Hace dos semanas que dejamos atrás el confinamiento totalitario impuesto por Sánchez, dos semanas que dejamos atrás un estado de alarma que ha durado 98 días. Llevamos apenas dos semanas de 'nueva normalidad'; vamos a trabajar, a la playa, a restaurantes y terrazas, nos reunimos con amigos y familiares, las fronteras están abiertas (sin control) para recibir masivamente a los turistas, etc. Y de forma inevitable han comenzado los rebrotes... y la vuelta al confinamiento. Eso sí, esta vez "selectivo".
Quizás porque nuestros aeropuertos se han convertido en un coladero de coronavirus, quizás porque el virus sigue transmitiéndose silenciosamente a través de los asintomáticos (que siguen sin detectarse porque el Gobierno se mantiene en sus trece de no hacer test masivos), quizás porque acogemos a inmigrantes ilegales o traemos temporeros sin hacerles antes las pruebas, y quizás también porque hay actitudes irresponsables en algunos ciudadanos, especialmente los jóvenes con sus botellones y el ocio nocturno descontrolado (solo el 40%, según Sanidad).
El caso es que los nuevos casos de Covid-19 en España han crecido de manera exponencial en los últimos días, y el coronavirus se ha extendido otra vez por todo el país (hay73 brotes activos a fecha 9 de julio, 120 brotes a 13 de julio, con 2.139 casos, 361 brotes a 29 de julio).
Nos dicen que los nuevos brotes "están controlados", gracias al 'estupendo' plan de detección y rastreo que han puesto en marcha. Pero también nos dijeron el 31 de enero que "España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado".
La alarmante cantidad de nuevos contagios ya está causando estragos en algunas poblaciones. Por segunda vez en apenas un trimestre, la amenaza del contagio ha privado a más de 300.000 españoles de sus más elementales derechos. Entre ellos, el de la libertad de circulación y el de ganarse honradamente la vida.
Tal es el caso de la comarca de A Mariña (192 casos positivos), en Lugo, y la comarca de El Segriá (1.295 contagiados), en Lleida, que han tenido que volver a un confinamiento perimetral (no se puede entrar ni salir de la comarca). Y en Euskadi se están planteando confinar la localidad de Ordizia (Guipuzkoa) por un rebrote con 69 positivos producido en una zona de bares.
También en Albacete el gobierno de Castilla - La Mancha ha ordenado el confinamiento domiciliario de los habitantes de un edificio concreto ante un brote de contagios; y en Santander hay otro edificio que permanece confinado.
Entonces, ¿se puede confinar sin estado de alarma? Sánchez juraba y perjuraba que no; decía que no había alternativa a su abusivo y totalitario estado de alarma, y lo prorrogó hasta en seis ocasiones, durante 98 días.
Evidentemente, la respuesta es un SÍ rotundo. Las Comunidades Autónomas tienen transferidas las competencias de Sanidad, y además, la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública indica en su artículo 3 que las autoridades sanitarias pueden adoptar las medidas que crean necesarias "para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible".
PERO la Ley de Salud Pública necesita para aplicarse la autorización del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
Lo que no permite dicha ley es imponer la Gran Reclusión. Para eso sí sería necesario el estado de alarma. Pero llegados a este punto me planteo otra cuestión: ¿era necesario confinar a TODO EL PAÍS, llevándolo a la hecatombe económica y a una dictadura militar? Mi opinión es un NO rotundo. Bastaría con haber aislado las zonas, regiones o comunidades donde la pandemia estaba desbocada. Es decir, aplicar un confinamiento selectivo (aislamiento de territorios específicos: localidades, municipios, barrios o edificios) y no un confinamiento domiciliario masivo a 47 millones de españoles.
Cabe preguntarse entonces por qué fuimos confinados en la completa geografía, en lugar de tan solo en aquellas poblaciones, barrios, polígonos o explotaciones agrícolas afectadas por el virus. Por qué, si entre una y otra población confinada distan (por ejemplo) 50 kilómetros, habiendo solo una de ellas registrado contagios, la que está libre se ha visto obligada a sufrir idénticas restricciones.
De hecho, el 'confinamiento selectivo' se hizo en Igualada y cuatro municipios colindantes (Cataluña), en zonas concretas de la costa murciana y en un hotel de Costa Adeje (Tenerife), antes de que Sánchez declarase el estado de alarma. Por tanto, se puede. Y se debe. Pero claro, esta medida no habría permitido a Sánchez auto proclamarse caudillo de España. Porque la Ley de Salud Pública sólo la pueden aplicar las comunidades autónomas, no el Gobierno.
