Tras una tensa cumbre de cinco días y cuatro noches, la Comisión Europea ha dado luz verde a un esperado fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros, de los cuales sólo 390.000 millones serán subvenciones a fondo perdido y 360.000 millones en préstamos (con condiciones) que habrá que devolver.
El histórico acuerdo ha sido ‘vendido’ por el Gobierno como un éxito de Pedro Sánchez, que ha sido recibido en Moncloa entre ridículos vítores y aplausos de sus Ministros en un nuevo episodio de la factoría de márketing de Iván Redondo. Vergüenza ajena.
El aplauso de 2 minutos que le dedicaron sus ministros en el Palacio de La Moncloa, con Iglesias como palmero mayor de la ovación entusiasta, es uno de los actos más desvergonzados que ha puesto en escena la maquinaria propagandística del sanchismo tras su desembarco en la playa del poder. Que el gran derrotado de la cumbre se haya dejado pasear a hombros por su cuadrilla, al ritmo jubiloso del We Are The Champions, no solo pone de manifiesto que es víctima de un acceso enfermizo de egolatría, sino también una firme voluntad de engañar a la opinión pública convirtiendo sus deseos frustrados en expresión de una realidad que solo existe en la calentura de los delirios oficiales.
Nuestros socios europeos van a facilitarnos unos 140.000 millones de euros, cuando las casas de análisis más solventes cifran en 200.000 millones el agujero provocado por la pandemia. Ya para empezar, faltan 60.000 millones que el Ejecutivo socialista no ha dicho de dónde va a sacar. Para mayor bochorno, el líder del PSOE (que es doctor en Economía y Empresa), en su estrategia de enfatizar la importancia del acuerdo alcanzado en el seno de la UE, ha hecho el más abosluto ridículo durante la entrevista que concedió a Telecinco en directo y en prime time. Espetó que "esos 140.000 millones de euros son, para que se hagan una idea aquellos que nos están viendo, en torno al 60% del Producto Interior Bruto en 2019", cuando en realidad, dicha suma representa un 14% (en 2019 el PIB español alcanzaba los 1,244 billones de euros).
No es lo único que se guardan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Las deseadas ayudas llegarán, pero no será hasta el segundo semestre de 2021 y además, el maná europeo tampoco llegará de golpe. Por delante queda el arduo trabajo de desarrollar legalmente el mecanismo, así como la condicionalidad que llevará aparejada. Una tarea que no será ni rápida ni sencilla. Sánchez ha vuelto a España asegurando que no habrá vigilancia y Mark Rutte regresó a Países Bajos sosteniendo todo lo contrario. Así pues, la pugna sobre la letra pequeña puede ser tan titánica como fue la de la letra grande.
[Actualización 11 febrero 2021: El Parlamento Europeo dio ayer luz verde al mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la joya de la corona del fondo de reconstrucción europeo del que España tiene derecho a 140.000 euros entre transferencias a fondo perdido y préstamos blandos. Tras la luz verde de la Eurocámara, aún es necesario que se complete el proceso de ratificación nacional. Para que Bruselas pueda pedir prestado dinero a los mercados financieros en nombre de los Veintisiete con el objetivo emitir deuda y sufragar este instrumento, es necesario el beneplácito de todas las capitales europeas, un paso que de momento tan sólo han dado seis países. El plazo termina a finales de abril y el proceso de aprobación puede durar tres meses.
España es uno de los países que ha enviado a las autoridades europeas un borrador de cómo piensa gastar el dinero. A pesar de ésto, hay diferencias en el seno de la coalición de Gobierno de Pedro Sánchez en aspectos importantes como la reforma laboral y la sostenibilidad de las pensiones, dos de las cuestiones en las que más suele incidir Bruselas.
Para disponer de los fondos europeos, se ha elaborado una plantilla de examen que deberán pasar todas las capitales. En este análisis se han establecido 11 categorías de las que será necesario aprobar 7, algunas de ellas de cumplimiento obligado. Si todo va según lo previsto, los países europeos comenzarán a recibir el dinero a partir de la segunda mitad de 2021 y la primera cantidad será un anticipo del 13%. A partir de ahí, las ayudas llegarán dos veces al año pero el desbloqueo de los fondos dependerá de que se vayan completando una serie de objetivos que deben aparecer en los planes de reformas aprobados. La Comisión puede frenar las ayudas si no se cumplen.]
La verdad es que el acuerdo firmado por los 27 es bueno para España, porque supedita las ayudas a una política económica sensata, y mala para los intereses electorales de la izquierda que se sienta en el banco azul. Pablo Casado tiene razón cuando dice que Sánchez, después del acuerdo comunitario, tendrá que elegir entre cumplir con Europa o con sus socios de coalición. La solemne estupidez de que los términos del pacto son compatibles con la investidura que suscribieron PSOE y Podemos no se convierte en cierta por mucho que Iglesias la cacaree como un gallo picón. Ni la condicionalidad es blanda, como él dice, ni cabe una política sin ajustes.
Si Sánchez hiciera caso a su socio de coalición y presentara en Bruselas unos Presupuestos suscritos por la mayoría Frankenstein, los frenos de emergencia pactados en la cumbre se activarían automáticamente. Lo sabe hasta el apuntador. Aunque quiera disimularlo con absurdos brindis al sol, Iglesias es consciente de que si quiere seguir a la sombra del poder no tendrá más remedio que aplaudir un acuerdo presupuestario con Ciudadanos.
El acuerdo alcanzado en Bruselas recorta las pretensiones a las que aspiraba el Gobierno en al menos 5.000 millones de euros y pone condiciones a los créditos, requiriendo una responsabilidad fiscal que tiene que demostrarse con hechos, no con presupuestos inflados que finalmente hacen agua, como ha ocurrido en España en los últimos años.
