Los ayuntamientos tienen restringido el uso de superávit presupuestario desde la Ley de Estabilidad Presupuestaria impulsada por Cristóbal Montoro en 2012. El Gobierno de Pedro Sánchez relajó tales restricciones. Ahora puede destinar sus remanentes de tesorería tras cubrir gasto corriente a pagar deuda y a lo que se denomina inversiones financieramente sostenibles (IFS), aquellas que no implican nuevas partidas de gastos en el futuro.
Pero el Ejecutivo de Sánchez ha dado un paso más: se va a apropiar de los 28.000 millones de euros ‘ahorrados’ los ayuntamientos para pagar las inmensas facturas del Gobierno por la crisis del Covid-19. El 3 de agosto, la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) dio luz verde a la propuesta del Ministerio de Hacienda para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos y diputaciones.
El texto aprobado ofrece a los ayuntamientos una aportación de los Presupuestos Generales del Estado de 5.000 millones de euros a fondo perdido (2.000 para este año y 3.000 para el próximo) siempre que pongan sus remanentes a disposición del Estado, que los devolverá en un plazo de 10 años a partir del 2022.
Este "robo" se ha logrado con 12 votos a favor del PSOE, 12 votos en contra de PP, Cs y Junts, y la abstención de IU. Es decir, hubo un empate en la votación, que se deshizo con el 'voto de calidad' del presidente de la Federación de Municipios y Provincias - FEMP (que es del PSOE).
Problema: unos 300 ayuntamientos de los 8.000 que hay en toda España no tienen superávit, por lo que queda patente la discriminación que supone la exclusión de los ayuntamientos sin superávit del reparto de fondos. El texto, además, contradice las recomendaciones aprobadas por el Congreso en el marco de la Comisión para la Reconstrucción.
La medida ha puesto en pie de guerra a los alcaldes de las ciudades de todos los colores políticos e ideologías, que rechazan de forma conjunta el texto y exigen al Ejecutivo poder utilizar su remanente sin condicionamientos y sin necesidad de tener el visto bueno de Hacienda, por lo que piden que se modifique su redacción.
El Gobierno tiene de plazo hasta primeros de septiembre para convalidar la norma en el Congreso, y todo apunta a que no lo logrará (el PP ya ha anunciado presentará que un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional). Si concluido este plazo no ha logrado el respaldo de la Cámara Baja, el texto decaerá y quedará derogado.
El 23 de julio salía a la luz el pacto secreto del Gobierno de Sánchez con el PNV a cambio de su apoyo en la renovación de la quinta prórroga del estado de alarma. El Gobierno Vasco consiguió el visto bueno del Ejecutivo para endeudarse por encima de los límites fijados por Hacienda y, también, disponer libremente de su superávit para afrontar la crisis del Covid.
Es decir, mientras el País Vasco podrá endeudarse un 2,6% sobre su Producto Interior Bruto (PIB), que es de 74.780 millones de euros, comunidades autónomas como Andalucía únicamente pueden hacerlo en un 0,2% sobre su PIB, que es de 160.063 millones de euros. Esto significa que el País Vasco podrá endeudarse hasta los casi 2.000 millones de euros mientras que Andalucía solo podrá hacerlo en alrededor de 300 millones de euros.
La Conferencia de Presidentes Autonómicos del 1 de agosto sirvió para comprobar cómo el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez hace primar sus intereses partidistas sobre el interés nacional. La presencia a última hora del lendakari Íñigo Urkullu (que había anunciado que no aisitiría) hacía presagiar que el Ejecutivo y el PNV habían llegado a un acuerdo para permitir al País Vasco 2.000 millones más de deuda pública -a costa de todos los españoles- y ampliar la senda del déficit hasta otros 1.700 millones, a costa del resto de territorios, salvo Cataluña, que también sacará una tajada especial. De modo que la permanencia de Pedro Sánchez en La Moncloa se traduce en que dos comunidades (País Vasco y Cataluña, vitales para la supervivencia política del presidente del Gobierno) se llevarán las porciones más grandes del reparto. Al final, unos podrán gastar más y el resto, menos. Un agravio rayano en la indecencia que demuestra hasta qué punto Sánchez es un tahúr que mercadea de forma innoble con los recursos de todos.
