El modelo de RTVE está en debate desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa. En su programa electoral hablaba de "llegar a consensos parlamentarios para elegir a los cargos" de la televisión pública, lo cual deja en entredicho el modelo (deseable) de una televisión pública independiente, plural y de calidad informativa. Poco a poco, televisión española se ha ido convirtiendo en un instrumento de mercadotecnia al servicio del Gobierno, que ofrece información sesgada en un intento de manipular la opinión pública y para tapar su incompetencia.
La radio y la televisión llegan a la ciudadanía más que ningún otro medio de comunicación. Mucho más ahora que los periódicos han visto muy reducida su venta en los últimos años. La televisión es un poderoso instrumento de comunicación de masas, por eso a cualquier Gobierno le interesa controlar la radio y la televisión públicas. Por algo la prensa, la radio o la televisión han sido denominadas “el cuarto poder” junto al poder ejecutivo, legislativo y judicial.
Los gobiernos siempre buscan colocar a alguien próximo al partido en los cargos más importantes y sensibles, como la dirección de los Informativos. Porque para el Ejecutivo es importante que el medio público transmita fielmente la (buena) labor del Gobierno. Por eso RTVE, en lugar de ser un servicio público en favor de la ciudadanía, es un instrumento político al servicio del Gobierno y del partido de turno. Sin embargo un Gobierno demócrata no debe caer en esa tentación, sino que debe dejar esos medios en manos de sus profesionales y ganarse los votos por su gestión política, no manipulando la información en los medios públicos.
Todos los partidos políticos que llegan a La Moncloa intervienen para hacerse con el control de RTVE, pero desde la llegada de Sánchez e Iglesias al gobierno, la televisión pública se ha convertido en TeleMaduro. Ha llevado a cabo una clara violación de la neutralidad política y actúa al servicio del régimen, en un intento de adoctrinar a los españoles.
En los informativos se abusa de informaciones "declarativas", cortes de voz e imagen de representantes políticos más destacadas cuanto más altisonantes; tras ellas se pasa a otro asunto hurtando al espectador un contexto, un mínimo análisis que complete las opiniones contrapuestas. La información es veraz, plural... marrullera e incompleta.
Nadie en la alta dirección impone que se haga información distinta, independiente y profesional, sí, pero contextualizada. Que resuma la actualidad con todos los ingredientes, no solo con las afirmaciones, ciertas en unos casos, mentiras clamorosas en otros, sin que TVE se atreva a realizar apostillas basadas en datos.
Al igual que Sánchez, la televisión pública se echa flores sobre su gestión. El director de Contenidos y Canales de TVE, Fernando López Puig, defendió el 28 de junio que RTVE ha actuado "muy bien" durante el estado de alarma, periodo en el que "se ha improvisado, pero con eficacia", ya que asegura que no había referentes anteriores en los que fijarse.
Y ello a pesar de que durante la pandemia, la cadena pública no ha emitido una sola imagen de enfermos debatiéndose entre la vida y la muerte, de cadáveres ni féretros de fallecidos por coronavirus, aunque sí las fosas comunes de Estados Unidos y Latinoamérica.
Tampoco colocó un crespón negro en señal de luto y condolencia por los miles de muertos diarios; el motivo, según la presidenta del ente público, es porque habría hecho "más difíciles los momentos de evasión" de los espectadores.
En su intento de minimizar la tragedia provocada por la pandemia, lo que sí puso en parrilla y en prime time a principios de abril fue un programa (¿de humor?) titulado 'Diarios de la cuarentena', una auténtica burla a un país que vivía confinado en arresto domiciliario y una total falta de respeto a las víctimas por coronavirus. Tuvo que ser retirado a la primera semana de su emisión.
¿Acaso ha dado TVE información de las multitudinarias caceroladas y manifestaciones que se han sucedido en toda España contra el Gobierno? En cambio, sí lo hizo durante varios días con los cuatro caceroleros que protestaban contra el discurso del rey Felipe VI del 18 de marzo y, por extensión, contra la monarquía.
Tampoco ha emitido por ninguno de sus canales la misa en honor a las 48.000 víctimas que nos ha dejado el Covid-19 en nuestro país, acto institucional presidido por los Reyes el 6 de julio en la Catedral de la Almudena, y al que no asistieron ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias; aunque sí retransmitió el funeral de George Floyd, el ciudadano afroamericano que murió asfixiado a manos de la policía local en EEUU y que ha originado una vorágine de protestas anti-racistas en todo el país americano (¿qué tiene que ver eso con nosotros?).
La radiotelevisión pública de nuestro país no hace ya el mínimo disimulo para que no se note mucho que está al servicio de una ideología y de los partidos en el poder. La programación de televisión española en los últimos meses ha emitido todas las comparecencias y declaraciones del Gobierno socialcomunista sobre la pandemia.
Se ha basado en la suplantación o usurpación de las noticias por interminables comparecencias de Pedro Sánchez, María Jesús Montero (los más verborreicos y vacuos), Illa, Ábalos, Marlaska y demás calaña. Estos políticos se especializan en soporizar a los espectadores, ser confusos, hablar mal, repetir 20 veces lo mismo, eludir las respuestas de utilidad o interés y abusar del ridículo verbo “empatizar”; y, al principio, en censurar toda pregunta peliaguda mediante un “filtrado” digno de Putin o de Trump. En vista de su torpeza irremediable, los periodistas de TVE, cuya misión sería desentrañar los galimatías de los gobernantes y separar el escaso grano de la paja abundante, se limitan a repetir —y por tanto a aventar— el desbarajuste original.
En cambio, cada noticieta irrelevante o sensiblera dura una eternidad, y por supuesto los informativos tienden a lo monográfico-inane-publicitario, a lo Berlusconi en su día. Si los niños salen, se conecta con las 52 provincias para comprobar que en cada una ha sido todo igual: patinetes, bicis, carreras. Si por fin salen los adultos a pasear, infinidad de anecdotillas viendo cómo les ha ido en cada municipio. Noticias para idiotas, falsas noticias, cuando no ocultación de las que sí lo son.
