A mediados de junio, más de tres meses después de que se declarara el estado de alarma y de que las residencias se convirtieran en uno de los grandes focos de contagio de coronavirus (según el MoMo, unas 33.000 personas han muerto con coronavirus en las residencias de servicios sociales, que no solo incluyen los geriátricos, sino también centros de discapacidad, de atención en domicilio y teleasistencia), Gobierno y Comunidades Autónomas decidieron crear un "grupo de trabajo" para analizar la situación y tomar las medidas de coordinación necesarias para prevenir posibles rebrotes en estos centros sociales. Papel mojado. Postureo. Aparecer en la foto y aparentar que se coordina, sin anunciar medidas efectivas.
Para empezar, el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ni siquiera asiste a las reuniones y delega la representación de su Ministerio en su ‘número dos’, Nacho Álvarez. (El podemita está demasiado ocupado en atacar la Monarquía y en mostrarse como víctima de las 'cloacas' del Estado).
Pablo Iglesias asumió el mando único de estos centros el pasado 19 de marzo, cuando Salvador Illa delegó en él el mando de los servicios sociales y su coordinación en las comunidades autónomas durante el estado de alarma. Ello implicaba que el vicepresidente social debía proponer las actuaciones inmediatas en todo el territorio nacional y determinar las medidas necesarias para la correcta coordinación de dichos servicios.
No se conoce acción alguna de Iglesias al respecto. Siempre ha evitado asumir responsabilidades por la deficiente gestión en las residencias y, especialmente, el genocidio de los ancianos durante la primera ola de la pandemia. En su lugar, el líder de Podemos ha culpado a las comunidades autónomas, e incluso a las propias residencias privadas, sobre las que ha afirmado que están en manos de «corruptos y fondos buitre».
Pero es que tampoco están invitados a participar en el recién creado "grupo de trabajo" las asociaciones y patronales del sector, que son quienes de verdad conocen la situación REAL en estos centros, las dificultades y carencias a la hora de abordar el nuevo escenario de la pandemia. Desde la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) reclaman un único criterio de actuación, frente a las diferencias que ahora existen, no sólo entre CCAA, sino también dentro de una misma área sanitaria.
También piden que se destine una partida económica del Fondo Europeo de Reconstrucción a las residencias de personas mayores y con discapacidad, ya que Sánchez eliminó la partida de 1.000 millones del Fondo Covid para las CCAA que debería destinarse a estos colectivos.
Asimismo, el sector denuncia falta de medios y personal, así como un sistema de recopilación de datos más homogéneo, y una mayor transparencia. A día de hoy, aún no se ha elaborado un mapa epidemiológico de la incidencia por centros concretos, ni tampoco por provincias. Los gestores de los geriátricos y residencias subrayan que, a pesar de haber trasladado los datos de incidencia de la enfermedad en cada centro y en tiempo real, no se tiene constancia de ese mapa, que reflejaría a la perfección los «puntos calientes» y ayudaría a controlar la segunda ola.
Desde su creación el 18 de junio, este "grupo de trabajo" solo se ha reunido (y telemáticamente) en dos ocasiones: el 25 de junio y el 4 de agosto. En este tiempo, la pandemia se ha recrudecido, con decenas de brotes declarados en estos centros, mientras el sector sigue reclamando medidas para hacer frente a una situación tan compleja.
Vuelta a empezar. Aunque en la Vicepresidencia de Derechos Sociales nadie quiera hablar de que se produzca una segunda ola trágica de coronavirus en las 5.378 residencias de mayores que hay en nuestro país, lo cierto es que el personal y gestores de las mismas advierten ya de que, como era obvio, el bicho está encontrando las grietas para volver a alojarse en muchas de ellas como lo hizo en marzo, aunque por el momento, con menor virulencia. El recuerdo de aquellas semanas de la primavera está muy presente. Entonces se infravaloró al virus y ahora se sigue haciendo, y parece no tenerse en cuenta que las residencias son las casas de las personas mayores, no son hospitales.
