La pandemia no ha sido un colapso pasajero, sino un parteaguas histórico. Hay un antes y un después de esta primavera de 2020, y ello se aplica al hundimiento de la economía, a la crispación política y a que debemos instaurar una nueva forma de vida. A pesar de todo, el Gobierno no tira la toalla y planea sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2021 a través de la comisión de reconstrucción en el Congreso y promete hacerlo en tiempo y forma, eso supone presentar unas nuevas cuentas antes del 30 de septiembre.
El problema es que Sánchez ha montado un Gobierno de coalición con Podemos, apoyado por los independentistas catalanes, los nacionalistas vascos y los herederos políticos de ETA. Y las provocativas jugarretas de Iglesias empiezan a molestar sobremanera, no solo a los partidos de la oposición sino también al propio PSOE y demás 'socios' del gobierno (ni Cs ni PNV tienen particular interés en la continuidad de Podemos en el Gobierno; más bien lo contrario).
En el grupo de los ofendidos por la arrogancia morada figura el PNV, pieza decisiva en la moción de censura que facilitó al actual Gobierno una transición amable a sus propuestas legislativas. Los nacionalistas vascos se han cabreado, y mucho, por el acuerdo de Sánchez con Bildu (PNV y Bildu se enfrentan el 12 de julio en las elecciones vascas, con potenciales votantes compartidos).
Por otro lado, fuentes de Moncloa admiten que ERC, por el momento, es un socio imprescindible y ya han anunciado que la mesa de 'diálogo' con Cataluña volverá a reunirse en Julio. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reivindicado la necesidad de que Cataluña tenga un "estado propio" después de que, durante la pandemia, el Gobierno central haya aplicado, a su juicio, un "155 camuflado de estado de alarma" en Cataluña.
La ecuación de los pactos cruzados del momento se completa con el PP aislado en el 'no a todo'. Porque... ¿debería el PP apoyar los acuerdos? Pablo Casado se enfrenta a una decisión endiablada: apoyar los Presupuestos y garantizar la supervivencia de Sánchez, o negarse a ello y agravar la crisis. Si el PP no apoya a Sánchez, lo harán Podemos, ERC y Bildu, y las víctimas de ese pacto serán los españoles. El peligro es obvio: que el PSOE utilice al PP como aval para ganarse la simpatía de las autoridades europeas y que, una vez conseguido su objetivo, se vuelque de nuevo hacia el bloque de la moción de censura para el reparto de los fondos europeos en base a criterios ideológicos y no económicos.
Y ¿qué pinta Ciudadanos en esa guerra? Ciudadanos aspira a ser el sustituto del PP en el centro-derecha. Craso error. No se dan cuenta de que están siendo manipulados por Sánchez, a quien la incipiente aproximación de Arrimadas le facilita lavar una imagen seriamente perjudicada por el desastre de gestión de la pandemia y demasiado escorada hacia el radicalismo podemita. Además, a Sánchez le interesa «camuflar» ante la UE unos Presupuestos pactados con Cs que rebajen el radicalismo de Podemos en el gobierno.
De todo lo anterior deriva el timo del bloque de la investidura como fórmula de Gobierno 'útil' para conducir el país en los próximos años. Esa alianza frentista es ya, en origen, una garantía de bloqueo; hoy por hoy, es inimaginable que una coalición del PSOE y Podemos, sostenida únicamente por los partidos nacionalistas, pueda manejar sin romperse (o sin rompernos) la hecatombe económica y social a la que estamos abocados.
Pero cuando llegue el momento, Sánchez tendrá que pactar con unos (incluido Bildu) las medidas sociales, y con otros los recortes, aunque está por ver que Iglesias quiera asumir ese coste. Para entonces, tendrá que poner a prueba la geometría variable y la transversalidad de la que tanto hace gala.
La única solución para ese sudoku sería intentar un 'Presupuesto de Unidad' que pudieran votar 250 diputados; pero precisamente por ser lo sensato, es lo que hay que descartar. En la actual situación de España, la política de acuerdos amplios es ya mucho más que un buen deseo: es un imperativo categórico, una condición de viabilidad del país y del sistema.
Habrá que ver cómo se las arregla este Gobierno para alumbrar de aquí a septiembre unos presupuestos de reconstrucción que cumplan todas estas condiciones: armonizar internamente al Consejo de Ministros, conseguir el apoyo de los nacionalismos sin que la factura por el voto sea prohibitiva, ser congruente con la situación económica real del país (no con la imaginaria que se pinta desde Moncloa) y, finalmente, pasar la aduana de Bruselas. Porque hacernos creer que lloverán sobre España 140.000 millones procedentes de la Unión Europea, sin que ello conlleve condición alguna, es una fantasía post pandémica.
Europa dará un paso adelante gigantesco si finalmente aprueba todos los fondos previstos para hacer frente a la crisis. Pero imaginar que no se asegurará de que ese dinero sea utilizado de forma razonable —y ya sabemos que esa palabra no significa lo mismo para Merkel que para Iglesias— es engañarse y engañar al mismo tiempo. La condicionalidad no solo es inevitable: es imprescindible si se quiere que la Unión Europea se sostenga como un proyecto compartido y no salte por los aires. Y así ha sido.
