay indicios de delito directamente dictará auto de archivo.
En cualquier caso, el asunto va para largo. Como vemos, el primer paso es tener el estudio previo del informe de la Fiscalía, pero ésta no tiene plazo para presentarlo, así que el caso puede demorarse meses o incluso años.
Actualización 15 octubre: La Fiscalía del Supremo pasó la pelota a la Fiscalía Anticorrupción al haber sido ésta la que llevó el caso desde su origen en la Audiencia Nacional. ¡Y vaya si se han dado prisa en emitir su informe! Cualquiera pensaría que no han tenido mucho tiempo para estudiar con detalle el expediente y remitir razonadamente su escrito al Supremo. Por supuesto, como cabía esperar, Anticorrupción muestra su disconformidad con el dictamen del juez García Castellón y solicita que Iglesias no sea investigado en relación al caso Dina. (recordemos que dicho informe no es vinculante).
Que lo haga coincidiendo con las insólitas disculpas del teniente fiscal Luis Navajas hacia el fiscal de Anticorrupción, Ignacio Stampa, resulta ya un escandaloso despropósito. El Supremo decide. Pero todo lo que no sea respaldar y atender la petición del juez García Castellón contra Iglesias será una prueba más de que en España la justicia vive sus peores momentos.
Nadie sabe cuál será el desenlace de la veloz carrera pública de Pablo Iglesias. Más aún en la España de Pedro Sánchez, donde su Gobierno y los partidos que lo conforman parecen tener patente de corso para no asumir responsabilidades políticas e incluso las corruptelas que ven inaceptables en los demás, cuando son propias, se las ingenian para que se disipen junto al polvo del alboroto que levantan.
En cualquier caso, la decisión del juez de la Audiencia Nacional de elevar el «caso Dina» al Tribunal Supremo supone un antes y un después en el sprint del líder de Podemos desde las «barricadas» hasta la mullida moqueta del Consejo de Ministros.
Hace ya tiempo que incluso los simpatizantes de primera hora de Podemos se dieron cuenta de que el proyecto renovador de Pablo Iglesias era un gran fiasco. Demasiados han ido saltando del barco desengañados. Una excusa calculadamente populista –bien cebada ideológica y financieramente por regímenes bolivarianos– para asaltar los cimientos de la democracia española y colar un caballo de Troya del chavismo en el corazón de la Unión Europea. De esos barros, estos lodos. Lo que tal vez no esperaba Iglesias es que las centenarias instituciones democráticas de España estuviesen dispuestas a no dejarse doblegar ni corromper.
Por eso Iglesias queda ahora en tan desairada posición. A las puertas del Tribunal Supremo y de un posible suplicatorio que se votaría libre y democráticamente en el Congreso. Y en el que el PSOE se tendría que retratar. Curiosamente, Podemos, siempre dispuesto a ejercer de juez y parte cuando los sospechosos son los otros, ha impuesto comisiones de investigación por el caso Bárcenas, las cajas de ahorro, la financiación del PP y, por último, la operación Kitchen. Y amenaza al Rey, un día sí y otro también, con desnudar a la Corona para humillarla con la excusa del Rey Emérito que ni siquiera está investigado en España.
Esta vez, la respuesta de los «regeneradores» al señalamiento judicial de Iglesias ha sido linchar al magistrado instructor. ¿Quieren que pensemos que es casualidad que el magistrado Manuel García Castellón esté siendo amenazado (incluso "de muerte") tras pedir al Supremo que investigue a Iglesias, después de que varios miembros de Podemos hayan cargado públicamente contra el juez?
Hace unos meses, la otra respuesta defensiva de Iglesias tras «asaltar» el poder fue derogar el Código Ético de su partido. Tras el primer Vistalegre, un cargo de Podemos imputado debía dimitir de inmediato. Ahora, solo si está imputado, es decir, no deberá dimitir hasta la apertura del juicio oral. Nueva política, viejos vicios.
Las primeras declaraciones de Iglesias han sido que le parece «absolutamente imposible» que el Tribunal Supremo le impute por el caso Dina. Sobre si va a dimitir si el Supremo le imputa ha respondido que no, porque su hipotética imputación sería «inconcebible y representaría una vulneración del Derecho sin parangón y sin precedente en este país», y que «sería inconcebible en una democracia europea».