Si el País Vasco Vasco puede tener un déficit del 2,6% -lo que significa que puede gastar más- y Cataluña, a través de una fórmula distinta, más o menos lo mismo, comunidades como Madrid o Andalucía tendrán que hacer un soberbio esfuerzo de contención del gasto para que las cuentas del Estado cuadren y cumplan con las exigencias de Bruselas. Pero como los fondos son limitados y País Vasco y Cataluña van a salir claramente ganando, el resto de territorios saldrá claramente perdiendo. Habrá territorios de primera -los más desleales con el marco constitucional- y territorios de segunda, lo que significa que Sánchez, para seguir en La Moncloa, será el causante de que la desigualdad entre españoles alcance cotas nunca vistas.
Lo peor es que Sánchez va a condenar a territorios como Madrid y Andalucía -donde gobierna el PP- para satisfacer las exigencias de los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes. Es decir, Sánchez paga a vascos y catalanes el precio de su apoyo esquilmando al resto de territorios.
Evidentemente, esta decisión no ha gustado a los presidentes del resto de comunidades que demandan recibir el mismo trato. Ante las presiones recibidas, Sánchez está preparando un Consejo de Política Fiscal para el mes de septiembre, con el propósito de revisar el objetivo de déficit del resto de comunidades para tratar de igualarla respecto a las de los nacionalistas.
Los alcaldes de 31 grandes ciudades españolas se han puesto en pie de guerra contra los planes para los ayuntamientos pactados por el Gobierno con la FEMP. El 1 de septiembre han remitido al gobierno una carta conjunta en la que denuncian la asfixia financiera a la que le está sometiendo el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero.
En primer lugar remarcan el papel fundamental que han jugado todos los ayuntamientos en la gestión de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus, independientemente de su color político o de su situación económico-financiera.
En segundo lugar, explica que el esfuerzo financiero en esa gestión de los ayuntamientos está siendo realizado exclusivamente con recursos propios, lo que ha hecho mermar los ingresos y aumentar los gastos de manera inédita. Por ello reclaman, de forma imperiosa y urgentemente, ayudas estatales y europeas.
Además, se oponen al acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda por ser injusto y vulnerar el principio de igualdad entre municipios y ciudadanos. «Ese acuerdo vulnera la autonomía financiera de las entidades locales y establece una inadmisible exclusión de los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado». Y recalcan que los criterios acordados para la distribución de esos fondos no son justos ni solidarios, y crean una inaceptable situación de agravio entre unos municipios y otros.
Asimismo, denuncian que el decreto que recoge ese acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda no cuenta con mayoría suficiente para ser convalidado en el Congreso.
Por último, exigen «la apertura inmediata del proceso de diálogo con el Ministerio de Hacienda para iniciar unas nuevas negociaciones que permitan establecer unos criterios de reparto de los fondos basados en la igualdad y en la solidaridad».
Consideran estos alcaldes que sí hay acuerdo político para crear «un fondo estatal ‘incondicionado’ de 5.000 millones para todos los ayuntamientos y otro específico para la financiación del transporte municipal» y para ampliar «el plazo de las inversiones financieras sostenibles y la eliminación de la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad, al menos para 2020 y 2021».
También reclaman que «los ayuntamientos puedan disponer libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años, destinándolos a los proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades».
Actualización 10 septiembre: El Real Decreto por el que el Gobierno quería confiscar el superávit de los ayuntamientos ha sido tumbado en el Congreso. La votación ha deparado 156 «síes», 193 ‘noes’ y ninguna abstención. La realidad es que Pedro Sánchez y su portavoz María Jesús Montero habían propuesto un negocio muy poco apetecible a los alcaldes españoles. Sánchez pretendía enjugar el déficit del Estado durante esta crisis con los ahorros de cerca de 14.000 millones de las ciudades y municipios y, a cambio, les dejaba gastar 5.000 millones en dos años y el resto en 10 más.
Es una derrota histórica, ya que desde febrero de 1979 solo ha habido tres veces en que la Cámara baja no ha convalidado un decreto. Y Sánchez vuelve a hacer historia: ningún presidente ha sufrido la derrota de dos decretos en el Congreso (éste y el de la legislación de los alquileres de 2018).
Los socios de investidura de Pedro Sánchez han dado la espalda por primera vez a la coalición PSOE-Podemos. Ahora el Gobierno socialcomunista deberá negociar con estos mismos grupos el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, partiendo de esta derrota que vuelve a encarecer el precio de los pactos.
