El mayor escándalo de la pandemia es que seguimos sin estar preparados por si se repite. El Gobierno socialcomunista no aprende de los errores pasados, sino que persevera, en contra del sentido común y de los criterios científicos, en su incompetencia en la gestión de la crisis del coronavirus. No aprenden ni con 48.000 muertos a sus espaldas.
Las políticas de recortes en los servicios públicos exigidas por Europa y llevadas a cabo por las diferentes comunidades autónomas han llevado al sofocamiento al sistema sanitario, el cual ya estaba muy dañado antes de la actual crisis. Situación que ha sido denunciada en múltiples ocasiones por los trabajadores del sistema público de salud. En España hay un problema estructural en el sector público de la sanidad, que se traduce en un elevado porcentaje de empleados públicos temporales o eventuales, denotando un falta inadmisible de previsión y organización, un trato más que irrespetuoso a los profesionales sanitarios, y la consiguiente pauperización de la calidad en la asistencia.
En España tenemos 4 médicos por cada 1.000 habitantes. Pero en los dos últimos años se han ido a ejercer fuera de nuestro país 4.600 titulados, una cifra superior a más de la mitad de los nuevos MIR. Esta fuga de talentos nos pasa factura. ¿Por qué se van? Sobre todo, por la precariedad laboral, ya que abundan los contratos de meses o días, algo que hace inviable planificar un futuro. Actualmente, los médicos tienen que hacer de 4 a 6 guardias mensuales para cubrir las necesidades del servicio, un sistema que permite a la administración ahorrar puestos de trabajo ya que con un facultativo se cubren tres turnos; pero es que encima no les computan a la hora de calcular el periodo cotizado para poder acceder a la jubilación.
Cargas de trabajo excesivas, poco tiempo para el paciente, demasiadas horas dedicadas a burocracia... son las quejas que trasladan los sindicatos y asociaciones. También la diferencia salarial es un motivo para emigrar. La OCDE sitúa las remuneraciones de los facultativos en España entre las más bajas de los países avanzados.
A la luz de esta visión cortoplacista de gestión, y viendo como se han comportado nuestros gestores ante esta pandemia, no es de extrañar que el sistema haya hecho aguas, y ya hemos visto las consecuencias de este tipo de contrataciones precarias. Lo peor de todo es que estas malas prácticas se están repitiendo de nuevo. De hecho, unos 4.600 MIR de la Comunidad de Madrid están llamados a una huelga indefinida desde el 17 de julio para conseguir un convenio que mejore sus condiciones laborales.
El Sindicato de Enfermería (Satse) advierte de que los recortes de verano en los hospitales y centros de salud suponen 7.000 camas menos, ya que "se ha priorizado el ahorrar dinero a costa de la salud y seguridad de ciudadanos y pacientes", pese a que el coronavirus sigue entre nosotros y está habiendo ya numerosos (y preocupantes) rebrotes.
Para más Inri, justo en el momento en que los rebrotes se extienden por todo el territorio español, el Gobierno socialcomunista acaba de dejar sin efecto la protección de accidente laboral a los sanitarios que caigan enfermos por el virus. Es decir, que en lugar de ampliar la cobertura, dada la actual situación, el Ejecutivo decreta que desde el día 22 de julio, los sanitarios que enfermen de ahora en adelante ya no tendrán esa "cobertura especial".
A todo ello se une que ahora, los centros de atención primaria tienen que asumir la recogida de muestras para pruebas PCR de los pacientes sospechosos de haberse contagiado, la trazabilidad y el control de los contactos, así como el seguimiento de los casos de coronavirus.
Y en lugar de reforzarse las plantillas de enfermeras, médicos y fisioterapeutas, se está volviendo a cometer el grave error de todos los veranos de dejarlas "bajo mínimos", al no sustituir a todos los profesionales que tienen vacaciones o están de baja por enfermedad, embarazo o cualquier otra incidencia, sobrecargando al personal sanitario que trabaja durante el periodo estival, a pesar del sufrimiento inhumano que han soportado durante los meses de pandemia.
Pero es que ya no hablamos exclusivamente de coronavirus. Los hospitales y centros de salud deben ahora recuperar el tiempo perdido y hacer frente a la lista de espera de pacientes de otras patologías (sin cifras todavía, ni los centros ni la Consejería de Sanidad dan números) que quedaron suspendidas durante tres meses por la pandemia. Pacientes que han aguantado en sus casas por miedo al contagio en los hospitales con patologías agudizadas, listas de espera quirúrgicas o de especialidades, pruebas diagnósticas...
O sea, se mire por donde se mire, se necesita personal sanitario de refuerzo. El propio Gobierno socialcomunista ha reconocido la escasez de medios en un documento recién firmado, pero no ha puesto medidas al respecto, salvo despidos.
El Gobierno se comprometió a reforzar y mejorar el Sistema Nacional de Salud una vez pasase esta crisis sanitaria. Sin embargo, casi la mitad del personal sanitario contratado durante los meses del estado de alarma se han quedado en el paro. Concretamente, 18.000 sanitarios han perdido su empleo después de haber luchado a brazo partido en plena pandemia en unas condiciones penosas.
Y ojo! La OMS ya ha advertido lo que los países deberían hacer en estos momentos: Invertir en salud y protección social, especialmente cuando la economía es inestable, es la marca de la acción política responsable.
Pero, para variar, Sánchez hace oídos sordos a la OMS. Más allá de la retórica hueca del «escudo social», lo cierto es que nada ha cambiado. Mientras al Ejecutivo socialista se le llena la boca presumiendo de no dejar a nadie en la estacada y prometiendo más medios para reforzar el sistema sanitario, se desentiende de la situación de colapso económico que atraviesan las autonomías, abocadas a despedir a la mitad de los profesionales que fueron contratados cuando la situación en los hospitales era desesperada.
Ante semejante debacle, el gobierno de coalición y sus altavoces mediáticos no han tardado en buscar chivos expiatorios. Dicen que la clave de lo sucedido está (¡cómo no!) en "los recortes del PP" de la anterior legislatura, si bien los datos demuestran que el gasto sanitario subió un 13% en los principales feudos autonómicos gobernados por los populares y bajaron un 4% en los gobernados por el PSOE.
Y es que la situación de los recortes sanitarios viene de atrás. Cuando el coronavirus asomaba, el sector sanitario español afrontaba la crisis con un recorte de casi 19.000 profesionales sanitarios, entre médicos, enfermeros, celadores y demás trabajadores, en los meses de enero y febrero. Dicho de otro modo: cuando todas las organizaciones alertaban de la inminencia de un estallido vírico, Sánchez hizo oídos sordos a las recomendaciones, negó la evidencia y, en el colmo de la incompetencia, no informó a las Comunidades del peligro que se nos venía encima. Y lo que es mucho más grave: dejó que estas siguieran recortando plantillas. Un gobernante sensato habría hecho lo contrario de lo que hizo Pedro Sánchez.
Para justificar su negligencia, Sánchez es muy posible que recurra al argumento de que las competencias en Sanidad están transferidas a las autonomías y que la responsabilidad de los recortes es de los distintos Gobiernos regionales, pero lo que no podrá decir nunca es que no conocía de primera mano el riesgo sanitario que se avecinaba. Lo sabía y, pese a ello, no movió un dedo, negó que España corriera peligro y, en definitiva, vendió la idea de que eso del coronavirus estaba controlado porque, al fin y al cabo, no pasaba de ser algo muy parecido a una gripe.
Cuando se quiso reaccionar, era ya muy tarde. La decisión en marzo de contratar de urgencia a 11.767 sanitarios no suplía los puestos perdidos previamente y, además, no evitaba el colapso hospitalario, que tuvo fatales consecuencias.
No fue hasta el 16 de junio cuando el Consejo de Ministros aprobó una ayuda global de 16.000 millones para las Comunidades Autónomas, de los que 9.000 millones deben ir destinados a Sanidad. Ni el dinero ha llegado en su totalidad, ni es suficiente para apuntalar el sector en pleno rebrote. Pero es que además, antes de ser entregado, ya ha sufrido un recorte de 1.000 millones (según lo anunciado el 2 de mayo iban a ser 10.000 millones para Sanidad).
El Gobierno también ha decidido el corte de los contratos de trabajadores predoctorales y postdoctorales ubicados en los centros de investigación públicos (esa sí que es responsabilidad directa del Ejecutivo socialcomunista). Como consecuencia, entre 700 y 725 científicos se irán también a la calle. Y esto en plena carrera para encontrar la vacuna y cuando la investigación es más importante que nunca.