Por su parte, el Presidente de Gobierno ha apoyado públicamente a Iglesias. Y en sus declaraciones a los periodistas ha dado tres claves: apoyo a su vicepresidente, respeto a la justicia y ausencia de preocupación. Claro, si el vicepresidente de un gobierno tiene ya conocimiento previo de lo que va a decir un tribunal, cómo no habrá de tenerlo su jefe, el presidente.
Si Iglesias no está imputado ya desde el 7 de octubre es únicamente gracias a su aforamiento. ¡Con todo lo que ha despotricado él contra esos privilegios! Le salva de momento esa «injusta» protección de «casta». Pero se ponga como se ponga, al vicepresidente segundo del Gobierno se le está viendo cada más como al «cazador cazado».
Pero sabe que, a partir de ahora, su situación en el Gobierno de Sánchez y ante los medios y la opinión pública no será igual ni le va a permitir actuar con la impunidad y el desparpajo con la que lo hacía hasta ahora. Porque mientras los tribunales aclaran la situación, Iglesias va a probar su propia medicina y de sus modales políticos para con los demás. Y ya veremos si todo ello no acaba poniendo en riesgo el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y acaba provocando un adelanto electoral. ¡Ojalá! Aunque no lo creo.
El PSOE y Podemos están desesperados por salvar a Pablo Iglesias de sus ‘cloacas’. Y para lanzarle un ‘salvavidas’ al líder del partido de extrema izquierda, el 13 de octubre han presentado en el Congreso una proposición de ley para reformar la composición del Consejo General del Poder Judicial en sólo dos meses, sin consenso y sin los controles de órganos constitucionales. Como es evidente, un CGPJ construido a favor de los intereses del Gobierno socialcomunista con vocales del partido de extrema izquierda echaría por tierra una investigación contra Pablo Iglesias como presunto autor de tres delitos en el ‘Caso Dina’, así como sobre los pagos irregulares a la consultora ‘Neurona’ o su ‘Caja B’.
Lo que está ocurriendo en España es exactamente lo mismo, paso a paso, simplemente un calco de lo que hizo Hugo Chávez en el año 2004, 5 años después de llegar al poder. ¿Y qué hizo Chávez? Como veía que no dominaba al Tribunal Supremo aumentó el número de miembros, los digitó con mayoría simple, no con una mayoría reforzada o mayoría absoluta, con mayoría simple. Y en aquel momento el Tribunal Supremo permaneció en sus manos hasta nuestros días, que está en manos del otro narcodictador, Nicolás Maduro. Aquel día en el que Hugo Chávez tomó al asalto el Tribunal Supremo, se acabó para siempre la democracia en Venezuela.
Esta amenaza se hace realidad ahora en España de mano de Sánchez e Iglesias: si logran acabar con el sistema que nos dotó la Constitución para la elección de nuestros magistrados, la democracia en España habrá terminado.
Pero no solo no dio ese paso, sino que todavía estamos esperando a que diga una palabra sobre esos más de 300.000 euros «distraídos» de sus cuentas como gastos electorales y que en realidad fueron a parar, según la acusación del togado, a la consultora Neurona, gestionada por su fiel escudero Juan Carlos Monedero, en perfecta sintonía con su apellido.
En su lugar, fue el inefable Echenique quien levantó la voz para reivindicar el buen nombre de la organización por el procedimiento de emprenderla contra el juez, exactamente igual que ha hecho ahora saliendo al paso de la solicitud de García Castellón al Supremo, sin otra baza argumental que la crítica al titular del Juzgado número 6 por seguir su propio criterio e ignorar el de la Fiscalía dependiente del Gobierno. Ya se sabe que la mejor defensa es un buen ataque, sobre todo cuando la ausencia de razones impone el recurso a la descalificación personal. Los portavoces de la formación morada son maestros en ese arte.
Si Pablo Iglesias sintiera algún respeto por la vicepresidencia que ocupa, si alguna vez hubiese estado en sus planes honrar con su conducta tan alta representación, si fuese capaz de aplicarse a sí mismo las recetas que con tanta virulencia ha prescrito a sus adversarios políticos, habría recogido sus cosas y se habría marchado a casa con la cabeza gacha.
Porque a la espera de lo que decida el Supremo tras la petición del instructor de la Audiencia, únicamente el fuero que le ampara impide que pese ya sobre él la condición de investigado por tres delitos muy serios, uno de ellos reforzado con el agravante de género. El aforamiento ante el Alto Tribunal, un privilegio que él mismo denunciaba como intolerable antes de convertirse en exponente máximo de la «casta» y al que ahora se aferra para conservar la poltrona mientras otros, por mucho menos, han conocido la cárcel y sufrido crueles linchamientos mediáticos como consecuencia de acusaciones arbitrarias e infundadas.