2 abril. La Femp, bajo la presidencia del alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, aprueba una declaración unánime reclamando flexibilidad al Gobierno para poder utilizar el superávit municipal, y sus 15.000 millones de remanentes. Los ahorros pertenecen a los vecinos, remarcan. Y necesitan gastarlos ya para paliar los efectos sociales y económicos de la crisis. Los alcaldes del PP intuyen un ánimo «confiscatorio» en Hacienda. Y se preparan para la batalla.
14 de abril. Azcón convoca el llamado «C-7» con las siete mayores ciudades, incluida Sevilla (PSOE). Reclaman un cambio en el marco financiero que permita usar su dinero y suspenda la regla de gasto, el candado que impuso Montero en la Ley de Estabilidad durante la anterior crisis. Los alcaldes exigen un fondo extra para el transporte y servicios sociales. Hasta Bilbao (PNV), que es de otro régimen (foral), se suma a la causa.
20 abril. Se produce la primera y última videollamada de Pedro Sánchez con la junta de Gobierno de la Femp. Sin derecho a réplica, el presidente no se compromete a nada. La decepción es patente. La sensación es que Moncloa solo quiere la foto.
5 de mayo. El presidente de la Femp convoca un "C-15" con más ciudades socialistas, tras desactivar otras, para evitar que el PP lidere la voz municipal. El municipalismo sigue unido en sus reivindicaciones de mejor financiación al Gobierno.
22 de mayo. La Junta de Gobierno de la Femp, por unanimidad, plasma en un documento su demanda de un fondo incondicionado de 5.000 millones para las ciudades, similar al de los 16.000 millones que Sánchez anuncia a las autonomías. Pero a partir de ahí comienza la ruptura. El PSOE se descuelga, muy a pesar de sus alcaldes.
29 de junio. Las protestas internas de Abel Caballero y del portavoz federal Óscar Puente, regidor de Valladolid, son sofocadas por Sánchez en una tensa reunión de la ejecutiva socialista. El presidente ordena lealtad.
Los alcaldes de todos los grupos, menos el PSOE, denuncian la ceguera y sordera de Hacienda, que entablará negociaciones sólo con el regidor vigués. Se refuerzan alianzas inéditas entre los otros tres portavoces de la Femp: "Me preocupa, cada vez estoy más de acuerdo con mi colega de Ciudadanos", repite en las reuniones de la junta la alcaldesa independentista de Canyellas sobre el alcalde de Granada, Luis Salvador.
3 de agosto: Al final, Caballero fuerza la votación de su pacto con Hacienda, que lleva semanas provocando el desencuentro en el seno de la Femp. El vigués acepta condicionar el acceso al fondo de 5.000 millones a la entrega previa de los remanentes municipales al Gobierno, que los devolverá en una década. Quedan fuera del reparto las ciudades sin ahorros: Valencia, Cádiz, Lérida, Granada, Murcia, Zaragoza… La votación será dramática. Empate a 12. El representante de Podemos, Pedro del Cura (IU), de Rivas, se abstiene. Pero Caballero impone su voto de calidad y sale con el "sí" de los socialistas frente a todos los demás. Se rompe el consenso histórico en la Femp. Pero la lucha sigue.
4 de agosto: Firma del acuerdo FEMP-Moncloa. Sánchez y Caballero sellan su pacto muy sonrientes. A su lado posan Óscar Puente, alcalde de Valladolid y Del Cura. Las mascarillas tapan su cara. Prietas las filas. Horas después, Del Cura protestaría amargamente en Twitter cuando se desayuna en el BOE nuevas condiciones. «Quiero pensar que es una errata y el Ministerio de Hacienda no ha cambiado el acuerdo después de firmarlo. El plazo de devolución (de las remanentes) son 10 años y no 15. Mal empezamos». Empieza la insurreción interna entre las familias del Gobierno.
Esa mismo día el edil de Zaragoza telefonea a Caballero. «No puedo permitir esto. Abel, a mí me toca cero», clama. «No te preocupes, que algo conseguimos», le replica el vigués, consciente del bofetón que le viene a Sánchez si no lo negocian. Acto seguido, Azcón pide a su equipo el listado de ayuntamientos sin remanentes. Y llama. «Hola Kichi. Se van a repartir 5.000 millones y a ti y a mí no nos toca nada». El alcalde gaditano de Podemos se suma a la guerra contra la «injusticia» del Gobierno. «Cuenta conmigo», responde el mando de Lérida, de ERC.
