De los creadores del comité de expertos fantasma, ahora llega el... (tachán... redoble de tambores) ¡comité de sabios! para repartir los 140.000 millones de euros que nos lloverán de Europa. El Ejecutivo busca así blindarse en tres frentes: se escuda en los 'expertos' ante quejas por el reparto, hace efectivo con los fondos de Europa el impulso a una economía derrumbada, y se coloca en mejor posición para negociar los Presupuestos Generales del Estado.
Este comité de sabios estaría formado por empresarios y personalidades de prestigio en el mundo económico. Por un lado, el asesoramiento de empresarios de prestigio puede ser decisivo para que las inyecciones comunitarias realmente se traduzcan en el impulso a la economía real que persiguen. Aunque sería aconsejable que la función del comité no se circunscribiera al reparto de los 140.000 millones del fondo de recuperación (que no es moco de pavo), sino que además se extendiera al asesoramiento en materia de reformas estructurales.
Pero por otro, este comité sería un interesante caramelo político de cara a la inminente negociación de apoyos al proyecto de presupuestos, siempre que se abran sus sillones a empresarios afines a grupos políticos que puedan ser decisivos.
La idea no es mala, siempre y cuando dicho comité no tenga tintes políticos y exista de verdad. Una fórmula similar ya está funcionando en países como Italia y Francia con buenos resultados, tanto económicos como políticos. Sin embargo, está por ver la acogida que podría tener este proyecto entre la élite empresarial nacional, porque los empresarios no están dispuestos a ser utilizados como justificación de las políticas económicas del Gobierno socialcomunista.
A pesar de que el Gobierno ya cuenta con miles de asesores (nombrados a dedo), necesita esta inyección de realismo como el aire. Repasemos la lista: no hay más de cuatro miembros en el Ejecutivo (quizá sea demasiado optimista) capaces de entrever y admitir la complejidad de una economía como la española en el momento actual. Recelan de restricciones europeas que son el reverso de sus garantías. Y entre esos cuatro no incluyo al doctor en Economía Pedro Sánchez ni, por supuesto, a su adlátere marquetiniano Iván Redondo, con mayor mando en plaza que la mayoría de ministros.
Añádase que una parte del gabinete no cree en la economía de mercado, y que adopta ante el fondo de recuperación europeo una reserva mental apenas disimulada que no impide cierta salivación pavloviana. Hasta el observador más indolente sospecha que un puñado de ministros, y posiblemente el propio presidente, albergan la esperanza de esquivar la condicionalidad tanto como sea posible. Cuando no puedan sortear más el cumplimiento, habrán pasado varios años. Entonces, tal vez se encuentre con el pastel un gobierno de otro color. Si es así, la izquierda podrá practicar uno de sus hobbies favoritos: culpar a la derecha del coste social de sus propios incumplimientos. Mientras tanto, «Gastemos ahora que luego ya si eso, ya yo ya...».
Todo esto del comité de expertos tendría sentido si se cumplen tres supuestos: si los expertos lo son de verdad; si es verdad que los políticos harán caso a lo que los expertos propongan y no los usarán como excusa; y si la sociedad aceptará las reformas impopulares (recortes) sólo porque ahora las propongan unos cuantos "economistas de prestigio".
Por lo pronto, el Gobierno español debate ahora el perfil de los integrantes del comité de sabios, si bien gana peso la posibilidad de que sean perfiles técnicos y empresariales frente a otros puramente teóricos. Hasta 100 economistas, empresarios, científicos y sociólogos nacionales han acudido a la llamada de La Moncloa para elaborar un documento que contenga sus propuestas para modernizar la economía española de cara a las próximas décadas (un plan para preparar la España de 2030-2050). La teoría dice que hay que superar la dinámica política habitual (dominada por el cortoplacismo y el miedo a las siguientes elecciones) y pensar un poco más a largo plazo.
Pero un comité de cien personas es poco operativo. Por ello se han organizado en diez grupos de trabajo, por temas y especialidades: bienestar; crecimiento y productividad; desigualdad; desempleo estructural y precariedad; longevidad y el futuro del sistema de pensiones; recualificación de trabajadores; sistema educativo; habitabilidad de ciudades y despoblamiento rural; descarbonización de la economía y uso racional de los recursos naturales. El objetivo es que cada uno de esos grupos tenga preparado para el otoño un documento en el que figure un diagnóstico de los problemas que enfrenta la economía española y sus propuestas para atajarlos.
Hasta aquí, la teoría, en la que casi siempre todo encaja: expertos de prestigio, reformas a largo plazo, salir de la refriega política cotidiana... El problema es la práctica, que no siempre es tan bonita.