Si Pablo Iglesias tuviera pudor, se encerraría en su chalet de Galapagar y no saldría en mucho tiempo. Porque, pase lo que pase a partir de ahora, la exposición razonada de García Castellón deja en evidencia un proceder escandaloso por parte de un personaje que ha presumido tanto de pureza democrática.
¿Qué otra cosa son todas esas mentiras tejidas a partir de una tarjeta de móvil con el propósito de sustentar una falsa acusación de espionaje a cargo de las cloacas del Estado? El juez ha destapado un montaje destinado a basar toda su campaña electoral en el más burdo victimismo o, dicho en español castizo, una utilización grosera de su íntima, Dina Bousselham, para engordar la cosecha de votos.
Recordemos que el mismo juez (el 25 de mayo) retiró a Iglesias su condición de perjudicado o víctima en todo este entramado, aunque a mediados de septiembre la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corrigió al instructor obligándole a devolvérsela al considerar que la autoría de los desperfectos de la tarjeta no era competencia de la Audiencia Nacional.
Ahora el juez (que ha dado por concluida su investigación contra Villarejo y los periodistas de la revista Interviú, continuando el procedimiento para juzgarles) ha presentado ante el Supremo los indicios que ha encontrado contra Iglesias y pide a la Sala de lo Penal del alto tribunal que lo investigue. (En función de esa investigación, se decidirá si se le imputa y juzga por los delitos o no).
Es decir, en apenas 5 meses, Iglesias ha pasado de perjudicado a investigado, de ser una víctima de las cloacas del Estado a ser él la ponzoñosa cloaca.
Delitos y penas
Los delitos por los que ahora podría ser imputado Iglesias son:1) Delitos de descubrimiento y revelación de secretos (con agravante de género), por haber recibido una copia del volcado del móvil de su ex-asesora con fotos íntimas suyas y no habérsela devuelto durante un año. Este delito requiere denuncia de la persona agraviada, en este caso Dina Bousselham, por lo que si ésta exculpa a Iglesias, el asunto no irá a ninguna parte.
Según el artículo 197.2 del Código Penal, este delito conlleva una pena de 6 meses a 2 años de cárcel. Pero además, el magistrado entiende que en este caso incurriría la circunstancia agravante de género (artículo 22.4 del Código Penal) lo cual ascendería la pena a de 1 a 4 años de prisión.
2) Daños informáticos, por los daños sufridos en la micro tarjeta SD. Iglesias recibió la tarjeta de memoria en buen estado, se la llevó y la tuvo en su poder durante un tiempo, pero cuando se la devolvió a su dueña, ésta ya no funcionaba y no se podía acceder a su contenido. Este delito acarrea una pena de prisión de 6 meses a 3 años (artículo 264 del Código Penal).
3) Acusación o denuncia falsa y/o simulación delito. El magistrado califica de "consciente y planificada actuación falsaria" de Iglesias fingiendo ante la opinión pública y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales, con la finalidad de obtener rédito electoral al presentarse como pobre víctima de una conspiración orquestada por el Gobierno del PP y el ex-comisario Villarejo. El delito de acusación y denuncia falsa conlleva una pena de prisión de 6 meses a 2 años (artículo 456 del Código Penal). Fingir un delito inexistente está castigado con una multa de 6 a 12 meses (artículo 457 del Código Penal).
Un poder judicial a la medida
Pablo Iglesias no ha sido un mero espectador en los movimientos del PSOE para renovar los cargos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Fruto de su pánico y nerviosismo por el avance de las causas judiciales contra él y su partido (imputado por corrupción y por los presuntos delitos de malversación y administración desleal), se ha apresurado a exigir a Sánchez la garantía de que el nuevo Supremo cuente con magistrados dispuestos a frenar las acusaciones contra él.
El líder de Podemos pidió al presidente del Gobierno evitar toda tentación de avanzar en una negociación de
Ahora, la posible imputación del vicepresidente del Gobierno en el marco del culebrón Dina vaticina otra guerra en la Fiscalía. Al disfrutar Iglesias de su condición de aforado, solo podría ser juzgado por el Tribunal Supremo, pero para iniciar la investigación solicitada por juez de la Audiencia Nacional, la Sala Penal del Tribunal Supremo (presidida por Manuel Marchena) deberá pedir a la Fiscalía que informe al respecto. ¡Y ya todos sabemos de quién depende la Fiscalía!