Los ancianos, sencillamente, están atrapados por los efectos de la segunda ola. Los que viven en sus casas se exponen al contagio procedente de sus familiares y sus cuidadores, en caso de que los tengan. En las residencias, el vector de transmisión es el personal asistencial, que no es ajeno a las dificultades de esta segunda ola. Nietos, cuidadores, profesionales de residencia, todos acuden cada día a trabajar, muchos se mueven en transportes públicos abarrotados, y otros tantos viven en entornos precarios que luego, involuntariamente, trasladan a sus mayores.
El único plan de Pablo Iglesias para afrontar la crisis de rebrotes en las residencias es un escueto protocolo obsoleto que data del pasado 12 de julio y ofrece sólo una serie de indicaciones genéricas para «extremar las medidas de prevención, detección y acción frente al virus».
El “Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19” en el ámbito de los centros sociales residenciales se formuló para un «escenario de control de la pandemia», según se indica, dentro de la «nueva normalidad» (la incidencia acumulada era entonces de 72,23 casos por cada 100.000 habitantes; hoy es de 173,14), por lo que parece obvio que debería actualizarse y tomar nuevas y contundentes medidas para mantener al virus bajo control.
El protocolo del Ministerio delega la responsabilidad en las comunidades autónomas e, incluso, en los propios responsables de las residencias. Exactamente lo mismo que ha pasado con Educación y Universidades ante el inminente comienzo del nuevo curso escolar: protocolos obsoletos y genéricos, y responsabilidades fuera.
Destaca que la prioridad es «evitar la introducción del virus en los centros» y, para ello, se insta a que «las administraciones competentes asegurarán el cumplimiento por los titulares de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de las instalaciones, y que su actividad se desarrolle en condiciones que permitan en todo momento prevenir los riesgos de contagio». Es decir, el ministro de Derechos Sociales se lava las manos. Por desgracia, nada nuevo.
Asimismo, se avisa que los titulares de estos centros deberán disponer de planes de contingencia (que, ¡cómo no! «estarán a disposición de las autoridades competentes»). Asimismo, estarán obligados a «poner a disposición de residentes, trabajadores y visitantes los materiales de protección adecuados al riesgo» y «deberán contar siempre con una reserva suficiente de material para cubrir posibles contingencias», de al menos un mes.
Sobre los test, se indica que «la prevención y la detección precoz de casos requiere la realización de pruebas PCR» pero no se informa de a quién corresponde la adquisición y análisis de dichos test. Asimismo, se van a realizar test a todo el personal de los centros de mayores a su vuelta de vacaciones, ¿quién los pagará? La patronal reclama que se haga cargo la Administración.
También obliga a los centros residenciales a «colaborar en la recopilación, verificación y notificación de los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica del Covid-19 que les sean requeridos por las autoridades de salud pública». ¿Colaborar? ¿Con quién? ¿No es SU responsabilidad? ¿A quién tienen que dar cuenta? ¿En qué quedamos?
El Gobierno determina que «la detección de un caso en un centro social residencial será indicativa de la aparición de un brote», lo que dará lugar a la cuarentena de los contactos y a la búsqueda de casos. En los geriátricos se considera brote con un sólo caso positivo por su condición de vulnerabilidad, mientras que para el resto de instituciones o lugares se necesitan 3 casos positivos para considerarse un brote.
«En caso de que la situación de riesgo así lo recomiende» -que no se especifica- «podrán restringirse las visitas no profesionales al centro o las salidas de este, o el ingreso, reingreso y traslado en aquellas residencias situadas en localidades que tengan alto riesgo de contagio».
Por otro lado, y en la misma línea de echar responsabilidades fuera, el nuevo documento técnico del Ministerio de Sanidad del 26 de junio titulado ‘Recomendaciones de seguridad del paciente y profesionales en procedimientos intervencionistas en la fase de transición de la pandemia Covid-19’ diseña todo un esquema para que los hospitales, dependiendo de la saturación que tengan de casos de coronavirus, sean ellos mismos los que expulsen a los que no sean «pacientes preferentes».