Y cuando se puso en entredicho la necesidad de seguir prorrogando sine die el estado de alarma, los expertos constitucionalistas advirtieron que hay leyes ordinarias suficientes para que, sin estado de alarma, el Gobierno pudiera seguir dando respuesta sanitaria a la pandemia. Son cuatro:
* Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública,
* Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
* Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública,
* Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
Estas leyes permiten las suficientes medidas de control, medidas de hospitalización, de prudencia sanitaria o de higiene en el ámbito comercial como para, desde el punto de vista jurídico, haber puesto fin a la situación de excepcionalidad del estado de alarma mucho antes. ¿Por qué no se hizo?
A estas alturas ya todos sabemos que las razones por las que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se parapetó tras el estado de alarma han tenido poco o nada que ver con la protección de nuestra salud o con la pervivencia de las ayudas sociales. Actuar bajo de la alarma ha permitido al Gobierno evitar que sus medidas tuvieran que ser autorizadas y ratificadas por el Poder Judicial, tal y como establece la legislación vigente.
Cataluña es un infectódromo. El 12 de julio notificaban 816 nuevos casos de coronavirus detectados en las últimas 24 horas (esto son 361 casos más que el día anterior). Entre las zonas más afectadas está Barcelona ciudad, con unos 250 casos, Lleida con 240 (de los que 190 se han focalizado en la comarca del Segrià y 152 en la región sanitaria Metropolitana sur, que incluye un preocupante brote en Hospitalet de Llobregat).
Ya no se trata de focos que puedan ser controlados mediante el rastreo de contactos, sino que ahora ya estamos ante una transmisión comunitaria que imposibilita cualquier acción para controlarla. Los hospitales comienzan a estar desbordados y se están solicitando médicos y personal sanitario voluntario para atender a los enfermos. Además, hay casos en residencias de ancianos, algunos de los cuales ya habían pasado el coronavirus (lo que confirma que la inmunidad se pierde).
Ante el desastre, el Presidente de la Generalitat ha tomado medidas. Como primera medida, ha impuesto el uso obligatorio de mascarillas en todo momento, aún cuando se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. Y además, ha endurecido el confinamiento.
Por un lado, ha confinado todas las residencias de ancianos de la región sanitaria de Lleida y del Alto Pirineo y Arán. Estas residencias ya no podrán acoger nuevos ingresos y los ancianos no recibirán visitas.
Y por otro, ha ordenado el confinamiento domiciliario de todos los habitantes de Lleida ciudad y otros siete municipios de la comarca del Segrià (Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, La Granja d’Escarp, Massalcoreig y Torres de Segre), que solo podrán salir de casa para trabajar, ir a la compra y alguna otra excepción más. Además, prohíbe las reuniones de más de 10 personas, bodas y ceremonias fúnebres; suspende la actividad en la hostelería y restauración; los actos culturales; y se clausuran espacios como piscinas, parques infantiles, gimnasios y establecimientos de ocio nocturno.
De esta forma, Cataluña se convierte en la primera comunidad autónoma que retrocede en la desescalada hasta el periodo de medidas más duras y totalitarias del estado de alarma decretado por Sánchez. Pero Señor Torra, usted no puede ser más cesarista que el César.
Todas estas medidas debe autorizarlas un juez. ¿Y qué ha pasado? Que no lo ha hecho, al considerar que con la Ley de Medidas especiales en materia de Salud Pública sí se puede decretar un confinamiento perimetral -como el que estaba vigente- pero no el domiciliario, que «excede ampliamente de una simple limitación de movimientos». La juez estima que la Generalitat pretende «eludir» de forma ilimitada en el tiempo la aplicación parcial del estado de alarma, que es competencia estatal, y se ejerce además con la garantía de la intervención del Congreso de los Diputados. El gobierno catalán sí podría, en cambio, ordenar un confinamiento individualizado de los contagiados, pero claro, volvemos al mismo problema de siempre: hay que hacer test a todo el mundo para saber quién está contagiado y quién no.
¿Y qué ha hecho Torra? Contradecir y desobedecer al juez (no es la primera vez que se instala en la desobediencia), eso sí, asumiendo -según dice- las consecuencias que se deriven. Para intentar burlar la decisión judicial y, en opinión de Torra, dejar en papel mojado el auto judicial, el gobierno autonómico catalán aprobó el 13 de julio un decreto ley que modifica la Ley 18/2009 de Salud Pública para cubrir la potestad del Govern para dictar resoluciones restrictivas.
