A Pablo Iglesias se le derrumbó hace un par de años su coartada de "líder del pueblo" contra "la casta". El chalet de Galapagar le coloreó la cara. Incluso le dio serios problemas ante sus estupefactas bases. Y hace unas semanas se le ha tumbado la otra gran coartada con la que irrumpió en el escenario político nacional: la de víctima de los tenebrosos “poderes fácticos”. Ohh! Ahora ya no es una víctima de las llamadas “cloacas del Estado”. Al revés, en un documentado cambio de guión, el vicepresidente ha pasado de ser perjudicado... a sospechoso de los delitos.
Existen sospechas más que fundadas de que miembros de la Fiscalía Anticorrupción le filtraron a Pablo Iglesias información de la investigación judicial en la que el líder de Podemos intentó ser víctima para acabar convertido, por decisión del juez, en sospechoso de sendos delitos de revelación de secretos y daños informáticos.
El vicepresidente del Gobierno no ha querido ni podido negar la veracidad de las informaciones que detallan, con elocuentes pruebas, que esos hechos de extrema gravedad tuvieron lugar, por la cercanía personal (en la cama) de uno de los fiscales (Ignacio Stampa) con la abogada defensora de Iglesias (Marta Flor). Ahora los españoles conocemos que en un chat interno de Podemos se reconoce que los fiscales Anticorrupción (dependientes de la Fiscalía General del Estado de la ínclita Delgado), han filtrado información del trascurso de la investigación a Pablo Iglesias.
Se empieza a ver que las cloacas del comisario Villarejo, que lo mismo han servido para justificar una campaña deslegitimadora contra el Rey Felipe VI que para una brutal purga en la Guardia Civil, habitan en la propia Vicepresidencia Segunda del Gobierno.
Conviene recordar que, en este caso, llueve sobre mojado. Porque esa "ayuda" de la Fiscalía, ciertamente indecente, viene precedida de otro episodio más grave si cabe: primero denunció el robo del móvil de su colaboradora Dina Bousselham, presentándolo en campaña electoral como ejemplo de las cloacas del Estado, y después se supo que lo tenía él, conservó la tarjeta de memoria durante meses sin decírselo a la perjudicada y, probablemente, la intentó destruir antes de devolverla.
Es decir, España tiene un vicepresidente que edifica un discurso político sobre una mentira, que ejerce de falsa víctima política y judicial para, finalmente, descubrirse el fétido pastel y servirse del propio Estado para intentar tapar la vergüenza. La historia de Podemos es la de una formación que ha vivido en convulsión, sumida en luchas de poder, conspiraciones, desconfianza, purgas y la búsqueda de lealtades para tratar de proteger el poder (el suyo, naturalmente). Una pugna latente que ahora se ha visto acrecentada al convertirse en protagonistas de aquello que denunciaban: las cloacas.
Toda esta historia del caso Dina retrata a Pablo Iglesias de manera escandalosa y para siempre, con su enésimo ejercicio de cinismo, y le coloca cerca del Tribunal Supremo o de cualquier instancia judicial que, sin duda, debe esclarecer estos hechos hasta las últimas consecuencias.
Pero también retrata a la Fiscalía General del Estado y al conjunto del Gobierno: para cosas así Sánchez nombró a Dolores Delgado en la institución, procedente directamente del Ejecutivo socialista (ex-ministra de Justicia). Ahora que el escándalo ya es mayúsculo y que la opinión pública es consciente de hasta qué punto Podemos puede usar su posición en el Gobierno para intentar influir en la Justicia, la Fiscalía General del Estado se juega su credibilidad y no le ha quedado más remedio que abrir una investigación sobre la connivencia y la coordinación de los fiscales del caso Tándem con Podemos, tras revelarse que el fiscal Ignacio Stampa pudo facilitar información a esa letrada.
Que Iglesias se hubiese beneficiado de filtraciones supondría un caso de corrupción institucional que en toda democracia obligaría a depurar responsabilidades inmediatas. En cualquier circunstancia, debería haber dimisiones, antes incluso de que se diriman las responsabilidades judiciales. Pero especialmente en las de un Gobierno y un dirigente que se han cansado de denunciar unas cloacas que, en realidad, las conforman ellos.
El hilo conductor del escándalo es Dina Bousselham. Ella está consiguiendo que todo ésto deje de ser un culebrón al más puro estilo venezolano dentro del tejemaneje de la política que se cuece tras el telón. Ahora que la Audiencia Nacional está investigando qué ha pasado realmente con su tarjeta de memoria, las contradicciones de las declaraciones de Dina han colocado a Pablo Iglesias en una situación comprometida. Pero empecemos por el principio:
Cuando cumplió los 18 años, en 2008, Dina abandonó su Marruecos natal y llegó a Madrid para estudiar Ciencias Políticas. Pronto se fue ganando el favor de Pablo Iglesias, su joven profesor universitario que incluso le dio una matrícula de honor en su asignatura. Después se convirtió en asesora de Iglesias en el Parlamento Europeo; progresivamente fue escalando y ocupando cargos orgánicos dentro del partido morado, y ahora es la directora de La Última Hora!, un medio digital creado en mayo de 2020 como herramienta propagandística de las tesis de Podemos.
La cercanía de Bousselham y Pablo Iglesias era tal que se empezaron a difundir rumores de una relación amorosa entre ambos. Igual sucede ahora con la actual asesora de Iglesias, Lilith Vestrynge. Todo esto habría sido una historia más entre los rumores sentimentales de Pablo Iglesias. Pero estalló lo que ahora se va desenvolviendo.
El 1 de noviembre de 2015, Bousselham estaba en el Ikea Alcorcón con su actual marido, Ricardo Sa Ferreira, también vinculado a Podemos. En un momento de aparente descuido, a ella le robaron el abrigo... y el móvil. En su interior, el dispositivo tenía una tarjeta de memoria SD en la que aparecían fotografías íntimas de ella, fotografías de Pablo Iglesias y de otros militantes, y documentos de estrategia política de Podemos. Empieza el thriller.
En enero de 2016, esa tarjeta SD llegó de forma anónima a la redacción de Interviú. La información la examina Alberto Pozas, director de la revista, y tras analizar la información, el presidente del grupo Zeta, Antonio Asensio, y el director editorial, Miguel Ángel Liso, deciden que no lo van a publicar. La información es demasiado íntima, muy comprometida, y no ven valor noticiable en ella. Asensio decide contactar con Pablo Iglesias para que vaya a verlo él mismo y dársela; a partir de ahí se pierde la pista de la dichosa tarjeta.
Meses después, Pozas acabaría entregando otra copia que había hecho él mismo al ex-comisario Villarejo, alegando que fue por una petición verbal policial, según consta en sus escritos de defensa.
A partir de aquí la historia se empieza a complicar y la veracidad de los hechos es lo que intentan dilucidar los investigadores actualmente. El caso podría resumirse con el título Iglesias de Sexo, mentiras y tarjeta SIM. El culebrón se ha convertido en una historia de machismo, mentiras y mensajes de Telegram. Un machismo repugnante de Iglesias, que si lo hubiera hecho un político del PP o de Vox hubiera merecido varias manifestaciones feminazis.
Sin embargo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, es casualmente la pareja oficial de este macho alfa. Pero es que además, el Ministerio que dirige puso en marcha en marzo 2017 una campaña en las redes sociales con el siguiente lema: «Espiar el móvil de tu pareja es violencia de género». Contradictorio, ya que eso es exactamente lo que hizo su esposo con la tarjeta de Dina. ¿Actuará la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género contra Iglesias? Bastante improbable, ya que está dirigida por Victoria Rosell (Podemos) bajo las órdenes directas de la ínclita esposa del acosador (Irene Montero).
Bien vale para ganarse un buen puñado de votos el esfuerzo de Pablo Iglesias de presentarse como adalid masculino de la causa feminista. Es, en teoría, el aliado perfecto. Sin embargo, desde que Iglesias es Iglesias no deja de rodearle la polémica de sus actitudes machistas.
Machismo porque cómo calificar a un hombre que recibe la llamada de otro hombre y que juntos en un despacho se ponen a ver fotos y vídeos íntimos de una mujer, que es su exasesora y amiga. Machismo porque Iglesias se quedó con la tarjeta con la información de Dina y no se lo dijo, se lo ocultó durante año y medio, dando un "trato vejatorio" como denunció el juez a Dina. Machismo porque cuando comienza a aflorar el escándalo, le obsequia con la dirección de una web digital para que se quede calladita. Machismo porque "azotaría" hasta que sangrara a la periodista Mariló Montero.