De este modo, prioriza unos enfermos frente a otros, dependiendo del daño que pueda realizar a su salud un retraso en la intervención. De nuevo el triaje, del que ahora será responsable el personal sanitario.
Ante la segunda ola de la pandemia que está azotando ya nuestro país, la única medida que actualmente se está tomando con respecto a las residencias es aislar nuevamente a los ancianos, impidiendo que salgan de sus habitaciones y prohibiendo las visitas de sus familiares. Es el caso de Andalucía, la Comunidad Valenciana o Cataluña.
Los gobiernos autonómicos parecen no entender que confinar no es proteger al mayor, sino deteriorar su salud física y psíquica. En la primera ola, el resultado de la aplicación de tales férreas medidas fue espantoso: una sucesión de puertas cerradas, en ocasiones con llave, y personas golpeando y suplicando por salir.
A nivel físico, encerrarles en sus habitaciones supone privarles de actividad física, que deriva en la consiguiente pérdida de masa muscular, que a su vez va ligada a una mayor dependencia. La cosa se agrava si tenemos en cuenta que a ello se suma una reducción progresiva de la activación neuromuscular y la potencia muscular. Y que, además, se asocia a un incremento en el número de caídas debido a que se acentúa principalmente en las extremidades inferiores, porque la debilidad en las piernas deriva en una pérdida de equilibrio y de movilidad.
Para colmo, la inactividad en las personas mayores se relaciona estrechamente con dependencia, depresión y aumento de enfermedades crónicas.
A nivel psicológico, privarles de ver a sus familiares provoca en los residentes desgarro afectivo familiar, generando sentimientos de miedo, soledad, inseguridad y angustia por la falta de contacto con sus seres queridos. Y en aquellos que padecen deterioro cognitivo, provoca además alteraciones del comportamiento, cambios en el estado de ánimo y desórdenes orgánicos con secuelas a nivel funcional que afectan negativamente a su ya frágil estado de salud.
Las autoridades deberían velar porque el aislamiento físico no aísle socialmente a los residentes, priorizando en todo momento su salud, tanto física como mental. El confinamiento no debe hacerse a expensas de las facultades físicas y cognitivas de las personas mayores, sino en atención a ellas.
Para empezar, el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ni siquiera asiste a las reuniones y delega la representación de su Ministerio en su ‘número dos’, Nacho Álvarez. (El podemita está demasiado ocupado en atacar la Monarquía y en mostrarse como víctima de las 'cloacas' del Estado).
Pablo Iglesias asumió el mando único de estos centros el pasado 19 de marzo, cuando Salvador Illa delegó en él el mando de los servicios sociales y su coordinación en las comunidades autónomas durante el estado de alarma. Ello implicaba que el vicepresidente social debía proponer las actuaciones inmediatas en todo el territorio nacional y determinar las medidas necesarias para la correcta coordinación de dichos servicios.
No se conoce acción alguna de Iglesias al respecto. Siempre ha evitado asumir responsabilidades por la deficiente gestión en las residencias y, especialmente, el genocidio de los ancianos durante la primera ola de la pandemia. En su lugar, el líder de Podemos ha culpado a las comunidades autónomas, e incluso a las propias residencias privadas, sobre las que ha afirmado que están en manos de «corruptos y fondos buitre».
Pero es que tampoco están invitados a participar en el recién creado "grupo de trabajo" las asociaciones y patronales del sector, que son quienes de verdad conocen la situación REAL en estos centros, las dificultades y carencias a la hora de abordar el nuevo escenario de la pandemia. Desde la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) reclaman un único criterio de actuación, frente a las diferencias que ahora existen, no sólo entre CCAA, sino también dentro de una misma área sanitaria.
También piden que se destine una partida económica del Fondo Europeo de Reconstrucción a las residencias de personas mayores y con discapacidad, ya que Sánchez eliminó la partida de 1.000 millones del Fondo Covid para las CCAA que debería destinarse a estos colectivos.