Aunque teóricamente España recibirá 140.000 millones como se había planteado inicialmente, lo importante es el desglose. Y gana peso con respecto a lo previsto inicialmente el dinero al que accederá el país en forma de préstamos, un anticipo de dinero que al final habrá que devolver antes de 2059 y pagar los españoles. De hecho, la primera evidencia que se puede extraer tras la cumbre es que España será rescatada. Aunque se niegue.
Para empezar, el recorte de las ayudas, de los 500.000 millones iniciales a los 390.000 millones aprobados finalmente implica que España ha perdido por lo menos 5.000 millones de euros en subvenciones a fondo perdido con respecto a lo previsto inicialmente. La cifra de ayudas inicialmente prevista hablaba de que el país recibiría 77.324 millones, finalmente el dinero comprometido con España es de 72.700 millones.
En segundo lugar, cuando alguien pide prestado dinero a alguien siempre hay que cumplir con unas condiciones. Le ocurre a cualquier ciudadano cuando va al banco para pedir una hipoteca. Sánchez ha peleado para conseguir el dinero sin condiciones. Obtener de los socios de la Unión un paquete de ayuda millonario sin tener que hacer reformas que comprometieran su pacto con Podemos. Y no ha podido ser. Habrá condicionalidad. No hay que ver la condicionalidad como algo negativo, sino positivo, pues el dinero, al fin y al cabo, sale de los contribuyentes que, con mucho esfuerzo, aportan todos los ciudadanos de la UE. Por tanto, no se puede malgastar. Los contribuyentes merecen que se vigile y controle que no se dilapida el dinero aportado con su sacrificio.
El fondo de recuperación no le saldrá gratis al Gobierno español, aunque Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hayan vendido en los últimos meses que España no tendría que afrontar recortes o reformas incómodas para recibir las ayudas a fondo perdido que ha puesto sobre la mesa la Unión Europea. Lo cierto es que España tendrá que controlar el gasto en pensiones, deberá hacer cambios para mejorar la contratación y modernizar el mercado laboral (lo que implica aparcar indefinidamente la contrarreforma laboral que reclama insistentemente Podemos y Bildu), tendrá que subir los impuestos para cuadrar las cuentas públicas, y deberá embridar más pronto o más tarde el gasto público.
Porque lo que está claro es que nadie presta dinero sin ningún tipo de condiciones. De hecho, la forma de dar las ayudas por parte de la UE será la siguiente: los fondos no se darán de golpe sino paulatinamente, por lo que Bruselas se reserva la posibilidad de que, si países como España no cumplen con la austeridad o con las reformas recomendadas, cortarán el grifo y el dinero no llegará.
Por tanto, claramente los fondos quedan condicionados al buen destino de los mismos, lo que significa que no se puede generar un gasto estructural improductivo, sino que todo gasto ha de ir destinado más bien a inversiones; hay que acometer un saneamiento de las cuentas públicas para garantizar su sostenibilidad; y, por último, hay que impulsar nuevas reformas y profundizar en las ya existentes, de manera que España tendrá que abordar un proyecto reformista en sus políticas de gasto, para que sean sostenibles, y el Gobierno no podrá derogar la reforma laboral.
Lo que está claro es que a partir de ahora el Gobierno perderá autonomía y va a tener las las manos atadas para ejecutar sus promesas electorales. A partir de ahora y hasta 2024, las políticas que apruebe España deben alinearse con las recomendaciones anuales de la Comisión Europea, lo cual es bueno para los españoles y malo para el maniroto de Sánchez.
En tercer lugar, está previsto un «freno de emergencia» que permitirá que cualquier país o grupo de países, si ve algún asunto preocupante en las finanzas públicas de otro país o en su gobernabilidad, transmita esa inquietud al Consejo Europeo, que será el encargado de evaluar qué ocurre. Aunque desde Moncloa se escudan en que no es un derecho de veto directo de las políticas de otros estados miembros, este freno sí será disuasorio y permitirá -mientras que se estudia lo que pasa en el país ‘acusado’- bloquear la entrega de las subvenciones a fondo perdido o el dinero del crédito.
En conclusión, Sánchez ha aceptado que España entre en el aro de un rescate con condicionalidad cuando lo que pedía era recibir dinero sin condiciones. Lo que también está claro es que, con este acuerdo en la UE, Pedro Sánchez ha vuelto a fracasar en Bruselas después del duro varapalo que supuso perder la presidencia del Eurogrupo.
La Comisión Europea acudirá a los mercados para endeudarse por 750.000 millones de euros. Esa emisión de bonos, que tendrá como tope 2026, ya provocaba reticencias entre los halcones, por lo que se fija que su único fin es hacer frente a las consecuencias de la pandemia.
El fondo de reconstrucción europeo será de 750.000 millones de euros. A pesar del empeño de los llamados países frugales por reducirlo, al final se ha mantenido íntegro. Este plan de reconstrucción, que tendrá una duración de tres años, se sumará a un presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 de 1,074 billones de euros.
Sin embargo, sí ha cambiado la composición del instrumento. El grueso de la financiación se canalizará a través del fondo bautizado Facilidad de Recuperación y Resistencia, que repartirá el 90% de los fondos aprobados para financiar las inversiones y reformas que presenten los países a Bruselas. Estos planes tendrán que quedar aprobados en 2022 o, de lo contrario, no se repartirán todos los fondos acordados, lo que obliga al Gobierno de España a contar con una mayoría suficiente para aprobar esta normativa, y ésto va a ser harto difícil.
El equilibrio entre subvenciones y préstamos sí ha cambiado respecto a la propuesta inicial. La Comisión preveía que 500.000 millones se articularan a través de ayudas (el 66%) y 250.000 mediante préstamos (el 33%). Los países más reticentes, en especial los Países Bajos y Suecia, se negaban a dar subvenciones, mientras que Francia y Alemania no querían bajar de los 400.000 millones de euros.
Sin embargo, ambas partes han cerrado la cifra de 390.000 millones de euros en subvenciones (el 52% del total) y 360.000 en préstamos (el 48%).