Machismo porque, según él mismo ha reconocido, no devolvió la tarjeta a su propietaria para protegerla y "no someterla a más presión". El mero hecho de que Iglesias tome unilateralmente la decisión que afecta a otra persona hace que sea un caso de paternalismo de manual. Pero el problema para él es que además entra en juego la cuestión de género y entra también una relación de poder: él es el hombre y el jefe de su asistente de “veintipico” años. Con todos esos elementos, él y sólo él, decide mantener en su posesión fotografías íntimas de ella, sin contar con su consentimiento, y toma por ella la decisión de cómo enfrentarse al problema del que ella es víctima. Esto hasta las teorías más primitivas y menos complejas del feminismo lo calificarían como machismo.
Por el momento, lo que se sabe es que Pablo Iglesias no devolvió inmediatamente la tarjeta a Dina, sino que se quedó con ella (y con todo su contenido íntimo) entre 5 y 39 meses.
Se sabe también que en julio de 2016 se publicaron en Okdiario algunos de los mensajes que contenía la tarjeta de memoria de Dina, como los comentarios machistas de Pablo Iglesias sobre la presentadora Mariló Montero, en los que decía que “La azotaría hasta que sangre. Soy marxista convertido en psicópata”. Desde Podemos fueron corriendo a vincular ésto con la sustracción del móvil, con que las conversaciones estaban ahí grabadas, y Dina amplió su denuncia del robo incluyendo ésto. Nadie dijo que la tarjeta ya había vuelto a manos de Dina.
Cuando en noviembre de 2017 detuvieron al ex-comisario Villarejo acusado de delitos de cohecho, corrupción y blanqueo de capitales (entre otros), en el registro de su domicilio apareció parte de la información sensible de dicha tarjeta, guardada en su ordenador. El contexto era perfecto para Podemos. El argumento era el siguiente: Pozas le había dado toda la información privada a Villarejo y éste la entregó a los medios de comunicación, que la publicaron. Tenían a las cloacas mediáticas y del Estado confabulando juntas para atacarles. Pero ahora sabemos que la copia del móvil hallada en la vivienda del comisario tiene fecha de abril de 2016, tres meses después de que Iglesias hubiera recibido un primer duplicado del teléfono
El caso Dina se convirtió en una delicia a la que sacar rédito electoral cuando, antes de las elecciones de abril de 2019, Dina tuvo que ir a declarar ante el juez por primera vez. El líder de Podemos enmarcó el robo del móvil de su antigua colaboradora en una operación de la ‘policía patriótica’ que buscaba desestabilizar a su formación en un momento en el que las encuestas le sonreían, y de paso, lo aprovechaba para desviar la atención sobre sus vínculos financieros con el régimen venezolano.
Ahora se sabe que todo era mentira y que el uso electoralista, el convertirse en víctima por parte de Iglesias y sacarle rédito político, era torticero y deliberado.
En este vídeo se explica todo el intríngulis del caso:
Si ahora se conoce que todo esto es falso, ha sido gracias a las declaraciones que Dina Bousselham ha hecho ante el juez. Son contradictorias, cada una más que la anterior, y están salpicando a todos los que rodean esta historia. Hay hasta cinco grandes contradicciones.
1. En marzo de 2009 Dina ocultó ante el juez, siendo un dato clave, haber compartido las capturas de pantalla en las que Iglesias hacía comentarios machistas sobre Mariló Montero. Entonces, la línea era culpar a Villarejo. Tampoco comunicó a la policía que había recuperado la tarjeta. Sin embargo, más tarde la Policía Nacional acreditó que había mentido y tuvo que reconocer que las había pasado a terceros.
La investigación dio un giro tras conocerse que Dina había compartido pantallazos de las conversaciones en un grupo y que Iglesias tuvo una copia 3 meses antes que Villarejo.
2. 18 de mayo de 2020. Bousselham entregó la tarjeta con la información. Dijo que ésta no funcionaba y que la Policía no pudo extraer su contenido porque estaba parcialmente quemada (se sospecha que pudo ser destruida en un microondas). Por su parte, el marido de Dina, Ricardo Sa Ferreira, dijo a las autoridades que tras el robo del móvil, él no había vuelto a saber nada sobre la tarjeta. Sin embargo, para acreditar que ella no la destruyó, aportó como prueba una serie de correos electrónicos que había mandado a una empresa de Reino Unido para intentar recuperar los datos. El problema es que esos correos estaban enviados desde la cuenta de Ricardo Sa Ferreira, por lo que Dina compromete la versión de su marido.
3. Dina dijo que sus intentos de recuperar la información se produjeron en verano de 2016, pero los emails que presenta como prueba son de septiembre de 2017. Es decir, se sospecha que Iglesias pudo esconder la tarjeta durante más de año y medio, y no durante 6 o 7 meses como dijo Dina. Las declaraciones de Dina dejan en la picota a Iglesias.
4. Dina Bousselham declaró en un primer momento que había recibido la tarjeta quemada y que no pudo acceder a su contenido. Sin darse cuenta, con esa declaración implicaba directamente a Pablo Iglesias. Si en el Grupo Zeta el vicepresidente la pudo revisar y Dina no, debía haber sido él quien la quemó. Obvio.
El juez abrió la investigación, en un primer momento secreta, para investigar en la línea de que Villarejo pudiera estar detrás del robo y filtrar dichos mensajes a la prensa -a cambio de acuerdos comerciales y pagos a los medios de comunicación- para perjudicar a Podemos. De ahí que ofreciera a Pablo Iglesias figurar como perjudicado. Tras comprobar (por distintos informes policiales) que el líder de Podemos recibió una copia de la tarjeta del móvil de Dina y no se la entregó a ésta hasta pasados al menos 5 meses -aunque pudieron ser hasta 36- y que (supuestamente) se la devolvió dañada, cambió el rumbo de la investigación y ahora considera que Iglesias pudo cometer dos delitos: daños informáticos y revelación de secretos (por destruir la tarjeta y por acceder a la información que contenía).
5. Lejos de dejar que las cosas sigan su curso, Dina ha decidido huir hacia adelante con una nueva contradicción, y lo ha hecho para salvar a Iglesias. Tras conocer que el juez está valorando elevarlo al Supremo, Dina ha presentado el 18 de mayo en la Audiencia Nacional un escrito en el que rectifica sus últimas declaraciones: asegura que en un primer momento la tarjeta "funcionaba" y que luego "dejó de funcionar". Pero miente. Un informe del pasado 19 de enero de la Policía Científica dice que la tarjeta tiene un daño físico visible, presentando un color anaranjado, lo que evidencia el daño físico que ha sufrido la tarjeta para dejarla inservible y que no se pueda acceder a la información. Y si el daño físico impidió que la Policía la analizara, es imposible que la ex-asesora de Iglesias pudiera acceder a la misma.
Así, el 25 de mayo de 2020, el juez de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, dictó un auto en el que encargaba nuevas investigaciones a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía para esclarecer algunas incógnitas sobre la entrega y la destrucción de la tarjeta. Del resultado del informe policial dependerá la valoración sobre si tiene base o no para dirigirse al Supremo. Porque, dada su condición de aforado, el juez tendría que elevar exposición razonada al Tribunal Supremo si termina apreciando sólidos indicios de delito en Iglesias.
La investigación interna del Ministerio Público abordará si, como se ha publicado, los fiscales filtraron información reservada de la causa a Podemos (aunque parece más que evidente). La situación más comprometida es la de Ignacio Stampa, al que, según los mensajes que se han publicado en prensa a mediados de junio, apuntan como presunto filtrador de informaciones protegidas por secreto de sumario.
El denunciante de los hechos es José Manuel Calvente, el anterior abogado de los morados. En octubre de 2019 fue despedido por investigar "graves irregularidades" internas contra Podemos , aunque según la versión del partido el cese se debió al acoso laboral y sexual a... efectivamente ¡Marta Flor! (la abogada que lo sustituyó en el puesto y que representa a Iglesias y Dina). Como contrarréplica, Calvente ha denunciado las presuntas «relaciones íntimas» entre el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa, y Marta Flor Núñez que podrían perjudicar a la investigación. Con este lío de faldas, la Fiscalía habría trasladado a Flor información privilegiada de la situación de las investigaciones.
Es decir, Calvente estaba investigando al partido por malversación y administración desleal, y Podemos lo despidió acusándolo de delitos de hostigamiento, acoso laboral, acoso sexual y lesiones a la también abogada del partido Marta Flor. A Iglesias le ha salido el tiro por la culta con este despido, ya que la jueza ha archivado la causa contra Calvente al no considerar debidamente justificada la perpetración de esos delitos denunciados. Sin embargo, la formación de izquierda radical tiene ahora tres frentes judiciales abiertos como consecuencia de la vendetta que se está cobrando su ex-abogado: una demanda por despido improcedente, la posible implicación de Iglesias en el caso Dina y una denuncia por malversación y administración desleal. Y Podemos acaba de ser IMPUTADO.