Para empezar, habría que tener la lista completa de esos expertos. Y ver si realmente todos lo son y si representan un conjunto plural de opiniones. Es cierto que buena parte de los nombres conocidos son economistas de prestigio y algunos no especialmente cercanos a las tesis del Gobierno (sobre todo, a la parte más radical del mismo). Pero en ésto, como en muchas otras cuestiones, la clave muchas veces está precisamente en los extremos: en un grupo de 10 economistas que tienen que publicar un documento de mínimos acordado por consenso, lo que finalmente se apruebe puede que no refleje para nada la 'opinión media', porque un solo miembro del grupo que bloquee aquello que no le guste puede acabar imponiéndose.
La segunda pregunta es cómo encajará este comité de expertos con el resto de los comités que se están formando, como por ejemplo la Comisión del Congreso para la Reconstrucción Social y Económica, o el otro «comité de sabios» en Economía de la ministra Calviño. ¿Serán compatibles las propuestas de unos y otros? ¿Y si unos dicen "A" y los otros "B"? Lo normal es que ganen los diputados (que para eso son los que votan), lo que dejaría en una posición muy desairada a los economistas del Ibex 35.
Esta sobreabundancia de comisiones es en sí mismo un peligro, porque al final lo que llegará a la opinión pública será un torrente de titulares, recomendaciones, propuestas, etc. La idea de una especie de libro blanco con medidas para las próximas décadas no es mala; pero, si se hace, tiene que ser realmente uno, claro y conciso, que se conozca y discuta por parte de la sociedad.
Por supuesto, un peligro para estos grupos de expertos es que no les hagan ni caso o, todavía peor, que les usen como coartada para hacer lo contrario de lo que propusieron. Los políticos tienen una enorme tentación a usar estos comités como excusa, escogiendo aquello que quieren o necesitan aprobar e ignorando el resto. Pero normalmente esas propuestas sólo tienen sentido de forma global. Si sólo aplicas una o dos, el resultado final puede ser peor, incluso, que no hacer nada.
Además, en el caso de España, hay un último factor a tener en cuenta: la presión del déficit (y la necesidad de afrontar fuertes ajustes en el Presupuesto) y la vigilancia de Bruselas. En este sentido, para el Gobierno sí es interesante tener a alguien a quien señalar por las medidas impopulares.
Por último, el comité de listos de la sociedad civil debería conocer en profundidad las trabas y desventajas regulatorias que nos lastran. Esto es, el laberinto burocrático de los 17 mercados de taifas. También lacras tenaces como la dualidad laboral.
Pero sobre todo, cuando se anuncie la creación del órgano asesor, cuando se informe de sus reuniones y de su desempeño, sería interesante que se cumpliera un requisito, si no es mucho pedir: que, a diferencia del comité de expertos en desescalada, éste exista de verdad.
Este comité de sabios estaría formado por empresarios y personalidades de prestigio en el mundo económico. Por un lado, el asesoramiento de empresarios de prestigio puede ser decisivo para que las inyecciones comunitarias realmente se traduzcan en el impulso a la economía real que persiguen. Aunque sería aconsejable que la función del comité no se circunscribiera al reparto de los 140.000 millones del fondo de recuperación (que no es moco de pavo), sino que además se extendiera al asesoramiento en materia de reformas estructurales.
Pero por otro, este comité sería un interesante caramelo político de cara a la inminente negociación de apoyos al proyecto de presupuestos, siempre que se abran sus sillones a empresarios afines a grupos políticos que puedan ser decisivos.
La idea no es mala, siempre y cuando dicho comité no tenga tintes políticos y exista de verdad. Una fórmula similar ya está funcionando en países como Italia y Francia con buenos resultados, tanto económicos como políticos. Sin embargo, está por ver la acogida que podría tener este proyecto entre la élite empresarial nacional, porque los empresarios no están dispuestos a ser utilizados como justificación de las políticas económicas del Gobierno socialcomunista.
A pesar de que el Gobierno ya cuenta con miles de asesores (nombrados a dedo), necesita esta inyección de realismo como el aire. Repasemos la lista: no hay más de cuatro miembros en el Ejecutivo (quizá sea demasiado optimista) capaces de entrever y admitir la complejidad de una economía como la española en el momento actual. Recelan de restricciones europeas que son el reverso de sus garantías. Y entre esos cuatro no incluyo al doctor en Economía Pedro Sánchez ni, por supuesto, a su adlátere marquetiniano Iván Redondo, con mayor mando en plaza que la mayoría de ministros.
Añádase que una parte del gabinete no cree en la economía de mercado, y que adopta ante el fondo de recuperación europeo una reserva mental apenas disimulada que no impide cierta salivación pavloviana. Hasta el observador más indolente sospecha que un puñado de ministros, y posiblemente el propio presidente, albergan la esperanza de esquivar la condicionalidad tanto como sea posible. Cuando no puedan sortear más el cumplimiento, habrán pasado varios años. Entonces, tal vez se encuentre con el pastel un gobierno de otro color. Si es así, la izquierda podrá practicar uno de sus hobbies favoritos: culpar a la derecha del coste social de sus propios incumplimientos. Mientras tanto, «Gastemos ahora que luego ya si eso, ya yo ya...».