Está claro que Torra no va a solicitar al Gobierno la declaración de estado de alarma en Cataluña. ¿Y qué va a hacer el Gobierno? Abandonarlos a su suerte. Es una especie de pulso entre Sánchez y Torra: si quieres confinar, pasa por el aro, pídemelo y yo te sacaré de ésta porque soy la única solución a tus problemas (Sánchez); no voy a renunciar a mis competencias y a que me plantes de nuevo un 155 encubierto (Torra).
En el Ejecutivo reconocen que hacen falta nuevas medidas para controlar los rebrotes en Cataluña, pero aseguran que las comunidades tienen herramientas a su disposición que se pueden aplicar, son efectivas y han recibido el visto bueno de la Justicia sin recurrir al aislamiento completo. Es decir, el Gobierno de España descarta aplicar el estado de alarma. Es más, la propia Vicepresidenta Carmen Calvo ha instado a la Generalitat a recurrir la resolución judicial que niega a Torra a confinar Cataluña. ¿Dónde se ha visto algo igual? ¿Ahora Sánchez y su gobierno pretenden que los jueces determinen lo que es mejor o peor para proteger la salud de los ciudadanos? ¿Por qué el Ejecutivo no remite a las Cortes una propuesta de desarrollo legislativo de las leyes ordinarias para garantizar seguridad jurídica a todas las administraciones a la hora de tomar sus decisiones?
Mientras tanto, entre la población catalana se vive una sensación de desorden, ya que la gente no sabe si debe quedarse en casa o no. Y entre los empresarios reina la desesperación porque opinan (con acierto) que antes de volver al confinamiento total se tendrían que tomar medidas económicas que permitan subsistir a las empresas.
Torra se pasó toda la cuarentena de Sánchez diciendo que «en una Cataluña independiente no habría tantos muertos» y exigiéndole al Gobierno «que nos devuelva las competencias que nos ha robado». Las competencias le fueron devueltas durante los últimos compases de la desescalada y la Generalitat no ha sabido qué hacer con ellas. Ningún protocolo, ningún seguimiento fiable de los nuevos contagios, ningún aislamiento efectivo de los contactos, ninguna previsión ante eventualidades que cada año se repiten, como la llegada de temporeros a la comarca del Segriá que ahora, llegado el caos, pretende volver a confinar.
A Torra sólo le ha quedado la rabia de decir que «la culpa la tiene Madrid» en una intervención que pareció una parodia de sí mismo que hubieran hecho en un programa de humor. Al igual que Sánchez echa la culpa de todos sus problemas al PP, Torra los achaca al «Estado», como si estos trabajadores temporeros que llegan «de todas partes» (infectados, claro) fuera la primera vez que acuden a Lleida y sus alrededores, demostrando una total improvisación y falta de iniciativa política, social y técnica para ejercer las competencias que tanto llegó a reclamar.
Con la sola idea que la de esperar su inhabilitación para tratar de justificar su nefasta presidencia con toneladas de victimismo, Torra vive los meses de propina que le quedan en la Generalitat.
Ahora Torra se ha inventado su propio estado de alarma catalán. Porque lo que hace el decreto-ley que acaba de aprobar es añadir que en situaciones de pandemia, las “autoridades competentes puedan adoptar medidas de limitación en la actividad, el desplazamiento de las personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos territoriales”. Para acreditar la necesidad de aplicarlo solo necesitará un informe de las autoridades sanitarias. Y deja manga ancha para poder aplicar las medidas que considere, ya que prevé un amplio abanico de posibilidades que le conceden la potestad de dictar la resolución que le venga en gana, según unos indicadores (casos diagnosticados, acumulados, evolución, etc).
La situación va a traer cola. Ya sabemos que cualquier excusa es buena para justificar el independentismo, y no se ha hecho esperar. Ramir de Porrata-Doria (JxCAT) ha publicado en Twitter: «Si la autonomía catalana no nos permite actuar como es debido para salvar vidas, significa que necesitamos la independencia para salvar vidas. Y si necesitamos la independencia para salvar vidas, alcanzarla debe ser nuestra máxima prioridad».
Y ahora, con la decisión de la Fiscalía de revocar la semilibertad de cinco líderes del ‘procés', se ha encendido (aún más) la mecha.