Las sospechas de filtraciones se materializaban a finales de junio. Varios periódicos publicaban los mensaje de Flor en el chat jurídico de Podemos. La letrada se refiere al fiscal Stampa con el nombre en clave de "Ironman" y al otro fiscal, Miguel Serrano, como "Batman". Estos mensajes muestran que Marta Flor sabía que se iba a producir un registro en Okdiario, que se habría coordinado con los fiscales para paralizar una sentencia del Tribunal Supremo contra Pablo Iglesias o que el abogado purgado Calvente advirtió en 2016 que los mensajes publicados sobre Dina eran "una filtración". Finalmente, la gota que colmaba el vaso. Stampa habría dicho "extraoficialmente porque está en secreto" que el juez había aceptado unas diligencias a Flor. Es decir, afloraba, y nunca mejor dicho, la presunta revelación de secretos.
Esta complicidad de la Fiscalía con el delito adquiere caracteres pornográficos a la espera de que se depuren responsabilidades sobre estos representantes de un Ministerio Público que ha emprendido un camino de perdición que imposibilita una Justicia independiente en España. Por eso, el juez ha abroncado a los mismos fiscales -presuntamente filtradores- por salir en auxilio del líder morado pidiendo el archivo de la investigación y engordando la teoría de que la ex-asesora Dina había disculpado a Iglesias ante el “enigma” de la sustracción de la tarjeta de su móvil, su retención durante 5 meses (¿o más?) y su posterior destrucción.
Actualización 8 de julio: Poco a poco se va desvelando más información acerca del contenido de la tarjeta. Los fiscales anticorrupción del caso Villarejo ofrecieron su ayuda a Podemos para lograr que el Tribunal Supremo aplazara una sentencia vital para Pablo Iglesias: la supuesta cuenta opaca Iglesias en la isla de Granadina con 272.325 dólares que le pagó el Gobierno de Venezuela (caso conocido como Operación Tándem). La información de la cuenta offshore fue publicada por OkDiario, Iglesias demandó al periódico y perdió el juicio en abril de 2017. En 2018, la única opción para el presidente de Podemos era encontrar una vinculación entre Villarejo (implicando a la cúpula policial del gobierno de Mariano Rajoy) y 'OkDiario', y aprovechar el hallazgo para que el Supremo inclinara por fin la balanza a su favor si lo consideraba víctima de una conspiración contra su partido.
El 27 de octubre de 2018, Marta Flor y otros letrados del partido se citaron con los fiscales anticorrupción para trasladarles su intención de solicitar la apertura de una pieza separada que se centrara específicamente en las 'cloacas del Estado' y en su teórico aparato mediático. De los mensajes de un chat interno de Podemos se desprende que Stampa y Serrano mostraron su apoyo a esa propuesta e incluso asesoraron al equipo jurídico de Podemos sobre cómo debían redactarla para que fuera aceptada por el entonces juez del caso, Manuel García-Castellón. Así lograron que el juez autorizara las diligencias.
Nuevos mensajes de los abogados de Podemos en los meses posteriores a la apertura del caso Villarejo muestran cómo en sus conversaciones con los fiscales de Anticorrupción (Ignacio Stampa y Miguel Serrano) los letrados no se limitaron a recabar información que pudiera servir a Pablo Iglesias para fortalecer su estrategia legal en el Tribunal Supremo, donde el partido morado había acudido para intentar demostrar que la publicación por parte de 'OkDiario' de los supuestos pagos del Gobierno venezolano en Granadinas formaban parte de un acoso policial y mediático ideado por 'las cloacas'. La estrategia recomendada fue la de huir de pedir imputaciones directas de policías y periodistas, y especifica que los fiscales han avisado de que no apoyarán detenciones ni imputaciones personales hasta que exista un respaldo para ello en las grabaciones o documentación intervenidas en el caso Tandem.
Según apuntan los chats de Telegram internos del partido, en los encuentros se trató la posibilidad de que los de Anticorrupción contactaran con sus compañeros del Ministerio Público en el alto tribunal para ayudar a Iglesias, a pesar de que el sumario se encontraba bajo secreto.
Sin embargo, tras más de un año de investigación, la Fiscalía tuvo que admitir el pasado mayo que no hay ninguna prueba que vincule al comisario con la publicación de esas informaciones. Es decir, no existe ninguna cloaca mediática contra Podemos.
Todo esto añadiría un nuevo delito a la lista de Iglesias: fraude procesal, según el artículo 457 del Código Penal (emplear medios engañosos o artificiosos dirigidos a provocar en el juzgador un error de hecho que haya de originar o pueda originar una resolución errónea y por tanto injusta, simulando ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciando una inexistente).
Ante el posible "conflicto de intereses" por el hecho de que Dina (víctima) e Iglesias (posible verdugo) compartiesen a la abogada Marta Flor, el 26 de junio, el juez García-Castellón dio un ultimátum a Dina Bousselham para que designase un abogado distinto. Finalmente ha sido Iglesias el que ha cambiado de abogado, una tomadura de pelo en toda regla al juez. Marta Flor seguirá defendiendo a Dina, e Iglesias ha fichado a un superabogado laboralista (Raúl Maíllo) vinculado al entorno político de la izquierda que ha aparecido en casos muy mediáticos como el de los papeles de Bárcenas.
Con las contradicciones de Dina y, ahora, con la filtración de los mensajes de Flor en los que se ve que alardea de una relación 'demasiado íntima' con uno de los fiscales anticorrupción de la causa, la abogada se está convirtiendo de alguna forma responsable del culebrón. Es como si todas las culpas ahora recayeran sobre ella, o como si recayeran sobre Dina por lo que sus palabras han significado para Iglesias. Ahora, ellas dos parecen estar en un bando, como cabeza de turco, mientras que Iglesias encara una nueva etapa, intentando volver a ser víctima, de la mano del brillante Raúl Maíllo.
Conociendo su cepa de procedencia, Podemos no venía "para acabar con la corrupción", sino para instrumentalizarla y, una vez en el poder, apropiarse del negocio. Al igual que Chávez y Maduro pudrieron las instituciones democráticas venezolanas, incluida la Justicia, España corre serio riesgo de seguir esos derroteros si Sánchez no rompe con Iglesias, pues los males que no se atajan en su inicio truecan en irremediables. Podemos no es una fuerza política al uso, sino una organización que no desprecia el delito.
Es ya complicado tapar la impostura de un Iglesias que señala con su dedo acusador a La Zarzuela, al PP, a Felipe González, a los jueces que condenaron a la podemita Isa Serra, a la Policía, a la Guardia Civil... cuando cada vez existen más pruebas de que la “cloaca”, en realidad, la tiene debajo de su despacho. Y es de color morado.
Mala pinta tiene todo, por mucho que Pedro Sánchez parezca haber enviado a su fiel fiscal Dolores Delgado al rescate de su socio en el Consejo de Ministros. Mientras, en algunos despachos de La Moncloa se frotan las manos con las dificultades que atraviesa el líder radical.
Claro que Iglesias no vale solo por sí mismo, sino por ser el eslabón con separatistas catalanes y bilduetarras. El triunvirato Sánchez, Iglesias y Redondo marca la suerte de este país desde el abrazo con el que todos ellos taparon sus respectivos fracasos en las elecciones de noviembre supeditando el destino de cada uno de ellos al de los otros. Por ello, Sánchez no dejará caer a Iglesias.
Ya a estas alturas del escándalo protagonizado por el caco de los móviles, nadie duda de dos hechos incontrovertibles: el primero, que de ser calificado como “ofendido” ha pasado a ser Iglesias acusado de un proceso que no ha hecho más que comenzar. El segundo, que sus lamentos como “perjudicado” significaban una pura patraña.
Sorprende que, tan lenguaraz como ha sido siempre, Iglesias mantenga un silencio sepulcral al respecto de todo este culebrón. Vox ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y la Criminalidad Organizada contra el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, la asesora de Podemos Dina Bousselham y la abogada de ésta, Marta Flor, y el fiscal Ignacio Stampa. Se les atribuyen seis delitos: denuncia falsa, falso testimonio, simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias y revelación de secretos.
Pero ni aun así ha salido el líder de Podemos a dar ni la menor explicación acerca de las informaciones que hemos ido conociendo acerca de un caso en el que cada vez parece más evidente que nada es lo que él quiso hacer creer.