Sin embargo, las artes trileras de Sánchez van dando sus frutos; y parece que va a conseguir lo que parecía un imposible. En la última semana de junio, Sánchez ha logrado, aparentemente, cuadrar el círculo. Pactar a izquierda y derecha, desde el PP hasta ERC. Hacer compatibles a Unidas Podemos y Cs, su viejo sueño de 2016. Póker. El presidente ha cerrado la primera semana sin estado de alarma con más apoyos que con los que echó a andar la coalición en enero de 2020.
Porque el 24 de junio, el clima de crispación política en el Congreso cambió por completo. Los partidos se afanaron por limar los aspectos más conflictivos de sus propuestas en el Comité de Reconstrucción. Negociación in extremis y cesiones para alcanzar acuerdos en el Congreso para, más adelante, pactar el presupuesto. PSOE, Podemos y partidos como Cs han aparcado la mayoría de sus propuestas fiscales en aras del consenso para reconstruir sanidad, economía y servicios sociales tras la pandemia.
* Podemos aparca el 'impuesto a los ricos' en aras de la estabilidad, aunque no renuncia a volver a ponerlo sobre la mesa más adelante.
* El PSOE evita explicitar las subidas fiscales que llevaba en su programa electoral, y ambos partidos (PSOE & Podemos) pasan de puntillas sobre la reforma laboral en un documento conjunto con las conclusiones de la comisión de reconstrucción.
* Cs reconoce la necesidad de un gasto público elevado para reflotar la economía y flexibiliza su programa de política fiscal, que pasa de proponer bajadas generalizadas de impuestos a abrirse a la revisión de algunos tributos, como en el caso de las Sicav y del impuesto de sociedades.
* ERC optó por una propuesta de máximos que le aleja de la coalición (derogación “inmediata y total” de la reforma laboral, subir la tributación del ahorro hasta cinco puntos o imponer una tasa del 3% a los patrimonios de más de un millón de euros).
* El PP se muestra “abierto a llegar a acuerdos”, sobre todo en cuanto a la respuesta a dar en la Unión Europea.
PSOE y Podemos han evitado que los cerca de 48.000 fallecidos en España por la pandemia aparezcan en las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso, un foro controlado por los dos partidos del Gobierno. En dicho borrador de conclusiones no aparece en ningún momento la palabra «víctimas», ni «muertos» ni «defunciones». Tanto PSOE como Podemos ya dijeron en la creación de esta comisión que su propósito iba a ser "mirar hacia adelante con un talante propositivo y no hacia atrás", llamando de este modo a no convertir este foro en un órgano de «control» al Gobierno.
El PP entiende que el texto de conclusiones debe incorporar la citada enmienda por la necesidad de añadir en base a las aportaciones de los comparecientes en la Comisión de Reconstrucción un diagnóstico sobre lo que ha supuesto la crisis de salud pública del Covid-19. Sin embargo, esta enmienda no saldrá adelante, ya que será tumbada por los dos partidos del Gobierno socialcomunista y sus socios, que gozan de mayoría en este paripé de Comisión.
Por otro lado, el borrador de conclusiones del grupo de trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados acordado entre PSOE y Unidas Podemos excluye a la escuela concertada de las ayudas económicas destinadas a la Educación tras la crisis provocada por el coronavirus y propone que la totalidad del incremento de la inversión vaya destinada a la educación pública de gestión directa. Esto está siendo un importante escollo para las negociaciones, que Cs y PP no están dispuestos a aceptar. Finalmente, el 21 de julio, el PSOE se ha visto obligado a rectificar su ataque ideológico a la educación concertada, eliminado el veto directo, aunque la enmienda no convence a los partidos de derechas, ya que no especifica que el dinero irá también para la concertada, sino "a cerrar la brecha educativa, dando prioridad a todos aquellos centros que atienden al alumnado en situación de vulnerabilidad".
El 1 de julio se ha aprobado una enmienda de EH Bildu que pide incorporar a las conclusiones del grupo de trabajo sobre economía la derogación de la reforma laboral de 2012, "sustituyéndola por una nueva legislación laboral garantista y justa con los derechos laborales de los y las trabajadoras". La enmienda ha contado con el apoyo de los dos grupos que sostienen al Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, y ratifica el acuerdo alcanzado en mayo.
Donde dije digo... Apenas una hora más tarde de haberse firmado, el PSOE pidió a la coordinadora de la comisión repetir esta votación para posicionarse en contra de la iniciativa. Así, el PSOE vota contra esta propuesta de EH-Bildu, junto con el PP, Ciudadanos y JxCat. El argumento de Pedro Sánchez para retractarse de esa medida es que en el marco de la comisión se tienen que sentar las bases de la reconstrucción tratando de lograr el mayor consenso posible (y sabe que la derogación de la reforma laboral no sería apoyada por los grupos). Bildu le exige que cumpla con lo firmado.