Asimismo, el sector denuncia falta de medios y personal, así como un sistema de recopilación de datos más homogéneo, y una mayor transparencia. A día de hoy, aún no se ha elaborado un mapa epidemiológico de la incidencia por centros concretos, ni tampoco por provincias. Los gestores de los geriátricos y residencias subrayan que, a pesar de haber trasladado los datos de incidencia de la enfermedad en cada centro y en tiempo real, no se tiene constancia de ese mapa, que reflejaría a la perfección los «puntos calientes» y ayudaría a controlar la segunda ola.
Desde su creación el 18 de junio, este "grupo de trabajo" solo se ha reunido (y telemáticamente) en dos ocasiones: el 25 de junio y el 4 de agosto. En este tiempo, la pandemia se ha recrudecido, con decenas de brotes declarados en estos centros, mientras el sector sigue reclamando medidas para hacer frente a una situación tan compleja.
Vuelta a empezar
Vuelta a empezar. Aunque en la Vicepresidencia de Derechos Sociales nadie quiera hablar de que se produzca una segunda ola trágica de coronavirus en las 5.378 residencias de mayores que hay en nuestro país, lo cierto es que el personal y gestores de las mismas advierten ya de que, como era obvio, el bicho está encontrando las grietas para volver a alojarse en muchas de ellas como lo hizo en marzo, aunque por el momento, con menor virulencia. El recuerdo de aquellas semanas de la primavera está muy presente. Entonces se infravaloró al virus y ahora se sigue haciendo, y parece no tenerse en cuenta que las residencias son las casas de las personas mayores, no son hospitales.
Los ancianos, sencillamente, están atrapados por los efectos de la segunda ola. Los que viven en sus casas se exponen al contagio procedente de sus familiares y sus cuidadores, en caso de que los tengan. En las residencias, el vector de transmisión es el personal asistencial, que no es ajeno a las dificultades de esta segunda ola. Nietos, cuidadores, profesionales de residencia, todos acuden cada día a trabajar, muchos se mueven en transportes públicos abarrotados, y otros tantos viven en entornos precarios que luego, involuntariamente, trasladan a sus mayores.
El único plan de Pablo Iglesias para afrontar la crisis de rebrotes en las residencias es un escueto protocolo obsoleto que data del pasado 12 de julio y ofrece sólo una serie de indicaciones genéricas para «extremar las medidas de prevención, detección y acción frente al virus».
El “Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19” en el ámbito de los centros sociales residenciales se formuló para un «escenario de control de la pandemia», según se indica, dentro de la «nueva normalidad» (la incidencia acumulada era entonces de 72,23 casos por cada 100.000 habitantes; hoy es de 173,14), por lo que parece obvio que debería actualizarse y tomar nuevas y contundentes medidas para mantener al virus bajo control.
El protocolo del Ministerio delega la responsabilidad en las comunidades autónomas e, incluso, en los propios responsables de las residencias. Exactamente lo mismo que ha pasado con Educación y Universidades ante el inminente comienzo del nuevo curso escolar: protocolos obsoletos y genéricos, y responsabilidades fuera.
Destaca que la prioridad es «evitar la introducción del virus en los centros» y, para ello, se insta a que «las administraciones competentes asegurarán el cumplimiento por los titulares de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de las instalaciones, y que su actividad se desarrolle en condiciones que permitan en todo momento prevenir los riesgos de contagio». Es decir, el ministro de Derechos Sociales se lava las manos. Por desgracia, nada nuevo.
Asimismo, se avisa que los titulares de estos centros deberán disponer de planes de contingencia (que, ¡cómo no! «estarán a disposición de las autoridades competentes»). Asimismo, estarán obligados a «poner a disposición de residentes, trabajadores y visitantes los materiales de protección adecuados al riesgo» y «deberán contar siempre con una reserva suficiente de material para cubrir posibles contingencias», de al menos un mes.