No hay dinero para Sanidad. Sin embargo, ahora que la situación de la economía española obliga a un ejemplo de mesura y contención, Sánchez sigue manteniendo y ampliando un gabinete elefantiásico con una estructura descomunal (22 ministerios y 4 vicepresidencias, además de cientos de asesores externos y altos cargos nombrados, por supuesto, 'a dedo'). Según el último informe del avance comentado de pagos de la Administración General del Estado, el coste es de 47,31 millones de euros en nóminas, una cantidad sin precedentes, a lo que hay que sumar dietas, manutención y demás pluses.
¿Tan difícil es de entender que en las actuales circunstancias urge reducir el Ejecutivo, por una elemental cuestión de contención presupuestaria? Y ya puestos, que los miembros del Ejecutivo socialista prediquen con el ejemplo y se rebajen el sueldo, para estar a la par que esa sociedad en transformación a la que se refiere Sánchez y que ha visto, en su inmensa mayoría, cómo se reduce su cuenta corriente.
La situación actual de la economía española es trágica, pero el Gobierno trata de minimizar la gravedad asegurando que el próximo ejercicio repuntará con fuerza para volver a la senda de crecimiento económico sostenido. Son ganas de hacerse trampas al solitario, porque el PIB caerá 13 puntos y el déficit alcanzará los dos dígitos, como sostienen la práctica totalidad de organismos nacionales e internacionales, mientras la deuda rebasará con creces el 123% del PIB y el paro superara el 20%. Y en ese escenario, el Ejecutivo socialista insiste en aumentar el gasto público.
El gobierno socialcomunista sigue sin entender que lo que nos va a sacar de la crisis es el sector privado. Como consecuencia de la pandemia, se ha elevado el gasto público (resultado de financiar las medidas de emergencia) y se han desplomado los ingresos a las arcas del Estado (tanto por el cese abrupto de actividad, como por las medidas de alivio fiscal). Es decir, España necesita ahora costear un mayor gasto, pero tiene menos recursos para hacerlo.
¿Qué hará el Gobierno para solucionarlo? En lugar de reducir gastos, lo que va a hacer el Ejecutivo es subir los impuestos (e incluso crear algunos nuevos).
Todo lo contrario a lo que recomiendan economistas y expertos fiscalistas, cuya respuesta es unánime: una subida de impuestos se traducirá en menos crecimiento y menos empleo. Cuando pase la crisis sanitaria no hay que subir impuestos, sino bajarlos para incentivar la actividad de empresas y autónomos; poniendo facilidades y estimulando la actividad privada por el lado impositivo es la manera de reflotar el país y obtener ingresos.
La mejor manera de consolidar las finanzas públicas es priorizando el crecimiento mediante la libertad de empresa y la libertad económica, pero claro, España es el peor país del Mediterráneo en esa materia. La política fiscal debería ponerse al servicio de la creación de empleo, porque solo consiguiendo recuperar el nivel de empleo se obtendrán ingresos sostenibles y se incentivará el consumo.
La receta de los expertos: incentivos impositivos para empresas y autónomos.
El objetivo: no asfixiar a las pymes y autónomos, que han de ser los que recuperen el país.
Por su parte, el Banco de España también ha hecho un llamamiento a todas las formaciones políticas para pactar un programa de reformas estructurales, que permitan el saneamiento de las cuentas públicas (eliminando los gastos "superfluos e ineficientes"), una revisión del gasto y la mejora de los ingresos fiscales, que se deberá mantener durante varias legislaturas. Lo mismito que dice Bruselas, no veremos ni un euro de la UE si no se hacen reformas estructurales.
El Gobierno socialcomunista le meterá un tijeretazo al Tercer Sector de Acción Social, compuesto por 28.000 ONG que realizan labores sociales troceando la casilla del 0,7% del IRPF de interés social y del Impuesto de Sociedades. Pablo Iglesias ha cambiado la fórmula del reparto para untar a todas aquellas organizaciones ecologistas y de cooperación que están en sus coordenadas ideológicas.
Antes, el total recaudado a través del 0,7% del IRPF era gestionando en un 80% por las Comunidades Autónomas y en un 20% por el Estado. Ahora, las entidades estatales podrán gestionar solo el 14%. Esta reducción del 20% al 14% les supone una pérdida de 14,5 millones de euros.
En un momento en que la crisis del coronavirus ha dejado a millones de personas en situación límite, las entidades del Tercer Sector de Acción Social se han erigido en el auténtico escudo social, no como ese otro 'otro escudo' que vende el Ejecutivo socialcomunista y que se ha demostrado ineficaz. Han sido las organizaciones que realizan labores sociales las que han estado ahí, a pie de calle, socorriendo a los más necesitados. Y serán ellas, precisamente, las que salgan más castigadas a causa del nuevo reparto promovido por Iglesias.
El Gobierno se niega a implementar controles efectivos (como la realización de test PCR en el país de origen de los viajeros que acuden a España) en el aeropuerto de Barajas para impedir que se convierta en un coladero de coronavirus. Y ello pese a que el propio Ministerio de Sanidad consideraba, allá por el 10 de febrero, que las medidas adoptadas (toma de temperatura, inspección ocular y rellenar un formulario de localización) eran de «efectividad incierta».
28 de julio: Ya somos oficialmente los APESTADOS DE EUROPA. 109 países tienen en vigor actualmente algún tipo de prohibición contra la entrada de españoles en sus territorios, y otros, como Reino Unido, Alemania, Escocia, Francia, Bélgica, Noruega, Irlanda, Países Bajos, Estonia, Lituania, Letonia, Finlandia y Austria nos han puesto algún tipo de veto, desde cuarentenas de 14 días a los viajeros que regresen de unas vacaciones en España, a peticiones expresas de evitar viajar a nuestro país.
Del mismo modo que el Ejecutivo ha ordenado unos controles en el aeropuerto de Barajas que son un prodigio de ineficacia, el descontrol a la hora de intensificar la vigilancia sobre los inmigrantes ilegales que entran en España es clamoroso. La entrada ilegal de inmigrantes sin papeles se ha convertido en una puerta abierta a los rebrotes de coronavirus y, pese a ello, el Ejecutivo sigue sin reforzar los controles ni exigir la obligatoriedad de realizar test. O sea, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue jugando a la ruleta rusa.
Lo que demuestra que, mientras Sánchez apela a la responsabilidad de los españoles para evitar nuevos brotes y nos recuerda que «el virus sigue ahí», quien exhibe una actitud absolutamente irresponsable es el Gobierno.
Y no solo el gobierno central, sino también el autonómico, que está cometiendo los mismos errores que cometió Sánchez el pasado mes de marzo. Por ejemplo, permitir el éxodo masivo de personas (contagiadas o no) tanto en Lleida como en A Mariña, al anunciar el confinamiento perimetral de la zona días antes de su aplicación.
El caso es culpabilizar a los ciudadanos. Jugada maestra de dominio psicológico. Como no hemos sido buenos y responsables, ahora el Gobierno nos tiene que pegar unas nalgadas y mandarnos al cuarto oscuro para que reflexionemos y purguemos la culpa. Lo que está padeciendo la sociedad es un combinado entre el síndrome de la mujer maltratada y el síndrome de Estocolmo.
También nos estamos enfrentando a la estupidez humana, como la convocatoria de un partido de fútbol de contagiados contra sanos que la policía frustró en cuanto tuvo noticia de él; botellones masivos en la playa; concentraciones de miles de personas sin mascarillas ni distancia de seguridad para recibir al Cádiz Club de Fútbol tras su ascenso a primera división... Noticias como éstas se multiplican diariamente en los telediarios.
Y así es como criticar al más imprudente del barrio sirve de desahogo para el vecindario, pero sobre todo para los políticos, que salen a menudo a recordarnos que está en nuestra mano frenar el contagio del virus. Como si no estuviera también en la suya garantizar la mejora de las condiciones sanitarias y de control epidemiológico para frenar los rebrotes. Es más fácil, claro, echar la culpa a unos cuantos irresponsables que asumir que los gobiernos regionales siguen sin establecer suficientes mecanismos para el control de la pandemia. Pero mientras el virus siga aquí, no bastará con apelar a la responsabilidad individual.