Ciudadanos también ha llegado (el 1 de julio) a un acuerdo con el Gobierno para aprobar las conclusiones de tres de los grupos de trabajo para la reconstrucción tras la pandemia de Covid-19, con la aceptación de 20 enmiendas del partido liderado por Inés Arrimadas. El acuerdo ha sido posible en los grupos de Reactivación Económica, Unión Europea, además de Sanidad y Salud Pública, donde Ciudadanos votará a favor de los documentos finales. Siguen en debate las cuestiones sobre Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, ya que el gobierno pretende dejar de lado las ayudas a la educación concertada o la educación especial, y ésto no lo aceptan.
Sin embargo, Iglesias sigue boicoteando cualquier acuerdo. En declaraciones a RNE ha asegurado que no es "viable" llegar a un acuerdo con Cs para los presupuestos generales y apuesta por un pacto con ERC, PNV y Bildu. Con todo, Iglesias no vería con malos ojos que Cs prestase sus apoyos a la votación de unas cuentas públicas progresistas, de las que su partido no moverá ni una coma de lo suscrito en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez.
Hasta el 3 de julio hay de plazo para aprobar un documento conjunto con las conclusiones de los cuatro grupos de trabajo en que se dividió la Comisión de Reconstrucción del Congreso (sanidad, reactivación económica, políticas sociales y Unión Europea). Ese día, la comisión se reunirá para votar el dictamen que luego se llevará al pleno del Congreso.
Se aprueba (gracias al apoyo de Ciudadanos) el dictamen conjunto sobre las conclusiones de los cuatro grupos de trabajo creados, dando así por finalizada la comisión de reconstrucción económica y social del Congreso que echó a andar en el mes de mayo. El dictamen deberá aprobarse definitivamente en el pleno del 22 de julio; hasta entonces, las negociaciones continuarán. Después se la aprobación definitiva, el Gobierno tendrá que desarrollar la normativa para regular las medidas aprobadas.
ERC decidió abstenerse en el documento relativo a la UE y votó en contra del resto. Lo mismo hizo el PNV. Bildu votó en contra de los cuatro documentos. En cuanto al PP no fue posible ningún pacto en materia sanitaria y de la UE. Además, Unidas Podemos ha votado «por error» a favor de recomendar la puesta en marcha de un sistema similar a la «mochila austríaca» al unirse a PP, Ciudadanos, Coalición Canaria y Teruel Existe en el «sí» a una propuesta de JxCat, a la que se opusieron PSOE, ERC y PNV; al darse cuenta del error, los de Iglesias han solicitado repetir la votación, pero no les han dejado. Sin embargo, al PSOE sí se le permitió repetir la votación para excluir del acuerdo de la reconstrucción la derogación de la reforma laboral que el Gobierno pactó con Bildu en mayo (a cambio del apoyo bilduetarra para prorrogar por quinta vez el estado de alarma).
La «mochila austríaca» aboga por poner en marcha para los nuevos contratos un fondo de capitalización para los trabajadores nutrido de las aportaciones empresariales mensuales en función del salario, y que el trabajador pueda hacer efectivo en caso de despido, cambio de empresa o jubilación. Según había dicho Podemos en múltiples ocasiones la propuesta va en contra de los derechos de los trabajadores, aunque en realidad es una de las fórmulas que plantean muchos economistas -por ahora sin éxito- para modernizar el mercado laboral español.
Así fue la votación de la Comisión de Reconstrucción:
* El documento sanitario obtuvo el respaldo de 166 diputados y contó con 33 'noes' y 94 abstenciones.
* En cuanto al documento de reactivación económica, sus conclusiones terminaron con 167 apoyos (entre los que estuvieron los 10 de Ciudadanos), 115 'noes' y 10 abstenciones.
* El documento de políticas sociales fue el que menor consenso generó; ni siquiera los socios de investidura lo respaldaron, ni tampoco Cs. Solo contó con 155 votos —los de PSOE y Unidas Podemos—, cosechando 132 'noes' y 5 abstenciones.
* El documento de la Unión Europea salió aprobado con 183 votos a favor, 6 en contra y 102 abstenciones. Solo Bildu y el diputado del BNG se opusieron.
El Pleno de la Cámara vota los cuatro documentos elaborados por las fuerzas parlamentarias para la reactivación del país.
* Salen adelante con holgura dos de ellos, el de medidas sanitarias y el de política europea, con el apoyo de los partidos políticos más numerosos (PP y PSOE).
* Con 172 síes, 175 noes y 11 abstenciones queda rechazado el de medidas sociales, debido, en gran parte, a la decisión de PSOE y Unidas Podemos de vetar la recepción de ayudas procedentes del Fondo Covid a la educación concertada y a la educación especial, lo cual ha puesto en pie de guerra a PP, Ciudadanos y JxCAT. Han votado 'no': PP, Vox , Ciudadanos, PNV, JxCAT, BNG, Bildu, CUP, Coalición Canaria, Foro Asturias y UPN.
* El de propuestas económicas queda en suspenso tras constatarse un error en el voto de una diputada de Unidas Podemos que votó dos veces (telemática y presencialmente). Este paquete, en un principio, cuenta con la oposición del PP, Vox, ERC, PNV, BNG, CUP, UPN y Foro Asturias y la abstención de JxCat y Coalición Canaria.