Lo más penoso, con todo, es la invasión de los informativos por parte de Presidente y ministros, en una desfachatada operación de autopromoción. Cuando hablan sin parar para soltar pomposidades confusas y “empáticas”, no basta con que sus tostones puedan seguirse en directo en el canal 24 Horas; ellos ya procuran hacer coincidir sus ruedas de prensa con la hora del telediario de La 1, para ocuparlo, colonizarlo, y encargarse de que éstos hayan dejado de existir.
Por otro lado, Sánchez ha creado un sistema de verificación de "bulos" con el que pretende desacreditar a los medios de comunicación que publican informaciones absolutamente veraces pero que denuncian la nefasta gestión del Gobierno durante la pandemia, al que obedecen servilmente los "periodistas" de TVE. En su nueva sección RTVE Verifica, analiza "los bulos del día" y realiza un ataque directo manipulando las noticias de la prensa libre y privada de este país.
Actualización 31 de julio: El intento de manipulación de RTVE resulta ya escandaloso. Nuestro país ha registrado una histórica caída en su PIB debido al coronavirus: un desplome del 18,5% entre los meses de abril y junio. Este dato es aún más alarmante si tenemos en cuenta los datos de otros países de nuestro entorno durante el mismo periodo: en Italia cayó hasta el 12,4%; en Alemania, un 10,1% y en Francia, un 13,8%. RTVE optó por difundir un gráfico con el que se pretendía igualar la pérdida del PIB de estos cuatro países para restar responsabilidad al Gobierno de Pedro Sánchez.
Otro gráfico mostrado en el Telediario de La 1 engañaba visualmente a los espectadores al reflejar la evolución de la curva de la caída del PIB: la caída del 18,5% es similar -gráficamente- a la del 2,6%.
El bloqueo de RTVE se inició por una serie de factores que empezaron con la puesta en marcha de una concurso público en el año 2018, días después de la moción de censura contra Rajoy. El 22 de junio de 2018 (con 6 meses de retraso), el Gobierno de Sánchez aprobó (¡cómo no!) un decreto-ley para la renovación urgente y transitoria de la cúpula de RTVE hasta que se hiciera por concurso público. Pero desde el minuto uno, el proceso estuvo lleno de minas, desde la elaboración del reglamento que debía regir el concurso, hasta la mala praxis que se siguió a la hora de evaluar los currículums de los aspirantes.
Ese decreto exigía la elección de 10 consejeros para administrar el ente público antes del 8 de julio de 2018. Seis serían elegidos por el Congreso de los Diputados y otros cuatro por el Senado, y en ambos casos se hacía necesaria una mayoría de dos tercios en cada una de las cámaras en primera votación, y mayoría absoluta en una segunda votación 48 horas después.
Se presentaron más de 100 candidatos y el Comité de Expertos seleccionó a los 20 candidatos finalistas a consejero de RTVE, no sin polémica por las supuestas irregularidades en los criterios de valoración (hubo más de un treintena de recursos, y algunos candidatos acudieron a la vía judicial). Por ello, el proceso de evaluación se alargó varios meses, hasta el 18 de diciembre de 2018.
Se eligieron 6 de ellos en el Congreso y faltaban los 4 que debía elegir el Senado. ¿Qué pasó? Que esa mayoría no se alcanzó. Tras la retirada airada del PP (que tenía mayoría absoluta en el Senado), la lista pactada por PSOE, Podemos y PNV obtuvo 92 votos a favor, 143 nulos y 5 en blanco.
El decreto contemplaba que, si el Senado no era capaz de elegir a sus consejeros en segunda vuelta por mayoría absoluta, esa elección recaería de nuevo sobre el Congreso, al que se le daban 10 días más para votarla. El Senado no alcanzó una mayoría absoluta y la votación volvió al Congreso, donde existía un acuerdo entre PSOE, Podemos, PNV, ERC y PDeCAT para aprobar a los consejeros que faltaban, pero un error en la votación anónima de 2 diputados hizo decaer la propuesta. ¡Hay que ser ineptos!
El decreto ley aprobado por el Gobierno contemplaba que, si ésto pasaba, fuera el propio ejecutivo el que nombrara 'a dedo' un administrador único, que después tendría que ser ratificado por una mayoría absoluta del Congreso. Así llegó a la mesa el nombre de Rosa María Mateo (rubalcabista confesa), cuyo nombramiento fue apoyado por PSOE, Podemos, PNV, ERC y PDeCAT, quedando pendiente que Congreso y Senado eligiera a las 10 personas que integrarían definitivamente el nuevo consejo de administración de RTVE (previo corte de un comité de expertos).
El arduo proceso (debido también al bloqueo parlamentario por la imposibilidad de formar Gobierno y la repetición de elecciones) fue erosionando la imagen del Gobierno por los traspiés y condescendencias con los aliados, que iban aprovechado la debilidad de los 84 diputados del PSOE en el Congreso para marcar perfiles y colar el conflicto catalán en RTVE con gestos de consumo interno. El despliegue de recursos parlamentarios fue insólito para una medida que se preveía transitoria hasta que se activase el concurso público previsto en la ley: fueron 7 plenos entre Congreso y Senado.
Rosa Mª Mateo asumió en una comisión parlamentaria que su cargo era de transición, a la espera de la formación de un nuevo gobierno y la elaboración de un nuevo concurso, pero a junio de 2020 sigue en el cargo y no tiene ninguna intención de abandonarlo.
Hay que tener en cuenta que Rosa María Mateo se mantiene en RTVE, principalmente, por dos factores: por un lado, por la parálisis parlamentaria que existió durante una buena parte de 2019, que impidió avanzar en la elección de su sustituto. Por otro, por las dificultades que surgieron durante ese ejercicio para completar el concurso público por el que se optó para seleccionar a la nueva cúpula de este medio de comunicación.
