Como cebo para recabar apoyos a la cuarta prórroga del estado de alarma, Sánchez anunció el pasado 2 de mayo la puesta en marcha un fondo de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas, que ha sido aprobado en Consejo de Ministros el 15 de junio (Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio). Este fondo será no reembolsable, por lo que las comunidades no tendrán que devolver el dinero al Estado y esta transferencia no repercutirá ni en su deuda ni en la generación de intereses a pagar.
El fondo se repartirá en cuatro tramos hasta diciembre de 2020. Arrancará con 6.000 millones para sanidad en julio, otros 3.000 millones para gasto sanitario se concederán en noviembre, para gastos educativos se reservan 2.000 en septiembre, y en diciembre se darán los 5.000 millones restantes.
Según lo anunciado inicialmente, el destino de este fondo especial sería: 10.000 millones serán para compensar los gastos extraordinarios en Sanidad, otros 1.000 para gastos sociales provocados por la crisis, y 5.000 más para fomentar la recuperación económica.
Sin embargo, el 7 de junio, Sánchez cambió los criterios de destino. Las cuentas no le cuadran sin ampliar el importe del fondo, por lo que ha tenido que reducir el presupuesto de Sanidad y recuperación económica para incluir dos partidas nuevas, Educación y Transporte. Por tanto, ahora destinará 9.000 millones a gasto sanitario, 2.000 millones en Educación (pero OJO! solo para la escuela pública, deja fuera a la concertada), 800 millones para compensar la caída de viajeros en las empresas públicas de transporte (autobuses, metro y cercanías), y los 4.200 restantes para paliar la pérdida de ingresos tributarios.
Las comunidades cuestionan que la rebaja en 1.000 millones para cubrir gastos sanitarios y la desaparición de la partida de 1.000 millones para gastos sociales (que es de donde sale la nueva partida de Educación). A las regiones más rurales tampoco les agrada que de los 5.000 millones pensados para compensar la caída de ingresos se detraigan los 800 millones para transporte, ya que favorece en exclusiva a las grandes ciudades (casi la mitad será para los consorcios de transporte público de Madrid y Barcelona).
El reparto de este Fondo Covid-19 a las Comunidades no está exento de polémica. Como es habitual, el gobierno ha cambiado varias veces de criterio y sigue sin aclarar cuánto dinero recibirá cada comunidad autónoma. En teoría, el fondo debería garantizar que las regiones más afectadas por la pandemia sean las que más dinero reciban, teniendo en cuenta los criterios representativos del gasto sanitario de cada territorio (basándose en nº de hospitalizaciones, ingresos UCI o PCR totales realizadas). Pero ahora se ha añadido el factor de población protegida equivalente, un término que se ajusta por variables de edad
Así, el reparto de los 6.000 millones de julio para gasto sanitario se hará en función de la población protegida equivalente (35%), el número de pacientes ingresados en UCI (30%), los pacientes hospitalizados (25%) y el total de pruebas PCR realizadas (10%). Se tomarán como referencia los datos a 30 de abril.
Los 3.000 millones para sanidad de noviembre se repartirán en función de la población protegida equivalente (45%), el número de pacientes ingresados en UCI (25%), los pacientes hospitalizados (20%) y el total de pruebas PCR realizadas (10%).
De los 2.000 para educación, el 80% se repartirá en función de la población de 0 a 16 años de cada territorio. El 20% restante estará enfocado a la educación universitaria y tendrá en cuenta la población de 17 a 24 años.
En diciembre se darán los 4.200 millones para paliar la merma de ingresos por la caída de la actividad económica. Éstos últimos se repartirán así: el 60% en función del peso de la recaudación los impuestos cedidos a las comunidades en los años 2017, 2018 y 2019 por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y los tributos sobre el juego, excluidos los pagos efectuados por la AEAT a cada comunidad en los ejercicios indicados en relación con el Impuesto sobre actividades de juego, y el 40% restante por la población ajustada definida en el sistema de financiación autonómica.
(Hacienda permitirá que los Ayuntamientos puedan usar su superávit para compensar el hipotético déficit generado en 2020. Esto es, para gasto corriente y no solo para amortizar deuda).
También en diciembre se repartirán los 800 millones del fondo de transporte. El 34% se distribuirá considerando los servicios de transporte regular interurbano de viajeros; el 13%, considerando servicios de metro, tranvía o ferroviarios; el 49%, se distribuirá en base a los datos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid y la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona; y un 4% se asignará a Canarias por su transporte interurbano.
Por ejemplo, Andalucía va a recibir el 13,5% del total de estos fondos extraordinarios cuando debería recibir cerca del 20%, mientras que Cataluña y Madrid se van a llevar al 40% de los mismos. Aún así, la Generalitat de Cataluña considera «insuficiente» la cantidad de 3.200 millones de euros que le corresponden del fondo Covid-19, y pide 4.500 millones como poco, pues ésta es la cantidad calculada por el Gobierno catalán que ha supuesto el gasto sanitario durante la pandemia y la pérdida de ingresos en ese tiempo.