El Congreso ha aprobado finalmente por tres votos de diferencia las recomendaciones económicas de la Comisión de Reconstrucción. El dictamen ha salido adelante en segunda votación por 172 síes frente a 169 noes y 8 abstenciones.
El dictamen económico ha sido respaldado por PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Más País, Compromís, PRC, Nueva Canarias y Teruel Existe. En contra del mismo han votado PP, Vox, ERC, PNV, Bildu, BNG, CUP y Foro Asturias, en tanto que en la abstención se han situado JxCat, Coalición Canaria y UPN.
Las conclusiones incluidas en los dictámenes de la Comisión de reconstrucción son recomendaciones al Gobierno sin fuerza de ley.
El PP finalmente sólo ha dado su respaldo a los dictámenes de sanidad y política europea. El primero de ellos se ha negociado hasta el último minuto y ha conseguido el respaldo de los populares después de que se aceptara un puñado de sus enmiendas que contemplan la creación de un Centro Estatal de Salud Pública y Calidad Asistencial para impulsar la coordinación entre las CCAA, el refuerzo de la Estrategia de Cronicidad y la elaboración de planes de contingencia para los establecimientos sanitarios y sociosanitarios, la creación de una red de laboratorios de microbiología y el diseño de una Estrategia Nacional de Vacunas.
Los partidos que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez han descalificado las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción, tildándolas de "papel mojado" o "paripé". Como han denunciado Más País, Esquerra Republicana o Compromís, el Gobierno "ha cedido ante la derecha" y ha preferido pactar con el PP o con Ciudadanos antes que con sus socios de investidura.
Por su parte, Ciudadanos ha instado a Sánchez a volver a hacerlo en la negociación de los Presupuestos, dejando de lado a "populistas, nacionalistas e independentistas".
Aún se escucha al Gobierno sostener que la política económica de la post-pandemia está en el pacto de la investidura y en el proyecto de presupuestos (los de 2020) que decayó hace un año. Si no lo creen, es un embuste (uno más, de tantos). Y si lo creen, un suicidio.
Más les vale metabolizar que ninguno de los escenarios económicos, políticos o sociales contemplados al formarse este Gobierno se mantiene hoy en pie. Sánchez puede quedarse a vivir en Moncloa hasta finales de 2023; pero una cosa es detentar y ostentar el Gobierno, y otra gobernar. Por desgracia, hay motivos sobrados para presumir que está mucho más en lo primero que en lo segundo.
El 25 de mayo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su comparecencia en el Senado, resaltó que el Gobierno está trabajando y adoptando medidas para que la solución a la crisis generada por el coronavirus no sea la misma que la aplicada en la crisis de 2008. Y para conseguir ese objetivo, la ministra ha indicado la importancia de avanzar sobre tres ejes fundamentales:
1) Aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado 2021 que "consoliden un modelo de crecimiento equilibrado e inclusivo"; unas cuentas públicas que deben tener como prioridad la reconstrucción económica y social tras la emergencia sanitaria actual. Para ello, el gobierno estima la necesidad de fortalecer el Estado de bienestar, en especial, reforzando la sanidad pública para garantizar que cuenta con los recursos necesarios para abordar eventuales situaciones de riesgo en el futuro. También ha considerado prioritario que los Presupuestos incluyan los recursos necesarios para proteger a las clases medias y trabajadoras y a los colectivos más vulnerables.
2) Impulsar la fiscalidad del siglo XXI, que permite adaptar el sistema tributario a las nuevas realidades de la economía digital. El objetivo principal es lograr un sistema fiscal más justo y redistributivo, que reclame una mayor contribución a la sociedad a los que más tienen, o sea, cacería fiscal. La lucha contra el fraude fiscal es otra de las prioridades
3) Y consensuar un nuevo modelo de financiación autonómico y local que ayude a una vertebración más justa del sistema territorial. Respecto a la financiación local, la ministra ha defendido la posibilidad de que los ayuntamientos asuman más competencias. También ha insistido en el compromiso del Gobierno de flexibilizar la regla de gasto para adaptarla al momento del ciclo económico.
Por su parte, la vicepresidenta tercera de Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha creado -a mediados de junio- su propio comité para la reconstrucción, al margen del de Moncloa. El consejo asesor de Calviño estará conformado casi exclusivamente por economistas de diferentes sensibilidades aunque huyendo de inclinaciones políticas (15-20 personas). Su objetivo: buscar soluciones para el aquí y ahora, es decir abordando soluciones para el presente (no con vista a décadas) con debates sobre las directrices que debe seguir la política económica en las siguientes semanas o meses.
Ésta es la principal diferencia entre el grupo de 100 expertos de diferentes sectores que lleva reuniéndose hace semanas en Moncloa y que está elaborando el documento España 2050. El de Calviño es un equipo que depende de la recientemente creada Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de Presidencia de Gobierno y que, por tanto, reporta directamente a Iván Redondo y a Pedro Sánchez. De hecho, este grupo no tiene ninguna relación orgánica con la Vicepresidencia Económica y trabaja en paralelo sin tener relación.