Los trabajadores de la televisión pública, entre ellos quienes hacen los Informativos, insisten en reclamar que el problema se resuelva cuanto antes. La politización, la caída de audiencia y los problemas laborales siguen intactos. Mateo, que presumía de independencia y que prometió irse cuando hubiera nuevo Gobierno, solo ha llegado al amago de renuncia. Pero en Moncloa quieren que siga en su puesto. Por algo será.
Por otro lado, a nadie se le escapa que el control de la radio televisión y pública siempre ha sido un objetivo para Podemos, que lleva reclamando su control desde 2016. Uno de los primeros asuntos que Iglesias puso sobre la mesa a la hora de negociar el Gobierno de coalición con Pedro Sánchez fue la sustitución de Rosa María Mateo al frente de RTVE.
Las presiones aumentaban y, en marzo de 2020 (antes del estallido de la pandemia), una vez formado (por fin) gobierno, se retomó el asunto. Los socialistas decidieron entonces reactivar el concurso, en parte, por el desgaste del equipo de Mateo y por el malestar que se vivía en la corporación. Pero surgió un nuevo escollo: en la lista de 19 pre-candidatos (debían ser 20, pero uno ha fallecido) para formar parte del Consejo de Administración de la corporación tan sólo hay 3 mujeres, lo que incumple la Ley de Igualdad. Luego llegó el coronavirus y el mundo entero se paralizó.
En la primera semana de junio, los candidatos a la presidencia del consejo de Radiotelevisión española enviaron una carta a la presidenta del Congreso de los Diputados pidiendo celeridad en la celebración del concurso para elegir a la nueva dirección de la corporación. Finalmente, la Comisión Mixta Interparlamentaria de RTVE ha desbrozado el camino para que pueda reanudarse el concurso público.
En la radio-televisión pública se vive desde hace casi dos años en un 'estado de excepción' en el que Rosa María Mateo ejerce de administradora única y ni siquiera existe un Consejo de Administración que ejerza de filtro ante las decisiones que tome y las contrataciones que decida. La sustitución de Mateo está pendiente de un trámite parlamentario que podría resolverse por la vía rápida, si es que hubiera voluntad política.
Pero no la hay, puesto que, pese a que cada vez menos españoles sintonizan sus canales, en Ferraz y en Moncloa se sigue considerando como un bien de interés estratégico. Nunca se sabe cuándo sus propagandistas van a necesitar un favor.
Está claro que Moncloa ha paralizado el relevo de Mateo porque esta situación le conviene; y le ha ayudado a eludir sus obligaciones parlamentarias porque en el Gobierno sabe que, cada vez que comparece, sube el pan. Entre otras cosas, porque hay muchos aspectos de su gestión que son indefendibles. Desde la audiencia hasta su opacidad, pasando por el buen trato que se dispensa a algunas productoras, que parecen tener más poder sobre la configuración de la parrilla de programación que el propio director de TVE.
Total, que el concurso público que debería servir para elegir al próximo Consejo de RTVE, incluido a su presidente, lleva paralizado más de un año. Es cierto que el proceso fue un desastre y que los partidos aprovecharon para situar entre los candidatos a sus propios delfines, lo que pervertía la idea inicial del proceso, que era la de despolitizar la corporación. Sin embargo, no es menos verdad que la ley se modificó para que la cúpula de la televisión pública se seleccionara a partir de ahora por esta vía; y que, por tanto, debería respetarse la normativa vigente.
El primero que no lo hizo fue Pedro Sánchez, quien el pasado verano reconoció en el off the record de una entrevista en RTVE que el proceso había sido un desastre y que, por tanto, lo ideal sería elegir a un presidente por consenso (lo cual implica "negociar" con el resto de partidos políticos).
Pocas semanas después, Moncloa se sacó de la chistera el nombre de Enric Hernández, ex-director de El Periódico de Catalunya, de línea cercana al PSC, y persona non grata para el entorno de Iglesias. Sánchez lo situó como responsable de todos los contenidos informativos de RTVE por su método preferido: la dedocracia, pese al rechazo que provocó en Torrespaña su nombramiento.
Cuentan fuentes internas que el poder de Enric ha aumentado durante las últimas semanas, hasta el punto de ejercer casi más poder que el de la propia Mateo (y eso que su nombre ni siquiera fue sometido a votación en el Parlamento). Desde que llegó a los informativos, ha maniobrado sin complejos para diseñar una televisión y una radio pública repleta de responsables afines a la causa socialista.
Todo ésto ha contribuido a la pérdida de prestigio de la televisión pública, y al desplome total de audiencia, que amenaza con alcanzar este año un déficit superior a los 60 millones de euros. Hay que recordar que a Rosa María Mateo se le puede cesar legalmente si el déficit supera el 10% de la aportación del Estado, que en 2019 fue de casi 376 millones de euros.
La entrada en vigor de la Ley 8/2009 de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española del 28 de agosto de 2009 supuso la introducción de un nuevo formato de financiación para la radiotelevisión pública de España. Una de las medidas más relevantes de esta ley fue la eliminación de la publicidad en Televisión Española, la cual implicó una considerable reducción de capital en las arcas de la corporación pública (hasta entonces había mantenido un régimen mixto, con ingresos procedentes tanto del Estado como de la venta de espacios publicitarios).
La nueva ley establecía además un nuevo impuesto sobre los operadores de televisión de pago, con lo que se financiaría parcialmente la actividad de RTVE, pero en el año 2009, la entidad DTS Distribuidora de Televisión Digital, interpuso una denuncia ante la Comisión Europea por considerar que el nuevo gravamen impuesto a las televisiones de pago vulneraba las reglas sobre competencia operantes en el mercado interior de la UE.