Como no hay directrices claras, cada comunidad hace lo que le parece con los brotes, en función de las presiones locales y la información de la que disponga (confinamientos perimetrales de comarcas, cierre de locales nocturnos, recomendaciones de permanecer en nuestras casas...). Y mientras aumentan los contagios, cada gobierno autonómico sigue contabilizando los positivos y comunicándolos como les parece.
Y lo más inquietante es que muchos de ellos ni siquiera se estén detectando por falta de personal para rastrearlos.
Se suponía que estos meses de tregua debían servir para fortalecer mecanismos de control, tanto la mejora de la capacidad sanitaria como la de rastreo. De ahí el riesgo de explicar los brotes de coronavirus haciendo hincapié únicamente en las acciones individuales de los ciudadanos, en si fueron o no a la playa o a la discoteca con o sin mascarilla; en un intento de hacernos olvidar que la responsabilidad es de los gestores de lo público y que, cuatro meses después del inicio de la crisis, aún no han organizado un sistema de rastreo eficiente para localizar los brotes.
Sin embargo, Sanidad no ha fijado en España ningún umbral mínimo de rastreadores que deban tener las comunidades. A los gobiernos regionales solo se les exige que tengan “capacidad suficiente” de rastreo, pero nadie ha querido poner cifras para explicar qué significa eso. Tampoco ha especificado cuáles son las autonomías que necesitan refuerzos, aunque el Ministerio de Illa reconoce que las hay. La 'app' que iba a ayudar en la tarea de localizar los contagiados en zonas de riesgo sigue en fase de prueba.
Otros países sí que han fijado parámetros objetivos. Mientras que en Alemania, por ejemplo, hay un rastreador por cada 4.000 habitantes, en Madrid y en Cataluña tocamos a menos de un rastreador por cada 30.000 habitantes (es decir, 7 veces menos). Normal que médicos y epidemiólogos denuncien aquí la falta de medios para evitar que de un brote aislado pase a la transmisión comunitaria, como ha pasado en pocos días en Barcelona.
Alemania también decretó un umbral de contagios a partir del cual empiezan las restricciones. Es el mismo en toda Alemania. Si se llega a 50 contagios semanales por cada 100.000 personas, empieza el confinamiento estricto de la zona. En España, sin embargo, seguimos sin tener claro qué umbral de contagios debe llevar al confinamiento de una población. Ni se han aprovechado estos meses para aprobar los mecanismos jurídicos que faciliten la toma de medidas de forma flexible y ágil, ni tampoco se han mejorado las condiciones del sistema de atención primaria.
Es probable que la ratio de ciudadanos irresponsables por cada 100.000 habitantes no difiera mucho entre países, pero la de los rastreadores sí que marca la diferencia.
Una de las medidas pactadas en el Comité de Reconstrucción fue la creación de un depósito estratégico de material sanitario, para que no se produzcan desabastecimientos como el que ocurrió en las primeras semanas del estado de alarma, así como la producción nacional de dicho material.
Para crear esa reserva estratégica, el ministerio de Sanidad licitó el 21 de julio un megacontrato "por trámite de emergencia" de 2.009 millones más IVA en material sanitario (batas, guantes, mascarillas, test...) con destino a varias CC.AA. y organismos de la administración del estado. En poco más de una semana, lo ha tenido que parar. Las cantidades pedidas no cubrían las necesidades de todas las comunidades autónomas y había “riesgo de desabastecimiento”, con lo que habrá que esperar más para ampliar el pedido. Sin embargo, el 2 de julio, Sánchez aseguraba en una entrevista en La Sexta que España contaba ya con reservas suficientes.
Además esta licitación impone unas condiciones económicas que dejan fuera del suministro de material a las empresas españolas del sector sanitario al exigirles contar con una facturación anual igual o superior al importe de los lotes (los mismos oscilan entre los 19,5 millones de euros y los 359 millones) y la práctica totalidad de las compañías españolas no alcanzan esos niveles. La industria española de este tipo de productos es pequeña y, por lo tanto, la condición impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, vuelve a dejar las compras de material anti Covid en manos de las grandes del sector: las compañías chinas; y ello en un momento en que se debería primar la producción nacional para intentar salvar empresas ante la debacle económica a la que nos enfrentamos.
A día de hoy, aún no tenemos (ni tendremos) un balance de daños humanos. No sabemos el número de fallecidos en hospitales, en residencias de ancianos, en domicilios... Tampoco sabemos el número real de contagiados, y no solo hablamos de ciudadanos 'de a pie', sino también del personal sanitario, o de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Durante toda la pandemia, las estadísticas oficiales han sido un caos, por un lado por los constantes cambios en la metodología de recuento, y por otro, porque el Gobierno ha falseado y manipulado descaradamente las estadísticas para tapar su incompetencia.
Pero es que ahora, con los rebrotes, seguimos igual. La diferencia entre los datos de Sanidad y las comunidades autónomas vuelve a ser abismal. Por ejemplo, el 11 de julio Sanidad notificaba 333 nuevos casos, mientras que solo Cataluña notificó 774. No solo ha ocurrido con el número de nuevos contagios diarios, sino también con el cómputo total de fallecidos. ¿Tan difícil es contar? No me lo explico.
El Gobierno socialista ha venido presumiendo de haber desplegado un «escudo social» para proteger a los millones de personas que se han visto afectados por ERTEs como consecuencia de la crisis económica derivada del coronavirus, pero la realidad es dura y las promesas del Ejecutivo se desvanecen a medida que avanzan los días.
El escudo social que según Pablo Iglesias protegería a todos aquellos que se quedaron sin empleo y sin ingresos a causa de la crisis del coronavirus tiene un millón de agujeros, tantos como personas siguen sin cobrar las prestaciones o créditos prometidos por el Ejecutivo. En total, medio millón de afectados por un ERTE, según los sindicatos, y 600.000 autónomos sin acceso a liquidez para afrontar sus costes fijos de negocio.
En lugar de impulsar una política de reducción de cargas fiscales a las pequeñas y medianas empresas, el Ejecutivo ha pretendido tapar el boquete con tiritas. Muchos de los que ahora se han visto afectados por expedientes de regulación temporal de empleo perderán su trabajo, porque más de un millón de empresas tendrán enormes dificultades para seguir adelante.
Las «colas del hambre» cada día son más y más largas y revelan con toda su crudeza el estado real de un país que se ha cansado de las soflamas de un Ejecutivo inoperante. La imagen es el retrato más áspero de una España real, la fotografía más dura de una nación maltrecha por la incapacidad supina de un Gobierno que presume de haber desplegado un escudo social que es una falacia.
Las cifras del paro y de afiliaciones a la Seguridad Social demuestran que el mercado de trabajo español (que ya venía dando tumbos ante de la crisis del coronavirus) se ha quebrado de raíz. Y que el «escudo social» del Gobierno (es decir, el subsidio) es lo mismo que ponerse debajo de la tormenta cubriéndose la cabeza con papel de periódico. El Ejecutivo socialcomunista parece ciego ante la evidencia y presume de eficacia, exhibiendo como un triunfo que más de 5 millones de personas reciban en la actualidad prestaciones del Estado, obviando que es mejor ayudar a crear empleo que subsidiar el desempleo.
La crisis del coronavirus ha puesto en entredicho la gestión de las residencias de ancianos en España, el colectivo más afectado por esta pandemia y, a su vez, el más desprotegido. La pasividad e inacción de las administraciones con la gente mayor ingresada en asilos ha sido de escándalo. Pero es que sigue siéndolo.
Los gestores de este tipo de centros fueron los primeros en advertir que sus instalaciones “son hogares, no hospitales”, sin protocolos ni medios para proteger o aislar a los usuarios para protegerlos en una pandemia de estas características. ¿Cuándo habrá un nuevo protocolo de actuación que subsane los errores cometidos?
Por otro lado, la opacidad de lo que ha ocurrido en las residencias es alarmante. Lo más sorprendente de todo es que el Gobierno argumenta sin sonrojarse que carece de datos fiables, como si esta fuera una excusa y no la raíz del problema. Sanidad alega “discrepancias” con la información proporcionada por las comunidades autónomas, que desde el 23 de marzo estaban obligadas a actualizar los datos de las residencias al ministerio dos veces por semana. Son tantos los errores en los datos que no es posible dar una cifra verosímil de fallecimientos en residencias (y en todo lo demás).