El problema es que Sánchez ha montado un Gobierno de coalición con Podemos, apoyado por los independentistas catalanes, los nacionalistas vascos y los herederos políticos de ETA. Y las provocativas jugarretas de Iglesias empiezan a molestar sobremanera, no solo a los partidos de la oposición sino también al propio PSOE y demás 'socios' del gobierno (ni Cs ni PNV tienen particular interés en la continuidad de Podemos en el Gobierno; más bien lo contrario).
En el grupo de los ofendidos por la arrogancia morada figura el PNV, pieza decisiva en la moción de censura que facilitó al actual Gobierno una transición amable a sus propuestas legislativas. Los nacionalistas vascos se han cabreado, y mucho, por el acuerdo de Sánchez con Bildu (PNV y Bildu se enfrentan el 12 de julio en las elecciones vascas, con potenciales votantes compartidos).
Por otro lado, fuentes de Moncloa admiten que ERC, por el momento, es un socio imprescindible y ya han anunciado que la mesa de 'diálogo' con Cataluña volverá a reunirse en Julio. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reivindicado la necesidad de que Cataluña tenga un "estado propio" después de que, durante la pandemia, el Gobierno central haya aplicado, a su juicio, un "155 camuflado de estado de alarma" en Cataluña.
La ecuación de los pactos cruzados del momento se completa con el PP aislado en el 'no a todo'. Porque... ¿debería el PP apoyar los acuerdos? Pablo Casado se enfrenta a una decisión endiablada: apoyar los Presupuestos y garantizar la supervivencia de Sánchez, o negarse a ello y agravar la crisis. Si el PP no apoya a Sánchez, lo harán Podemos, ERC y Bildu, y las víctimas de ese pacto serán los españoles. El peligro es obvio: que el PSOE utilice al PP como aval para ganarse la simpatía de las autoridades europeas y que, una vez conseguido su objetivo, se vuelque de nuevo hacia el bloque de la moción de censura para el reparto de los fondos europeos en base a criterios ideológicos y no económicos.
Y ¿qué pinta Ciudadanos en esa guerra? Ciudadanos aspira a ser el sustituto del PP en el centro-derecha. Craso error. No se dan cuenta de que están siendo manipulados por Sánchez, a quien la incipiente aproximación de Arrimadas le facilita lavar una imagen seriamente perjudicada por el desastre de gestión de la pandemia y demasiado escorada hacia el radicalismo podemita. Además, a Sánchez le interesa «camuflar» ante la UE unos Presupuestos pactados con Cs que rebajen el radicalismo de Podemos en el gobierno.
De todo lo anterior deriva el timo del bloque de la investidura como fórmula de Gobierno 'útil' para conducir el país en los próximos años. Esa alianza frentista es ya, en origen, una garantía de bloqueo; hoy por hoy, es inimaginable que una coalición del PSOE y Podemos, sostenida únicamente por los partidos nacionalistas, pueda manejar sin romperse (o sin rompernos) la hecatombe económica y social a la que estamos abocados.
Pero cuando llegue el momento, Sánchez tendrá que pactar con unos (incluido Bildu) las medidas sociales, y con otros los recortes, aunque está por ver que Iglesias quiera asumir ese coste. Para entonces, tendrá que poner a prueba la geometría variable y la transversalidad de la que tanto hace gala.
La única solución para ese sudoku sería intentar un 'Presupuesto de Unidad' que pudieran votar 250 diputados; pero precisamente por ser lo sensato, es lo que hay que descartar. En la actual situación de España, la política de acuerdos amplios es ya mucho más que un buen deseo: es un imperativo categórico, una condición de viabilidad del país y del sistema.
Habrá que ver cómo se las arregla este Gobierno para alumbrar de aquí a septiembre unos presupuestos de reconstrucción que cumplan todas estas condiciones: armonizar internamente al Consejo de Ministros, conseguir el apoyo de los nacionalismos sin que la factura por el voto sea prohibitiva, ser congruente con la situación económica real del país (no con la imaginaria que se pinta desde Moncloa) y, finalmente, pasar la aduana de Bruselas. Porque hacernos creer que lloverán sobre España 140.000 millones procedentes de la Unión Europea, sin que ello conlleve condición alguna, es una fantasía post pandémica.
Europa dará un paso adelante gigantesco si finalmente aprueba todos los fondos previstos para hacer frente a la crisis. Pero imaginar que no se asegurará de que ese dinero sea utilizado de forma razonable —y ya sabemos que esa palabra no significa lo mismo para Merkel que para Iglesias— es engañarse y engañar al mismo tiempo. La condicionalidad no solo es inevitable: es imprescindible si se quiere que la Unión Europea se sostenga como un proyecto compartido y no salte por los aires. Y así ha sido.