El fondo podría dejar entre 560 y 600 millones en País Vasco. Sin embargo, Euskadi no está de acuerdo con los criterios de distribución y ha reclamado la celebración “urgente” de la comisión mixta del concierto vasco para acordar bilateralmente el reparto y reconducir lo que ha calificado como “flagrante vulneración” de la Ley de Metodología de determinación del Cupo. Esto es porque Navarra y País Vasco, las únicas comunidades fuera del régimen común, se quedan fuera del último tramo de los 4.200 millones.
Es decir, que los aliados del gobierno de coalición están presionando al Ejecutivo para reclamar más fondos. Y como todos sabemos de la importancia de estos 'socios' para que Sánchez se mantenga en La Moncloa, podemos presumir que acabará cediendo a sus exigencias.
Si vemos el desglose de los importes por Comunidades, Cataluña y Madrid se embolsan casi el 45% de este primer tramo del fondo, ante las quejas que ya se están produciendo en otras CCAA como Andalucía, que lo considera injusto al no haber tenido en cuenta el factor poblacional (Andalucía se lleva 70,5€ por habitante frente a una media nacional de 122,6€).
La distribución territorial de este tramo es la siguiente:
Este fondo se suma a los 1.048,54 millones de euros con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que se repartieron entre las comunidades autónomas en el mes de abril.
En total, las administraciones reciben más de 1.944,46 millones de euros para la ejecución de políticas de fomento del empleo, formación profesional para el empleo (al que se destinan 800 millones) y para la modernización de los servicios públicos.
2.- Hacienda ha asignado a las autonomías un total de 1.563,14 millones de euros para que las comunidades puedan cubrir su déficit del 0,2% que estaba previsto en la senda de estabilidad anterior a la pandemia y que algunas comunidades han incluido en sus presupuestos regionales. En este acuerdo se destinan 1.000,6 millones de euros al compartimento Facilidad Financiera (FF) y el restante, 557,54 millones de euros, al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
El fondo se repartirá en cuatro tramos hasta diciembre de 2020. Arrancará con 6.000 millones para sanidad en julio, otros 3.000 millones para gasto sanitario se concederán en noviembre, para gastos educativos se reservan 2.000 en septiembre, y en diciembre se darán los 5.000 millones restantes.
Según lo anunciado inicialmente, el destino de este fondo especial sería: 10.000 millones serán para compensar los gastos extraordinarios en Sanidad, otros 1.000 para gastos sociales provocados por la crisis, y 5.000 más para fomentar la recuperación económica.
Sin embargo, el 7 de junio, Sánchez cambió los criterios de destino. Las cuentas no le cuadran sin ampliar el importe del fondo, por lo que ha tenido que reducir el presupuesto de Sanidad y recuperación económica para incluir dos partidas nuevas, Educación y Transporte. Por tanto, ahora destinará 9.000 millones a gasto sanitario, 2.000 millones en Educación (pero OJO! solo para la escuela pública, deja fuera a la concertada), 800 millones para compensar la caída de viajeros en las empresas públicas de transporte (autobuses, metro y cercanías), y los 4.200 restantes para paliar la pérdida de ingresos tributarios.
Las comunidades cuestionan que la rebaja en 1.000 millones para cubrir gastos sanitarios y la desaparición de la partida de 1.000 millones para gastos sociales (que es de donde sale la nueva partida de Educación). A las regiones más rurales tampoco les agrada que de los 5.000 millones pensados para compensar la caída de ingresos se detraigan los 800 millones para transporte, ya que favorece en exclusiva a las grandes ciudades (casi la mitad será para los consorcios de transporte público de Madrid y Barcelona).
Criterios de reparto del Fondo Covid-19
El reparto de este Fondo Covid-19 a las Comunidades no está exento de polémica. Como es habitual, el gobierno ha cambiado varias veces de criterio y sigue sin aclarar cuánto dinero recibirá cada comunidad autónoma. En teoría, el fondo debería garantizar que las regiones más afectadas por la pandemia sean las que más dinero reciban, teniendo en cuenta los criterios representativos del gasto sanitario de cada territorio (basándose en nº de hospitalizaciones, ingresos UCI o PCR totales realizadas). Pero ahora se ha añadido el factor de población protegida equivalente, un término que se ajusta por variables de edad
Así, el reparto de los 6.000 millones de julio para gasto sanitario se hará en función de la población protegida equivalente (35%), el número de pacientes ingresados en UCI (30%), los pacientes hospitalizados (25%) y el total de pruebas PCR realizadas (10%). Se tomarán como referencia los datos a 30 de abril.
Los 3.000 millones para sanidad de noviembre se repartirán en función de la población protegida equivalente (45%), el número de pacientes ingresados en UCI (25%), los pacientes hospitalizados (20%) y el total de pruebas PCR realizadas (10%).