Confirma que carecemos -a mediados de julio- de información actualizada sobre el número de personas fallecidas en las residencias, de las causas y de las fechas. Tampoco sabemos los nombres de las víctimas. Solo sabemos que ascienden, al menos, a 27.359 (entre confirmados, sospechosos de covid-19 y otras causas), aunque el propio informe del ministerio (que tildan de "borrador") reconoce que hay una gran discrepancia en esa cifra y podría haber hasta 5.500 fallecidos más.
¿En serio han tenido que pasar cuatro meses para que Sanidad reconozca que los datos de las comunidades autónomas sobre las residencias no son fiables? ¿No podía haberlos reclamado antes? ¿Cuándo se va a dotar a los servicios de Salud Pública de los medios que necesitan para procesar la información crucial en medio de una pandemia?
El debate político de los últimos meses se ha convertido en un muladar donde se vierten todo tipo de disputas desechables, alimentadas en su mayor parte por bastardos intereses. Las principales formaciones democráticas, acosadas por la radicalización de la vida política, se están mostrando incapaces de llegar a ningún tipo de acuerdo, lo que dará lugar a una sucesión de gobiernos agonizantes dentro de un Parlamento reducido a una función meramente institucional pero inane como verdadero poder legislativo.
El fenómeno de la excepcionalidad se ha instalado como mecanismo de gobernanza. El abuso en la labor del Ejecutivo ha sido una constante de los últimos 4 meses, que amenaza ahora la esencia de la democracia de cara a ese eufemismo preñado de carga doctrinal que han dado en llamar la 'nueva normalidad'.
El resultado es un programa autoritario avanzado que lo mismo sirve para depurar las estructuras de mando de la Guardia Civil que para entregar la gestión del ingreso mínimo vital al PNV o anunciar la derogación 'íntegra' de la reforma laboral en consideración a los herederos de ETA. La prostitución del modelo tradicional de convivencia es evidente y se puede observar también en los pequeños detalles, para lo cual solo hace falta reparar en la arrogancia del comandante Iglesias.
El vicepresidente ejerce la plena soberanía de su posición como aliado preferente y socio indispensable del PSOE para figurar en lo más alto del Gobierno, desde donde pretende abordar un cambio del modelo social y económico que, amparado en los más encomiables esfuerzos de reconstrucción patria, otorgan al supremo jefe de Podemos un salvoconducto especial para hacer de su capa un sayo en la nueva España post-coronavirus.
Iglesias trata de instaurar una égida repartiendo carnés de demócratas a todos sus deudos y simpatizantes, al tiempo que destierra de su particular paraíso a cualquiera de los que se atreven a poner en solfa sus aviesas intenciones, desde los medios de comunicación a los jueces.
El partido marxista ha inclinado el terreno político a su favor, secuestrando la voluntad de un presidente del Gobierno que no está dispuesto a perder por nada del mundo su alquiler de cuatro años en La Moncloa. El resultado es un programa de máximos, promovido a prueba de herejes pero a mucha honra de su principal inquisidor. Un plan que lamentablemente sólo podrá encontrar réplica adecuada en instancias europeas, cuando el chirrido del estado de alarma y la 'nueva normalidad' de España termine atronando a los más puros oídos de Bruselas.
La nueva normalidad es una dictadura tecnosanitaria. Con el decreto de nueva normalidad, el Gobierno pretende modificar el régimen de derechos y libertades de los ciudadanos 'hasta que el Ejecutivo así lo considere'. Al ser tramitado como proyecto de ley implica que echará raíces para convertirse en legislación con aspiración de permanecer largo tiempo. De esta forma, el Ejecutivo se asegura tutelar la vida de los españoles post-pandemia por tiempo indeterminado (¿indefinidamente?).
El decretazo establece una serie de restricciones que deberán llevar a cabo forzosamente las autonomías. Así que, de facto, el Gobierno mantendrá gran parte de las medidas precautorias del estado de alarma, si bien ya gestionadas por las comunidades y no por el mando único (así, si algo sale mal, podrá echar balones fuera). El problema es que vivimos en un mundo diseñado para la vieja normalidad, y algunos sectores tienen especialmente complicada esa nueva normalidad por la cantidad de adaptaciones que van a tener que hacer de cara a retomar la actividad (aerolíneas, bares, restaurantes, discotecas, gimnasios...).
Aún así, el decreto de nueva normalidad tiene muchas lagunas por cubrir, sobre todo en los ámbitos sanitario y económico. Es un documento exiguo, inconcreto y confuso, y debe completarse con una serie de medidas imprescindibles que han de añadirse en su tramitación como proyecto de ley: planes de contingencia frente a los rebrotes puntuales o excepcionales, mecanismos de rastreo, refuerzo de la sanidad exterior, fortalecimiento del consejo interterritorial de salud y más medios para Sanidad, entre otras.
Por otro lado, da muy mala espina que el Ejecutivo se haya embarcado en la construcción legislativa de una “nueva normalidad” escogiendo, de entre las herramientas jurídicas posibles, aquélla que le permite puentear el control de las medidas gubernamentales por el poder judicial. Porque el Ejecutivo se ha guardado un as en la manga con este párrafo: "con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administración General del Estado promoverá, coordinará o adoptará de acuerdo con sus competencias cuantas medidas sean necesarias".
Lo importante es preparar el sistema sanitario para que el crecimiento de casos no comprometa otra vez las demás actividades habituales, y que la solución no sea volver a paralizar el país y encerrar de nuevo a la gente en sus casas. Sin embargo, se han centrado en seguir cercenando nuestros derechos sine die.
O estado de alarma o estado de alarma, seguimos sin Plan B. A pesar de que Sánchez acordó (en la sexta y última prórroga del estado de alarma) con Ciudadanos y ERC trabajar en la reforma de las leyes sanitarias para establecer una alternativa al estado de alarma, la idea ha quedado aparcada. Y lo hace cuando tenemos 361 brotes activos en nuestro país (a fecha 29 de julio), cuando tomar medidas para atajar el virus en determinadas regiones (como Cataluña) es más que necesario.
Sánchez debía articular un mecanismo alternativo al de estado de alarma, que pueda garantizar la cogobernanza con las CCAA e incrementar la protección de los derechos fundamentales y libertades ciudadanas ante una situación análoga a la padecida por los efectos del Covid-19. Sin embargo, Sánchez prefiere apurar al límite mientras el virus se sigue expandiendo por todo el país, y, ante la falta de alternativas, volverá a decretar la alarma en septiembre, otorgándose de nuevo poderes ilimitados.
Desde Moncloa se excusan en que ahora lo prioritario es "reaccionar rápido a los rebrotes concretos con consentimiento judicial". Pero como hemos visto en Cataluña, este consentimiento no siempre está garantizado y el juez puede tumbarlo. Torra se ha visto obligado a aprobar un decreto-ley que le permita confinar a la población por su cuenta y riesgo, es decir, a imponer su propio estado de alarma catalán.
Lo único que ha hecho el Ejecutivo es modificar, con una disposición adicional del decreto de la nueva normalidad, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, pero solo cuando la situación esté ya descontrolada y se vean afectadas varias CCAA. Es decir, cuando ya no haya marcha atrás.
Hay decisiones difícilmente comprensibles: ¿por qué los colegios se han mantenido cerrados en España durante la ventana de mayo y junio, cuando se reabrieron en casi todos los países de Europa? ¿Por qué no se ha habilitado, de manera excepcional, julio como mes escolar?
Por qué no se buscan soluciones para desdoblar horarios, utilizar las aulas de los institutos u otras instalaciones municipales, o contratar temporalmente profesores para garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Estrujarse los sesos antes de aceptar como inevitable el cierre de los colegios a partir de septiembre.
Y, en paralelo, preparar desde ya la eventualidad (nada desdeñable) de que el próximo curso escolar sea enteramente 'online'. Utilizando la infraestructura disponible en instituciones como la UNED para extenderla a otros niveles educativos. Garantizando los medios necesarios a los alumnos y preparando unos contenidos con un nivel mínimo de calidad a los profesores (evitando que miles de docentes tengan que preparar a todo correr contenidos en formato digital para sus clases). Por mucho que levante sarpullidos cada vez que el Gobierno central interviene en la planificación educativa. Más sarpullidos (y dudas constitucionales) provoca confinar a la población durante meses en sus casas.