Pablo Iglesias, como vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez, debería haber dado explicaciones acerca de por qué se presentó ante el juez como perjudicado, sin serlo.
Por qué mantuvo en su poder durante tantos meses la tarjeta de memoria del móvil que decían que le habían robado a su “asistente” y por qué cuando se la devolvió, después de comprobar su contenido, se la entregó completamente inutilizada, pudiendo haber incurrido en un presunto delito de obstrucción a la justicia.
Por qué dispuso de esa tarjeta al menos tres meses antes que el ex comisario Villarejo y qué es lo que tuvo él que ver con que llegara a sus manos y con que posteriormente aparecieran publicadas unas capturas que le sirvieron para presentarse a las elecciones como víctima de lo que él llamó «las cloacas del Estado».
Iglesias debe dar explicaciones sobre qué tipo de relación mantenía con su “asistente”.
Qué tipo de material íntimo contenía esa tarjeta para que, cuando llegó a manos de la revista Interviú, su editor, Antonio Asensio, decidiera entregársela al líder de Podemos en vez de a la policía o a su dueña, la propia Dina Bousselham, que es lo que habría sido lógico.
Pero lo que es aún más grave si cabe, es la actuación en este caso de la fiscalía anticorrupción. Pablo Iglesias debe explicar por qué su (ahora ex) abogada, Marta Flor, dice que mantiene una relación íntima con el fiscal del caso Villarejo, Ignacio Stampa, y por qué cuenta que, como consecuencia de esa relación, le ha ido filtrando información reservada que Podemos ha usado en beneficio propio.
Son muchas las explicaciones que Pablo Iglesias debería estar dando, pero sigue callado como una puerta y quien calla otorga. Por ahora Iglesias es un “presunto” delincuente que tiene todas las trazas de sufrir un proceso penal que le puede condenar, en el mejor de los casos, por descubrimiento y revelación de secretos y falso testimonio, y, en el peor para él, por los seis de los que le acusa Vox.
Es de esperar que la instrucción de García Castellón no se eternice en el tiempo. Lo que procede en este momento es que el juez deje atrás las presiones del Gobierno y desatienda las sugestiones de la enmerdada Fiscalía de Delgado, y deduzca el testimonio de los testigos falsos acreditados en el caso. Debería en consecuencia y cuanto antes incoar un nuevo procedimiento y, dada la condición de aforado de Iglesias como parlamentario (que no como vicepresidente), remitir todas sus actuaciones a la Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo.
Iglesias es un provocador insoportable, ya es el alguacil alguacilado, pero aún cuenta con la complicidad de su conmilitón político, el todavía presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Éste, a juicio de los que tienen alguna información sobre él, no se va a mojar en la defensa de su íntimo colaborador, el jefe de los leninistas del país.
Por fin habló el mudito Iglesias sobre los efectos visibles del culebrón Dina. Como era previsible en un enfermo de egolatría, el vicepresidente se defendió atacando. Ni media palabra de autocrítica. En declaraciones a RNE (el 3 de julio) arremetió contra una supuesta mafia policial y mediática dedicada a desprestigiarlo, instalándose en una olímpica autoexculpación respecto a su conducta en el caso que nos ocupa.
Iglesias se limita a negar la mayor. Niega una relación íntima con Dina y asegura que tardó en entregarle la tarjeta para "protegerla" de las presiones ante la filtración de su affaire. Niega haber recibido filtraciones de la Fiscalía sobre el caso y arremete contra la decisión del juez que instruye la causa de haberle retirado la condición de perjudicado. Se niega a comparecer en el Congreso por este asunto y dice que tendrían que hacerlo también Rajoy y Soraya Santamaría.
Ya sabemos todos que ¡la culpa de todo lo que ocurre en este país es del PP! Sus argumentos de defensa: por un lado, tratará de conectar a Villarejo con la llamada policía patriótica de tiempos de Mariano Rajoy (la Dirección Adjunta Operativa de la Policía a la que se le entregó la tarjeta antes de que se publicara su contenido). Por otro lado, tratará de vincular al juez que le ha retirado la condición de perjudicado en este caso con el ex-presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por unos audios del caso Lezo que llevó a prisión al ex-dirigente del PP. Balones fuera y argumentario recitado al milímetro.
A Iglesias ya no le importa reconocerse como habitante de las cloacas, siempre que el estigma se haga extensivo en una comisión parlamentaria al expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Sáenz de Santamaría, el exministro Fernández Díaz, el excomisario Villarejo, el policía Pino, etc.
En un mitin electoral en Vigo (5 de julio) habló de "ultra ultra derecha" para referirse a quienes informan sobre el caso y dijo que piensa pedir una comisión de investigación en el Congreso a la que llevará a periodistas a declarar. Implica así, de lleno, al Gobierno en su conjunto en este escándalo, a pesar del prudente silencio que el PSOE y Pedro Sánchez están intentando mantener. Todo ello después de que el periódico El Mundo publicara las conversaciones de los abogados de Podemos que demuestran que el caso Dina fue manejado políticamente por el partido en un contexto electoral y que ni siquiera en el seno de la formación se creían su propia versión de que la tarjeta del teléfono de Dina Bousselham había sido robada por la supuesta mafia policial que presuntamente dirigía el ex comisario Villarejo.
Lo que en la campaña de las fallidas elecciones generales del pasado mes de abril se calificó de trama para evitar su entrada en el Gobierno, ahora se vincula a "sacar a Podemos del Gobierno".
El líder de Podemos ha decidido ir hacia delante con este asunto y arrastrar al Gobierno consigo. En sus declaraciones asegura que Sánchez le apoya (¿dónde lo ha dicho, cuándo lo ha dicho?) y anuncia que no dimitirá aunque acabe siendo judicialmente imputado, porque todo responde a una operación de los "tipejos" y la "gentuza" que quieren sacarlo del Gobierno y romper la coalición. Y en su cruzada señala directamente a varios medios de comunicación (El Mundo, El Confidencial y OkDiario) y periodistas concretos (Esteban Urreiztieta de El Mundo, Eduardo Inda de OkDiario, e incluso Vicente Vallés de A3 Noticias).
Como colofón, Iglesias dijo que va a proponer una comisión parlamentaria de investigación, pero no sobre el caso Dina en concreto, como reclama la oposición, sino sobre "las cloacas". La agresiva actitud de Iglesias es la propia del populismo cuando se ve acorralado por sus falsedades y crea una cortina de humo para desviar la atención de un escándalo que golpea a su partido y a su propia persona.
Ni PP ni Ciudadanos están dispuestos a permitir que el PSOE y Pedro Sánchez sigan manteniendo un religioso silencio sobre este asunto, particularmente después de que Iglesias haya involucrado al Gobierno en su conjunto en su defensa en el caso Dina, al asegurar que la motivación de las informaciones que está publicando la prensa es romper el Ejecutivo de coalición y frenar las medidas implantadas en sus 6 meses de vida.
Desde el PP califican de "inadmisible" el "ataque de Iglesias a la libertad de información" y alertan de que "nunca antes se había visto un señalamiento así de periodistas y medios de comunicación por parte del Gobierno de España".
Ante los señalamientos públicos por parte de Iglesias, las difamaciones de Pablo Echenique en estos días o la amenaza de llevar a los periodistas a declarar a una comisión del Congreso, el PP ha puesto el foco en la inexistente desautorización de Sánchez. Así, Casado ha instado al presidente a "reprobar" a su socio y le ha recordado que la libertad de prensa es "uno de los pilares de nuestra democracia".
Los virulentos ataques de Pablo Iglesias a la prensa y la Justicia suponen un intolerable intento de amedrentamiento por parte del Gobierno a dos de los pilares de nuestra democracia. Porque, lejos de ceñirse a un ámbito estrictamente partidista, las invectivas del vicepresidente vinculan al Gobierno y al propio Pedro Sánchez, quien hasta ahora ha optado por una onerosa inhibición ante lo que no puede calificarse más que de irresponsable e inquietante comportamiento de Iglesias.
A lo largo de más de cuatro décadas de democracia, no existen precedentes de un ataque sistemático por parte de un vicepresidente del Ejecutivo a medios de comunicación. El señalamiento de Iglesias a periodistas y jueces, verbalizado con una saña absolutamente impropia del cargo institucional que ocupa, deben enmarcarse en una indisimulada deriva iliberal. Un Gobierno que ataca la libertad de información constituye un peligro para la ciudadanía, lo que exige no solo la reprobación que ya están haciendo algunos medios, sino de las propias instituciones democráticas.