El caso aún no ha sido resuelto y hasta que acabe la investigación, RTVE no podrá financiarse con lo aportado por las cadenas privadas en abierto (el 3% de sus ingresos), de pago (el 1,5% de sus ingresos) o las empresas de telecomunicaciones (el 0,9% de los ingresos) ni tampoco con la venta de anuncios, tal y como pretendía Sánchez. Esto es lo que ha dicho Bruselas el 2 de julio, ya que tiene dudas sobre si los nuevos impuestos que quiere imponer el Gobierno forman parte integrante de la medida de ayuda y, en caso afirmativo, si estos impuestos son compatibles con el Tratado de la UE.
1 de julio de 2020. Moncloa ha tomado el control absoluto de la cadena pública, a la espera de cobrarse la cabeza de Rosa María Mateo, sacando de los altos cargos de la cadena a Podemos y a Comisiones Obreras, en pro de UGT (primer sindicato de la cadena), y el partido de Ada Colau (que gobierna Barcelona con el PSC).
Estas son las tres claves de los nombramientos de altos cargos realizados por Iván Redondo (jefe de Gabinete de Pedro Sánchez), y Enric Hernández (el hombre que Moncloa ha colocado como verdadero ‘jefe’ de RTVE):
* Ignacio Elguero, amigo personal de Redondo, será el nuevo director de RNE.
* Ignacio Marimón -hombre de UGT, azote en redes sociales de los partidos de centro derecha, y aliado de Redondo y Hernández- será el responsable de los Centros Territoriales. Ahora él formará parte de la directiva de la cadena desde un cargo que servirá a UGT para controlar numerosas contrataciones y nombramientos, lo que les dará ventaja en las elecciones sindicales próximas. Es el pago de Enric Hernández al apoyo de UGT.
* Rosa María Quitllet será la nueva directora de Informativos de TVE en Cataluña (el segundo más importante de España), simpatizante de En Comú Podem (el partido de Ada Colau) y defensora del independentismo. Su nombramiento significa un paso más en la ‘catalanización’ de TVE.
Es decir, afines al PSOE y hasta amigos de Iván Redondo han sido ascendidos en el organigrama de RTVE para barrer cargos que hasta ahora habían ocupado periodistas más próximos a Unidas Podemos, como la directora de RNE, Paloma Zuriaga, y la directora de los centros territoriales de RTVE, Carolina Ortiz.
Los relevos, criticados por trabajadores de la casa y por los consejos de informativos de TVE y RNE por desobedecer a criterios profesionales, están cargados también de matices sindicales. Las pasadas elecciones sindicales de RTVE se cebaron con CCOO, que consiguió 39 delegados, por debajo de los 58 de la UGT y por encima de los 37 del Sindicato Independiente, siendo las tres centrales con más representación en el ente público. La UGT está estrechamente vinculada al PSOE y forma mayoría con SI, mientras que CCOO es cada vez más próxima a Podemos.
La guerra del gobierno de coalición para controlar la televisión pública está servida. Por lo que luchan ahora PSOE y Podemos es, precisamente, por el cargo de Rosa María Mateo, que supone no solo tener el control del ente público sino también decidir qué hacer con Enric Hernández.
El nuevo periódico digital de Podemos ha entrado también en combate con varios artículos críticos contra Hernández y la cúpula de RTVE, asegurando que Mateo contrató al jefe de informativos para que ejerciera como su "comisario" en los telediarios. Y, a su vez, ha acusado a Mateo y Hernández de contratar a más "comisarios" para controlar la franja matinal y los informativos, recogiendo declaraciones como que en RTVE se está llevando a cabo una "estrategia para invisibilizar" a Podemos. Como siempre, Iglesias se presenta como víctima de las cloacas del Estado.
Las reacciones a la purga de RTVE no se han hecho esperar. Unas horas después de conocerse los ceses fulminantes de la directora y el director de informativos de RNE, decenas de trabajadores lanzaron en redes sociales la campaña #RTVEdeTodosyDeNadie en protesta por estos movimientos.
Que TV3 es una televisión eminentemente monolingüe, con una presencia residual del castellano, es un hecho tan evidente como contrastable. Basta con sintonizarla. El propósito del Govern es desterrar cualquier reminiscencia de castellano de la parrilla de TV3 (a pesar de su condición de lengua cooficial) y controlar el poder político sobre los medios públicos catalanes.
El arrinconamiento del castellano en TV3 está blindado en el propio libro de estilo de la televisión pública catalana. El «manual de usos lingüísticos» de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales -que aúna a TV3 y Catalunya Ràdio- es meridiano:
1. «El catalán es la lengua de nuestros medios. Los profesionales, colaboradores fijos y, en general todas las personas contratadas, usan la lengua catalana en las intervenciones por antena y en esta lengua se difunden los contenidos, sean de producción propia o no».
2. «Usamos el catalán con nuestros interlocutores, siempre que nos entiendan, sea cual sea su lengua. Sólo de manera excepcional usamos otras lenguas en la difusión».
3. «Damos prioridad a la presencia de colaboradores, invitados o especialistas que se expresen en catalán y las productoras externas que elaboran contenidos para nuestros medios suscriben en el contrato una cláusula lingüística por la que asumen el compromiso de ajustarse a los requisitos lingüísticos exigidos».
4. «Hacemos las entrevistas en catalán. Si el entrevistado habla en castellano, no cambiamos de lengua. Si no entiende el catalán y habla en castellano, le hacemos la entrevista en esa lengua, pero nos dirigimos a la audiencia en catalán. Si entiende el catalán y no habla catalán ni castellano, traducimos sus respuestas al catalán».
Pero el estreno de "Drama", una serie juvenil en la que sus personajes alternan con naturalidad el castellano y el catalán en los diálogos, ha soliviantado al Govern, poco dispuesto a que la Cataluña real sea retratada en la televisión pública y a que ello ponga en riesgo la credibilidad de su relato nacionalista, especialmente entre los más jóvenes, entre los potenciales continuadores del procés.
Es más, hasta Netflix ha recibido presiones por parte de la Generalitat por no emitir contenidos en catalán, como sí hace en otras lenguas extranjeras.