7 agosto. Reunión de los 10 alcaldes «díscolos». Madrid, Barcelona y Bilbao -que sí tienen ahorros- entran en la batalla. En el grupo de WhatsApp van apareciendo jefes de gabinetes de todos los colores. «La solidaridad ante la injusticia es total, aquí da igual la ideología», subrayan. Envían una carta abierta a la ministra. Nada.
Los comunes anuncian que no cederá los remanentes de sus ayuntamientos. Colau avisa que gastarán sus ahorros en taponar la crisis, con o sin permiso de Hacienda. "Hechos consumados". Casi todos los grupos del Parlamento hablan de «soberbia».
13 de agosto. El alcalde de Zaragoza, erigido en líder de la resistencia, llama a la ministra para reconducir la situación. «No, yo contigo no negocio nada. Yo solo negocio con la FEMP», responde María Jesús Montero, inflexible. «Pero mira, que yo me ahorro 5.400 millones…», le dice, cortante. Aunque ya se ve que ésta no es la clásica guerra PP-PSOE. El Congreso ningún grupo más apoya al Gobierno y Podemos dudará hasta el final.
1 de septiembre. La revolución municipal va a más. En pleno agosto, mientras el presidente se toma dos semanas de vacaciones, los alcaldes han seguido organizándose. Son decenas de llamadas de teléfono, cientos de whatsapps. Azcón sigue ejerciendo de nexo de unión. Ya suman 32 alcaldes, de 13 partidos distintos. «Este es un pacto del PSOE con el PSOE», insisten los comunes. Iglesias y Echenique condenan en privado la falta de cintura de Hacienda.
10 de septiembre. Derrota histórica del Gobierno en el Congreso. Muy a pesar de alcaldes como Kichi o Colau -que logra algunas concesiones de Hacienda a última hora-, Podemos cierra filas en las votación del jueves. Para la mayoría, la negociación ha sido vergonzante. Y la contraoferta del Ejecutivo, insuficiente. Lo resume el regidor de Valencia, Joan Ribó: «Los alcaldes de todos los colores, de izquierda y de derecha nos unimos. Resulta increíble ver a todo un Gobierno de un país intentar negociar el decreto con un mercadeo de rebajas de última hora».
El Ejecutivo pierde la votación: 193 votos en contra por 156 a favor.
La ministra, derrotada, lanza un ultimátum. «El Gobierno no necesita en ningún caso el dinero de los ayuntamientos», asevera displicente. «No piensen que habrá una segunda oportunidad», amenaza para estupor de los alcaldes. Al salir del hemiciclo, Montero se cruzará con el alcalde de Granada: «¡Ahora lo arregláis! ¡A ver qué hacéis!», le abronca.
El retrato que hacen los ediles es de una ministra llena de soberbia e incapacitada para negociar. «En esto ha actuado en estado puro. Es una mujer prepotente, ésa es la verdad», señala el regidor andaluz de Cs. La pregunta ahora es cómo será capaz de sacar los Presupuestos si ha caído en la primera línea municipal firmando este esperpento. Y si el veterano Caballero, 74 años, logrará reponerse al mando de la Femp tras perder su brillo. «Esto no ha sido una rebelión, ¡es la resistencia!», asegura el alcalde de Zaragoza, que emplaza al Ministerio a salir del punto muerto.
Actualización 14 septiembre: Hacienda rectifica tras fracasar su decreto y suspenderá la regla de gasto hasta 2021 (para que los ayuntamientos puedan gastar su superávit de 2018 y 2019) y se abre a ampliarlo al año próximo. La no aplicación de la regla de gasto para los dos próximos años se establece como una vía intermedia a la derogación de la conocida como Ley Montoro. El nuevo texto todavía debe someterse a negociación.
Actualización 22 septiembre: Los alcaldes vuelven a rebelarse contra Hacienda. El nuevo borrador de decreto que maneja el Ministerio de Hacienda les permite usar ya sus remanentes, pero a los alcaldes les parece «absolutamente insuficiente», ya que deja sin fondos extra a los municipios sin superávit y porque elimina los 1.000 millones para transporte previstos en el anterior decreto.
Por eso, han convocado una tercera cumbre municipal telemática con el fin de «presionar» al Gobierno de Pedro Sánchez y conseguir un fondo extra de unos 5.000 millones de euros (que podría proceder de los fondos europeos) para luchar contra los efectos de la pandemia. Alegan que la Administración local no ha recibido ninguna ayuda del Estado para hacer frente a la pandemia, en contraste con las comunidades autónomas, que han contado con 16.000 millones.