Dicho informe podría hacerlo cualquier fiscal de la Sala Penal. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, legalmente no puede intervenir bajo ningún precepto en esta causa, por haber sido Ministra de Justicia en el anterior Gobierno de Pedro Sánchez. Así que Delgado tiene dos opciones:
1) asignar directamente el caso de Iglesias al polémico teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, en cuyo caso deberá convocar previamente a la Junta de Fiscales de Sala (art. 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal);
2) que se asigne la causa al fiscal que por turno corresponda.
Recordemos que Luis Navajas fue quien redactó el informe en el que solicita al Supremo que se archiven todas las querellas presentadas contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la pandemia. Y además, hizo unas polémicas declaraciones en Onda Cero sobre el propio Ministerio Fiscal (acusándolo de estar politizado ideológicamente), así como contra el Fiscal Anticorrupción del caso Dina, Ignacio Stampa, a quien desprecia por haber filtrado información sobre el caso a la abogada de Podemos, Marta Flor, con quien tenía un affair.
Bien, una vez hecho el informe de la Fiscalía, lo deberá remitir a la Sala Penal del Supremo, quien deberá decidir si admite a trámite la causa penal contra Iglesias o no (el dictamen de la Fiscalía es preceptivo, pero no vinculante; por lo que la Sala Penal puede adoptar una posición contraria a la defendida por el Ministerio Público).
Si se admitiera a trámite la exposición razonada, el Supremo nombraría a un instructor, que sería el encargado de practicar las diligencias que considere oportunas. Al finalizar las mismas, tendría que decidir si los indicios son suficientes para actuar contra Iglesias o, por el contrario, archivar el procedimiento.
Si el Supremo estima que hay indicios para investigarlo deberá solicitar al Congreso la concesión del imprescindible suplicatorio para poder actuar penalmente contra el vicepresidente segundo del Ejecutivo. Si se concede por el Congreso (hasta ahora no se ha denegado ni uno sólo, pero para ello necesita el apoyo del PSOE), el instructor ya podría citarle a declarar y Pablo Iglesias tendría que comparecer ante el Tribunal Supremo, aunque podría negarse a declarar si lo considera conveniente. Si el Congreso no aprueba el suplicatorio, la causa contra Iglesias se cerraría, a menos que Iglesias decidiese comparecer como investigado voluntariamente ante el Supremo.
Una vez finalice la instrucción de la investigación, el instructor deberá decidir si hay indicios suficientes para llevarlo juicio o no. Si es que sí, tendrá que dictar el correspondiente auto de transformación de la causa en Procedimiento Abreviado, dando un plazo para que las partes soliciten la apertura de juicio oral y presenten las correspondientes peticiones de penas provisionales o insten el archivo. Si por el contrario, el instructor concluye que no hay indicios de delito directamente dictará auto de archivo.
En cualquier caso, el asunto va para largo. Como vemos, el primer paso es tener el estudio previo del informe de la Fiscalía, pero ésta no tiene plazo para presentarlo, así que el caso puede demorarse meses o incluso años.
Actualización 15 octubre: La Fiscalía del Supremo pasó la pelota a la Fiscalía Anticorrupción al haber sido ésta la que llevó el caso desde su origen en la Audiencia Nacional. ¡Y vaya si se han dado prisa en emitir su informe! Cualquiera pensaría que no han tenido mucho tiempo para estudiar con detalle el expediente y remitir razonadamente su escrito al Supremo. Por supuesto, como cabía esperar, Anticorrupción muestra su disconformidad con el dictamen del juez García Castellón y solicita que Iglesias no sea investigado en relación al caso Dina. (recordemos que dicho informe no es vinculante).
Que lo haga coincidiendo con las insólitas disculpas del teniente fiscal Luis Navajas hacia el fiscal de Anticorrupción, Ignacio Stampa, resulta ya un escandaloso despropósito. El Supremo decide. Pero todo lo que no sea respaldar y atender la petición del juez García Castellón contra Iglesias será una prueba más de que en España la justicia vive sus peores momentos.
El cazador cazado
Vino a combatir al sistema en 2014, se dejó seducir por las «tentaciones» de la casta contra la que luchaba, se está beneficiando de esos privilegios del poder que tanto vilipendió cuando los tenían otros, y puede caer víctima de un abuso: el suyo.Nadie sabe cuál será el desenlace de la veloz carrera pública de Pablo Iglesias. Más aún en la España de Pedro Sánchez, donde su Gobierno y los partidos que lo conforman parecen tener patente de corso para no asumir responsabilidades políticas e incluso las corruptelas que ven inaceptables en los demás, cuando son propias, se las ingenian para que se disipen junto al polvo del alboroto que levantan.