Una vez aceptada la distribución de subsidios, los Países Bajos querían una suerte de derecho de veto para obligar a los países receptores –en especial España e Italia— a realizar reformas estructurales. Finalmente, los Veintisiete han pactado un freno de emergencia.
Los planes nacionales de inversiones y reformas serán evaluados por la Comisión y aprobados en el Consejo por mayoría cualificada. Si pasan esos dos filtros, se desembolsarán fondos al país. La Comisión pedirá entonces al Comité Económico y Financiero que evalúe el cumplimiento de esos programas para que la Comisión siga desembolsando dinero. Este se esforzará en buscar el consenso, pero si “excepcionalmente” uno o más países creen que hay “desviaciones”, pueden pedir que el asunto se lleve al Consejo Europeo.
El documento fija que los planes serán evaluados por la Comisión y deberán ser coherentes con las recomendaciones específicas formuladas por el Ejecutivo comunitario –reformas que van desde el ámbito laboral hasta el de la educación o la renta mínima—, el crecimiento potencial, la creación de empleo, la resiliencia social y económica y las transiciones verde y digital.
Esta condición, que constituye el aspecto clave del acuerdo, ha sido suavizada por parte de Pedro Sánchez quien ha insistido en que ningún país tendrá capacidad de veto como tradicionalmente se entiende éste. Sin embargo, la condicionalidad impuesta sí obligará a España a tomar una dirección en materia económica diametralmente opuesta a la pauta marcada por Iglesias y los suyos.
A cambio del acuerdo para la recuperación económica, los estados han aceptado que el presupuesto plurianual 2021-2027 quede rebajado a 1.074 billones de euros. No solo eso, los países que más contribuyen gozarán de un importante descuento en su aportación anual al presupuesto comunitario: los llamados 'cheques', que no son más que descuentos en las transferencias netas. España es uno de los perdedores de esta decisión principalmente como consecuencia de la reducción de los fondos de la PAC (política agrícola común), que podrían reducirse en un 10%.
A pesar de la intención inicial de Bruselas de eliminarlos, al final, en conjunto los cheques (que se aplicarán a los cinco principales contribuyentes) alcanzan los 7.603 millones. Es otra de las victorias que se han apuntado los países del norte; el aumento de sus 'cheques' de descuento del que se benefician los mayores contribuyentes al presupuesto de la UE. En concreto, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Austria y Alemania verán reducidas sus aportaciones durante todo el periodo en 53.000 millones que tendrán que completar el resto de Estados miembros, de acuerdo a su renta nacional bruta.
Por tanto, el fondo de reconstrucción tiene un coste oculto para las arcas públicas españolas: la aportación extra de 6.000 millones de euros que va a tener que hacer España al presupuesto europeo para compensar la menor contribución que van a realizar los frugales.
Los fondos se repartirán en dos tandas, ante las demandas, sobre todo, de los países del este. El 70% se desembolsará en 2021 y 2022 de acuerdo con los criterios de reparto fijados por la Comisión Europea. El 30% restante se abonará en 2023 sustituyendo el criterio de desempleo fijado por el Ejecutivo comunitario por la caída del PIB de 2020 y la pérdida acumulada en el periodo 2020 y 2021.
Con eso, los países del este esperan restar peso a la tasa de desempleo en el reparto y arañar fondos al sur. Como norma, ningún país recibirá en préstamos más del equivalente al 6,8% de su renta nacional bruta.
Actualización 3 de agosto: España pide un préstamo de 20.000 millones al fondo europeo para financiar los ERTE y el cese de actividad de autónomos. La cantidad que recibirá dependerá de las peticiones del resto de países solicitantes del programa SURE, dotado con 100.000 millones.
Actualización 25 de septiembre: La UE ha dado luz verde a dar un crédito a España por valor de 21.325 millones del fondo de desempleo (SURE) para financiar el gasto extraordinario en ERTE y ayudas por cese de actividad de autónomos provocado por la pandemia de coronavirus. Ahora el gobierno tendrá que firmar con Bruselas un acuerdo de préstamo en el que se detallarán cuestiones como el número de plazos en los que será desembolsada la ayuda o el tipo de interés aplicable.
Para devolver la deuda, los socios se comprometen a buscar nuevas fuentes de ingresos. En concreto, el documento hace referencia a una tasa sobre plásticos no reciclados que entraría en vigor el 1 de enero de 2021; un mecanismo de ajuste sobre el carbono en frontera que se diseñaría en el primer semestre del año que viene y una tasa digital, que se introduciría como máximo el 1 de enero de 2023.
El Consejo invita a la Comisión a hacer una propuesta revisada del sistema de comercio de carbono, que pueda ampliarse a la aviación y al sector marítimo, e incluso se habla de una posible tasa sobre las transacciones financieras.
En su carrera por elevar la recaudación, el Ejecutivo de Sánchez ha iniciado la tramitación de tres nuevos impuestos que ahora irán a parar al presupuesto europeo para elevar los recursos propios de Bruselas: el impuesto sobre los plásticos no reutilizables, la tasa Google y la tasa Tobin. Por tanto, ahora el Gobierno tendrá que buscar otras vías para elevar la recaudación.
El Consejo Europeo subraya la importancia del respeto del Estado de derecho, es decir, un sistema de control que frene el desembolso si se detecta una falta de respeto a las normas del Estado de derecho en la ejecución del gasto.
Cada año, la Comisión Europea publica a finales de mayo recomendaciones de política económica enfocadas a medida para cada uno de los 27 países miembros. Unas recomendaciones que se discuten en el Ecofin, se aprueban después a nivel de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, y finalmente deberían aplicarse a nivel nacional. Es decir, no se trata de una petición general de reformas, sino de medidas muy específicas.