Pero el Ejecutivo de Sánchez ha dado un paso más: se va a apropiar de los 28.000 millones de euros ‘ahorrados’ los ayuntamientos para pagar las inmensas facturas del Gobierno por la crisis del Covid-19. El 3 de agosto, la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) dio luz verde a la propuesta del Ministerio de Hacienda para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos y diputaciones.
El texto aprobado ofrece a los ayuntamientos una aportación de los Presupuestos Generales del Estado de 5.000 millones de euros a fondo perdido (2.000 para este año y 3.000 para el próximo) siempre que pongan sus remanentes a disposición del Estado, que los devolverá en un plazo de 10 años a partir del 2022.
Este "robo" se ha logrado con 12 votos a favor del PSOE, 12 votos en contra de PP, Cs y Junts, y la abstención de IU. Es decir, hubo un empate en la votación, que se deshizo con el 'voto de calidad' del presidente de la Federación de Municipios y Provincias - FEMP (que es del PSOE).
Problema: unos 300 ayuntamientos de los 8.000 que hay en toda España no tienen superávit, por lo que queda patente la discriminación que supone la exclusión de los ayuntamientos sin superávit del reparto de fondos. El texto, además, contradice las recomendaciones aprobadas por el Congreso en el marco de la Comisión para la Reconstrucción.
La medida ha puesto en pie de guerra a los alcaldes de las ciudades de todos los colores políticos e ideologías, que rechazan de forma conjunta el texto y exigen al Ejecutivo poder utilizar su remanente sin condicionamientos y sin necesidad de tener el visto bueno de Hacienda, por lo que piden que se modifique su redacción.
El Gobierno tiene de plazo hasta primeros de septiembre para convalidar la norma en el Congreso, y todo apunta a que no lo logrará (el PP ya ha anunciado presentará que un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional). Si concluido este plazo no ha logrado el respaldo de la Cámara Baja, el texto decaerá y quedará derogado.
Consejo de Política Fiscal
El 23 de julio salía a la luz el pacto secreto del Gobierno de Sánchez con el PNV a cambio de su apoyo en la renovación de la quinta prórroga del estado de alarma. El Gobierno Vasco consiguió el visto bueno del Ejecutivo para endeudarse por encima de los límites fijados por Hacienda y, también, disponer libremente de su superávit para afrontar la crisis del Covid.
Es decir, mientras el País Vasco podrá endeudarse un 2,6% sobre su Producto Interior Bruto (PIB), que es de 74.780 millones de euros, comunidades autónomas como Andalucía únicamente pueden hacerlo en un 0,2% sobre su PIB, que es de 160.063 millones de euros. Esto significa que el País Vasco podrá endeudarse hasta los casi 2.000 millones de euros mientras que Andalucía solo podrá hacerlo en alrededor de 300 millones de euros.
La Conferencia de Presidentes Autonómicos del 1 de agosto sirvió para comprobar cómo el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez hace primar sus intereses partidistas sobre el interés nacional. La presencia a última hora del lendakari Íñigo Urkullu (que había anunciado que no aisitiría) hacía presagiar que el Ejecutivo y el PNV habían llegado a un acuerdo para permitir al País Vasco 2.000 millones más de deuda pública -a costa de todos los españoles- y ampliar la senda del déficit hasta otros 1.700 millones, a costa del resto de territorios, salvo Cataluña, que también sacará una tajada especial. De modo que la permanencia de Pedro Sánchez en La Moncloa se traduce en que dos comunidades (País Vasco y Cataluña, vitales para la supervivencia política del presidente del Gobierno) se llevarán las porciones más grandes del reparto. Al final, unos podrán gastar más y el resto, menos. Un agravio rayano en la indecencia que demuestra hasta qué punto Sánchez es un tahúr que mercadea de forma innoble con los recursos de todos.
Si el País Vasco Vasco puede tener un déficit del 2,6% -lo que significa que puede gastar más- y Cataluña, a través de una fórmula distinta, más o menos lo mismo, comunidades como Madrid o Andalucía tendrán que hacer un soberbio esfuerzo de contención del gasto para que las cuentas del Estado cuadren y cumplan con las exigencias de Bruselas. Pero como los fondos son limitados y País Vasco y Cataluña van a salir claramente ganando, el resto de territorios saldrá claramente perdiendo. Habrá territorios de primera -los más desleales con el marco constitucional- y territorios de segunda, lo que significa que Sánchez, para seguir en La Moncloa, será el causante de que la desigualdad entre españoles alcance cotas nunca vistas.