Los pactos de la reconstrucción
Sin embargo, las artes trileras de Sánchez van dando sus frutos; y parece que va a conseguir lo que parecía un imposible. En la última semana de junio, Sánchez ha logrado, aparentemente, cuadrar el círculo. Pactar a izquierda y derecha, desde el PP hasta ERC. Hacer compatibles a Unidas Podemos y Cs, su viejo sueño de 2016. Póker. El presidente ha cerrado la primera semana sin estado de alarma con más apoyos que con los que echó a andar la coalición en enero de 2020.
Porque el 24 de junio, el clima de crispación política en el Congreso cambió por completo. Los partidos se afanaron por limar los aspectos más conflictivos de sus propuestas en el Comité de Reconstrucción. Negociación in extremis y cesiones para alcanzar acuerdos en el Congreso para, más adelante, pactar el presupuesto. PSOE, Podemos y partidos como Cs han aparcado la mayoría de sus propuestas fiscales en aras del consenso para reconstruir sanidad, economía y servicios sociales tras la pandemia.
* Podemos aparca el 'impuesto a los ricos' en aras de la estabilidad, aunque no renuncia a volver a ponerlo sobre la mesa más adelante.
* El PSOE evita explicitar las subidas fiscales que llevaba en su programa electoral, y ambos partidos (PSOE & Podemos) pasan de puntillas sobre la reforma laboral en un documento conjunto con las conclusiones de la comisión de reconstrucción.
* Cs reconoce la necesidad de un gasto público elevado para reflotar la economía y flexibiliza su programa de política fiscal, que pasa de proponer bajadas generalizadas de impuestos a abrirse a la revisión de algunos tributos, como en el caso de las Sicav y del impuesto de sociedades.
* ERC optó por una propuesta de máximos que le aleja de la coalición (derogación “inmediata y total” de la reforma laboral, subir la tributación del ahorro hasta cinco puntos o imponer una tasa del 3% a los patrimonios de más de un millón de euros).
* El PP se muestra “abierto a llegar a acuerdos”, sobre todo en cuanto a la respuesta a dar en la Unión Europea.
PSOE y Podemos han evitado que los cerca de 48.000 fallecidos en España por la pandemia aparezcan en las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso, un foro controlado por los dos partidos del Gobierno. En dicho borrador de conclusiones no aparece en ningún momento la palabra «víctimas», ni «muertos» ni «defunciones». Tanto PSOE como Podemos ya dijeron en la creación de esta comisión que su propósito iba a ser "mirar hacia adelante con un talante propositivo y no hacia atrás", llamando de este modo a no convertir este foro en un órgano de «control» al Gobierno.
El PP entiende que el texto de conclusiones debe incorporar la citada enmienda por la necesidad de añadir en base a las aportaciones de los comparecientes en la Comisión de Reconstrucción un diagnóstico sobre lo que ha supuesto la crisis de salud pública del Covid-19. Sin embargo, esta enmienda no saldrá adelante, ya que será tumbada por los dos partidos del Gobierno socialcomunista y sus socios, que gozan de mayoría en este paripé de Comisión.
Por otro lado, el borrador de conclusiones del grupo de trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados acordado entre PSOE y Unidas Podemos excluye a la escuela concertada de las ayudas económicas destinadas a la Educación tras la crisis provocada por el coronavirus y propone que la totalidad del incremento de la inversión vaya destinada a la educación pública de gestión directa. Esto está siendo un importante escollo para las negociaciones, que Cs y PP no están dispuestos a aceptar. Finalmente, el 21 de julio, el PSOE se ha visto obligado a rectificar su ataque ideológico a la educación concertada, eliminado el veto directo, aunque la enmienda no convence a los partidos de derechas, ya que no especifica que el dinero irá también para la concertada, sino "a cerrar la brecha educativa, dando prioridad a todos aquellos centros que atienden al alumnado en situación de vulnerabilidad".
El 1 de julio se ha aprobado una enmienda de EH Bildu que pide incorporar a las conclusiones del grupo de trabajo sobre economía la derogación de la reforma laboral de 2012, "sustituyéndola por una nueva legislación laboral garantista y justa con los derechos laborales de los y las trabajadoras". La enmienda ha contado con el apoyo de los dos grupos que sostienen al Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, y ratifica el acuerdo alcanzado en mayo.
Donde dije digo... Apenas una hora más tarde de haberse firmado, el PSOE pidió a la coordinadora de la comisión repetir esta votación para posicionarse en contra de la iniciativa. Así, el PSOE vota contra esta propuesta de EH-Bildu, junto con el PP, Ciudadanos y JxCat. El argumento de Pedro Sánchez para retractarse de esa medida es que en el marco de la comisión se tienen que sentar las bases de la reconstrucción tratando de lograr el mayor consenso posible (y sabe que la derogación de la reforma laboral no sería apoyada por los grupos). Bildu le exige que cumpla con lo firmado.
Ciudadanos también ha llegado (el 1 de julio) a un acuerdo con el Gobierno para aprobar las conclusiones de tres de los grupos de trabajo para la reconstrucción tras la pandemia de Covid-19, con la aceptación de 20 enmiendas del partido liderado por Inés Arrimadas. El acuerdo ha sido posible en los grupos de Reactivación Económica, Unión Europea, además de Sanidad y Salud Pública, donde Ciudadanos votará a favor de los documentos finales. Siguen en debate las cuestiones sobre Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, ya que el gobierno pretende dejar de lado las ayudas a la educación concertada o la educación especial, y ésto no lo aceptan.