En cualquier caso, la decisión del juez de la Audiencia Nacional de elevar el «caso Dina» al Tribunal Supremo supone un antes y un después en el sprint del líder de Podemos desde las «barricadas» hasta la mullida moqueta del Consejo de Ministros.
Hace ya tiempo que incluso los simpatizantes de primera hora de Podemos se dieron cuenta de que el proyecto renovador de Pablo Iglesias era un gran fiasco. Demasiados han ido saltando del barco desengañados. Una excusa calculadamente populista –bien cebada ideológica y financieramente por regímenes bolivarianos– para asaltar los cimientos de la democracia española y colar un caballo de Troya del chavismo en el corazón de la Unión Europea. De esos barros, estos lodos. Lo que tal vez no esperaba Iglesias es que las centenarias instituciones democráticas de España estuviesen dispuestas a no dejarse doblegar ni corromper.
Por eso Iglesias queda ahora en tan desairada posición. A las puertas del Tribunal Supremo y de un posible suplicatorio que se votaría libre y democráticamente en el Congreso. Y en el que el PSOE se tendría que retratar. Curiosamente, Podemos, siempre dispuesto a ejercer de juez y parte cuando los sospechosos son los otros, ha impuesto comisiones de investigación por el caso Bárcenas, las cajas de ahorro, la financiación del PP y, por último, la operación Kitchen. Y amenaza al Rey, un día sí y otro también, con desnudar a la Corona para humillarla con la excusa del Rey Emérito que ni siquiera está investigado en España.
Esta vez, la respuesta de los «regeneradores» al señalamiento judicial de Iglesias ha sido linchar al magistrado instructor. ¿Quieren que pensemos que es casualidad que el magistrado Manuel García Castellón esté siendo amenazado (incluso "de muerte") tras pedir al Supremo que investigue a Iglesias, después de que varios miembros de Podemos hayan cargado públicamente contra el juez?
Hace unos meses, la otra respuesta defensiva de Iglesias tras «asaltar» el poder fue derogar el Código Ético de su partido. Tras el primer Vistalegre, un cargo de Podemos imputado debía dimitir de inmediato. Ahora, solo si está imputado, es decir, no deberá dimitir hasta la apertura del juicio oral. Nueva política, viejos vicios.
Las primeras declaraciones de Iglesias han sido que le parece «absolutamente imposible» que el Tribunal Supremo le impute por el caso Dina. Sobre si va a dimitir si el Supremo le imputa ha respondido que no, porque su hipotética imputación sería «inconcebible y representaría una vulneración del Derecho sin parangón y sin precedente en este país», y que «sería inconcebible en una democracia europea».
Por su parte, el Presidente de Gobierno ha apoyado públicamente a Iglesias. Y en sus declaraciones a los periodistas ha dado tres claves: apoyo a su vicepresidente, respeto a la justicia y ausencia de preocupación. Claro, si el vicepresidente de un gobierno tiene ya conocimiento previo de lo que va a decir un tribunal, cómo no habrá de tenerlo su jefe, el presidente.
Si Iglesias no está imputado ya desde el 7 de octubre es únicamente gracias a su aforamiento. ¡Con todo lo que ha despotricado él contra esos privilegios! Le salva de momento esa «injusta» protección de «casta». Pero se ponga como se ponga, al vicepresidente segundo del Gobierno se le está viendo cada más como al «cazador cazado».
Pero sabe que, a partir de ahora, su situación en el Gobierno de Sánchez y ante los medios y la opinión pública no será igual ni le va a permitir actuar con la impunidad y el desparpajo con la que lo hacía hasta ahora. Porque mientras los tribunales aclaran la situación, Iglesias va a probar su propia medicina y de sus modales políticos para con los demás. Y ya veremos si todo ello no acaba poniendo en riesgo el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y acaba provocando un adelanto electoral. ¡Ojalá! Aunque no lo creo.