Lo peor es que Sánchez va a condenar a territorios como Madrid y Andalucía -donde gobierna el PP- para satisfacer las exigencias de los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes. Es decir, Sánchez paga a vascos y catalanes el precio de su apoyo esquilmando al resto de territorios.
Evidentemente, esta decisión no ha gustado a los presidentes del resto de comunidades que demandan recibir el mismo trato. Ante las presiones recibidas, Sánchez está preparando un Consejo de Política Fiscal para el mes de septiembre, con el propósito de revisar el objetivo de déficit del resto de comunidades para tratar de igualarla respecto a las de los nacionalistas.
Alcaldes en pie de guerra
Los alcaldes de 31 grandes ciudades españolas se han puesto en pie de guerra contra los planes para los ayuntamientos pactados por el Gobierno con la FEMP. El 1 de septiembre han remitido al gobierno una carta conjunta en la que denuncian la asfixia financiera a la que le está sometiendo el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero.
En primer lugar remarcan el papel fundamental que han jugado todos los ayuntamientos en la gestión de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus, independientemente de su color político o de su situación económico-financiera.
En segundo lugar, explica que el esfuerzo financiero en esa gestión de los ayuntamientos está siendo realizado exclusivamente con recursos propios, lo que ha hecho mermar los ingresos y aumentar los gastos de manera inédita. Por ello reclaman, de forma imperiosa y urgentemente, ayudas estatales y europeas.
Además, se oponen al acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda por ser injusto y vulnerar el principio de igualdad entre municipios y ciudadanos. «Ese acuerdo vulnera la autonomía financiera de las entidades locales y establece una inadmisible exclusión de los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado». Y recalcan que los criterios acordados para la distribución de esos fondos no son justos ni solidarios, y crean una inaceptable situación de agravio entre unos municipios y otros.
Asimismo, denuncian que el decreto que recoge ese acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda no cuenta con mayoría suficiente para ser convalidado en el Congreso.
Por último, exigen «la apertura inmediata del proceso de diálogo con el Ministerio de Hacienda para iniciar unas nuevas negociaciones que permitan establecer unos criterios de reparto de los fondos basados en la igualdad y en la solidaridad».
Consideran estos alcaldes que sí hay acuerdo político para crear «un fondo estatal ‘incondicionado’ de 5.000 millones para todos los ayuntamientos y otro específico para la financiación del transporte municipal» y para ampliar «el plazo de las inversiones financieras sostenibles y la eliminación de la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad, al menos para 2020 y 2021».
También reclaman que «los ayuntamientos puedan disponer libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años, destinándolos a los proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades».
Actualización 10 septiembre: El Real Decreto por el que el Gobierno quería confiscar el superávit de los ayuntamientos ha sido tumbado en el Congreso. La votación ha deparado 156 «síes», 193 ‘noes’ y ninguna abstención. La realidad es que Pedro Sánchez y su portavoz María Jesús Montero habían propuesto un negocio muy poco apetecible a los alcaldes españoles. Sánchez pretendía enjugar el déficit del Estado durante esta crisis con los ahorros de cerca de 14.000 millones de las ciudades y municipios y, a cambio, les dejaba gastar 5.000 millones en dos años y el resto en 10 más.
Es una derrota histórica, ya que desde febrero de 1979 solo ha habido tres veces en que la Cámara baja no ha convalidado un decreto. Y Sánchez vuelve a hacer historia: ningún presidente ha sufrido la derrota de dos decretos en el Congreso (éste y el de la legislación de los alquileres de 2018).
Los socios de investidura de Pedro Sánchez han dado la espalda por primera vez a la coalición PSOE-Podemos. Ahora el Gobierno socialcomunista deberá negociar con estos mismos grupos el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, partiendo de esta derrota que vuelve a encarecer el precio de los pactos.
Crónica de la rebelión de los alcaldes
2 abril. La Femp, bajo la presidencia del alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, aprueba una declaración unánime reclamando flexibilidad al Gobierno para poder utilizar el superávit municipal, y sus 15.000 millones de remanentes. Los ahorros pertenecen a los vecinos, remarcan. Y necesitan gastarlos ya para paliar los efectos sociales y económicos de la crisis. Los alcaldes del PP intuyen un ánimo «confiscatorio» en Hacienda. Y se preparan para la batalla.