La reprobación de los excesos del vicepresidente corresponde a las instituciones, que son las que tienen encomendada la garantía de las libertades. Esta exigencia incumbe al Gobierno del que Iglesias es integrante, pero también al Parlamento o al Defensor del Pueblo. La inadmisible campaña del vicepresidente contra la prensa no puede quedar impune. Está en juego preservar un derecho fundamental como es el de la información.
Existen sospechas más que fundadas de que miembros de la Fiscalía Anticorrupción le filtraron a Pablo Iglesias información de la investigación judicial en la que el líder de Podemos intentó ser víctima para acabar convertido, por decisión del juez, en sospechoso de sendos delitos de revelación de secretos y daños informáticos.
El vicepresidente del Gobierno no ha querido ni podido negar la veracidad de las informaciones que detallan, con elocuentes pruebas, que esos hechos de extrema gravedad tuvieron lugar, por la cercanía personal (en la cama) de uno de los fiscales (Ignacio Stampa) con la abogada defensora de Iglesias (Marta Flor). Ahora los españoles conocemos que en un chat interno de Podemos se reconoce que los fiscales Anticorrupción (dependientes de la Fiscalía General del Estado de la ínclita Delgado), han filtrado información del trascurso de la investigación a Pablo Iglesias.
Se empieza a ver que las cloacas del comisario Villarejo, que lo mismo han servido para justificar una campaña deslegitimadora contra el Rey Felipe VI que para una brutal purga en la Guardia Civil, habitan en la propia Vicepresidencia Segunda del Gobierno.
Conviene recordar que, en este caso, llueve sobre mojado. Porque esa "ayuda" de la Fiscalía, ciertamente indecente, viene precedida de otro episodio más grave si cabe: primero denunció el robo del móvil de su colaboradora Dina Bousselham, presentándolo en campaña electoral como ejemplo de las cloacas del Estado, y después se supo que lo tenía él, conservó la tarjeta de memoria durante meses sin decírselo a la perjudicada y, probablemente, la intentó destruir antes de devolverla.
Es decir, España tiene un vicepresidente que edifica un discurso político sobre una mentira, que ejerce de falsa víctima política y judicial para, finalmente, descubrirse el fétido pastel y servirse del propio Estado para intentar tapar la vergüenza. La historia de Podemos es la de una formación que ha vivido en convulsión, sumida en luchas de poder, conspiraciones, desconfianza, purgas y la búsqueda de lealtades para tratar de proteger el poder (el suyo, naturalmente). Una pugna latente que ahora se ha visto acrecentada al convertirse en protagonistas de aquello que denunciaban: las cloacas.
Toda esta historia del caso Dina retrata a Pablo Iglesias de manera escandalosa y para siempre, con su enésimo ejercicio de cinismo, y le coloca cerca del Tribunal Supremo o de cualquier instancia judicial que, sin duda, debe esclarecer estos hechos hasta las últimas consecuencias.
Pero también retrata a la Fiscalía General del Estado y al conjunto del Gobierno: para cosas así Sánchez nombró a Dolores Delgado en la institución, procedente directamente del Ejecutivo socialista (ex-ministra de Justicia). Ahora que el escándalo ya es mayúsculo y que la opinión pública es consciente de hasta qué punto Podemos puede usar su posición en el Gobierno para intentar influir en la Justicia, la Fiscalía General del Estado se juega su credibilidad y no le ha quedado más remedio que abrir una investigación sobre la connivencia y la coordinación de los fiscales del caso Tándem con Podemos, tras revelarse que el fiscal Ignacio Stampa pudo facilitar información a esa letrada.
Que Iglesias se hubiese beneficiado de filtraciones supondría un caso de corrupción institucional que en toda democracia obligaría a depurar responsabilidades inmediatas. En cualquier circunstancia, debería haber dimisiones, antes incluso de que se diriman las responsabilidades judiciales. Pero especialmente en las de un Gobierno y un dirigente que se han cansado de denunciar unas cloacas que, en realidad, las conforman ellos.
El culebrón y el thriller político del caso Dina
El hilo conductor del escándalo es Dina Bousselham. Ella está consiguiendo que todo ésto deje de ser un culebrón al más puro estilo venezolano dentro del tejemaneje de la política que se cuece tras el telón. Ahora que la Audiencia Nacional está investigando qué ha pasado realmente con su tarjeta de memoria, las contradicciones de las declaraciones de Dina han colocado a Pablo Iglesias en una situación comprometida. Pero empecemos por el principio:
Cuando cumplió los 18 años, en 2008, Dina abandonó su Marruecos natal y llegó a Madrid para estudiar Ciencias Políticas. Pronto se fue ganando el favor de Pablo Iglesias, su joven profesor universitario que incluso le dio una matrícula de honor en su asignatura. Después se convirtió en asesora de Iglesias en el Parlamento Europeo; progresivamente fue escalando y ocupando cargos orgánicos dentro del partido morado, y ahora es la directora de La Última Hora!, un medio digital creado en mayo de 2020 como herramienta propagandística de las tesis de Podemos.
La cercanía de Bousselham y Pablo Iglesias era tal que se empezaron a difundir rumores de una relación amorosa entre ambos. Igual sucede ahora con la actual asesora de Iglesias, Lilith Vestrynge. Todo esto habría sido una historia más entre los rumores sentimentales de Pablo Iglesias. Pero estalló lo que ahora se va desenvolviendo.
El 1 de noviembre de 2015, Bousselham estaba en el Ikea Alcorcón con su actual marido, Ricardo Sa Ferreira, también vinculado a Podemos. En un momento de aparente descuido, a ella le robaron el abrigo... y el móvil. En su interior, el dispositivo tenía una tarjeta de memoria SD en la que aparecían fotografías íntimas de ella, fotografías de Pablo Iglesias y de otros militantes, y documentos de estrategia política de Podemos. Empieza el thriller.
En enero de 2016, esa tarjeta SD llegó de forma anónima a la redacción de Interviú. La información la examina Alberto Pozas, director de la revista, y tras analizar la información, el presidente del grupo Zeta, Antonio Asensio, y el director editorial, Miguel Ángel Liso, deciden que no lo van a publicar. La información es demasiado íntima, muy comprometida, y no ven valor noticiable en ella. Asensio decide contactar con Pablo Iglesias para que vaya a verlo él mismo y dársela; a partir de ahí se pierde la pista de la dichosa tarjeta.
Meses después, Pozas acabaría entregando otra copia que había hecho él mismo al ex-comisario Villarejo, alegando que fue por una petición verbal policial, según consta en sus escritos de defensa.
A partir de aquí la historia se empieza a complicar y la veracidad de los hechos es lo que intentan dilucidar los investigadores actualmente. El caso podría resumirse con el título Iglesias de Sexo, mentiras y tarjeta SIM. El culebrón se ha convertido en una historia de machismo, mentiras y mensajes de Telegram. Un machismo repugnante de Iglesias, que si lo hubiera hecho un político del PP o de Vox hubiera merecido varias manifestaciones feminazis.
Sin embargo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, es casualmente la pareja oficial de este macho alfa. Pero es que además, el Ministerio que dirige puso en marcha en marzo 2017 una campaña en las redes sociales con el siguiente lema: «Espiar el móvil de tu pareja es violencia de género». Contradictorio, ya que eso es exactamente lo que hizo su esposo con la tarjeta de Dina. ¿Actuará la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género contra Iglesias? Bastante improbable, ya que está dirigida por Victoria Rosell (Podemos) bajo las órdenes directas de la ínclita esposa del acosador (Irene Montero).
Bien vale para ganarse un buen puñado de votos el esfuerzo de Pablo Iglesias de presentarse como adalid masculino de la causa feminista. Es, en teoría, el aliado perfecto. Sin embargo, desde que Iglesias es Iglesias no deja de rodearle la polémica de sus actitudes machistas.
Machismo porque cómo calificar a un hombre que recibe la llamada de otro hombre y que juntos en un despacho se ponen a ver fotos y vídeos íntimos de una mujer, que es su exasesora y amiga. Machismo porque Iglesias se quedó con la tarjeta con la información de Dina y no se lo dijo, se lo ocultó durante año y medio, dando un "trato vejatorio" como denunció el juez a Dina. Machismo porque cuando comienza a aflorar el escándalo, le obsequia con la dirección de una web digital para que se quede calladita. Machismo porque "azotaría" hasta que sangrara a la periodista Mariló Montero.
Machismo porque, según él mismo ha reconocido, no devolvió la tarjeta a su propietaria para protegerla y "no someterla a más presión". El mero hecho de que Iglesias tome unilateralmente la decisión que afecta a otra persona hace que sea un caso de paternalismo de manual. Pero el problema para él es que además entra en juego la cuestión de género y entra también una relación de poder: él es el hombre y el jefe de su asistente de “veintipico” años. Con todos esos elementos, él y sólo él, decide mantener en su posesión fotografías íntimas de ella, sin contar con su consentimiento, y toma por ella la decisión de cómo enfrentarse al problema del que ella es víctima. Esto hasta las teorías más primitivas y menos complejas del feminismo lo calificarían como machismo.