Todo esto del comité de expertos tendría sentido si se cumplen tres supuestos: si los expertos lo son de verdad; si es verdad que los políticos harán caso a lo que los expertos propongan y no los usarán como excusa; y si la sociedad aceptará las reformas impopulares (recortes) sólo porque ahora las propongan unos cuantos "economistas de prestigio".
Por lo pronto, el Gobierno español debate ahora el perfil de los integrantes del comité de sabios, si bien gana peso la posibilidad de que sean perfiles técnicos y empresariales frente a otros puramente teóricos. Hasta 100 economistas, empresarios, científicos y sociólogos nacionales han acudido a la llamada de La Moncloa para elaborar un documento que contenga sus propuestas para modernizar la economía española de cara a las próximas décadas (un plan para preparar la España de 2030-2050). La teoría dice que hay que superar la dinámica política habitual (dominada por el cortoplacismo y el miedo a las siguientes elecciones) y pensar un poco más a largo plazo.
Pero un comité de cien personas es poco operativo. Por ello se han organizado en diez grupos de trabajo, por temas y especialidades: bienestar; crecimiento y productividad; desigualdad; desempleo estructural y precariedad; longevidad y el futuro del sistema de pensiones; recualificación de trabajadores; sistema educativo; habitabilidad de ciudades y despoblamiento rural; descarbonización de la economía y uso racional de los recursos naturales. El objetivo es que cada uno de esos grupos tenga preparado para el otoño un documento en el que figure un diagnóstico de los problemas que enfrenta la economía española y sus propuestas para atajarlos.
Hasta aquí, la teoría, en la que casi siempre todo encaja: expertos de prestigio, reformas a largo plazo, salir de la refriega política cotidiana... El problema es la práctica, que no siempre es tan bonita.
Para empezar, habría que tener la lista completa de esos expertos. Y ver si realmente todos lo son y si representan un conjunto plural de opiniones. Es cierto que buena parte de los nombres conocidos son economistas de prestigio y algunos no especialmente cercanos a las tesis del Gobierno (sobre todo, a la parte más radical del mismo). Pero en ésto, como en muchas otras cuestiones, la clave muchas veces está precisamente en los extremos: en un grupo de 10 economistas que tienen que publicar un documento de mínimos acordado por consenso, lo que finalmente se apruebe puede que no refleje para nada la 'opinión media', porque un solo miembro del grupo que bloquee aquello que no le guste puede acabar imponiéndose.
La segunda pregunta es cómo encajará este comité de expertos con el resto de los comités que se están formando, como por ejemplo la Comisión del Congreso para la Reconstrucción Social y Económica, o el otro «comité de sabios» en Economía de la ministra Calviño. ¿Serán compatibles las propuestas de unos y otros? ¿Y si unos dicen "A" y los otros "B"? Lo normal es que ganen los diputados (que para eso son los que votan), lo que dejaría en una posición muy desairada a los economistas del Ibex 35.
Esta sobreabundancia de comisiones es en sí mismo un peligro, porque al final lo que llegará a la opinión pública será un torrente de titulares, recomendaciones, propuestas, etc. La idea de una especie de libro blanco con medidas para las próximas décadas no es mala; pero, si se hace, tiene que ser realmente uno, claro y conciso, que se conozca y discuta por parte de la sociedad.
Por supuesto, un peligro para estos grupos de expertos es que no les hagan ni caso o, todavía peor, que les usen como coartada para hacer lo contrario de lo que propusieron. Los políticos tienen una enorme tentación a usar estos comités como excusa, escogiendo aquello que quieren o necesitan aprobar e ignorando el resto. Pero normalmente esas propuestas sólo tienen sentido de forma global. Si sólo aplicas una o dos, el resultado final puede ser peor, incluso, que no hacer nada.
Además, en el caso de España, hay un último factor a tener en cuenta: la presión del déficit (y la necesidad de afrontar fuertes ajustes en el Presupuesto) y la vigilancia de Bruselas. En este sentido, para el Gobierno sí es interesante tener a alguien a quien señalar por las medidas impopulares.
Por último, el comité de listos de la sociedad civil debería conocer en profundidad las trabas y desventajas regulatorias que nos lastran. Esto es, el laberinto burocrático de los 17 mercados de taifas. También lacras tenaces como la dualidad laboral.
Pero sobre todo, cuando se anuncie la creación del órgano asesor, cuando se informe de sus reuniones y de su desempeño, sería interesante que se cumpliera un requisito, si no es mucho pedir: que, a diferencia del comité de expertos en desescalada, éste exista de verdad.