“No, la ley no prevé la venganza como respuesta. ¿Este es el diálogo que ofrece España?” - ha denunciado el presidente de la Generalitat, Quim Torra.
“Volvemos a constatar que nos tienen mucho miedo y por eso nos quieren cerrados. Para incidir en la política y en la sociedad catalana” - ha dicho líder de ERC, Oriol Junqueras.
Quizás porque nuestros aeropuertos se han convertido en un coladero de coronavirus, quizás porque el virus sigue transmitiéndose silenciosamente a través de los asintomáticos (que siguen sin detectarse porque el Gobierno se mantiene en sus trece de no hacer test masivos), quizás porque acogemos a inmigrantes ilegales o traemos temporeros sin hacerles antes las pruebas, y quizás también porque hay actitudes irresponsables en algunos ciudadanos, especialmente los jóvenes con sus botellones y el ocio nocturno descontrolado (solo el 40%, según Sanidad).
El caso es que los nuevos casos de Covid-19 en España han crecido de manera exponencial en los últimos días, y el coronavirus se ha extendido otra vez por todo el país (hay
Nos dicen que los nuevos brotes "están controlados", gracias al 'estupendo' plan de detección y rastreo que han puesto en marcha. Pero también nos dijeron el 31 de enero que "España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado".
La alarmante cantidad de nuevos contagios ya está causando estragos en algunas poblaciones. Por segunda vez en apenas un trimestre, la amenaza del contagio ha privado a más de 300.000 españoles de sus más elementales derechos. Entre ellos, el de la libertad de circulación y el de ganarse honradamente la vida.
Tal es el caso de la comarca de A Mariña (192 casos positivos), en Lugo, y la comarca de El Segriá (1.295 contagiados), en Lleida, que han tenido que volver a un confinamiento perimetral (no se puede entrar ni salir de la comarca). Y en Euskadi se están planteando confinar la localidad de Ordizia (Guipuzkoa) por un rebrote con 69 positivos producido en una zona de bares.
También en Albacete el gobierno de Castilla - La Mancha ha ordenado el confinamiento domiciliario de los habitantes de un edificio concreto ante un brote de contagios; y en Santander hay otro edificio que permanece confinado.
Entonces, ¿se puede confinar sin estado de alarma? Sánchez juraba y perjuraba que no; decía que no había alternativa a su abusivo y totalitario estado de alarma, y lo prorrogó hasta en seis ocasiones, durante 98 días.
Evidentemente, la respuesta es un SÍ rotundo. Las Comunidades Autónomas tienen transferidas las competencias de Sanidad, y además, la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública indica en su artículo 3 que las autoridades sanitarias pueden adoptar las medidas que crean necesarias "para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible".
PERO la Ley de Salud Pública necesita para aplicarse la autorización del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
Es decir, las comunidades autónomas pueden confinar a parte de su población, con autorización judicial.
Lo que no permite dicha ley es imponer la Gran Reclusión. Para eso sí sería necesario el estado de alarma. Pero llegados a este punto me planteo otra cuestión: ¿era necesario confinar a TODO EL PAÍS, llevándolo a la hecatombe económica y a una dictadura militar? Mi opinión es un NO rotundo. Bastaría con haber aislado las zonas, regiones o comunidades donde la pandemia estaba desbocada. Es decir, aplicar un confinamiento selectivo (aislamiento de territorios específicos: localidades, municipios, barrios o edificios) y no un confinamiento domiciliario masivo a 47 millones de españoles.
Cabe preguntarse entonces por qué fuimos confinados en la completa geografía, en lugar de tan solo en aquellas poblaciones, barrios, polígonos o explotaciones agrícolas afectadas por el virus. Por qué, si entre una y otra población confinada distan (por ejemplo) 50 kilómetros, habiendo solo una de ellas registrado contagios, la que está libre se ha visto obligada a sufrir idénticas restricciones.
De hecho, el 'confinamiento selectivo' se hizo en Igualada y cuatro municipios colindantes (Cataluña), en zonas concretas de la costa murciana y en un hotel de Costa Adeje (Tenerife), antes de que Sánchez declarase el estado de alarma. Por tanto, se puede. Y se debe. Pero claro, esta medida no habría permitido a Sánchez auto proclamarse caudillo de España. Porque la Ley de Salud Pública sólo la pueden aplicar las comunidades autónomas, no el Gobierno.