Y es que la audiencia de TV3 está acostumbrada a que la cadena mantenga la imposición del catalán aunque ello implique desoír al Tribunal Constitucional, que en 2017 advirtió de que «la exclusión del castellano» de la cadena pública catalana contraviene «la relación de normalidad entre el catalán y el castellano».
La radio y la televisión llegan a la ciudadanía más que ningún otro medio de comunicación. Mucho más ahora que los periódicos han visto muy reducida su venta en los últimos años. La televisión es un poderoso instrumento de comunicación de masas, por eso a cualquier Gobierno le interesa controlar la radio y la televisión públicas. Por algo la prensa, la radio o la televisión han sido denominadas “el cuarto poder” junto al poder ejecutivo, legislativo y judicial.
Los gobiernos siempre buscan colocar a alguien próximo al partido en los cargos más importantes y sensibles, como la dirección de los Informativos. Porque para el Ejecutivo es importante que el medio público transmita fielmente la (buena) labor del Gobierno. Por eso RTVE, en lugar de ser un servicio público en favor de la ciudadanía, es un instrumento político al servicio del Gobierno y del partido de turno. Sin embargo un Gobierno demócrata no debe caer en esa tentación, sino que debe dejar esos medios en manos de sus profesionales y ganarse los votos por su gestión política, no manipulando la información en los medios públicos.
Todos los partidos políticos que llegan a La Moncloa intervienen para hacerse con el control de RTVE, pero desde la llegada de Sánchez e Iglesias al gobierno, la televisión pública se ha convertido en TeleMaduro. Ha llevado a cabo una clara violación de la neutralidad política y actúa al servicio del régimen, en un intento de adoctrinar a los españoles.
En los informativos se abusa de informaciones "declarativas", cortes de voz e imagen de representantes políticos más destacadas cuanto más altisonantes; tras ellas se pasa a otro asunto hurtando al espectador un contexto, un mínimo análisis que complete las opiniones contrapuestas. La información es veraz, plural... marrullera e incompleta.
Nadie en la alta dirección impone que se haga información distinta, independiente y profesional, sí, pero contextualizada. Que resuma la actualidad con todos los ingredientes, no solo con las afirmaciones, ciertas en unos casos, mentiras clamorosas en otros, sin que TVE se atreva a realizar apostillas basadas en datos.
Al igual que Sánchez, la televisión pública se echa flores sobre su gestión. El director de Contenidos y Canales de TVE, Fernando López Puig, defendió el 28 de junio que RTVE ha actuado "muy bien" durante el estado de alarma, periodo en el que "se ha improvisado, pero con eficacia", ya que asegura que no había referentes anteriores en los que fijarse.
Y ello a pesar de que durante la pandemia, la cadena pública no ha emitido una sola imagen de enfermos debatiéndose entre la vida y la muerte, de cadáveres ni féretros de fallecidos por coronavirus, aunque sí las fosas comunes de Estados Unidos y Latinoamérica.
Tampoco colocó un crespón negro en señal de luto y condolencia por los miles de muertos diarios; el motivo, según la presidenta del ente público, es porque habría hecho "más difíciles los momentos de evasión" de los espectadores.
En su intento de minimizar la tragedia provocada por la pandemia, lo que sí puso en parrilla y en prime time a principios de abril fue un programa (¿de humor?) titulado 'Diarios de la cuarentena', una auténtica burla a un país que vivía confinado en arresto domiciliario y una total falta de respeto a las víctimas por coronavirus. Tuvo que ser retirado a la primera semana de su emisión.
¿Acaso ha dado TVE información de las multitudinarias caceroladas y manifestaciones que se han sucedido en toda España contra el Gobierno? En cambio, sí lo hizo durante varios días con los cuatro caceroleros que protestaban contra el discurso del rey Felipe VI del 18 de marzo y, por extensión, contra la monarquía.
Tampoco ha emitido por ninguno de sus canales la misa en honor a las 48.000 víctimas que nos ha dejado el Covid-19 en nuestro país, acto institucional presidido por los Reyes el 6 de julio en la Catedral de la Almudena, y al que no asistieron ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias; aunque sí retransmitió el funeral de George Floyd, el ciudadano afroamericano que murió asfixiado a manos de la policía local en EEUU y que ha originado una vorágine de protestas anti-racistas en todo el país americano (¿qué tiene que ver eso con nosotros?).
La radiotelevisión pública de nuestro país no hace ya el mínimo disimulo para que no se note mucho que está al servicio de una ideología y de los partidos en el poder. La programación de televisión española en los últimos meses ha emitido todas las comparecencias y declaraciones del Gobierno socialcomunista sobre la pandemia.
Se ha basado en la suplantación o usurpación de las noticias por interminables comparecencias de Pedro Sánchez, María Jesús Montero (los más verborreicos y vacuos), Illa, Ábalos, Marlaska y demás calaña. Estos políticos se especializan en soporizar a los espectadores, ser confusos, hablar mal, repetir 20 veces lo mismo, eludir las respuestas de utilidad o interés y abusar del ridículo verbo “empatizar”; y, al principio, en censurar toda pregunta peliaguda mediante un “filtrado” digno de Putin o de Trump. En vista de su torpeza irremediable, los periodistas de TVE, cuya misión sería desentrañar los galimatías de los gobernantes y separar el escaso grano de la paja abundante, se limitan a repetir —y por tanto a aventar— el desbarajuste original.
En cambio, cada noticieta irrelevante o sensiblera dura una eternidad, y por supuesto los informativos tienden a lo monográfico-inane-publicitario, a lo Berlusconi en su día. Si los niños salen, se conecta con las 52 provincias para comprobar que en cada una ha sido todo igual: patinetes, bicis, carreras. Si por fin salen los adultos a pasear, infinidad de anecdotillas viendo cómo les ha ido en cada municipio. Noticias para idiotas, falsas noticias, cuando no ocultación de las que sí lo son.