De los 2.000 para educación, el 80% se repartirá en función de la población de 0 a 16 años de cada territorio. El 20% restante estará enfocado a la educación universitaria y tendrá en cuenta la población de 17 a 24 años.
En diciembre se darán los 4.200 millones para paliar la merma de ingresos por la caída de la actividad económica. Éstos últimos se repartirán así: el 60% en función del peso de la recaudación los impuestos cedidos a las comunidades en los años 2017, 2018 y 2019 por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y los tributos sobre el juego, excluidos los pagos efectuados por la AEAT a cada comunidad en los ejercicios indicados en relación con el Impuesto sobre actividades de juego, y el 40% restante por la población ajustada definida en el sistema de financiación autonómica.
(Hacienda permitirá que los Ayuntamientos puedan usar su superávit para compensar el hipotético déficit generado en 2020. Esto es, para gasto corriente y no solo para amortizar deuda).
También en diciembre se repartirán los 800 millones del fondo de transporte. El 34% se distribuirá considerando los servicios de transporte regular interurbano de viajeros; el 13%, considerando servicios de metro, tranvía o ferroviarios; el 49%, se distribuirá en base a los datos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid y la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona; y un 4% se asignará a Canarias por su transporte interurbano.
Críticas al sistema de reparto
La mayoría de los gobiernos autonómicos (incluso los gobernados por el PSOE) han criticado por «injustos» los nuevos criterios fijados para el reparto de este fondo, que claramente potencia los desequilibrios territoriales por presiones políticas.Por ejemplo, Andalucía va a recibir el 13,5% del total de estos fondos extraordinarios cuando debería recibir cerca del 20%, mientras que Cataluña y Madrid se van a llevar al 40% de los mismos. Aún así, la Generalitat de Cataluña considera «insuficiente» la cantidad de 3.200 millones de euros que le corresponden del fondo Covid-19, y pide 4.500 millones como poco, pues ésta es la cantidad calculada por el Gobierno catalán que ha supuesto el gasto sanitario durante la pandemia y la pérdida de ingresos en ese tiempo.
El fondo podría dejar entre 560 y 600 millones en País Vasco. Sin embargo, Euskadi no está de acuerdo con los criterios de distribución y ha reclamado la celebración “urgente” de la comisión mixta del concierto vasco para acordar bilateralmente el reparto y reconducir lo que ha calificado como “flagrante vulneración” de la Ley de Metodología de determinación del Cupo. Esto es porque Navarra y País Vasco, las únicas comunidades fuera del régimen común, se quedan fuera del último tramo de los 4.200 millones.
Es decir, que los aliados del gobierno de coalición están presionando al Ejecutivo para reclamar más fondos. Y como todos sabemos de la importancia de estos 'socios' para que Sánchez se mantenga en La Moncloa, podemos presumir que acabará cediendo a sus exigencias.
El reparto del primer tramo
El primer tramo de 6.000 millones, repartido el 22 de julio, tiene en cuenta el impacto del virus en las comunidades (las variables sanitarias son las registradas hasta el 30 de abril). Así, el 35% de estos primeros fondos se ha distribuido según la población protegida equivalente; el 30% en función de los ingresos en UCI, el 25% por el número de hospitalizaciones y el 10% restante según el número de pruebas PCR realizadas por cada una de las comunidades.
Si vemos el desglose de los importes por Comunidades, Cataluña y Madrid se embolsan casi el 45% de este primer tramo del fondo, ante las quejas que ya se están produciendo en otras CCAA como Andalucía, que lo considera injusto al no haber tenido en cuenta el factor poblacional (Andalucía se lleva 70,5€ por habitante frente a una media nacional de 122,6€).
El reparto del segundo tramo
La orden publicada el 2 de septiembre en el BOE explica la distribución de los 2.000 millones del tramo asociado a educación. Esta cantidad se reparte conforme a dos variables como son la población de 0 a 16 años (80%) y a la población de 17 a 24 años (20%), según las cifras del padrón.La distribución territorial de este tramo es la siguiente:
Otros fondos para las Comunidades Autónomas
1.- El 13 de octubre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el reparto de 895,9 millones de euros entre las comunidades autónomas con competencias en el ámbito laboral, un fondo correspondiente a los programas Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y Plan Reincorpora-T 2019-2021.Este fondo se suma a los 1.048,54 millones de euros con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que se repartieron entre las comunidades autónomas en el mes de abril.
En total, las administraciones reciben más de 1.944,46 millones de euros para la ejecución de políticas de fomento del empleo, formación profesional para el empleo (al que se destinan 800 millones) y para la modernización de los servicios públicos.
2.- Hacienda ha asignado a las autonomías un total de 1.563,14 millones de euros para que las comunidades puedan cubrir su déficit del 0,2% que estaba previsto en la senda de estabilidad anterior a la pandemia y que algunas comunidades han incluido en sus presupuestos regionales. En este acuerdo se destinan 1.000,6 millones de euros al compartimento Facilidad Financiera (FF) y el restante, 557,54 millones de euros, al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).