Y cuando se puso en entredicho la necesidad de seguir prorrogando sine die el estado de alarma, los expertos constitucionalistas advirtieron que hay leyes ordinarias suficientes para que, sin estado de alarma, el Gobierno pudiera seguir dando respuesta sanitaria a la pandemia. Son cuatro:
* Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública,
* Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
* Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública,
* Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
Estas leyes permiten las suficientes medidas de control, medidas de hospitalización, de prudencia sanitaria o de higiene en el ámbito comercial como para, desde el punto de vista jurídico, haber puesto fin a la situación de excepcionalidad del estado de alarma mucho antes. ¿Por qué no se hizo?
A estas alturas ya todos sabemos que las razones por las que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se parapetó tras el estado de alarma han tenido poco o nada que ver con la protección de nuestra salud o con la pervivencia de las ayudas sociales. Actuar bajo de la alarma ha permitido al Gobierno evitar que sus medidas tuvieran que ser autorizadas y ratificadas por el Poder Judicial, tal y como establece la legislación vigente.
Sánchez vs Torra
Cataluña es un infectódromo. El 12 de julio notificaban 816 nuevos casos de coronavirus detectados en las últimas 24 horas (esto son 361 casos más que el día anterior). Entre las zonas más afectadas está Barcelona ciudad, con unos 250 casos, Lleida con 240 (de los que 190 se han focalizado en la comarca del Segrià y 152 en la región sanitaria Metropolitana sur, que incluye un preocupante brote en Hospitalet de Llobregat).
Ya no se trata de focos que puedan ser controlados mediante el rastreo de contactos, sino que ahora ya estamos ante una transmisión comunitaria que imposibilita cualquier acción para controlarla. Los hospitales comienzan a estar desbordados y se están solicitando médicos y personal sanitario voluntario para atender a los enfermos. Además, hay casos en residencias de ancianos, algunos de los cuales ya habían pasado el coronavirus (lo que confirma que la inmunidad se pierde).
Ante el desastre, el Presidente de la Generalitat ha tomado medidas. Como primera medida, ha impuesto el uso obligatorio de mascarillas en todo momento, aún cuando se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. Y además, ha endurecido el confinamiento.
Por un lado, ha confinado todas las residencias de ancianos de la región sanitaria de Lleida y del Alto Pirineo y Arán. Estas residencias ya no podrán acoger nuevos ingresos y los ancianos no recibirán visitas.
Y por otro, ha ordenado el confinamiento domiciliario de todos los habitantes de Lleida ciudad y otros siete municipios de la comarca del Segrià (Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, La Granja d’Escarp, Massalcoreig y Torres de Segre), que solo podrán salir de casa para trabajar, ir a la compra y alguna otra excepción más. Además, prohíbe las reuniones de más de 10 personas, bodas y ceremonias fúnebres; suspende la actividad en la hostelería y restauración; los actos culturales; y se clausuran espacios como piscinas, parques infantiles, gimnasios y establecimientos de ocio nocturno.
De esta forma, Cataluña se convierte en la primera comunidad autónoma que retrocede en la desescalada hasta el periodo de medidas más duras y totalitarias del estado de alarma decretado por Sánchez. Pero Señor Torra, usted no puede ser más cesarista que el César.
Todas estas medidas debe autorizarlas un juez. ¿Y qué ha pasado? Que no lo ha hecho, al considerar que con la Ley de Medidas especiales en materia de Salud Pública sí se puede decretar un confinamiento perimetral -como el que estaba vigente- pero no el domiciliario, que «excede ampliamente de una simple limitación de movimientos». La juez estima que la Generalitat pretende «eludir» de forma ilimitada en el tiempo la aplicación parcial del estado de alarma, que es competencia estatal, y se ejerce además con la garantía de la intervención del Congreso de los Diputados. El gobierno catalán sí podría, en cambio, ordenar un confinamiento individualizado de los contagiados, pero claro, volvemos al mismo problema de siempre: hay que hacer test a todo el mundo para saber quién está contagiado y quién no.
¿Y qué ha hecho Torra? Contradecir y desobedecer al juez (no es la primera vez que se instala en la desobediencia), eso sí, asumiendo -según dice- las consecuencias que se deriven. Para intentar burlar la decisión judicial y, en opinión de Torra, dejar en papel mojado el auto judicial, el gobierno autonómico catalán aprobó el 13 de julio un decreto ley que modifica la Ley 18/2009 de Salud Pública para cubrir la potestad del Govern para dictar resoluciones restrictivas.