Lo más penoso, con todo, es la invasión de los informativos por parte de Presidente y ministros, en una desfachatada operación de autopromoción. Cuando hablan sin parar para soltar pomposidades confusas y “empáticas”, no basta con que sus tostones puedan seguirse en directo en el canal 24 Horas; ellos ya procuran hacer coincidir sus ruedas de prensa con la hora del telediario de La 1, para ocuparlo, colonizarlo, y encargarse de que éstos hayan dejado de existir.
Por otro lado, Sánchez ha creado un sistema de verificación de "bulos" con el que pretende desacreditar a los medios de comunicación que publican informaciones absolutamente veraces pero que denuncian la nefasta gestión del Gobierno durante la pandemia, al que obedecen servilmente los "periodistas" de TVE. En su nueva sección RTVE Verifica, analiza "los bulos del día" y realiza un ataque directo manipulando las noticias de la prensa libre y privada de este país.
Actualización 31 de julio: El intento de manipulación de RTVE resulta ya escandaloso. Nuestro país ha registrado una histórica caída en su PIB debido al coronavirus: un desplome del 18,5% entre los meses de abril y junio. Este dato es aún más alarmante si tenemos en cuenta los datos de otros países de nuestro entorno durante el mismo periodo: en Italia cayó hasta el 12,4%; en Alemania, un 10,1% y en Francia, un 13,8%. RTVE optó por difundir un gráfico con el que se pretendía igualar la pérdida del PIB de estos cuatro países para restar responsabilidad al Gobierno de Pedro Sánchez.
Otro gráfico mostrado en el Telediario de La 1 engañaba visualmente a los espectadores al reflejar la evolución de la curva de la caída del PIB: la caída del 18,5% es similar -gráficamente- a la del 2,6%.
Cronología del bloqueo de RTVE
El bloqueo de RTVE se inició por una serie de factores que empezaron con la puesta en marcha de una concurso público en el año 2018, días después de la moción de censura contra Rajoy. El 22 de junio de 2018 (con 6 meses de retraso), el Gobierno de Sánchez aprobó (¡cómo no!) un decreto-ley para la renovación urgente y transitoria de la cúpula de RTVE hasta que se hiciera por concurso público. Pero desde el minuto uno, el proceso estuvo lleno de minas, desde la elaboración del reglamento que debía regir el concurso, hasta la mala praxis que se siguió a la hora de evaluar los currículums de los aspirantes.
Ese decreto exigía la elección de 10 consejeros para administrar el ente público antes del 8 de julio de 2018. Seis serían elegidos por el Congreso de los Diputados y otros cuatro por el Senado, y en ambos casos se hacía necesaria una mayoría de dos tercios en cada una de las cámaras en primera votación, y mayoría absoluta en una segunda votación 48 horas después.
Se presentaron más de 100 candidatos y el Comité de Expertos seleccionó a los 20 candidatos finalistas a consejero de RTVE, no sin polémica por las supuestas irregularidades en los criterios de valoración (hubo más de un treintena de recursos, y algunos candidatos acudieron a la vía judicial). Por ello, el proceso de evaluación se alargó varios meses, hasta el 18 de diciembre de 2018.
Se eligieron 6 de ellos en el Congreso y faltaban los 4 que debía elegir el Senado. ¿Qué pasó? Que esa mayoría no se alcanzó. Tras la retirada airada del PP (que tenía mayoría absoluta en el Senado), la lista pactada por PSOE, Podemos y PNV obtuvo 92 votos a favor, 143 nulos y 5 en blanco.
El decreto contemplaba que, si el Senado no era capaz de elegir a sus consejeros en segunda vuelta por mayoría absoluta, esa elección recaería de nuevo sobre el Congreso, al que se le daban 10 días más para votarla. El Senado no alcanzó una mayoría absoluta y la votación volvió al Congreso, donde existía un acuerdo entre PSOE, Podemos, PNV, ERC y PDeCAT para aprobar a los consejeros que faltaban, pero un error en la votación anónima de 2 diputados hizo decaer la propuesta. ¡Hay que ser ineptos!
El decreto ley aprobado por el Gobierno contemplaba que, si ésto pasaba, fuera el propio ejecutivo el que nombrara 'a dedo' un administrador único, que después tendría que ser ratificado por una mayoría absoluta del Congreso. Así llegó a la mesa el nombre de Rosa María Mateo (rubalcabista confesa), cuyo nombramiento fue apoyado por PSOE, Podemos, PNV, ERC y PDeCAT, quedando pendiente que Congreso y Senado eligiera a las 10 personas que integrarían definitivamente el nuevo consejo de administración de RTVE (previo corte de un comité de expertos).
El arduo proceso (debido también al bloqueo parlamentario por la imposibilidad de formar Gobierno y la repetición de elecciones) fue erosionando la imagen del Gobierno por los traspiés y condescendencias con los aliados, que iban aprovechado la debilidad de los 84 diputados del PSOE en el Congreso para marcar perfiles y colar el conflicto catalán en RTVE con gestos de consumo interno. El despliegue de recursos parlamentarios fue insólito para una medida que se preveía transitoria hasta que se activase el concurso público previsto en la ley: fueron 7 plenos entre Congreso y Senado.
Rosa Mª Mateo asumió en una comisión parlamentaria que su cargo era de transición, a la espera de la formación de un nuevo gobierno y la elaboración de un nuevo concurso, pero a junio de 2020 sigue en el cargo y no tiene ninguna intención de abandonarlo.
Hay que tener en cuenta que Rosa María Mateo se mantiene en RTVE, principalmente, por dos factores: por un lado, por la parálisis parlamentaria que existió durante una buena parte de 2019, que impidió avanzar en la elección de su sustituto. Por otro, por las dificultades que surgieron durante ese ejercicio para completar el concurso público por el que se optó para seleccionar a la nueva cúpula de este medio de comunicación.
Los trabajadores de la televisión pública, entre ellos quienes hacen los Informativos, insisten en reclamar que el problema se resuelva cuanto antes. La politización, la caída de audiencia y los problemas laborales siguen intactos. Mateo, que presumía de independencia y que prometió irse cuando hubiera nuevo Gobierno, solo ha llegado al amago de renuncia. Pero en Moncloa quieren que siga en su puesto. Por algo será.