Recortes en Sanidad
Las políticas de recortes en los servicios públicos exigidas por Europa y llevadas a cabo por las diferentes comunidades autónomas han llevado al sofocamiento al sistema sanitario, el cual ya estaba muy dañado antes de la actual crisis. Situación que ha sido denunciada en múltiples ocasiones por los trabajadores del sistema público de salud. En España hay un problema estructural en el sector público de la sanidad, que se traduce en un elevado porcentaje de empleados públicos temporales o eventuales, denotando un falta inadmisible de previsión y organización, un trato más que irrespetuoso a los profesionales sanitarios, y la consiguiente pauperización de la calidad en la asistencia.
En España tenemos 4 médicos por cada 1.000 habitantes. Pero en los dos últimos años se han ido a ejercer fuera de nuestro país 4.600 titulados, una cifra superior a más de la mitad de los nuevos MIR. Esta fuga de talentos nos pasa factura. ¿Por qué se van? Sobre todo, por la precariedad laboral, ya que abundan los contratos de meses o días, algo que hace inviable planificar un futuro. Actualmente, los médicos tienen que hacer de 4 a 6 guardias mensuales para cubrir las necesidades del servicio, un sistema que permite a la administración ahorrar puestos de trabajo ya que con un facultativo se cubren tres turnos; pero es que encima no les computan a la hora de calcular el periodo cotizado para poder acceder a la jubilación.
Cargas de trabajo excesivas, poco tiempo para el paciente, demasiadas horas dedicadas a burocracia... son las quejas que trasladan los sindicatos y asociaciones. También la diferencia salarial es un motivo para emigrar. La OCDE sitúa las remuneraciones de los facultativos en España entre las más bajas de los países avanzados.
A la luz de esta visión cortoplacista de gestión, y viendo como se han comportado nuestros gestores ante esta pandemia, no es de extrañar que el sistema haya hecho aguas, y ya hemos visto las consecuencias de este tipo de contrataciones precarias. Lo peor de todo es que estas malas prácticas se están repitiendo de nuevo. De hecho, unos 4.600 MIR de la Comunidad de Madrid están llamados a una huelga indefinida desde el 17 de julio para conseguir un convenio que mejore sus condiciones laborales.
El Sindicato de Enfermería (Satse) advierte de que los recortes de verano en los hospitales y centros de salud suponen 7.000 camas menos, ya que "se ha priorizado el ahorrar dinero a costa de la salud y seguridad de ciudadanos y pacientes", pese a que el coronavirus sigue entre nosotros y está habiendo ya numerosos (y preocupantes) rebrotes.
Para más Inri, justo en el momento en que los rebrotes se extienden por todo el territorio español, el Gobierno socialcomunista acaba de dejar sin efecto la protección de accidente laboral a los sanitarios que caigan enfermos por el virus. Es decir, que en lugar de ampliar la cobertura, dada la actual situación, el Ejecutivo decreta que desde el día 22 de julio, los sanitarios que enfermen de ahora en adelante ya no tendrán esa "cobertura especial".
A todo ello se une que ahora, los centros de atención primaria tienen que asumir la recogida de muestras para pruebas PCR de los pacientes sospechosos de haberse contagiado, la trazabilidad y el control de los contactos, así como el seguimiento de los casos de coronavirus.
Y en lugar de reforzarse las plantillas de enfermeras, médicos y fisioterapeutas, se está volviendo a cometer el grave error de todos los veranos de dejarlas "bajo mínimos", al no sustituir a todos los profesionales que tienen vacaciones o están de baja por enfermedad, embarazo o cualquier otra incidencia, sobrecargando al personal sanitario que trabaja durante el periodo estival, a pesar del sufrimiento inhumano que han soportado durante los meses de pandemia.
Pero es que ya no hablamos exclusivamente de coronavirus. Los hospitales y centros de salud deben ahora recuperar el tiempo perdido y hacer frente a la lista de espera de pacientes de otras patologías (sin cifras todavía, ni los centros ni la Consejería de Sanidad dan números) que quedaron suspendidas durante tres meses por la pandemia. Pacientes que han aguantado en sus casas por miedo al contagio en los hospitales con patologías agudizadas, listas de espera quirúrgicas o de especialidades, pruebas diagnósticas...
O sea, se mire por donde se mire, se necesita personal sanitario de refuerzo. El propio Gobierno socialcomunista ha reconocido la escasez de medios en un documento recién firmado, pero no ha puesto medidas al respecto, salvo despidos.
El Gobierno se comprometió a reforzar y mejorar el Sistema Nacional de Salud una vez pasase esta crisis sanitaria. Sin embargo, casi la mitad del personal sanitario contratado durante los meses del estado de alarma se han quedado en el paro. Concretamente, 18.000 sanitarios han perdido su empleo después de haber luchado a brazo partido en plena pandemia en unas condiciones penosas.
Y ojo! La OMS ya ha advertido lo que los países deberían hacer en estos momentos: Invertir en salud y protección social, especialmente cuando la economía es inestable, es la marca de la acción política responsable.
Pero, para variar, Sánchez hace oídos sordos a la OMS. Más allá de la retórica hueca del «escudo social», lo cierto es que nada ha cambiado. Mientras al Ejecutivo socialista se le llena la boca presumiendo de no dejar a nadie en la estacada y prometiendo más medios para reforzar el sistema sanitario, se desentiende de la situación de colapso económico que atraviesan las autonomías, abocadas a despedir a la mitad de los profesionales que fueron contratados cuando la situación en los hospitales era desesperada.
Ante semejante debacle, el gobierno de coalición y sus altavoces mediáticos no han tardado en buscar chivos expiatorios. Dicen que la clave de lo sucedido está (¡cómo no!) en "los recortes del PP" de la anterior legislatura, si bien los datos demuestran que el gasto sanitario subió un 13% en los principales feudos autonómicos gobernados por los populares y bajaron un 4% en los gobernados por el PSOE.
Y es que la situación de los recortes sanitarios viene de atrás. Cuando el coronavirus asomaba, el sector sanitario español afrontaba la crisis con un recorte de casi 19.000 profesionales sanitarios, entre médicos, enfermeros, celadores y demás trabajadores, en los meses de enero y febrero. Dicho de otro modo: cuando todas las organizaciones alertaban de la inminencia de un estallido vírico, Sánchez hizo oídos sordos a las recomendaciones, negó la evidencia y, en el colmo de la incompetencia, no informó a las Comunidades del peligro que se nos venía encima. Y lo que es mucho más grave: dejó que estas siguieran recortando plantillas. Un gobernante sensato habría hecho lo contrario de lo que hizo Pedro Sánchez.
Para justificar su negligencia, Sánchez es muy posible que recurra al argumento de que las competencias en Sanidad están transferidas a las autonomías y que la responsabilidad de los recortes es de los distintos Gobiernos regionales, pero lo que no podrá decir nunca es que no conocía de primera mano el riesgo sanitario que se avecinaba. Lo sabía y, pese a ello, no movió un dedo, negó que España corriera peligro y, en definitiva, vendió la idea de que eso del coronavirus estaba controlado porque, al fin y al cabo, no pasaba de ser algo muy parecido a una gripe.
Cuando se quiso reaccionar, era ya muy tarde. La decisión en marzo de contratar de urgencia a 11.767 sanitarios no suplía los puestos perdidos previamente y, además, no evitaba el colapso hospitalario, que tuvo fatales consecuencias.
No fue hasta el 16 de junio cuando el Consejo de Ministros aprobó una ayuda global de 16.000 millones para las Comunidades Autónomas, de los que 9.000 millones deben ir destinados a Sanidad. Ni el dinero ha llegado en su totalidad, ni es suficiente para apuntalar el sector en pleno rebrote. Pero es que además, antes de ser entregado, ya ha sufrido un recorte de 1.000 millones (según lo anunciado el 2 de mayo iban a ser 10.000 millones para Sanidad).
El Gobierno también ha decidido el corte de los contratos de trabajadores predoctorales y postdoctorales ubicados en los centros de investigación públicos (esa sí que es responsabilidad directa del Ejecutivo socialcomunista). Como consecuencia, entre 700 y 725 científicos se irán también a la calle. Y esto en plena carrera para encontrar la vacuna y cuando la investigación es más importante que nunca.