Por el momento, lo que se sabe es que Pablo Iglesias no devolvió inmediatamente la tarjeta a Dina, sino que se quedó con ella (y con todo su contenido íntimo) entre 5 y 39 meses.
Se sabe también que en julio de 2016 se publicaron en Okdiario algunos de los mensajes que contenía la tarjeta de memoria de Dina, como los comentarios machistas de Pablo Iglesias sobre la presentadora Mariló Montero, en los que decía que “La azotaría hasta que sangre. Soy marxista convertido en psicópata”. Desde Podemos fueron corriendo a vincular ésto con la sustracción del móvil, con que las conversaciones estaban ahí grabadas, y Dina amplió su denuncia del robo incluyendo ésto. Nadie dijo que la tarjeta ya había vuelto a manos de Dina.
Cuando en noviembre de 2017 detuvieron al ex-comisario Villarejo acusado de delitos de cohecho, corrupción y blanqueo de capitales (entre otros), en el registro de su domicilio apareció parte de la información sensible de dicha tarjeta, guardada en su ordenador. El contexto era perfecto para Podemos. El argumento era el siguiente: Pozas le había dado toda la información privada a Villarejo y éste la entregó a los medios de comunicación, que la publicaron. Tenían a las cloacas mediáticas y del Estado confabulando juntas para atacarles. Pero ahora sabemos que la copia del móvil hallada en la vivienda del comisario tiene fecha de abril de 2016, tres meses después de que Iglesias hubiera recibido un primer duplicado del teléfono
El caso Dina se convirtió en una delicia a la que sacar rédito electoral cuando, antes de las elecciones de abril de 2019, Dina tuvo que ir a declarar ante el juez por primera vez. El líder de Podemos enmarcó el robo del móvil de su antigua colaboradora en una operación de la ‘policía patriótica’ que buscaba desestabilizar a su formación en un momento en el que las encuestas le sonreían, y de paso, lo aprovechaba para desviar la atención sobre sus vínculos financieros con el régimen venezolano.
Ahora se sabe que todo era mentira y que el uso electoralista, el convertirse en víctima por parte de Iglesias y sacarle rédito político, era torticero y deliberado.
En este vídeo se explica todo el intríngulis del caso:
Las 4 mentiras de Dina
Si ahora se conoce que todo esto es falso, ha sido gracias a las declaraciones que Dina Bousselham ha hecho ante el juez. Son contradictorias, cada una más que la anterior, y están salpicando a todos los que rodean esta historia. Hay hasta cinco grandes contradicciones.
1. En marzo de 2009 Dina ocultó ante el juez, siendo un dato clave, haber compartido las capturas de pantalla en las que Iglesias hacía comentarios machistas sobre Mariló Montero. Entonces, la línea era culpar a Villarejo. Tampoco comunicó a la policía que había recuperado la tarjeta. Sin embargo, más tarde la Policía Nacional acreditó que había mentido y tuvo que reconocer que las había pasado a terceros.
La investigación dio un giro tras conocerse que Dina había compartido pantallazos de las conversaciones en un grupo y que Iglesias tuvo una copia 3 meses antes que Villarejo.
2. 18 de mayo de 2020. Bousselham entregó la tarjeta con la información. Dijo que ésta no funcionaba y que la Policía no pudo extraer su contenido porque estaba parcialmente quemada (se sospecha que pudo ser destruida en un microondas). Por su parte, el marido de Dina, Ricardo Sa Ferreira, dijo a las autoridades que tras el robo del móvil, él no había vuelto a saber nada sobre la tarjeta. Sin embargo, para acreditar que ella no la destruyó, aportó como prueba una serie de correos electrónicos que había mandado a una empresa de Reino Unido para intentar recuperar los datos. El problema es que esos correos estaban enviados desde la cuenta de Ricardo Sa Ferreira, por lo que Dina compromete la versión de su marido.
3. Dina dijo que sus intentos de recuperar la información se produjeron en verano de 2016, pero los emails que presenta como prueba son de septiembre de 2017. Es decir, se sospecha que Iglesias pudo esconder la tarjeta durante más de año y medio, y no durante 6 o 7 meses como dijo Dina. Las declaraciones de Dina dejan en la picota a Iglesias.
4. Dina Bousselham declaró en un primer momento que había recibido la tarjeta quemada y que no pudo acceder a su contenido. Sin darse cuenta, con esa declaración implicaba directamente a Pablo Iglesias. Si en el Grupo Zeta el vicepresidente la pudo revisar y Dina no, debía haber sido él quien la quemó. Obvio.
El juez abrió la investigación, en un primer momento secreta, para investigar en la línea de que Villarejo pudiera estar detrás del robo y filtrar dichos mensajes a la prensa -a cambio de acuerdos comerciales y pagos a los medios de comunicación- para perjudicar a Podemos. De ahí que ofreciera a Pablo Iglesias figurar como perjudicado. Tras comprobar (por distintos informes policiales) que el líder de Podemos recibió una copia de la tarjeta del móvil de Dina y no se la entregó a ésta hasta pasados al menos 5 meses -aunque pudieron ser hasta 36- y que (supuestamente) se la devolvió dañada, cambió el rumbo de la investigación y ahora considera que Iglesias pudo cometer dos delitos: daños informáticos y revelación de secretos (por destruir la tarjeta y por acceder a la información que contenía).
5. Lejos de dejar que las cosas sigan su curso, Dina ha decidido huir hacia adelante con una nueva contradicción, y lo ha hecho para salvar a Iglesias. Tras conocer que el juez está valorando elevarlo al Supremo, Dina ha presentado el 18 de mayo en la Audiencia Nacional un escrito en el que rectifica sus últimas declaraciones: asegura que en un primer momento la tarjeta "funcionaba" y que luego "dejó de funcionar". Pero miente. Un informe del pasado 19 de enero de la Policía Científica dice que la tarjeta tiene un daño físico visible, presentando un color anaranjado, lo que evidencia el daño físico que ha sufrido la tarjeta para dejarla inservible y que no se pueda acceder a la información. Y si el daño físico impidió que la Policía la analizara, es imposible que la ex-asesora de Iglesias pudiera acceder a la misma.
Así, el 25 de mayo de 2020, el juez de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, dictó un auto en el que encargaba nuevas investigaciones a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía para esclarecer algunas incógnitas sobre la entrega y la destrucción de la tarjeta. Del resultado del informe policial dependerá la valoración sobre si tiene base o no para dirigirse al Supremo. Porque, dada su condición de aforado, el juez tendría que elevar exposición razonada al Tribunal Supremo si termina apreciando sólidos indicios de delito en Iglesias.
La investigación interna del Ministerio Público abordará si, como se ha publicado, los fiscales filtraron información reservada de la causa a Podemos (aunque parece más que evidente). La situación más comprometida es la de Ignacio Stampa, al que, según los mensajes que se han publicado en prensa a mediados de junio, apuntan como presunto filtrador de informaciones protegidas por secreto de sumario.
El denunciante de los hechos es José Manuel Calvente, el anterior abogado de los morados. En octubre de 2019 fue despedido por investigar "graves irregularidades" internas contra Podemos , aunque según la versión del partido el cese se debió al acoso laboral y sexual a... efectivamente ¡Marta Flor! (la abogada que lo sustituyó en el puesto y que representa a Iglesias y Dina). Como contrarréplica, Calvente ha denunciado las presuntas «relaciones íntimas» entre el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa, y Marta Flor Núñez que podrían perjudicar a la investigación. Con este lío de faldas, la Fiscalía habría trasladado a Flor información privilegiada de la situación de las investigaciones.
Es decir, Calvente estaba investigando al partido por malversación y administración desleal, y Podemos lo despidió acusándolo de delitos de hostigamiento, acoso laboral, acoso sexual y lesiones a la también abogada del partido Marta Flor. A Iglesias le ha salido el tiro por la culta con este despido, ya que la jueza ha archivado la causa contra Calvente al no considerar debidamente justificada la perpetración de esos delitos denunciados. Sin embargo, la formación de izquierda radical tiene ahora tres frentes judiciales abiertos como consecuencia de la vendetta que se está cobrando su ex-abogado: una demanda por despido improcedente, la posible implicación de Iglesias en el caso Dina y una denuncia por malversación y administración desleal. Y Podemos acaba de ser IMPUTADO.