Por otro lado, a nadie se le escapa que el control de la radio televisión y pública siempre ha sido un objetivo para Podemos, que lleva reclamando su control desde 2016. Uno de los primeros asuntos que Iglesias puso sobre la mesa a la hora de negociar el Gobierno de coalición con Pedro Sánchez fue la sustitución de Rosa María Mateo al frente de RTVE.
Las presiones aumentaban y, en marzo de 2020 (antes del estallido de la pandemia), una vez formado (por fin) gobierno, se retomó el asunto. Los socialistas decidieron entonces reactivar el concurso, en parte, por el desgaste del equipo de Mateo y por el malestar que se vivía en la corporación. Pero surgió un nuevo escollo: en la lista de 19 pre-candidatos (debían ser 20, pero uno ha fallecido) para formar parte del Consejo de Administración de la corporación tan sólo hay 3 mujeres, lo que incumple la Ley de Igualdad. Luego llegó el coronavirus y el mundo entero se paralizó.
En la primera semana de junio, los candidatos a la presidencia del consejo de Radiotelevisión española enviaron una carta a la presidenta del Congreso de los Diputados pidiendo celeridad en la celebración del concurso para elegir a la nueva dirección de la corporación. Finalmente, la Comisión Mixta Interparlamentaria de RTVE ha desbrozado el camino para que pueda reanudarse el concurso público.
La purga de RTVE
En la radio-televisión pública se vive desde hace casi dos años en un 'estado de excepción' en el que Rosa María Mateo ejerce de administradora única y ni siquiera existe un Consejo de Administración que ejerza de filtro ante las decisiones que tome y las contrataciones que decida. La sustitución de Mateo está pendiente de un trámite parlamentario que podría resolverse por la vía rápida, si es que hubiera voluntad política.
Pero no la hay, puesto que, pese a que cada vez menos españoles sintonizan sus canales, en Ferraz y en Moncloa se sigue considerando como un bien de interés estratégico. Nunca se sabe cuándo sus propagandistas van a necesitar un favor.
Está claro que Moncloa ha paralizado el relevo de Mateo porque esta situación le conviene; y le ha ayudado a eludir sus obligaciones parlamentarias porque en el Gobierno sabe que, cada vez que comparece, sube el pan. Entre otras cosas, porque hay muchos aspectos de su gestión que son indefendibles. Desde la audiencia hasta su opacidad, pasando por el buen trato que se dispensa a algunas productoras, que parecen tener más poder sobre la configuración de la parrilla de programación que el propio director de TVE.
Total, que el concurso público que debería servir para elegir al próximo Consejo de RTVE, incluido a su presidente, lleva paralizado más de un año. Es cierto que el proceso fue un desastre y que los partidos aprovecharon para situar entre los candidatos a sus propios delfines, lo que pervertía la idea inicial del proceso, que era la de despolitizar la corporación. Sin embargo, no es menos verdad que la ley se modificó para que la cúpula de la televisión pública se seleccionara a partir de ahora por esta vía; y que, por tanto, debería respetarse la normativa vigente.
El primero que no lo hizo fue Pedro Sánchez, quien el pasado verano reconoció en el off the record de una entrevista en RTVE que el proceso había sido un desastre y que, por tanto, lo ideal sería elegir a un presidente por consenso (lo cual implica "negociar" con el resto de partidos políticos).
Pocas semanas después, Moncloa se sacó de la chistera el nombre de Enric Hernández, ex-director de El Periódico de Catalunya, de línea cercana al PSC, y persona non grata para el entorno de Iglesias. Sánchez lo situó como responsable de todos los contenidos informativos de RTVE por su método preferido: la dedocracia, pese al rechazo que provocó en Torrespaña su nombramiento.
Cuentan fuentes internas que el poder de Enric ha aumentado durante las últimas semanas, hasta el punto de ejercer casi más poder que el de la propia Mateo (y eso que su nombre ni siquiera fue sometido a votación en el Parlamento). Desde que llegó a los informativos, ha maniobrado sin complejos para diseñar una televisión y una radio pública repleta de responsables afines a la causa socialista.
Todo ésto ha contribuido a la pérdida de prestigio de la televisión pública, y al desplome total de audiencia, que amenaza con alcanzar este año un déficit superior a los 60 millones de euros. Hay que recordar que a Rosa María Mateo se le puede cesar legalmente si el déficit supera el 10% de la aportación del Estado, que en 2019 fue de casi 376 millones de euros.
La entrada en vigor de la Ley 8/2009 de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española del 28 de agosto de 2009 supuso la introducción de un nuevo formato de financiación para la radiotelevisión pública de España. Una de las medidas más relevantes de esta ley fue la eliminación de la publicidad en Televisión Española, la cual implicó una considerable reducción de capital en las arcas de la corporación pública (hasta entonces había mantenido un régimen mixto, con ingresos procedentes tanto del Estado como de la venta de espacios publicitarios).
La nueva ley establecía además un nuevo impuesto sobre los operadores de televisión de pago, con lo que se financiaría parcialmente la actividad de RTVE, pero en el año 2009, la entidad DTS Distribuidora de Televisión Digital, interpuso una denuncia ante la Comisión Europea por considerar que el nuevo gravamen impuesto a las televisiones de pago vulneraba las reglas sobre competencia operantes en el mercado interior de la UE.
El caso aún no ha sido resuelto y hasta que acabe la investigación, RTVE no podrá financiarse con lo aportado por las cadenas privadas en abierto (el 3% de sus ingresos), de pago (el 1,5% de sus ingresos) o las empresas de telecomunicaciones (el 0,9% de los ingresos) ni tampoco con la venta de anuncios, tal y como pretendía Sánchez. Esto es lo que ha dicho Bruselas el 2 de julio, ya que tiene dudas sobre si los nuevos impuestos que quiere imponer el Gobierno forman parte integrante de la medida de ayuda y, en caso afirmativo, si estos impuestos son compatibles con el Tratado de la UE.