14 de abril. Azcón convoca el llamado «C-7» con las siete mayores ciudades, incluida Sevilla (PSOE). Reclaman un cambio en el marco financiero que permita usar su dinero y suspenda la regla de gasto, el candado que impuso Montero en la Ley de Estabilidad durante la anterior crisis. Los alcaldes exigen un fondo extra para el transporte y servicios sociales. Hasta Bilbao (PNV), que es de otro régimen (foral), se suma a la causa.
20 abril. Se produce la primera y última videollamada de Pedro Sánchez con la junta de Gobierno de la Femp. Sin derecho a réplica, el presidente no se compromete a nada. La decepción es patente. La sensación es que Moncloa solo quiere la foto.
5 de mayo. El presidente de la Femp convoca un "C-15" con más ciudades socialistas, tras desactivar otras, para evitar que el PP lidere la voz municipal. El municipalismo sigue unido en sus reivindicaciones de mejor financiación al Gobierno.
22 de mayo. La Junta de Gobierno de la Femp, por unanimidad, plasma en un documento su demanda de un fondo incondicionado de 5.000 millones para las ciudades, similar al de los 16.000 millones que Sánchez anuncia a las autonomías. Pero a partir de ahí comienza la ruptura. El PSOE se descuelga, muy a pesar de sus alcaldes.
29 de junio. Las protestas internas de Abel Caballero y del portavoz federal Óscar Puente, regidor de Valladolid, son sofocadas por Sánchez en una tensa reunión de la ejecutiva socialista. El presidente ordena lealtad.
Los alcaldes de todos los grupos, menos el PSOE, denuncian la ceguera y sordera de Hacienda, que entablará negociaciones sólo con el regidor vigués. Se refuerzan alianzas inéditas entre los otros tres portavoces de la Femp: "Me preocupa, cada vez estoy más de acuerdo con mi colega de Ciudadanos", repite en las reuniones de la junta la alcaldesa independentista de Canyellas sobre el alcalde de Granada, Luis Salvador.
3 de agosto: Al final, Caballero fuerza la votación de su pacto con Hacienda, que lleva semanas provocando el desencuentro en el seno de la Femp. El vigués acepta condicionar el acceso al fondo de 5.000 millones a la entrega previa de los remanentes municipales al Gobierno, que los devolverá en una década. Quedan fuera del reparto las ciudades sin ahorros: Valencia, Cádiz, Lérida, Granada, Murcia, Zaragoza… La votación será dramática. Empate a 12. El representante de Podemos, Pedro del Cura (IU), de Rivas, se abstiene. Pero Caballero impone su voto de calidad y sale con el "sí" de los socialistas frente a todos los demás. Se rompe el consenso histórico en la Femp. Pero la lucha sigue.
4 de agosto: Firma del acuerdo FEMP-Moncloa. Sánchez y Caballero sellan su pacto muy sonrientes. A su lado posan Óscar Puente, alcalde de Valladolid y Del Cura. Las mascarillas tapan su cara. Prietas las filas. Horas después, Del Cura protestaría amargamente en Twitter cuando se desayuna en el BOE nuevas condiciones. «Quiero pensar que es una errata y el Ministerio de Hacienda no ha cambiado el acuerdo después de firmarlo. El plazo de devolución (de las remanentes) son 10 años y no 15. Mal empezamos». Empieza la insurreción interna entre las familias del Gobierno.
Esa mismo día el edil de Zaragoza telefonea a Caballero. «No puedo permitir esto. Abel, a mí me toca cero», clama. «No te preocupes, que algo conseguimos», le replica el vigués, consciente del bofetón que le viene a Sánchez si no lo negocian. Acto seguido, Azcón pide a su equipo el listado de ayuntamientos sin remanentes. Y llama. «Hola Kichi. Se van a repartir 5.000 millones y a ti y a mí no nos toca nada». El alcalde gaditano de Podemos se suma a la guerra contra la «injusticia» del Gobierno. «Cuenta conmigo», responde el mando de Lérida, de ERC.