Ausencia de contención presupuestaria
No hay dinero para Sanidad. Sin embargo, ahora que la situación de la economía española obliga a un ejemplo de mesura y contención, Sánchez sigue manteniendo y ampliando un gabinete elefantiásico con una estructura descomunal (22 ministerios y 4 vicepresidencias, además de cientos de asesores externos y altos cargos nombrados, por supuesto, 'a dedo'). Según el último informe del avance comentado de pagos de la Administración General del Estado, el coste es de 47,31 millones de euros en nóminas, una cantidad sin precedentes, a lo que hay que sumar dietas, manutención y demás pluses.
¿Tan difícil es de entender que en las actuales circunstancias urge reducir el Ejecutivo, por una elemental cuestión de contención presupuestaria? Y ya puestos, que los miembros del Ejecutivo socialista prediquen con el ejemplo y se rebajen el sueldo, para estar a la par que esa sociedad en transformación a la que se refiere Sánchez y que ha visto, en su inmensa mayoría, cómo se reduce su cuenta corriente.
La situación actual de la economía española es trágica, pero el Gobierno trata de minimizar la gravedad asegurando que el próximo ejercicio repuntará con fuerza para volver a la senda de crecimiento económico sostenido. Son ganas de hacerse trampas al solitario, porque el PIB caerá 13 puntos y el déficit alcanzará los dos dígitos, como sostienen la práctica totalidad de organismos nacionales e internacionales, mientras la deuda rebasará con creces el 123% del PIB y el paro superara el 20%. Y en ese escenario, el Ejecutivo socialista insiste en aumentar el gasto público.
Subida de impuestos
El gobierno socialcomunista sigue sin entender que lo que nos va a sacar de la crisis es el sector privado. Como consecuencia de la pandemia, se ha elevado el gasto público (resultado de financiar las medidas de emergencia) y se han desplomado los ingresos a las arcas del Estado (tanto por el cese abrupto de actividad, como por las medidas de alivio fiscal). Es decir, España necesita ahora costear un mayor gasto, pero tiene menos recursos para hacerlo.
¿Qué hará el Gobierno para solucionarlo? En lugar de reducir gastos, lo que va a hacer el Ejecutivo es subir los impuestos (e incluso crear algunos nuevos).
Todo lo contrario a lo que recomiendan economistas y expertos fiscalistas, cuya respuesta es unánime: una subida de impuestos se traducirá en menos crecimiento y menos empleo. Cuando pase la crisis sanitaria no hay que subir impuestos, sino bajarlos para incentivar la actividad de empresas y autónomos; poniendo facilidades y estimulando la actividad privada por el lado impositivo es la manera de reflotar el país y obtener ingresos.
La mejor manera de consolidar las finanzas públicas es priorizando el crecimiento mediante la libertad de empresa y la libertad económica, pero claro, España es el peor país del Mediterráneo en esa materia. La política fiscal debería ponerse al servicio de la creación de empleo, porque solo consiguiendo recuperar el nivel de empleo se obtendrán ingresos sostenibles y se incentivará el consumo.
La receta de los expertos: incentivos impositivos para empresas y autónomos.
El objetivo: no asfixiar a las pymes y autónomos, que han de ser los que recuperen el país.
Por su parte, el Banco de España también ha hecho un llamamiento a todas las formaciones políticas para pactar un programa de reformas estructurales, que permitan el saneamiento de las cuentas públicas (eliminando los gastos "superfluos e ineficientes"), una revisión del gasto y la mejora de los ingresos fiscales, que se deberá mantener durante varias legislaturas. Lo mismito que dice Bruselas, no veremos ni un euro de la UE si no se hacen reformas estructurales.
Tijeretazo al Tercer Sector
El Gobierno socialcomunista le meterá un tijeretazo al Tercer Sector de Acción Social, compuesto por 28.000 ONG que realizan labores sociales troceando la casilla del 0,7% del IRPF de interés social y del Impuesto de Sociedades. Pablo Iglesias ha cambiado la fórmula del reparto para untar a todas aquellas organizaciones ecologistas y de cooperación que están en sus coordenadas ideológicas.
Antes, el total recaudado a través del 0,7% del IRPF era gestionando en un 80% por las Comunidades Autónomas y en un 20% por el Estado. Ahora, las entidades estatales podrán gestionar solo el 14%. Esta reducción del 20% al 14% les supone una pérdida de 14,5 millones de euros.
En un momento en que la crisis del coronavirus ha dejado a millones de personas en situación límite, las entidades del Tercer Sector de Acción Social se han erigido en el auténtico escudo social, no como ese otro 'otro escudo' que vende el Ejecutivo socialcomunista y que se ha demostrado ineficaz. Han sido las organizaciones que realizan labores sociales las que han estado ahí, a pie de calle, socorriendo a los más necesitados. Y serán ellas, precisamente, las que salgan más castigadas a causa del nuevo reparto promovido por Iglesias.
Sin control epidemiológico
El Gobierno se niega a implementar controles efectivos (como la realización de test PCR en el país de origen de los viajeros que acuden a España) en el aeropuerto de Barajas para impedir que se convierta en un coladero de coronavirus. Y ello pese a que el propio Ministerio de Sanidad consideraba, allá por el 10 de febrero, que las medidas adoptadas (toma de temperatura, inspección ocular y rellenar un formulario de localización) eran de «efectividad incierta».
28 de julio: Ya somos oficialmente los APESTADOS DE EUROPA. 109 países tienen en vigor actualmente algún tipo de prohibición contra la entrada de españoles en sus territorios, y otros, como Reino Unido, Alemania, Escocia, Francia, Bélgica, Noruega, Irlanda, Países Bajos, Estonia, Lituania, Letonia, Finlandia y Austria nos han puesto algún tipo de veto, desde cuarentenas de 14 días a los viajeros que regresen de unas vacaciones en España, a peticiones expresas de evitar viajar a nuestro país.
Del mismo modo que el Ejecutivo ha ordenado unos controles en el aeropuerto de Barajas que son un prodigio de ineficacia, el descontrol a la hora de intensificar la vigilancia sobre los inmigrantes ilegales que entran en España es clamoroso. La entrada ilegal de inmigrantes sin papeles se ha convertido en una puerta abierta a los rebrotes de coronavirus y, pese a ello, el Ejecutivo sigue sin reforzar los controles ni exigir la obligatoriedad de realizar test. O sea, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue jugando a la ruleta rusa.
Lo que demuestra que, mientras Sánchez apela a la responsabilidad de los españoles para evitar nuevos brotes y nos recuerda que «el virus sigue ahí», quien exhibe una actitud absolutamente irresponsable es el Gobierno.
Y no solo el gobierno central, sino también el autonómico, que está cometiendo los mismos errores que cometió Sánchez el pasado mes de marzo. Por ejemplo, permitir el éxodo masivo de personas (contagiadas o no) tanto en Lleida como en A Mariña, al anunciar el confinamiento perimetral de la zona días antes de su aplicación.
El caso es culpabilizar a los ciudadanos. Jugada maestra de dominio psicológico. Como no hemos sido buenos y responsables, ahora el Gobierno nos tiene que pegar unas nalgadas y mandarnos al cuarto oscuro para que reflexionemos y purguemos la culpa. Lo que está padeciendo la sociedad es un combinado entre el síndrome de la mujer maltratada y el síndrome de Estocolmo.
Sin rastreadores
También nos estamos enfrentando a la estupidez humana, como la convocatoria de un partido de fútbol de contagiados contra sanos que la policía frustró en cuanto tuvo noticia de él; botellones masivos en la playa; concentraciones de miles de personas sin mascarillas ni distancia de seguridad para recibir al Cádiz Club de Fútbol tras su ascenso a primera división... Noticias como éstas se multiplican diariamente en los telediarios.
Y así es como criticar al más imprudente del barrio sirve de desahogo para el vecindario, pero sobre todo para los políticos, que salen a menudo a recordarnos que está en nuestra mano frenar el contagio del virus. Como si no estuviera también en la suya garantizar la mejora de las condiciones sanitarias y de control epidemiológico para frenar los rebrotes. Es más fácil, claro, echar la culpa a unos cuantos irresponsables que asumir que los gobiernos regionales siguen sin establecer suficientes mecanismos para el control de la pandemia. Pero mientras el virus siga aquí, no bastará con apelar a la responsabilidad individual.
Como no hay directrices claras, cada comunidad hace lo que le parece con los brotes, en función de las presiones locales y la información de la que disponga (confinamientos perimetrales de comarcas, cierre de locales nocturnos, recomendaciones de permanecer en nuestras casas...). Y mientras aumentan los contagios, cada gobierno autonómico sigue contabilizando los positivos y comunicándolos como les parece.