Al no tener carácter vinculante (su incumplimiento no acarrea sanciones de ningún tipo), los sucesivos Gobierno españoles las han ignorado. Pero ahora todo va a cambiar, para fortuna de los españoles. Los países que como España quieran ayuda de la UE, deben enviar a Bruselas un plan de reformas e inversión basado en estas recomendaciones.
La negociación ha matado algunos fondos y proyectos planteados por la Comisión Europea. Desaparecen el fondo para rescatar empresas (26.000 millones que debían movilizar hasta 300.000 millones) o el programa de salud (7.700 millones). Pero también se reducen el Fondo de Transición Justa (de 30.000 a 10.000 millones), que era para reconvertir antiguas regiones mineras, o el programa de innovación Horizon Europe (de 13.500 a 5.000 millones).
Sánchez debe "reforzar la resistencia y la capacidad del sistema sanitario, en lo que se refiere a trabajadores, productos médicos críticos e infraestructura". Unas reformas que tienen que asegurar que las personas mayores que viven en residencias, las más golpeadas por la pandemia, tengan acceso a los servicios de emergencia y cuidados intensivos.
También deberá potenciar la atención primaria y la sanidad digital.
Bruselas ha activado la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que suspende temporalmente la exigencia de tener un déficit por debajo del 3% y un nivel de deuda inferior al 60% del PIB. Una suspensión que seguirá vigente al menos hasta el año 2022.
La prioridad ahora debe ser disparar el gasto público para amortiguar el impacto del coronavirus, algo que Sánchez sabe hacer a la perfección. Pero "cuando las condiciones económicas lo permitan", el Gobierno socialcomunista deberá "aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr una posición fiscal prudente a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión". Es decir, España tendrá que volver a la ortodoxia presupuestaria y a la disciplina fiscal, reduciendo el gasto improductivo, y aquí es donde vendrá el problema.
El Gobierno de Sánchez derogó la reforma de las pensiones de 2013 que tanto habían elogiado los socios europeos, pero no aportó ninguna solución al problema del déficit de la Seguridad Social. La UE censura que estos cambios hayan sido revertidos y pide a España una reforma que garantice la sostenibilidad del Sistema.
El Gobierno de Sánchez pretende elevar la edad efectiva de jubilación y traspasar gastos de la Seguridad Social al Estado. Pero esto no será más que un ajuste contable que no eliminará el déficit estructural del 2% que tienen las pensiones.
La UE reclama a Sánchez medidas para "favorecer las transiciones hacia contratos indefinidos, entre ellas la simplificación de los incentivos a la contratación". También apuesta por mejorar la calidad de los servicios públicos de empleo.
En definitiva, España tendrá que presentar propuestas de reforma en el mercado laboral en la dirección de restar más poder a los sindicatos, favorecer los acuerdos entre empleado y empleador por encima de los convenios sectoriales, flexibilizar y abaratar las condiciones de despido, etc, y olvidarse de derogar la reforma de 2012, tal y como se comprometió el Gobierno de PSOE y Podemos con Bildu en el Congreso.
En materia de gasto público, Sánchez e Iglesias tendrán que olvidarse de medidas improductivas dedicadas a alimentar caladeros de votos. La UE reclama "mejorar la cobertura y la suficiencia de los sistemas de renta mínima y ayuda a las familias", pero avisa de que no puede financiarse con las ayudas del nuevo fondo anticrisis.
Las autoridades españolas deben lograr que "todos los estudiantes se beneficien del acceso al aprendizaje digital, incluidos los que viven en áreas rurales o en hogares vulnerables".
Más a largo plazo, Bruselas insiste en su petición de una reforma educativa basada en un amplio consenso político y social que reduzca el abandono escolar (España tiene la tasa más alta de la UE, 17,3%), aumente el porcentaje de estudiantes en ciencia y tecnologías digitales, haga la formación profesional más atractiva y adapte la oferta educativa al mercado laboral.
Las disparidades normativas a las que se enfrentan las empresas dependiendo de la comunidad autónoma frenan el crecimiento de la productividad en España. La recomendación a Sánchez es aplicar de forma más decidida la ley de Unidad de Mercado que aprobó Rajoy.
También debería suprimir las restricciones (por ejemplo, suprimiendo los requisitos de colegiación obligatoria) a profesiones reguladas, como ingenieros civiles, arquitectos o servicios informáticos y legales.
Uno de los objetivos prioritarios del fondo de recuperación será la inversión en lucha contra el cambio climático. Algunas zonas de España figuran entre las más expuestas de Europa al cambio climático, al estar sus recursos hídricos sometidos a presiones que requieren más inversión en infraestructura para mejorar la gestión del agua.
La reducción del consumo energético en los edificios y el desarrollo de redes energéticas inteligentes y del almacenamiento de la energía eléctrica procedente de fuentes renovables contribuirían a gestionar mejor la demanda. Deben realizarse mayores esfuerzos por promover el transporte sostenible y la economía circular.
El gasto en I+D del sector empresarial en España asciende tan solo a la mitad de la media de la UE. Además, se observan importantes disparidades regionales.
La UE reclama al Gobierno de Sánchez realizar inversiones importantes para fomentar el emprendimiento y las empresas emergentes, ayudándoles a crecer y a digitalizarse para que puedan especializarse en actividades con mayor valor añadido con vistas a incrementar su presencia en los mercados internacionales.
España debe seguir invirtiendo en interconexiones eléctricas con el resto de la Unión para alcanzar el objetivo de al menos un 10% de su capacidad instalada de producción eléctrica de aquí a 2020.
También son necesarias inversiones para permitir un mayor uso del ferrocarril en el transporte de mercancías, incluidas las conexiones transfronterizas con Francia y Portugal y las conexiones con los puertos y los centros logísticos.
El histórico acuerdo ha sido ‘vendido’ por el Gobierno como un éxito de Pedro Sánchez, que ha sido recibido en Moncloa entre ridículos vítores y aplausos de sus Ministros en un nuevo episodio de la factoría de márketing de Iván Redondo. Vergüenza ajena.