1 de julio de 2020. Moncloa ha tomado el control absoluto de la cadena pública, a la espera de cobrarse la cabeza de Rosa María Mateo, sacando de los altos cargos de la cadena a Podemos y a Comisiones Obreras, en pro de UGT (primer sindicato de la cadena), y el partido de Ada Colau (que gobierna Barcelona con el PSC).
Estas son las tres claves de los nombramientos de altos cargos realizados por Iván Redondo (jefe de Gabinete de Pedro Sánchez), y Enric Hernández (el hombre que Moncloa ha colocado como verdadero ‘jefe’ de RTVE):
* Ignacio Elguero, amigo personal de Redondo, será el nuevo director de RNE.
* Ignacio Marimón -hombre de UGT, azote en redes sociales de los partidos de centro derecha, y aliado de Redondo y Hernández- será el responsable de los Centros Territoriales. Ahora él formará parte de la directiva de la cadena desde un cargo que servirá a UGT para controlar numerosas contrataciones y nombramientos, lo que les dará ventaja en las elecciones sindicales próximas. Es el pago de Enric Hernández al apoyo de UGT.
* Rosa María Quitllet será la nueva directora de Informativos de TVE en Cataluña (el segundo más importante de España), simpatizante de En Comú Podem (el partido de Ada Colau) y defensora del independentismo. Su nombramiento significa un paso más en la ‘catalanización’ de TVE.
Es decir, afines al PSOE y hasta amigos de Iván Redondo han sido ascendidos en el organigrama de RTVE para barrer cargos que hasta ahora habían ocupado periodistas más próximos a Unidas Podemos, como la directora de RNE, Paloma Zuriaga, y la directora de los centros territoriales de RTVE, Carolina Ortiz.
Los relevos, criticados por trabajadores de la casa y por los consejos de informativos de TVE y RNE por desobedecer a criterios profesionales, están cargados también de matices sindicales. Las pasadas elecciones sindicales de RTVE se cebaron con CCOO, que consiguió 39 delegados, por debajo de los 58 de la UGT y por encima de los 37 del Sindicato Independiente, siendo las tres centrales con más representación en el ente público. La UGT está estrechamente vinculada al PSOE y forma mayoría con SI, mientras que CCOO es cada vez más próxima a Podemos.
La guerra del gobierno de coalición para controlar la televisión pública está servida. Por lo que luchan ahora PSOE y Podemos es, precisamente, por el cargo de Rosa María Mateo, que supone no solo tener el control del ente público sino también decidir qué hacer con Enric Hernández.
El nuevo periódico digital de Podemos ha entrado también en combate con varios artículos críticos contra Hernández y la cúpula de RTVE, asegurando que Mateo contrató al jefe de informativos para que ejerciera como su "comisario" en los telediarios. Y, a su vez, ha acusado a Mateo y Hernández de contratar a más "comisarios" para controlar la franja matinal y los informativos, recogiendo declaraciones como que en RTVE se está llevando a cabo una "estrategia para invisibilizar" a Podemos. Como siempre, Iglesias se presenta como víctima de las cloacas del Estado.
Las reacciones a la purga de RTVE no se han hecho esperar. Unas horas después de conocerse los ceses fulminantes de la directora y el director de informativos de RNE, decenas de trabajadores lanzaron en redes sociales la campaña #RTVEdeTodosyDeNadie en protesta por estos movimientos.
La deriva nacionalista en la televisión pública
Que TV3 es una televisión eminentemente monolingüe, con una presencia residual del castellano, es un hecho tan evidente como contrastable. Basta con sintonizarla. El propósito del Govern es desterrar cualquier reminiscencia de castellano de la parrilla de TV3 (a pesar de su condición de lengua cooficial) y controlar el poder político sobre los medios públicos catalanes.
El arrinconamiento del castellano en TV3 está blindado en el propio libro de estilo de la televisión pública catalana. El «manual de usos lingüísticos» de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales -que aúna a TV3 y Catalunya Ràdio- es meridiano:
1. «El catalán es la lengua de nuestros medios. Los profesionales, colaboradores fijos y, en general todas las personas contratadas, usan la lengua catalana en las intervenciones por antena y en esta lengua se difunden los contenidos, sean de producción propia o no».
2. «Usamos el catalán con nuestros interlocutores, siempre que nos entiendan, sea cual sea su lengua. Sólo de manera excepcional usamos otras lenguas en la difusión».
3. «Damos prioridad a la presencia de colaboradores, invitados o especialistas que se expresen en catalán y las productoras externas que elaboran contenidos para nuestros medios suscriben en el contrato una cláusula lingüística por la que asumen el compromiso de ajustarse a los requisitos lingüísticos exigidos».
4. «Hacemos las entrevistas en catalán. Si el entrevistado habla en castellano, no cambiamos de lengua. Si no entiende el catalán y habla en castellano, le hacemos la entrevista en esa lengua, pero nos dirigimos a la audiencia en catalán. Si entiende el catalán y no habla catalán ni castellano, traducimos sus respuestas al catalán».
Pero el estreno de "Drama", una serie juvenil en la que sus personajes alternan con naturalidad el castellano y el catalán en los diálogos, ha soliviantado al Govern, poco dispuesto a que la Cataluña real sea retratada en la televisión pública y a que ello ponga en riesgo la credibilidad de su relato nacionalista, especialmente entre los más jóvenes, entre los potenciales continuadores del procés.
Es más, hasta Netflix ha recibido presiones por parte de la Generalitat por no emitir contenidos en catalán, como sí hace en otras lenguas extranjeras.
Y es que la audiencia de TV3 está acostumbrada a que la cadena mantenga la imposición del catalán aunque ello implique desoír al Tribunal Constitucional, que en 2017 advirtió de que «la exclusión del castellano» de la cadena pública catalana contraviene «la relación de normalidad entre el catalán y el castellano».