Y lo más inquietante es que muchos de ellos ni siquiera se estén detectando por falta de personal para rastrearlos.
Se suponía que estos meses de tregua debían servir para fortalecer mecanismos de control, tanto la mejora de la capacidad sanitaria como la de rastreo. De ahí el riesgo de explicar los brotes de coronavirus haciendo hincapié únicamente en las acciones individuales de los ciudadanos, en si fueron o no a la playa o a la discoteca con o sin mascarilla; en un intento de hacernos olvidar que la responsabilidad es de los gestores de lo público y que, cuatro meses después del inicio de la crisis, aún no han organizado un sistema de rastreo eficiente para localizar los brotes.
Sin embargo, Sanidad no ha fijado en España ningún umbral mínimo de rastreadores que deban tener las comunidades. A los gobiernos regionales solo se les exige que tengan “capacidad suficiente” de rastreo, pero nadie ha querido poner cifras para explicar qué significa eso. Tampoco ha especificado cuáles son las autonomías que necesitan refuerzos, aunque el Ministerio de Illa reconoce que las hay. La 'app' que iba a ayudar en la tarea de localizar los contagiados en zonas de riesgo sigue en fase de prueba.
Otros países sí que han fijado parámetros objetivos. Mientras que en Alemania, por ejemplo, hay un rastreador por cada 4.000 habitantes, en Madrid y en Cataluña tocamos a menos de un rastreador por cada 30.000 habitantes (es decir, 7 veces menos). Normal que médicos y epidemiólogos denuncien aquí la falta de medios para evitar que de un brote aislado pase a la transmisión comunitaria, como ha pasado en pocos días en Barcelona.
Alemania también decretó un umbral de contagios a partir del cual empiezan las restricciones. Es el mismo en toda Alemania. Si se llega a 50 contagios semanales por cada 100.000 personas, empieza el confinamiento estricto de la zona. En España, sin embargo, seguimos sin tener claro qué umbral de contagios debe llevar al confinamiento de una población. Ni se han aprovechado estos meses para aprobar los mecanismos jurídicos que faciliten la toma de medidas de forma flexible y ágil, ni tampoco se han mejorado las condiciones del sistema de atención primaria.
Es probable que la ratio de ciudadanos irresponsables por cada 100.000 habitantes no difiera mucho entre países, pero la de los rastreadores sí que marca la diferencia.
Sin material sanitario
Una de las medidas pactadas en el Comité de Reconstrucción fue la creación de un depósito estratégico de material sanitario, para que no se produzcan desabastecimientos como el que ocurrió en las primeras semanas del estado de alarma, así como la producción nacional de dicho material.
Para crear esa reserva estratégica, el ministerio de Sanidad licitó el 21 de julio un megacontrato "por trámite de emergencia" de 2.009 millones más IVA en material sanitario (batas, guantes, mascarillas, test...) con destino a varias CC.AA. y organismos de la administración del estado. En poco más de una semana, lo ha tenido que parar. Las cantidades pedidas no cubrían las necesidades de todas las comunidades autónomas y había “riesgo de desabastecimiento”, con lo que habrá que esperar más para ampliar el pedido. Sin embargo, el 2 de julio, Sánchez aseguraba en una entrevista en La Sexta que España contaba ya con reservas suficientes.
Además esta licitación impone unas condiciones económicas que dejan fuera del suministro de material a las empresas españolas del sector sanitario al exigirles contar con una facturación anual igual o superior al importe de los lotes (los mismos oscilan entre los 19,5 millones de euros y los 359 millones) y la práctica totalidad de las compañías españolas no alcanzan esos niveles. La industria española de este tipo de productos es pequeña y, por lo tanto, la condición impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, vuelve a dejar las compras de material anti Covid en manos de las grandes del sector: las compañías chinas; y ello en un momento en que se debería primar la producción nacional para intentar salvar empresas ante la debacle económica a la que nos enfrentamos.
Sin balance de daños
A día de hoy, aún no tenemos (ni tendremos) un balance de daños humanos. No sabemos el número de fallecidos en hospitales, en residencias de ancianos, en domicilios... Tampoco sabemos el número real de contagiados, y no solo hablamos de ciudadanos 'de a pie', sino también del personal sanitario, o de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Durante toda la pandemia, las estadísticas oficiales han sido un caos, por un lado por los constantes cambios en la metodología de recuento, y por otro, porque el Gobierno ha falseado y manipulado descaradamente las estadísticas para tapar su incompetencia.
Pero es que ahora, con los rebrotes, seguimos igual. La diferencia entre los datos de Sanidad y las comunidades autónomas vuelve a ser abismal. Por ejemplo, el 11 de julio Sanidad notificaba 333 nuevos casos, mientras que solo Cataluña notificó 774. No solo ha ocurrido con el número de nuevos contagios diarios, sino también con el cómputo total de fallecidos. ¿Tan difícil es contar? No me lo explico.
¿Escudo social?
El Gobierno socialista ha venido presumiendo de haber desplegado un «escudo social» para proteger a los millones de personas que se han visto afectados por ERTEs como consecuencia de la crisis económica derivada del coronavirus, pero la realidad es dura y las promesas del Ejecutivo se desvanecen a medida que avanzan los días.
El escudo social que según Pablo Iglesias protegería a todos aquellos que se quedaron sin empleo y sin ingresos a causa de la crisis del coronavirus tiene un millón de agujeros, tantos como personas siguen sin cobrar las prestaciones o créditos prometidos por el Ejecutivo. En total, medio millón de afectados por un ERTE, según los sindicatos, y 600.000 autónomos sin acceso a liquidez para afrontar sus costes fijos de negocio.
En lugar de impulsar una política de reducción de cargas fiscales a las pequeñas y medianas empresas, el Ejecutivo ha pretendido tapar el boquete con tiritas. Muchos de los que ahora se han visto afectados por expedientes de regulación temporal de empleo perderán su trabajo, porque más de un millón de empresas tendrán enormes dificultades para seguir adelante.
Las «colas del hambre» cada día son más y más largas y revelan con toda su crudeza el estado real de un país que se ha cansado de las soflamas de un Ejecutivo inoperante. La imagen es el retrato más áspero de una España real, la fotografía más dura de una nación maltrecha por la incapacidad supina de un Gobierno que presume de haber desplegado un escudo social que es una falacia.
Las cifras del paro y de afiliaciones a la Seguridad Social demuestran que el mercado de trabajo español (que ya venía dando tumbos ante de la crisis del coronavirus) se ha quebrado de raíz. Y que el «escudo social» del Gobierno (es decir, el subsidio) es lo mismo que ponerse debajo de la tormenta cubriéndose la cabeza con papel de periódico. El Ejecutivo socialcomunista parece ciego ante la evidencia y presume de eficacia, exhibiendo como un triunfo que más de 5 millones de personas reciban en la actualidad prestaciones del Estado, obviando que es mejor ayudar a crear empleo que subsidiar el desempleo.
Residencias desprotegidas
La crisis del coronavirus ha puesto en entredicho la gestión de las residencias de ancianos en España, el colectivo más afectado por esta pandemia y, a su vez, el más desprotegido. La pasividad e inacción de las administraciones con la gente mayor ingresada en asilos ha sido de escándalo. Pero es que sigue siéndolo.
Los gestores de este tipo de centros fueron los primeros en advertir que sus instalaciones “son hogares, no hospitales”, sin protocolos ni medios para proteger o aislar a los usuarios para protegerlos en una pandemia de estas características. ¿Cuándo habrá un nuevo protocolo de actuación que subsane los errores cometidos?
Por otro lado, la opacidad de lo que ha ocurrido en las residencias es alarmante. Lo más sorprendente de todo es que el Gobierno argumenta sin sonrojarse que carece de datos fiables, como si esta fuera una excusa y no la raíz del problema. Sanidad alega “discrepancias” con la información proporcionada por las comunidades autónomas, que desde el 23 de marzo estaban obligadas a actualizar los datos de las residencias al ministerio dos veces por semana. Son tantos los errores en los datos que no es posible dar una cifra verosímil de fallecimientos en residencias (y en todo lo demás).