El aplauso de 2 minutos que le dedicaron sus ministros en el Palacio de La Moncloa, con Iglesias como palmero mayor de la ovación entusiasta, es uno de los actos más desvergonzados que ha puesto en escena la maquinaria propagandística del sanchismo tras su desembarco en la playa del poder. Que el gran derrotado de la cumbre se haya dejado pasear a hombros por su cuadrilla, al ritmo jubiloso del We Are The Champions, no solo pone de manifiesto que es víctima de un acceso enfermizo de egolatría, sino también una firme voluntad de engañar a la opinión pública convirtiendo sus deseos frustrados en expresión de una realidad que solo existe en la calentura de los delirios oficiales.
Nuestros socios europeos van a facilitarnos unos 140.000 millones de euros, cuando las casas de análisis más solventes cifran en 200.000 millones el agujero provocado por la pandemia. Ya para empezar, faltan 60.000 millones que el Ejecutivo socialista no ha dicho de dónde va a sacar. Para mayor bochorno, el líder del PSOE (que es doctor en Economía y Empresa), en su estrategia de enfatizar la importancia del acuerdo alcanzado en el seno de la UE, ha hecho el más abosluto ridículo durante la entrevista que concedió a Telecinco en directo y en prime time. Espetó que "esos 140.000 millones de euros son, para que se hagan una idea aquellos que nos están viendo, en torno al 60% del Producto Interior Bruto en 2019", cuando en realidad, dicha suma representa un 14% (en 2019 el PIB español alcanzaba los 1,244 billones de euros).
No es lo único que se guardan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Las deseadas ayudas llegarán, pero no será hasta el segundo semestre de 2021 y además, el maná europeo tampoco llegará de golpe. Por delante queda el arduo trabajo de desarrollar legalmente el mecanismo, así como la condicionalidad que llevará aparejada. Una tarea que no será ni rápida ni sencilla. Sánchez ha vuelto a España asegurando que no habrá vigilancia y Mark Rutte regresó a Países Bajos sosteniendo todo lo contrario. Así pues, la pugna sobre la letra pequeña puede ser tan titánica como fue la de la letra grande.
[Actualización 11 febrero 2021: El Parlamento Europeo dio ayer luz verde al mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la joya de la corona del fondo de reconstrucción europeo del que España tiene derecho a 140.000 euros entre transferencias a fondo perdido y préstamos blandos. Tras la luz verde de la Eurocámara, aún es necesario que se complete el proceso de ratificación nacional. Para que Bruselas pueda pedir prestado dinero a los mercados financieros en nombre de los Veintisiete con el objetivo emitir deuda y sufragar este instrumento, es necesario el beneplácito de todas las capitales europeas, un paso que de momento tan sólo han dado seis países. El plazo termina a finales de abril y el proceso de aprobación puede durar tres meses.
España es uno de los países que ha enviado a las autoridades europeas un borrador de cómo piensa gastar el dinero. A pesar de ésto, hay diferencias en el seno de la coalición de Gobierno de Pedro Sánchez en aspectos importantes como la reforma laboral y la sostenibilidad de las pensiones, dos de las cuestiones en las que más suele incidir Bruselas.
Para disponer de los fondos europeos, se ha elaborado una plantilla de examen que deberán pasar todas las capitales. En este análisis se han establecido 11 categorías de las que será necesario aprobar 7, algunas de ellas de cumplimiento obligado. Si todo va según lo previsto, los países europeos comenzarán a recibir el dinero a partir de la segunda mitad de 2021 y la primera cantidad será un anticipo del 13%. A partir de ahí, las ayudas llegarán dos veces al año pero el desbloqueo de los fondos dependerá de que se vayan completando una serie de objetivos que deben aparecer en los planes de reformas aprobados. La Comisión puede frenar las ayudas si no se cumplen.]
La verdad es que el acuerdo firmado por los 27 es bueno para España, porque supedita las ayudas a una política económica sensata, y mala para los intereses electorales de la izquierda que se sienta en el banco azul. Pablo Casado tiene razón cuando dice que Sánchez, después del acuerdo comunitario, tendrá que elegir entre cumplir con Europa o con sus socios de coalición. La solemne estupidez de que los términos del pacto son compatibles con la investidura que suscribieron PSOE y Podemos no se convierte en cierta por mucho que Iglesias la cacaree como un gallo picón. Ni la condicionalidad es blanda, como él dice, ni cabe una política sin ajustes.
Si Sánchez hiciera caso a su socio de coalición y presentara en Bruselas unos Presupuestos suscritos por la mayoría Frankenstein, los frenos de emergencia pactados en la cumbre se activarían automáticamente. Lo sabe hasta el apuntador. Aunque quiera disimularlo con absurdos brindis al sol, Iglesias es consciente de que si quiere seguir a la sombra del poder no tendrá más remedio que aplaudir un acuerdo presupuestario con Ciudadanos.
El rescate de España
El acuerdo alcanzado en Bruselas recorta las pretensiones a las que aspiraba el Gobierno en al menos 5.000 millones de euros y pone condiciones a los créditos, requiriendo una responsabilidad fiscal que tiene que demostrarse con hechos, no con presupuestos inflados que finalmente hacen agua, como ha ocurrido en España en los últimos años.
Aunque teóricamente España recibirá 140.000 millones como se había planteado inicialmente, lo importante es el desglose. Y gana peso con respecto a lo previsto inicialmente el dinero al que accederá el país en forma de préstamos, un anticipo de dinero que al final habrá que devolver antes de 2059 y pagar los españoles. De hecho, la primera evidencia que se puede extraer tras la cumbre es que España será rescatada. Aunque se niegue.