Sobre los test, se indica que «la prevención y la detección precoz de casos requiere la realización de pruebas PCR» pero no se informa de a quién corresponde la adquisición y análisis de dichos test. Asimismo, se van a realizar test a todo el personal de los centros de mayores a su vuelta de vacaciones, ¿quién los pagará? La patronal reclama que se haga cargo la Administración.
También obliga a los centros residenciales a «colaborar en la recopilación, verificación y notificación de los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica del Covid-19 que les sean requeridos por las autoridades de salud pública». ¿Colaborar? ¿Con quién? ¿No es SU responsabilidad? ¿A quién tienen que dar cuenta? ¿En qué quedamos?
El Gobierno determina que «la detección de un caso en un centro social residencial será indicativa de la aparición de un brote», lo que dará lugar a la cuarentena de los contactos y a la búsqueda de casos. En los geriátricos se considera brote con un sólo caso positivo por su condición de vulnerabilidad, mientras que para el resto de instituciones o lugares se necesitan 3 casos positivos para considerarse un brote.
«En caso de que la situación de riesgo así lo recomiende» -que no se especifica- «podrán restringirse las visitas no profesionales al centro o las salidas de este, o el ingreso, reingreso y traslado en aquellas residencias situadas en localidades que tengan alto riesgo de contagio».
Por otro lado, y en la misma línea de echar responsabilidades fuera, el nuevo documento técnico del Ministerio de Sanidad del 26 de junio titulado ‘Recomendaciones de seguridad del paciente y profesionales en procedimientos intervencionistas en la fase de transición de la pandemia Covid-19’ diseña todo un esquema para que los hospitales, dependiendo de la saturación que tengan de casos de coronavirus, sean ellos mismos los que expulsen a los que no sean «pacientes preferentes».
De este modo, prioriza unos enfermos frente a otros, dependiendo del daño que pueda realizar a su salud un retraso en la intervención. De nuevo el triaje, del que ahora será responsable el personal sanitario.
Consecuencias del aislamiento en ancianos
Ante la segunda ola de la pandemia que está azotando ya nuestro país, la única medida que actualmente se está tomando con respecto a las residencias es aislar nuevamente a los ancianos, impidiendo que salgan de sus habitaciones y prohibiendo las visitas de sus familiares. Es el caso de Andalucía, la Comunidad Valenciana o Cataluña.
Los gobiernos autonómicos parecen no entender que confinar no es proteger al mayor, sino deteriorar su salud física y psíquica. En la primera ola, el resultado de la aplicación de tales férreas medidas fue espantoso: una sucesión de puertas cerradas, en ocasiones con llave, y personas golpeando y suplicando por salir.
A nivel físico, encerrarles en sus habitaciones supone privarles de actividad física, que deriva en la consiguiente pérdida de masa muscular, que a su vez va ligada a una mayor dependencia. La cosa se agrava si tenemos en cuenta que a ello se suma una reducción progresiva de la activación neuromuscular y la potencia muscular. Y que, además, se asocia a un incremento en el número de caídas debido a que se acentúa principalmente en las extremidades inferiores, porque la debilidad en las piernas deriva en una pérdida de equilibrio y de movilidad.
Para colmo, la inactividad en las personas mayores se relaciona estrechamente con dependencia, depresión y aumento de enfermedades crónicas.
A nivel psicológico, privarles de ver a sus familiares provoca en los residentes desgarro afectivo familiar, generando sentimientos de miedo, soledad, inseguridad y angustia por la falta de contacto con sus seres queridos. Y en aquellos que padecen deterioro cognitivo, provoca además alteraciones del comportamiento, cambios en el estado de ánimo y desórdenes orgánicos con secuelas a nivel funcional que afectan negativamente a su ya frágil estado de salud.
Las autoridades deberían velar porque el aislamiento físico no aísle socialmente a los residentes, priorizando en todo momento su salud, tanto física como mental. El confinamiento no debe hacerse a expensas de las facultades físicas y cognitivas de las personas mayores, sino en atención a ellas.