El PSOE y Podemos están desesperados por salvar a Pablo Iglesias de sus ‘cloacas’. Y para lanzarle un ‘salvavidas’ al líder del partido de extrema izquierda, el 13 de octubre han presentado en el Congreso una proposición de ley para reformar la composición del Consejo General del Poder Judicial en sólo dos meses, sin consenso y sin los controles de órganos constitucionales. Como es evidente, un CGPJ construido a favor de los intereses del Gobierno socialcomunista con vocales del partido de extrema izquierda echaría por tierra una investigación contra Pablo Iglesias como presunto autor de tres delitos en el ‘Caso Dina’, así como sobre los pagos irregulares a la consultora ‘Neurona’ o su ‘Caja B’.
Lo que está ocurriendo en España es exactamente lo mismo, paso a paso, simplemente un calco de lo que hizo Hugo Chávez en el año 2004, 5 años después de llegar al poder. ¿Y qué hizo Chávez? Como veía que no dominaba al Tribunal Supremo aumentó el número de miembros, los digitó con mayoría simple, no con una mayoría reforzada o mayoría absoluta, con mayoría simple. Y en aquel momento el Tribunal Supremo permaneció en sus manos hasta nuestros días, que está en manos del otro narcodictador, Nicolás Maduro. Aquel día en el que Hugo Chávez tomó al asalto el Tribunal Supremo, se acabó para siempre la democracia en Venezuela.
Esta amenaza se hace realidad ahora en España de mano de Sánchez e Iglesias: si logran acabar con el sistema que nos dotó la Constitución para la elección de nuestros magistrados, la democracia en España habrá terminado.
Pablo Iglesias debe dimitir
Si Pablo Iglesias tuviera sentido del decoro y conociera el significado del vocablo «coherencia», habría presentado la dimisión en el mismo momento en que el juez Escalonilla ratificó formalmente la imputación de Podemos por financiación ilegal y delito electoral, a mediados de agosto. Era lo único que podía hacer de acuerdo con su larga trayectoria de inquisidor implacable, azote de la casta corrupta y abanderado de la regeneración, venido a librarnos, decía, de la putrefacción subyacente en nuestra democracia indigna.Pero no solo no dio ese paso, sino que todavía estamos esperando a que diga una palabra sobre esos más de 300.000 euros «distraídos» de sus cuentas como gastos electorales y que en realidad fueron a parar, según la acusación del togado, a la consultora Neurona, gestionada por su fiel escudero Juan Carlos Monedero, en perfecta sintonía con su apellido.
En su lugar, fue el inefable Echenique quien levantó la voz para reivindicar el buen nombre de la organización por el procedimiento de emprenderla contra el juez, exactamente igual que ha hecho ahora saliendo al paso de la solicitud de García Castellón al Supremo, sin otra baza argumental que la crítica al titular del Juzgado número 6 por seguir su propio criterio e ignorar el de la Fiscalía dependiente del Gobierno. Ya se sabe que la mejor defensa es un buen ataque, sobre todo cuando la ausencia de razones impone el recurso a la descalificación personal. Los portavoces de la formación morada son maestros en ese arte.
Si Pablo Iglesias sintiera algún respeto por la vicepresidencia que ocupa, si alguna vez hubiese estado en sus planes honrar con su conducta tan alta representación, si fuese capaz de aplicarse a sí mismo las recetas que con tanta virulencia ha prescrito a sus adversarios políticos, habría recogido sus cosas y se habría marchado a casa con la cabeza gacha.
Porque a la espera de lo que decida el Supremo tras la petición del instructor de la Audiencia, únicamente el fuero que le ampara impide que pese ya sobre él la condición de investigado por tres delitos muy serios, uno de ellos reforzado con el agravante de género. El aforamiento ante el Alto Tribunal, un privilegio que él mismo denunciaba como intolerable antes de convertirse en exponente máximo de la «casta» y al que ahora se aferra para conservar la poltrona mientras otros, por mucho menos, han conocido la cárcel y sufrido crueles linchamientos mediáticos como consecuencia de acusaciones arbitrarias e infundadas.
Si Pablo Iglesias tuviera pudor, se encerraría en su chalet de Galapagar y no saldría en mucho tiempo. Porque, pase lo que pase a partir de ahora, la exposición razonada de García Castellón deja en evidencia un proceder escandaloso por parte de un personaje que ha presumido tanto de pureza democrática.
¿Qué otra cosa son todas esas mentiras tejidas a partir de una tarjeta de móvil con el propósito de sustentar una falsa acusación de espionaje a cargo de las cloacas del Estado? El juez ha destapado un montaje destinado a basar toda su campaña electoral en el más burdo victimismo o, dicho en español castizo, una utilización grosera de su íntima, Dina Bousselham, para engordar la cosecha de votos.