7 agosto. Reunión de los 10 alcaldes «díscolos». Madrid, Barcelona y Bilbao -que sí tienen ahorros- entran en la batalla. En el grupo de WhatsApp van apareciendo jefes de gabinetes de todos los colores. «La solidaridad ante la injusticia es total, aquí da igual la ideología», subrayan. Envían una carta abierta a la ministra. Nada.
Los comunes anuncian que no cederá los remanentes de sus ayuntamientos. Colau avisa que gastarán sus ahorros en taponar la crisis, con o sin permiso de Hacienda. "Hechos consumados". Casi todos los grupos del Parlamento hablan de «soberbia».
13 de agosto. El alcalde de Zaragoza, erigido en líder de la resistencia, llama a la ministra para reconducir la situación. «No, yo contigo no negocio nada. Yo solo negocio con la FEMP», responde María Jesús Montero, inflexible. «Pero mira, que yo me ahorro 5.400 millones…», le dice, cortante. Aunque ya se ve que ésta no es la clásica guerra PP-PSOE. El Congreso ningún grupo más apoya al Gobierno y Podemos dudará hasta el final.
1 de septiembre. La revolución municipal va a más. En pleno agosto, mientras el presidente se toma dos semanas de vacaciones, los alcaldes han seguido organizándose. Son decenas de llamadas de teléfono, cientos de whatsapps. Azcón sigue ejerciendo de nexo de unión. Ya suman 32 alcaldes, de 13 partidos distintos. «Este es un pacto del PSOE con el PSOE», insisten los comunes. Iglesias y Echenique condenan en privado la falta de cintura de Hacienda.
10 de septiembre. Derrota histórica del Gobierno en el Congreso. Muy a pesar de alcaldes como Kichi o Colau -que logra algunas concesiones de Hacienda a última hora-, Podemos cierra filas en las votación del jueves. Para la mayoría, la negociación ha sido vergonzante. Y la contraoferta del Ejecutivo, insuficiente. Lo resume el regidor de Valencia, Joan Ribó: «Los alcaldes de todos los colores, de izquierda y de derecha nos unimos. Resulta increíble ver a todo un Gobierno de un país intentar negociar el decreto con un mercadeo de rebajas de última hora».
El Ejecutivo pierde la votación: 193 votos en contra por 156 a favor.
La ministra, derrotada, lanza un ultimátum. «El Gobierno no necesita en ningún caso el dinero de los ayuntamientos», asevera displicente. «No piensen que habrá una segunda oportunidad», amenaza para estupor de los alcaldes. Al salir del hemiciclo, Montero se cruzará con el alcalde de Granada: «¡Ahora lo arregláis! ¡A ver qué hacéis!», le abronca.
El retrato que hacen los ediles es de una ministra llena de soberbia e incapacitada para negociar. «En esto ha actuado en estado puro. Es una mujer prepotente, ésa es la verdad», señala el regidor andaluz de Cs. La pregunta ahora es cómo será capaz de sacar los Presupuestos si ha caído en la primera línea municipal firmando este esperpento. Y si el veterano Caballero, 74 años, logrará reponerse al mando de la Femp tras perder su brillo. «Esto no ha sido una rebelión, ¡es la resistencia!», asegura el alcalde de Zaragoza, que emplaza al Ministerio a salir del punto muerto.
Actualización 14 septiembre: Hacienda rectifica tras fracasar su decreto y suspenderá la regla de gasto hasta 2021 (para que los ayuntamientos puedan gastar su superávit de 2018 y 2019) y se abre a ampliarlo al año próximo. La no aplicación de la regla de gasto para los dos próximos años se establece como una vía intermedia a la derogación de la conocida como Ley Montoro. El nuevo texto todavía debe someterse a negociación.
Actualización 22 septiembre: Los alcaldes vuelven a rebelarse contra Hacienda. El nuevo borrador de decreto que maneja el Ministerio de Hacienda les permite usar ya sus remanentes, pero a los alcaldes les parece «absolutamente insuficiente», ya que deja sin fondos extra a los municipios sin superávit y porque elimina los 1.000 millones para transporte previstos en el anterior decreto.
Por eso, han convocado una tercera cumbre municipal telemática con el fin de «presionar» al Gobierno de Pedro Sánchez y conseguir un fondo extra de unos 5.000 millones de euros (que podría proceder de los fondos europeos) para luchar contra los efectos de la pandemia. Alegan que la Administración local no ha recibido ninguna ayuda del Estado para hacer frente a la pandemia, en contraste con las comunidades autónomas, que han contado con 16.000 millones.