Sin embargo, Iglesias sigue boicoteando cualquier acuerdo. En declaraciones a RNE ha asegurado que no es "viable" llegar a un acuerdo con Cs para los presupuestos generales y apuesta por un pacto con ERC, PNV y Bildu. Con todo, Iglesias no vería con malos ojos que Cs prestase sus apoyos a la votación de unas cuentas públicas progresistas, de las que su partido no moverá ni una coma de lo suscrito en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez.
Hasta el 3 de julio hay de plazo para aprobar un documento conjunto con las conclusiones de los cuatro grupos de trabajo en que se dividió la Comisión de Reconstrucción del Congreso (sanidad, reactivación económica, políticas sociales y Unión Europea). Ese día, la comisión se reunirá para votar el dictamen que luego se llevará al pleno del Congreso.
Votación del 3 de julio:
Se aprueba (gracias al apoyo de Ciudadanos) el dictamen conjunto sobre las conclusiones de los cuatro grupos de trabajo creados, dando así por finalizada la comisión de reconstrucción económica y social del Congreso que echó a andar en el mes de mayo. El dictamen deberá aprobarse definitivamente en el pleno del 22 de julio; hasta entonces, las negociaciones continuarán. Después se la aprobación definitiva, el Gobierno tendrá que desarrollar la normativa para regular las medidas aprobadas.
ERC decidió abstenerse en el documento relativo a la UE y votó en contra del resto. Lo mismo hizo el PNV. Bildu votó en contra de los cuatro documentos. En cuanto al PP no fue posible ningún pacto en materia sanitaria y de la UE. Además, Unidas Podemos ha votado «por error» a favor de recomendar la puesta en marcha de un sistema similar a la «mochila austríaca» al unirse a PP, Ciudadanos, Coalición Canaria y Teruel Existe en el «sí» a una propuesta de JxCat, a la que se opusieron PSOE, ERC y PNV; al darse cuenta del error, los de Iglesias han solicitado repetir la votación, pero no les han dejado. Sin embargo, al PSOE sí se le permitió repetir la votación para excluir del acuerdo de la reconstrucción la derogación de la reforma laboral que el Gobierno pactó con Bildu en mayo (a cambio del apoyo bilduetarra para prorrogar por quinta vez el estado de alarma).
La «mochila austríaca» aboga por poner en marcha para los nuevos contratos un fondo de capitalización para los trabajadores nutrido de las aportaciones empresariales mensuales en función del salario, y que el trabajador pueda hacer efectivo en caso de despido, cambio de empresa o jubilación. Según había dicho Podemos en múltiples ocasiones la propuesta va en contra de los derechos de los trabajadores, aunque en realidad es una de las fórmulas que plantean muchos economistas -por ahora sin éxito- para modernizar el mercado laboral español.
Así fue la votación de la Comisión de Reconstrucción:
* El documento sanitario obtuvo el respaldo de 166 diputados y contó con 33 'noes' y 94 abstenciones.
* En cuanto al documento de reactivación económica, sus conclusiones terminaron con 167 apoyos (entre los que estuvieron los 10 de Ciudadanos), 115 'noes' y 10 abstenciones.
* El documento de políticas sociales fue el que menor consenso generó; ni siquiera los socios de investidura lo respaldaron, ni tampoco Cs. Solo contó con 155 votos —los de PSOE y Unidas Podemos—, cosechando 132 'noes' y 5 abstenciones.
* El documento de la Unión Europea salió aprobado con 183 votos a favor, 6 en contra y 102 abstenciones. Solo Bildu y el diputado del BNG se opusieron.
Votación del 22 de julio
El Pleno de la Cámara vota los cuatro documentos elaborados por las fuerzas parlamentarias para la reactivación del país.
* Salen adelante con holgura dos de ellos, el de medidas sanitarias y el de política europea, con el apoyo de los partidos políticos más numerosos (PP y PSOE).
* Con 172 síes, 175 noes y 11 abstenciones queda rechazado el de medidas sociales, debido, en gran parte, a la decisión de PSOE y Unidas Podemos de vetar la recepción de ayudas procedentes del Fondo Covid a la educación concertada y a la educación especial, lo cual ha puesto en pie de guerra a PP, Ciudadanos y JxCAT. Han votado 'no': PP, Vox , Ciudadanos, PNV, JxCAT, BNG, Bildu, CUP, Coalición Canaria, Foro Asturias y UPN.
* El de propuestas económicas queda en suspenso tras constatarse un error en el voto de una diputada de Unidas Podemos que votó dos veces (telemática y presencialmente). Este paquete, en un principio, cuenta con la oposición del PP, Vox, ERC, PNV, BNG, CUP, UPN y Foro Asturias y la abstención de JxCat y Coalición Canaria.