Para empezar, el recorte de las ayudas, de los 500.000 millones iniciales a los 390.000 millones aprobados finalmente implica que España ha perdido por lo menos 5.000 millones de euros en subvenciones a fondo perdido con respecto a lo previsto inicialmente. La cifra de ayudas inicialmente prevista hablaba de que el país recibiría 77.324 millones, finalmente el dinero comprometido con España es de 72.700 millones.
En segundo lugar, cuando alguien pide prestado dinero a alguien siempre hay que cumplir con unas condiciones. Le ocurre a cualquier ciudadano cuando va al banco para pedir una hipoteca. Sánchez ha peleado para conseguir el dinero sin condiciones. Obtener de los socios de la Unión un paquete de ayuda millonario sin tener que hacer reformas que comprometieran su pacto con Podemos. Y no ha podido ser. Habrá condicionalidad. No hay que ver la condicionalidad como algo negativo, sino positivo, pues el dinero, al fin y al cabo, sale de los contribuyentes que, con mucho esfuerzo, aportan todos los ciudadanos de la UE. Por tanto, no se puede malgastar. Los contribuyentes merecen que se vigile y controle que no se dilapida el dinero aportado con su sacrificio.
El fondo de recuperación no le saldrá gratis al Gobierno español, aunque Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hayan vendido en los últimos meses que España no tendría que afrontar recortes o reformas incómodas para recibir las ayudas a fondo perdido que ha puesto sobre la mesa la Unión Europea. Lo cierto es que España tendrá que controlar el gasto en pensiones, deberá hacer cambios para mejorar la contratación y modernizar el mercado laboral (lo que implica aparcar indefinidamente la contrarreforma laboral que reclama insistentemente Podemos y Bildu), tendrá que subir los impuestos para cuadrar las cuentas públicas, y deberá embridar más pronto o más tarde el gasto público.
Porque lo que está claro es que nadie presta dinero sin ningún tipo de condiciones. De hecho, la forma de dar las ayudas por parte de la UE será la siguiente: los fondos no se darán de golpe sino paulatinamente, por lo que Bruselas se reserva la posibilidad de que, si países como España no cumplen con la austeridad o con las reformas recomendadas, cortarán el grifo y el dinero no llegará.
Por tanto, claramente los fondos quedan condicionados al buen destino de los mismos, lo que significa que no se puede generar un gasto estructural improductivo, sino que todo gasto ha de ir destinado más bien a inversiones; hay que acometer un saneamiento de las cuentas públicas para garantizar su sostenibilidad; y, por último, hay que impulsar nuevas reformas y profundizar en las ya existentes, de manera que España tendrá que abordar un proyecto reformista en sus políticas de gasto, para que sean sostenibles, y el Gobierno no podrá derogar la reforma laboral.
Lo que está claro es que a partir de ahora el Gobierno perderá autonomía y va a tener las las manos atadas para ejecutar sus promesas electorales. A partir de ahora y hasta 2024, las políticas que apruebe España deben alinearse con las recomendaciones anuales de la Comisión Europea, lo cual es bueno para los españoles y malo para el maniroto de Sánchez.
En tercer lugar, está previsto un «freno de emergencia» que permitirá que cualquier país o grupo de países, si ve algún asunto preocupante en las finanzas públicas de otro país o en su gobernabilidad, transmita esa inquietud al Consejo Europeo, que será el encargado de evaluar qué ocurre. Aunque desde Moncloa se escudan en que no es un derecho de veto directo de las políticas de otros estados miembros, este freno sí será disuasorio y permitirá -mientras que se estudia lo que pasa en el país ‘acusado’- bloquear la entrega de las subvenciones a fondo perdido o el dinero del crédito.
En conclusión, Sánchez ha aceptado que España entre en el aro de un rescate con condicionalidad cuando lo que pedía era recibir dinero sin condiciones. Lo que también está claro es que, con este acuerdo en la UE, Pedro Sánchez ha vuelto a fracasar en Bruselas después del duro varapalo que supuso perder la presidencia del Eurogrupo.
Las 10 claves del acuerdo europeo
1. Deuda
La Comisión Europea acudirá a los mercados para endeudarse por 750.000 millones de euros. Esa emisión de bonos, que tendrá como tope 2026, ya provocaba reticencias entre los halcones, por lo que se fija que su único fin es hacer frente a las consecuencias de la pandemia.
2. Cuantía
El fondo de reconstrucción europeo será de 750.000 millones de euros. A pesar del empeño de los llamados países frugales por reducirlo, al final se ha mantenido íntegro. Este plan de reconstrucción, que tendrá una duración de tres años, se sumará a un presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 de 1,074 billones de euros.
Sin embargo, sí ha cambiado la composición del instrumento. El grueso de la financiación se canalizará a través del fondo bautizado Facilidad de Recuperación y Resistencia, que repartirá el 90% de los fondos aprobados para financiar las inversiones y reformas que presenten los países a Bruselas. Estos planes tendrán que quedar aprobados en 2022 o, de lo contrario, no se repartirán todos los fondos acordados, lo que obliga al Gobierno de España a contar con una mayoría suficiente para aprobar esta normativa, y ésto va a ser harto difícil.
3. Subvenciones y préstamos
El equilibrio entre subvenciones y préstamos sí ha cambiado respecto a la propuesta inicial. La Comisión preveía que 500.000 millones se articularan a través de ayudas (el 66%) y 250.000 mediante préstamos (el 33%). Los países más reticentes, en especial los Países Bajos y Suecia, se negaban a dar subvenciones, mientras que Francia y Alemania no querían bajar de los 400.000 millones de euros.
Sin embargo, ambas partes han cerrado la cifra de 390.000 millones de euros en subvenciones (el 52% del total) y 360.000 en préstamos (el 48%).
4. Freno de emergencia
Una vez aceptada la distribución de subsidios, los Países Bajos querían una suerte de derecho de veto para obligar a los países receptores –en especial España e Italia— a realizar reformas estructurales. Finalmente, los Veintisiete han pactado un freno de emergencia.