Confirma que carecemos -a mediados de julio- de información actualizada sobre el número de personas fallecidas en las residencias, de las causas y de las fechas. Tampoco sabemos los nombres de las víctimas. Solo sabemos que ascienden, al menos, a 27.359 (entre confirmados, sospechosos de covid-19 y otras causas), aunque el propio informe del ministerio (que tildan de "borrador") reconoce que hay una gran discrepancia en esa cifra y podría haber hasta 5.500 fallecidos más.
¿En serio han tenido que pasar cuatro meses para que Sanidad reconozca que los datos de las comunidades autónomas sobre las residencias no son fiables? ¿No podía haberlos reclamado antes? ¿Cuándo se va a dotar a los servicios de Salud Pública de los medios que necesitan para procesar la información crucial en medio de una pandemia?
Colapso del sistema democrático
El debate político de los últimos meses se ha convertido en un muladar donde se vierten todo tipo de disputas desechables, alimentadas en su mayor parte por bastardos intereses. Las principales formaciones democráticas, acosadas por la radicalización de la vida política, se están mostrando incapaces de llegar a ningún tipo de acuerdo, lo que dará lugar a una sucesión de gobiernos agonizantes dentro de un Parlamento reducido a una función meramente institucional pero inane como verdadero poder legislativo.
El fenómeno de la excepcionalidad se ha instalado como mecanismo de gobernanza. El abuso en la labor del Ejecutivo ha sido una constante de los últimos 4 meses, que amenaza ahora la esencia de la democracia de cara a ese eufemismo preñado de carga doctrinal que han dado en llamar la 'nueva normalidad'.
El resultado es un programa autoritario avanzado que lo mismo sirve para depurar las estructuras de mando de la Guardia Civil que para entregar la gestión del ingreso mínimo vital al PNV o anunciar la derogación 'íntegra' de la reforma laboral en consideración a los herederos de ETA. La prostitución del modelo tradicional de convivencia es evidente y se puede observar también en los pequeños detalles, para lo cual solo hace falta reparar en la arrogancia del comandante Iglesias.
El vicepresidente ejerce la plena soberanía de su posición como aliado preferente y socio indispensable del PSOE para figurar en lo más alto del Gobierno, desde donde pretende abordar un cambio del modelo social y económico que, amparado en los más encomiables esfuerzos de reconstrucción patria, otorgan al supremo jefe de Podemos un salvoconducto especial para hacer de su capa un sayo en la nueva España post-coronavirus.
Iglesias trata de instaurar una égida repartiendo carnés de demócratas a todos sus deudos y simpatizantes, al tiempo que destierra de su particular paraíso a cualquiera de los que se atreven a poner en solfa sus aviesas intenciones, desde los medios de comunicación a los jueces.
El partido marxista ha inclinado el terreno político a su favor, secuestrando la voluntad de un presidente del Gobierno que no está dispuesto a perder por nada del mundo su alquiler de cuatro años en La Moncloa. El resultado es un programa de máximos, promovido a prueba de herejes pero a mucha honra de su principal inquisidor. Un plan que lamentablemente sólo podrá encontrar réplica adecuada en instancias europeas, cuando el chirrido del estado de alarma y la 'nueva normalidad' de España termine atronando a los más puros oídos de Bruselas.
La nueva normalidad por Decreto
La nueva normalidad es una dictadura tecnosanitaria. Con el decreto de nueva normalidad, el Gobierno pretende modificar el régimen de derechos y libertades de los ciudadanos 'hasta que el Ejecutivo así lo considere'. Al ser tramitado como proyecto de ley implica que echará raíces para convertirse en legislación con aspiración de permanecer largo tiempo. De esta forma, el Ejecutivo se asegura tutelar la vida de los españoles post-pandemia por tiempo indeterminado (¿indefinidamente?).
El decretazo establece una serie de restricciones que deberán llevar a cabo forzosamente las autonomías. Así que, de facto, el Gobierno mantendrá gran parte de las medidas precautorias del estado de alarma, si bien ya gestionadas por las comunidades y no por el mando único (así, si algo sale mal, podrá echar balones fuera). El problema es que vivimos en un mundo diseñado para la vieja normalidad, y algunos sectores tienen especialmente complicada esa nueva normalidad por la cantidad de adaptaciones que van a tener que hacer de cara a retomar la actividad (aerolíneas, bares, restaurantes, discotecas, gimnasios...).
Aún así, el decreto de nueva normalidad tiene muchas lagunas por cubrir, sobre todo en los ámbitos sanitario y económico. Es un documento exiguo, inconcreto y confuso, y debe completarse con una serie de medidas imprescindibles que han de añadirse en su tramitación como proyecto de ley: planes de contingencia frente a los rebrotes puntuales o excepcionales, mecanismos de rastreo, refuerzo de la sanidad exterior, fortalecimiento del consejo interterritorial de salud y más medios para Sanidad, entre otras.
Por otro lado, da muy mala espina que el Ejecutivo se haya embarcado en la construcción legislativa de una “nueva normalidad” escogiendo, de entre las herramientas jurídicas posibles, aquélla que le permite puentear el control de las medidas gubernamentales por el poder judicial. Porque el Ejecutivo se ha guardado un as en la manga con este párrafo: "con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administración General del Estado promoverá, coordinará o adoptará de acuerdo con sus competencias cuantas medidas sean necesarias".
Lo importante es preparar el sistema sanitario para que el crecimiento de casos no comprometa otra vez las demás actividades habituales, y que la solución no sea volver a paralizar el país y encerrar de nuevo a la gente en sus casas. Sin embargo, se han centrado en seguir cercenando nuestros derechos sine die.
Sin Plan B
O estado de alarma o estado de alarma, seguimos sin Plan B. A pesar de que Sánchez acordó (en la sexta y última prórroga del estado de alarma) con Ciudadanos y ERC trabajar en la reforma de las leyes sanitarias para establecer una alternativa al estado de alarma, la idea ha quedado aparcada. Y lo hace cuando tenemos 361 brotes activos en nuestro país (a fecha 29 de julio), cuando tomar medidas para atajar el virus en determinadas regiones (como Cataluña) es más que necesario.
Sánchez debía articular un mecanismo alternativo al de estado de alarma, que pueda garantizar la cogobernanza con las CCAA e incrementar la protección de los derechos fundamentales y libertades ciudadanas ante una situación análoga a la padecida por los efectos del Covid-19. Sin embargo, Sánchez prefiere apurar al límite mientras el virus se sigue expandiendo por todo el país, y, ante la falta de alternativas, volverá a decretar la alarma en septiembre, otorgándose de nuevo poderes ilimitados.
Desde Moncloa se excusan en que ahora lo prioritario es "reaccionar rápido a los rebrotes concretos con consentimiento judicial". Pero como hemos visto en Cataluña, este consentimiento no siempre está garantizado y el juez puede tumbarlo. Torra se ha visto obligado a aprobar un decreto-ley que le permita confinar a la población por su cuenta y riesgo, es decir, a imponer su propio estado de alarma catalán.
Lo único que ha hecho el Ejecutivo es modificar, con una disposición adicional del decreto de la nueva normalidad, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, pero solo cuando la situación esté ya descontrolada y se vean afectadas varias CCAA. Es decir, cuando ya no haya marcha atrás.
Estamos ante una estrategia política y no ante un problema sanitario
Sin plan para la vuelta al cole
Hay decisiones difícilmente comprensibles: ¿por qué los colegios se han mantenido cerrados en España durante la ventana de mayo y junio, cuando se reabrieron en casi todos los países de Europa? ¿Por qué no se ha habilitado, de manera excepcional, julio como mes escolar?
Por qué no se buscan soluciones para desdoblar horarios, utilizar las aulas de los institutos u otras instalaciones municipales, o contratar temporalmente profesores para garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Estrujarse los sesos antes de aceptar como inevitable el cierre de los colegios a partir de septiembre.
Y, en paralelo, preparar desde ya la eventualidad (nada desdeñable) de que el próximo curso escolar sea enteramente 'online'. Utilizando la infraestructura disponible en instituciones como la UNED para extenderla a otros niveles educativos. Garantizando los medios necesarios a los alumnos y preparando unos contenidos con un nivel mínimo de calidad a los profesores (evitando que miles de docentes tengan que preparar a todo correr contenidos en formato digital para sus clases). Por mucho que levante sarpullidos cada vez que el Gobierno central interviene en la planificación educativa. Más sarpullidos (y dudas constitucionales) provoca confinar a la población durante meses en sus casas.