Las sospechas de filtraciones se materializaban a finales de junio. Varios periódicos publicaban los mensaje de Flor en el chat jurídico de Podemos. La letrada se refiere al fiscal Stampa con el nombre en clave de "Ironman" y al otro fiscal, Miguel Serrano, como "Batman". Estos mensajes muestran que Marta Flor sabía que se iba a producir un registro en Okdiario, que se habría coordinado con los fiscales para paralizar una sentencia del Tribunal Supremo contra Pablo Iglesias o que el abogado purgado Calvente advirtió en 2016 que los mensajes publicados sobre Dina eran "una filtración". Finalmente, la gota que colmaba el vaso. Stampa habría dicho "extraoficialmente porque está en secreto" que el juez había aceptado unas diligencias a Flor. Es decir, afloraba, y nunca mejor dicho, la presunta revelación de secretos.
Esta complicidad de la Fiscalía con el delito adquiere caracteres pornográficos a la espera de que se depuren responsabilidades sobre estos representantes de un Ministerio Público que ha emprendido un camino de perdición que imposibilita una Justicia independiente en España. Por eso, el juez ha abroncado a los mismos fiscales -presuntamente filtradores- por salir en auxilio del líder morado pidiendo el archivo de la investigación y engordando la teoría de que la ex-asesora Dina había disculpado a Iglesias ante el “enigma” de la sustracción de la tarjeta de su móvil, su retención durante 5 meses (¿o más?) y su posterior destrucción.
Actualización 8 de julio: Poco a poco se va desvelando más información acerca del contenido de la tarjeta. Los fiscales anticorrupción del caso Villarejo ofrecieron su ayuda a Podemos para lograr que el Tribunal Supremo aplazara una sentencia vital para Pablo Iglesias: la supuesta cuenta opaca Iglesias en la isla de Granadina con 272.325 dólares que le pagó el Gobierno de Venezuela (caso conocido como Operación Tándem). La información de la cuenta offshore fue publicada por OkDiario, Iglesias demandó al periódico y perdió el juicio en abril de 2017. En 2018, la única opción para el presidente de Podemos era encontrar una vinculación entre Villarejo (implicando a la cúpula policial del gobierno de Mariano Rajoy) y 'OkDiario', y aprovechar el hallazgo para que el Supremo inclinara por fin la balanza a su favor si lo consideraba víctima de una conspiración contra su partido.
El 27 de octubre de 2018, Marta Flor y otros letrados del partido se citaron con los fiscales anticorrupción para trasladarles su intención de solicitar la apertura de una pieza separada que se centrara específicamente en las 'cloacas del Estado' y en su teórico aparato mediático. De los mensajes de un chat interno de Podemos se desprende que Stampa y Serrano mostraron su apoyo a esa propuesta e incluso asesoraron al equipo jurídico de Podemos sobre cómo debían redactarla para que fuera aceptada por el entonces juez del caso, Manuel García-Castellón. Así lograron que el juez autorizara las diligencias.
Nuevos mensajes de los abogados de Podemos en los meses posteriores a la apertura del caso Villarejo muestran cómo en sus conversaciones con los fiscales de Anticorrupción (Ignacio Stampa y Miguel Serrano) los letrados no se limitaron a recabar información que pudiera servir a Pablo Iglesias para fortalecer su estrategia legal en el Tribunal Supremo, donde el partido morado había acudido para intentar demostrar que la publicación por parte de 'OkDiario' de los supuestos pagos del Gobierno venezolano en Granadinas formaban parte de un acoso policial y mediático ideado por 'las cloacas'. La estrategia recomendada fue la de huir de pedir imputaciones directas de policías y periodistas, y especifica que los fiscales han avisado de que no apoyarán detenciones ni imputaciones personales hasta que exista un respaldo para ello en las grabaciones o documentación intervenidas en el caso Tandem.
Según apuntan los chats de Telegram internos del partido, en los encuentros se trató la posibilidad de que los de Anticorrupción contactaran con sus compañeros del Ministerio Público en el alto tribunal para ayudar a Iglesias, a pesar de que el sumario se encontraba bajo secreto.
Sin embargo, tras más de un año de investigación, la Fiscalía tuvo que admitir el pasado mayo que no hay ninguna prueba que vincule al comisario con la publicación de esas informaciones. Es decir, no existe ninguna cloaca mediática contra Podemos.
Todo esto añadiría un nuevo delito a la lista de Iglesias: fraude procesal, según el artículo 457 del Código Penal (emplear medios engañosos o artificiosos dirigidos a provocar en el juzgador un error de hecho que haya de originar o pueda originar una resolución errónea y por tanto injusta, simulando ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciando una inexistente).
Ante el posible "conflicto de intereses" por el hecho de que Dina (víctima) e Iglesias (posible verdugo) compartiesen a la abogada Marta Flor, el 26 de junio, el juez García-Castellón dio un ultimátum a Dina Bousselham para que designase un abogado distinto. Finalmente ha sido Iglesias el que ha cambiado de abogado, una tomadura de pelo en toda regla al juez. Marta Flor seguirá defendiendo a Dina, e Iglesias ha fichado a un superabogado laboralista (Raúl Maíllo) vinculado al entorno político de la izquierda que ha aparecido en casos muy mediáticos como el de los papeles de Bárcenas.
Con las contradicciones de Dina y, ahora, con la filtración de los mensajes de Flor en los que se ve que alardea de una relación 'demasiado íntima' con uno de los fiscales anticorrupción de la causa, la abogada se está convirtiendo de alguna forma responsable del culebrón. Es como si todas las culpas ahora recayeran sobre ella, o como si recayeran sobre Dina por lo que sus palabras han significado para Iglesias. Ahora, ellas dos parecen estar en un bando, como cabeza de turco, mientras que Iglesias encara una nueva etapa, intentando volver a ser víctima, de la mano del brillante Raúl Maíllo.
Conociendo su cepa de procedencia, Podemos no venía "para acabar con la corrupción", sino para instrumentalizarla y, una vez en el poder, apropiarse del negocio. Al igual que Chávez y Maduro pudrieron las instituciones democráticas venezolanas, incluida la Justicia, España corre serio riesgo de seguir esos derroteros si Sánchez no rompe con Iglesias, pues los males que no se atajan en su inicio truecan en irremediables. Podemos no es una fuerza política al uso, sino una organización que no desprecia el delito.
Es ya complicado tapar la impostura de un Iglesias que señala con su dedo acusador a La Zarzuela, al PP, a Felipe González, a los jueces que condenaron a la podemita Isa Serra, a la Policía, a la Guardia Civil... cuando cada vez existen más pruebas de que la “cloaca”, en realidad, la tiene debajo de su despacho. Y es de color morado.
Mala pinta tiene todo, por mucho que Pedro Sánchez parezca haber enviado a su fiel fiscal Dolores Delgado al rescate de su socio en el Consejo de Ministros. Mientras, en algunos despachos de La Moncloa se frotan las manos con las dificultades que atraviesa el líder radical.
Claro que Iglesias no vale solo por sí mismo, sino por ser el eslabón con separatistas catalanes y bilduetarras. El triunvirato Sánchez, Iglesias y Redondo marca la suerte de este país desde el abrazo con el que todos ellos taparon sus respectivos fracasos en las elecciones de noviembre supeditando el destino de cada uno de ellos al de los otros. Por ello, Sánchez no dejará caer a Iglesias.
El silencio de Iglesias
Ya a estas alturas del escándalo protagonizado por el caco de los móviles, nadie duda de dos hechos incontrovertibles: el primero, que de ser calificado como “ofendido” ha pasado a ser Iglesias acusado de un proceso que no ha hecho más que comenzar. El segundo, que sus lamentos como “perjudicado” significaban una pura patraña.
Sorprende que, tan lenguaraz como ha sido siempre, Iglesias mantenga un silencio sepulcral al respecto de todo este culebrón. Vox ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y la Criminalidad Organizada contra el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, la asesora de Podemos Dina Bousselham y la abogada de ésta, Marta Flor, y el fiscal Ignacio Stampa. Se les atribuyen seis delitos: denuncia falsa, falso testimonio, simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias y revelación de secretos.
Pero ni aun así ha salido el líder de Podemos a dar ni la menor explicación acerca de las informaciones que hemos ido conociendo acerca de un caso en el que cada vez parece más evidente que nada es lo que él quiso hacer creer.
Pablo Iglesias, como vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez, debería haber dado explicaciones acerca de por qué se presentó ante el juez como perjudicado, sin serlo.
Por qué mantuvo en su poder durante tantos meses la tarjeta de memoria del móvil que decían que le habían robado a su “asistente” y por qué cuando se la devolvió, después de comprobar su contenido, se la entregó completamente inutilizada, pudiendo haber incurrido en un presunto delito de obstrucción a la justicia.