Está claro que Torra no va a solicitar al Gobierno la declaración de estado de alarma en Cataluña. ¿Y qué va a hacer el Gobierno? Abandonarlos a su suerte. Es una especie de pulso entre Sánchez y Torra: si quieres confinar, pasa por el aro, pídemelo y yo te sacaré de ésta porque soy la única solución a tus problemas (Sánchez); no voy a renunciar a mis competencias y a que me plantes de nuevo un 155 encubierto (Torra).
En el Ejecutivo reconocen que hacen falta nuevas medidas para controlar los rebrotes en Cataluña, pero aseguran que las comunidades tienen herramientas a su disposición que se pueden aplicar, son efectivas y han recibido el visto bueno de la Justicia sin recurrir al aislamiento completo. Es decir, el Gobierno de España descarta aplicar el estado de alarma. Es más, la propia Vicepresidenta Carmen Calvo ha instado a la Generalitat a recurrir la resolución judicial que niega a Torra a confinar Cataluña. ¿Dónde se ha visto algo igual? ¿Ahora Sánchez y su gobierno pretenden que los jueces determinen lo que es mejor o peor para proteger la salud de los ciudadanos? ¿Por qué el Ejecutivo no remite a las Cortes una propuesta de desarrollo legislativo de las leyes ordinarias para garantizar seguridad jurídica a todas las administraciones a la hora de tomar sus decisiones?
Mientras tanto, entre la población catalana se vive una sensación de desorden, ya que la gente no sabe si debe quedarse en casa o no. Y entre los empresarios reina la desesperación porque opinan (con acierto) que antes de volver al confinamiento total se tendrían que tomar medidas económicas que permitan subsistir a las empresas.
Torra se pasó toda la cuarentena de Sánchez diciendo que «en una Cataluña independiente no habría tantos muertos» y exigiéndole al Gobierno «que nos devuelva las competencias que nos ha robado». Las competencias le fueron devueltas durante los últimos compases de la desescalada y la Generalitat no ha sabido qué hacer con ellas. Ningún protocolo, ningún seguimiento fiable de los nuevos contagios, ningún aislamiento efectivo de los contactos, ninguna previsión ante eventualidades que cada año se repiten, como la llegada de temporeros a la comarca del Segriá que ahora, llegado el caos, pretende volver a confinar.
A Torra sólo le ha quedado la rabia de decir que «la culpa la tiene Madrid» en una intervención que pareció una parodia de sí mismo que hubieran hecho en un programa de humor. Al igual que Sánchez echa la culpa de todos sus problemas al PP, Torra los achaca al «Estado», como si estos trabajadores temporeros que llegan «de todas partes» (infectados, claro) fuera la primera vez que acuden a Lleida y sus alrededores, demostrando una total improvisación y falta de iniciativa política, social y técnica para ejercer las competencias que tanto llegó a reclamar.
Con la sola idea que la de esperar su inhabilitación para tratar de justificar su nefasta presidencia con toneladas de victimismo, Torra vive los meses de propina que le quedan en la Generalitat.
Ahora Torra se ha inventado su propio estado de alarma catalán. Porque lo que hace el decreto-ley que acaba de aprobar es añadir que en situaciones de pandemia, las “autoridades competentes puedan adoptar medidas de limitación en la actividad, el desplazamiento de las personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos territoriales”. Para acreditar la necesidad de aplicarlo solo necesitará un informe de las autoridades sanitarias. Y deja manga ancha para poder aplicar las medidas que considere, ya que prevé un amplio abanico de posibilidades que le conceden la potestad de dictar la resolución que le venga en gana, según unos indicadores (casos diagnosticados, acumulados, evolución, etc).
La situación va a traer cola. Ya sabemos que cualquier excusa es buena para justificar el independentismo, y no se ha hecho esperar. Ramir de Porrata-Doria (JxCAT) ha publicado en Twitter: «Si la autonomía catalana no nos permite actuar como es debido para salvar vidas, significa que necesitamos la independencia para salvar vidas. Y si necesitamos la independencia para salvar vidas, alcanzarla debe ser nuestra máxima prioridad».
Y ahora, con la decisión de la Fiscalía de revocar la semilibertad de cinco líderes del ‘procés', se ha encendido (aún más) la mecha.
“No, la ley no prevé la venganza como respuesta. ¿Este es el diálogo que ofrece España?” - ha denunciado el presidente de la Generalitat, Quim Torra.
“Volvemos a constatar que nos tienen mucho miedo y por eso nos quieren cerrados. Para incidir en la política y en la sociedad catalana” - ha dicho líder de ERC, Oriol Junqueras.