Los planes nacionales de inversiones y reformas serán evaluados por la Comisión y aprobados en el Consejo por mayoría cualificada. Si pasan esos dos filtros, se desembolsarán fondos al país. La Comisión pedirá entonces al Comité Económico y Financiero que evalúe el cumplimiento de esos programas para que la Comisión siga desembolsando dinero. Este se esforzará en buscar el consenso, pero si “excepcionalmente” uno o más países creen que hay “desviaciones”, pueden pedir que el asunto se lleve al Consejo Europeo.
5. Condicionalidad
El documento fija que los planes serán evaluados por la Comisión y deberán ser coherentes con las recomendaciones específicas formuladas por el Ejecutivo comunitario –reformas que van desde el ámbito laboral hasta el de la educación o la renta mínima—, el crecimiento potencial, la creación de empleo, la resiliencia social y económica y las transiciones verde y digital.
Esta condición, que constituye el aspecto clave del acuerdo, ha sido suavizada por parte de Pedro Sánchez quien ha insistido en que ningún país tendrá capacidad de veto como tradicionalmente se entiende éste. Sin embargo, la condicionalidad impuesta sí obligará a España a tomar una dirección en materia económica diametralmente opuesta a la pauta marcada por Iglesias y los suyos.
6. Cheques descuento
A cambio del acuerdo para la recuperación económica, los estados han aceptado que el presupuesto plurianual 2021-2027 quede rebajado a 1.074 billones de euros. No solo eso, los países que más contribuyen gozarán de un importante descuento en su aportación anual al presupuesto comunitario: los llamados 'cheques', que no son más que descuentos en las transferencias netas. España es uno de los perdedores de esta decisión principalmente como consecuencia de la reducción de los fondos de la PAC (política agrícola común), que podrían reducirse en un 10%.
A pesar de la intención inicial de Bruselas de eliminarlos, al final, en conjunto los cheques (que se aplicarán a los cinco principales contribuyentes) alcanzan los 7.603 millones. Es otra de las victorias que se han apuntado los países del norte; el aumento de sus 'cheques' de descuento del que se benefician los mayores contribuyentes al presupuesto de la UE. En concreto, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Austria y Alemania verán reducidas sus aportaciones durante todo el periodo en 53.000 millones que tendrán que completar el resto de Estados miembros, de acuerdo a su renta nacional bruta.
Por tanto, el fondo de reconstrucción tiene un coste oculto para las arcas públicas españolas: la aportación extra de 6.000 millones de euros que va a tener que hacer España al presupuesto europeo para compensar la menor contribución que van a realizar los frugales.
7. Reparto
Los fondos se repartirán en dos tandas, ante las demandas, sobre todo, de los países del este. El 70% se desembolsará en 2021 y 2022 de acuerdo con los criterios de reparto fijados por la Comisión Europea. El 30% restante se abonará en 2023 sustituyendo el criterio de desempleo fijado por el Ejecutivo comunitario por la caída del PIB de 2020 y la pérdida acumulada en el periodo 2020 y 2021.
Con eso, los países del este esperan restar peso a la tasa de desempleo en el reparto y arañar fondos al sur. Como norma, ningún país recibirá en préstamos más del equivalente al 6,8% de su renta nacional bruta.
Actualización 3 de agosto: España pide un préstamo de 20.000 millones al fondo europeo para financiar los ERTE y el cese de actividad de autónomos. La cantidad que recibirá dependerá de las peticiones del resto de países solicitantes del programa SURE, dotado con 100.000 millones.
Actualización 25 de septiembre: La UE ha dado luz verde a dar un crédito a España por valor de 21.325 millones del fondo de desempleo (SURE) para financiar el gasto extraordinario en ERTE y ayudas por cese de actividad de autónomos provocado por la pandemia de coronavirus. Ahora el gobierno tendrá que firmar con Bruselas un acuerdo de préstamo en el que se detallarán cuestiones como el número de plazos en los que será desembolsada la ayuda o el tipo de interés aplicable.
8. Nuevos impuestos
Para devolver la deuda, los socios se comprometen a buscar nuevas fuentes de ingresos. En concreto, el documento hace referencia a una tasa sobre plásticos no reciclados que entraría en vigor el 1 de enero de 2021; un mecanismo de ajuste sobre el carbono en frontera que se diseñaría en el primer semestre del año que viene y una tasa digital, que se introduciría como máximo el 1 de enero de 2023.
El Consejo invita a la Comisión a hacer una propuesta revisada del sistema de comercio de carbono, que pueda ampliarse a la aviación y al sector marítimo, e incluso se habla de una posible tasa sobre las transacciones financieras.
En su carrera por elevar la recaudación, el Ejecutivo de Sánchez ha iniciado la tramitación de tres nuevos impuestos que ahora irán a parar al presupuesto europeo para elevar los recursos propios de Bruselas: el impuesto sobre los plásticos no reutilizables, la tasa Google y la tasa Tobin. Por tanto, ahora el Gobierno tendrá que buscar otras vías para elevar la recaudación.
9. Estado de derecho
El Consejo Europeo subraya la importancia del respeto del Estado de derecho, es decir, un sistema de control que frene el desembolso si se detecta una falta de respeto a las normas del Estado de derecho en la ejecución del gasto.
Cada año, la Comisión Europea publica a finales de mayo recomendaciones de política económica enfocadas a medida para cada uno de los 27 países miembros. Unas recomendaciones que se discuten en el Ecofin, se aprueban después a nivel de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, y finalmente deberían aplicarse a nivel nacional. Es decir, no se trata de una petición general de reformas, sino de medidas muy específicas.
Al no tener carácter vinculante (su incumplimiento no acarrea sanciones de ningún tipo), los sucesivos Gobierno españoles las han ignorado. Pero ahora todo va a cambiar, para fortuna de los españoles. Los países que como España quieran ayuda de la UE, deben enviar a Bruselas un plan de reformas e inversión basado en estas recomendaciones.