Votación del 29 de julio
El Congreso ha aprobado finalmente por tres votos de diferencia las recomendaciones económicas de la Comisión de Reconstrucción. El dictamen ha salido adelante en segunda votación por 172 síes frente a 169 noes y 8 abstenciones.
El dictamen económico ha sido respaldado por PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Más País, Compromís, PRC, Nueva Canarias y Teruel Existe. En contra del mismo han votado PP, Vox, ERC, PNV, Bildu, BNG, CUP y Foro Asturias, en tanto que en la abstención se han situado JxCat, Coalición Canaria y UPN.
Las conclusiones incluidas en los dictámenes de la Comisión de reconstrucción son recomendaciones al Gobierno sin fuerza de ley.
El PP finalmente sólo ha dado su respaldo a los dictámenes de sanidad y política europea. El primero de ellos se ha negociado hasta el último minuto y ha conseguido el respaldo de los populares después de que se aceptara un puñado de sus enmiendas que contemplan la creación de un Centro Estatal de Salud Pública y Calidad Asistencial para impulsar la coordinación entre las CCAA, el refuerzo de la Estrategia de Cronicidad y la elaboración de planes de contingencia para los establecimientos sanitarios y sociosanitarios, la creación de una red de laboratorios de microbiología y el diseño de una Estrategia Nacional de Vacunas.
Los partidos que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez han descalificado las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción, tildándolas de "papel mojado" o "paripé". Como han denunciado Más País, Esquerra Republicana o Compromís, el Gobierno "ha cedido ante la derecha" y ha preferido pactar con el PP o con Ciudadanos antes que con sus socios de investidura.
Por su parte, Ciudadanos ha instado a Sánchez a volver a hacerlo en la negociación de los Presupuestos, dejando de lado a "populistas, nacionalistas e independentistas".
Las bases del Presupuesto de la Unidad
Aún se escucha al Gobierno sostener que la política económica de la post-pandemia está en el pacto de la investidura y en el proyecto de presupuestos (los de 2020) que decayó hace un año. Si no lo creen, es un embuste (uno más, de tantos). Y si lo creen, un suicidio.
Más les vale metabolizar que ninguno de los escenarios económicos, políticos o sociales contemplados al formarse este Gobierno se mantiene hoy en pie. Sánchez puede quedarse a vivir en Moncloa hasta finales de 2023; pero una cosa es detentar y ostentar el Gobierno, y otra gobernar. Por desgracia, hay motivos sobrados para presumir que está mucho más en lo primero que en lo segundo.
El 25 de mayo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su comparecencia en el Senado, resaltó que el Gobierno está trabajando y adoptando medidas para que la solución a la crisis generada por el coronavirus no sea la misma que la aplicada en la crisis de 2008. Y para conseguir ese objetivo, la ministra ha indicado la importancia de avanzar sobre tres ejes fundamentales:
1) Aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado 2021 que "consoliden un modelo de crecimiento equilibrado e inclusivo"; unas cuentas públicas que deben tener como prioridad la reconstrucción económica y social tras la emergencia sanitaria actual. Para ello, el gobierno estima la necesidad de fortalecer el Estado de bienestar, en especial, reforzando la sanidad pública para garantizar que cuenta con los recursos necesarios para abordar eventuales situaciones de riesgo en el futuro. También ha considerado prioritario que los Presupuestos incluyan los recursos necesarios para proteger a las clases medias y trabajadoras y a los colectivos más vulnerables.
2) Impulsar la fiscalidad del siglo XXI, que permite adaptar el sistema tributario a las nuevas realidades de la economía digital. El objetivo principal es lograr un sistema fiscal más justo y redistributivo, que reclame una mayor contribución a la sociedad a los que más tienen, o sea, cacería fiscal. La lucha contra el fraude fiscal es otra de las prioridades
3) Y consensuar un nuevo modelo de financiación autonómico y local que ayude a una vertebración más justa del sistema territorial. Respecto a la financiación local, la ministra ha defendido la posibilidad de que los ayuntamientos asuman más competencias. También ha insistido en el compromiso del Gobierno de flexibilizar la regla de gasto para adaptarla al momento del ciclo económico.
Por su parte, la vicepresidenta tercera de Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha creado -a mediados de junio- su propio comité para la reconstrucción, al margen del de Moncloa. El consejo asesor de Calviño estará conformado casi exclusivamente por economistas de diferentes sensibilidades aunque huyendo de inclinaciones políticas (15-20 personas). Su objetivo: buscar soluciones para el aquí y ahora, es decir abordando soluciones para el presente (no con vista a décadas) con debates sobre las directrices que debe seguir la política económica en las siguientes semanas o meses.
Ésta es la principal diferencia entre el grupo de 100 expertos de diferentes sectores que lleva reuniéndose hace semanas en Moncloa y que está elaborando el documento España 2050. El de Calviño es un equipo que depende de la recientemente creada Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de Presidencia de Gobierno y que, por tanto, reporta directamente a Iván Redondo y a Pedro Sánchez. De hecho, este grupo no tiene ninguna relación orgánica con la Vicepresidencia Económica y trabaja en paralelo sin tener relación.