Por qué dispuso de esa tarjeta al menos tres meses antes que el ex comisario Villarejo y qué es lo que tuvo él que ver con que llegara a sus manos y con que posteriormente aparecieran publicadas unas capturas que le sirvieron para presentarse a las elecciones como víctima de lo que él llamó «las cloacas del Estado».
Iglesias debe dar explicaciones sobre qué tipo de relación mantenía con su “asistente”.
Qué tipo de material íntimo contenía esa tarjeta para que, cuando llegó a manos de la revista Interviú, su editor, Antonio Asensio, decidiera entregársela al líder de Podemos en vez de a la policía o a su dueña, la propia Dina Bousselham, que es lo que habría sido lógico.
Pero lo que es aún más grave si cabe, es la actuación en este caso de la fiscalía anticorrupción. Pablo Iglesias debe explicar por qué su (ahora ex) abogada, Marta Flor, dice que mantiene una relación íntima con el fiscal del caso Villarejo, Ignacio Stampa, y por qué cuenta que, como consecuencia de esa relación, le ha ido filtrando información reservada que Podemos ha usado en beneficio propio.
Son muchas las explicaciones que Pablo Iglesias debería estar dando, pero sigue callado como una puerta y quien calla otorga. Por ahora Iglesias es un “presunto” delincuente que tiene todas las trazas de sufrir un proceso penal que le puede condenar, en el mejor de los casos, por descubrimiento y revelación de secretos y falso testimonio, y, en el peor para él, por los seis de los que le acusa Vox.
Es de esperar que la instrucción de García Castellón no se eternice en el tiempo. Lo que procede en este momento es que el juez deje atrás las presiones del Gobierno y desatienda las sugestiones de la enmerdada Fiscalía de Delgado, y deduzca el testimonio de los testigos falsos acreditados en el caso. Debería en consecuencia y cuanto antes incoar un nuevo procedimiento y, dada la condición de aforado de Iglesias como parlamentario (que no como vicepresidente), remitir todas sus actuaciones a la Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo.
Iglesias es un provocador insoportable, ya es el alguacil alguacilado, pero aún cuenta con la complicidad de su conmilitón político, el todavía presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Éste, a juicio de los que tienen alguna información sobre él, no se va a mojar en la defensa de su íntimo colaborador, el jefe de los leninistas del país.
La versión de Iglesias
Por fin habló el mudito Iglesias sobre los efectos visibles del culebrón Dina. Como era previsible en un enfermo de egolatría, el vicepresidente se defendió atacando. Ni media palabra de autocrítica. En declaraciones a RNE (el 3 de julio) arremetió contra una supuesta mafia policial y mediática dedicada a desprestigiarlo, instalándose en una olímpica autoexculpación respecto a su conducta en el caso que nos ocupa.
Iglesias se limita a negar la mayor. Niega una relación íntima con Dina y asegura que tardó en entregarle la tarjeta para "protegerla" de las presiones ante la filtración de su affaire. Niega haber recibido filtraciones de la Fiscalía sobre el caso y arremete contra la decisión del juez que instruye la causa de haberle retirado la condición de perjudicado. Se niega a comparecer en el Congreso por este asunto y dice que tendrían que hacerlo también Rajoy y Soraya Santamaría.
Ya sabemos todos que ¡la culpa de todo lo que ocurre en este país es del PP! Sus argumentos de defensa: por un lado, tratará de conectar a Villarejo con la llamada policía patriótica de tiempos de Mariano Rajoy (la Dirección Adjunta Operativa de la Policía a la que se le entregó la tarjeta antes de que se publicara su contenido). Por otro lado, tratará de vincular al juez que le ha retirado la condición de perjudicado en este caso con el ex-presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por unos audios del caso Lezo que llevó a prisión al ex-dirigente del PP. Balones fuera y argumentario recitado al milímetro.
A Iglesias ya no le importa reconocerse como habitante de las cloacas, siempre que el estigma se haga extensivo en una comisión parlamentaria al expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Sáenz de Santamaría, el exministro Fernández Díaz, el excomisario Villarejo, el policía Pino, etc.
En un mitin electoral en Vigo (5 de julio) habló de "ultra ultra derecha" para referirse a quienes informan sobre el caso y dijo que piensa pedir una comisión de investigación en el Congreso a la que llevará a periodistas a declarar. Implica así, de lleno, al Gobierno en su conjunto en este escándalo, a pesar del prudente silencio que el PSOE y Pedro Sánchez están intentando mantener. Todo ello después de que el periódico El Mundo publicara las conversaciones de los abogados de Podemos que demuestran que el caso Dina fue manejado políticamente por el partido en un contexto electoral y que ni siquiera en el seno de la formación se creían su propia versión de que la tarjeta del teléfono de Dina Bousselham había sido robada por la supuesta mafia policial que presuntamente dirigía el ex comisario Villarejo.
Lo que en la campaña de las fallidas elecciones generales del pasado mes de abril se calificó de trama para evitar su entrada en el Gobierno, ahora se vincula a "sacar a Podemos del Gobierno".
El líder de Podemos ha decidido ir hacia delante con este asunto y arrastrar al Gobierno consigo. En sus declaraciones asegura que Sánchez le apoya (¿dónde lo ha dicho, cuándo lo ha dicho?) y anuncia que no dimitirá aunque acabe siendo judicialmente imputado, porque todo responde a una operación de los "tipejos" y la "gentuza" que quieren sacarlo del Gobierno y romper la coalición. Y en su cruzada señala directamente a varios medios de comunicación (El Mundo, El Confidencial y OkDiario) y periodistas concretos (Esteban Urreiztieta de El Mundo, Eduardo Inda de OkDiario, e incluso Vicente Vallés de A3 Noticias).
Como colofón, Iglesias dijo que va a proponer una comisión parlamentaria de investigación, pero no sobre el caso Dina en concreto, como reclama la oposición, sino sobre "las cloacas". La agresiva actitud de Iglesias es la propia del populismo cuando se ve acorralado por sus falsedades y crea una cortina de humo para desviar la atención de un escándalo que golpea a su partido y a su propia persona.
Ni PP ni Ciudadanos están dispuestos a permitir que el PSOE y Pedro Sánchez sigan manteniendo un religioso silencio sobre este asunto, particularmente después de que Iglesias haya involucrado al Gobierno en su conjunto en su defensa en el caso Dina, al asegurar que la motivación de las informaciones que está publicando la prensa es romper el Ejecutivo de coalición y frenar las medidas implantadas en sus 6 meses de vida.
Desde el PP califican de "inadmisible" el "ataque de Iglesias a la libertad de información" y alertan de que "nunca antes se había visto un señalamiento así de periodistas y medios de comunicación por parte del Gobierno de España".
Ante los señalamientos públicos por parte de Iglesias, las difamaciones de Pablo Echenique en estos días o la amenaza de llevar a los periodistas a declarar a una comisión del Congreso, el PP ha puesto el foco en la inexistente desautorización de Sánchez. Así, Casado ha instado al presidente a "reprobar" a su socio y le ha recordado que la libertad de prensa es "uno de los pilares de nuestra democracia".
Los virulentos ataques de Pablo Iglesias a la prensa y la Justicia suponen un intolerable intento de amedrentamiento por parte del Gobierno a dos de los pilares de nuestra democracia. Porque, lejos de ceñirse a un ámbito estrictamente partidista, las invectivas del vicepresidente vinculan al Gobierno y al propio Pedro Sánchez, quien hasta ahora ha optado por una onerosa inhibición ante lo que no puede calificarse más que de irresponsable e inquietante comportamiento de Iglesias.
A lo largo de más de cuatro décadas de democracia, no existen precedentes de un ataque sistemático por parte de un vicepresidente del Ejecutivo a medios de comunicación. El señalamiento de Iglesias a periodistas y jueces, verbalizado con una saña absolutamente impropia del cargo institucional que ocupa, deben enmarcarse en una indisimulada deriva iliberal. Un Gobierno que ataca la libertad de información constituye un peligro para la ciudadanía, lo que exige no solo la reprobación que ya están haciendo algunos medios, sino de las propias instituciones democráticas.
La reprobación de los excesos del vicepresidente corresponde a las instituciones, que son las que tienen encomendada la garantía de las libertades. Esta exigencia incumbe al Gobierno del que Iglesias es integrante, pero también al Parlamento o al Defensor del Pueblo. La inadmisible campaña del vicepresidente contra la prensa no puede quedar impune. Está en juego preservar un derecho fundamental como es el de la información.