10. Las víctimas de la negociación
La negociación ha matado algunos fondos y proyectos planteados por la Comisión Europea. Desaparecen el fondo para rescatar empresas (26.000 millones que debían movilizar hasta 300.000 millones) o el programa de salud (7.700 millones). Pero también se reducen el Fondo de Transición Justa (de 30.000 a 10.000 millones), que era para reconvertir antiguas regiones mineras, o el programa de innovación Horizon Europe (de 13.500 a 5.000 millones).
10 exigencias de la UE para España
1. Reforzar el sistema sanitario
Sánchez debe "reforzar la resistencia y la capacidad del sistema sanitario, en lo que se refiere a trabajadores, productos médicos críticos e infraestructura". Unas reformas que tienen que asegurar que las personas mayores que viven en residencias, las más golpeadas por la pandemia, tengan acceso a los servicios de emergencia y cuidados intensivos.
También deberá potenciar la atención primaria y la sanidad digital.
2. Plan de ajuste presupuestario a medio plazo
Bruselas ha activado la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que suspende temporalmente la exigencia de tener un déficit por debajo del 3% y un nivel de deuda inferior al 60% del PIB. Una suspensión que seguirá vigente al menos hasta el año 2022.
La prioridad ahora debe ser disparar el gasto público para amortiguar el impacto del coronavirus, algo que Sánchez sabe hacer a la perfección. Pero "cuando las condiciones económicas lo permitan", el Gobierno socialcomunista deberá "aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr una posición fiscal prudente a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión". Es decir, España tendrá que volver a la ortodoxia presupuestaria y a la disciplina fiscal, reduciendo el gasto improductivo, y aquí es donde vendrá el problema.
3. Reforma de las pensiones
El Gobierno de Sánchez derogó la reforma de las pensiones de 2013 que tanto habían elogiado los socios europeos, pero no aportó ninguna solución al problema del déficit de la Seguridad Social. La UE censura que estos cambios hayan sido revertidos y pide a España una reforma que garantice la sostenibilidad del Sistema.
El Gobierno de Sánchez pretende elevar la edad efectiva de jubilación y traspasar gastos de la Seguridad Social al Estado. Pero esto no será más que un ajuste contable que no eliminará el déficit estructural del 2% que tienen las pensiones.
4. Reforma laboral
La UE reclama a Sánchez medidas para "favorecer las transiciones hacia contratos indefinidos, entre ellas la simplificación de los incentivos a la contratación". También apuesta por mejorar la calidad de los servicios públicos de empleo.
En definitiva, España tendrá que presentar propuestas de reforma en el mercado laboral en la dirección de restar más poder a los sindicatos, favorecer los acuerdos entre empleado y empleador por encima de los convenios sectoriales, flexibilizar y abaratar las condiciones de despido, etc, y olvidarse de derogar la reforma de 2012, tal y como se comprometió el Gobierno de PSOE y Podemos con Bildu en el Congreso.
5. Ayudas sociales
En materia de gasto público, Sánchez e Iglesias tendrán que olvidarse de medidas improductivas dedicadas a alimentar caladeros de votos. La UE reclama "mejorar la cobertura y la suficiencia de los sistemas de renta mínima y ayuda a las familias", pero avisa de que no puede financiarse con las ayudas del nuevo fondo anticrisis.
6. Mejora de la educación
Las autoridades españolas deben lograr que "todos los estudiantes se beneficien del acceso al aprendizaje digital, incluidos los que viven en áreas rurales o en hogares vulnerables".
Más a largo plazo, Bruselas insiste en su petición de una reforma educativa basada en un amplio consenso político y social que reduzca el abandono escolar (España tiene la tasa más alta de la UE, 17,3%), aumente el porcentaje de estudiantes en ciencia y tecnologías digitales, haga la formación profesional más atractiva y adapte la oferta educativa al mercado laboral.
7. Unidad de mercado
Las disparidades normativas a las que se enfrentan las empresas dependiendo de la comunidad autónoma frenan el crecimiento de la productividad en España. La recomendación a Sánchez es aplicar de forma más decidida la ley de Unidad de Mercado que aprobó Rajoy.
También debería suprimir las restricciones (por ejemplo, suprimiendo los requisitos de colegiación obligatoria) a profesiones reguladas, como ingenieros civiles, arquitectos o servicios informáticos y legales.
8. Energía y cambio climático
Uno de los objetivos prioritarios del fondo de recuperación será la inversión en lucha contra el cambio climático. Algunas zonas de España figuran entre las más expuestas de Europa al cambio climático, al estar sus recursos hídricos sometidos a presiones que requieren más inversión en infraestructura para mejorar la gestión del agua.
La reducción del consumo energético en los edificios y el desarrollo de redes energéticas inteligentes y del almacenamiento de la energía eléctrica procedente de fuentes renovables contribuirían a gestionar mejor la demanda. Deben realizarse mayores esfuerzos por promover el transporte sostenible y la economía circular.
9. Gasto en I+D+i
El gasto en I+D del sector empresarial en España asciende tan solo a la mitad de la media de la UE. Además, se observan importantes disparidades regionales.
La UE reclama al Gobierno de Sánchez realizar inversiones importantes para fomentar el emprendimiento y las empresas emergentes, ayudándoles a crecer y a digitalizarse para que puedan especializarse en actividades con mayor valor añadido con vistas a incrementar su presencia en los mercados internacionales.
10. Impulsar el ferrocarril de mercancías
España debe seguir invirtiendo en interconexiones eléctricas con el resto de la Unión para alcanzar el objetivo de al menos un 10% de su capacidad instalada de producción eléctrica de aquí a 2020.
También son necesarias inversiones para permitir un mayor uso del ferrocarril en el transporte de mercancías, incluidas las conexiones transfronterizas con Francia y Portugal y las conexiones con los puertos y los centros logísticos.
