La vuelta al cole comienza su cuenta atrás. A dos semanas vista, la ministra de Educación (que ya se demostró insolvente para canalizar el final del curso pasado) ahora sigue mostrando una falta total de liderazgo y es incapaz de articular protocolos realistas y útiles, declinando toda responsabilidad en las comunidades autónomas, al igual que ha hecho Sanidad con la gestión de los rebrotes. El resultado: caos total, desconcierto, incertidumbre y 17 vueltas al cole distintas, una por cada autonomía.
Lo que hay ahora mismo ante el comienzo inminente del curso escolar es caos y nada más que caos. Las comunidades autónomas y la comunidad educativa contemplan con pavor como se acerca septiembre sin que el Ministerio de Educación haya dado todavía las instrucciones generales para que todos los alumnos de España accedan a la enseñanza educativa en condiciones iguales o más o menos homogéneas.
Desde que en marzo se cerrasen los centros escolares, el Gobierno se ha mostrado incapaz de asegurar el derecho a la Educación a los casi 10 millones de alumnos de todo el territorio nacional. Padres, profesores y estudiantes coinciden en que la enseñanza online ha sido un rotundo fracaso, que las clases de refuerzo previstas para el verano no han funcionado por la negativa de muchos profesores, y que la política del aprobado general provocará disfunciones y diferencias de nivel que repercutirán en el rendimiento académico en los próximos cursos.
Además, en estos meses se han puesto en evidencia las ineludibles brechas entre familias (en función de sus recursos para sufragar los costes de la educación online), entre centros (privados, concertados o públicos han ofrecido servicios diferentes) y entre profesores (reacios en muchos casos a colaborar y a cambiar sus rutinas y su forma de trabajo habituales).
Cuando faltan apenas dos semanas para la reapertura del curso 2020-2021, la vuelta al colegio en España está sumida en la incertidumbre. Educación mantiene por ahora el protocolo obsoleto que redactó el 22 de junio, cuando la situación de la pandemia era radicalmente distinta (casos en descenso). Hoy, los contagios diarios triplican las cifras que se tenían entonces y el virus se extiende descontroladamente por todo el país (en los últimos 14 días España se ha vuelto a convertir en el país europeo con más positivos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes).
Los presidentes regionales reclaman que se ofrezcan soluciones a las comunidades autónomas y se fije una hoja de ruta común para hacer frente al coronavirus, en definitiva, coordinación. Los principales sindicatos docentes llevan meses reclamando más recursos para poder disminuir el número de alumnos por aula, habilitar espacios y contratar un mayor número de profesores.
A día de hoy, los padres no saben a qué atenerse con sus hijos. Desconocen si las clases serán presenciales, telemáticas o mixtas; no saben las medidas de seguridad sanitaria que cada autonomía está dispuesta a implantar (y que son distintas en función de los territorios y centros educativos); la planificación es inexistente y los protocolos cerrados en junio han quedado desfasados.
Estamos ante un problema de la máxima complejidad que habría requerido múltiples reuniones durante todo el mes de agosto para evaluar todos los innumerables riesgos, dificultades o efectos adversos de todas y cada una de las medidas que deberían haber sido ya sometidas a un estudio exhaustivo. Pero nada de eso se ha hecho. En su lugar, el gobierno en pleno se ha ido de vacaciones.
No sería de extrañar que la señora Celáa intentara justificar tanta inhibición para afrontar de cara este descomunal peligro bajo la excusa de que la educación está transferida a las autonomías. Pero en ese caso habría que preguntarse para qué existe la cartera de Educación y para qué pagamos los españoles con nuestros impuestos los sueldos de la ministra y del resto de los funcionarios de ese ministerio.
A diferencia de lo que ocurre en países como Francia y Alemania, donde los alumnos hace tiempo que volvieron a las aulas de manera segura, en nuestro país, el Gobierno y las comunidades autónomas continúan improvisando los protocolos que aseguren el retorno a las aulas sin riesgo para profesores y estudiantes.
Nadie duda de que el caos lo ha provocado una negligente actuación de la ministra Celaá, que ha cambiado de criterio hasta en seis ocasiones sobre cuestiones tan determinantes como las ratio de alumnos por clase, el uso de mascarillas y la distancia entre los estudiantes, y la presencialidad o no en las aulas.
El Gobierno central está forzosamente obligado a facilitar a las comunidades una normativa coherente, común, clarificadora y no en constante cambio. Eso solo genera confusión y desigualdad. En cambio, el Gobierno continúa en silencio y solo aporta naderías genéricas que terminarán provocando un caos organizativo en los centros docentes. Sencillamente, el Ministerio de Educación está incurriendo en una dejación de funciones impropia de un estado de excepcionalidad como el que sigue viviendo España.
Pese a las críticas de los padres y del ámbito educativo, el Ejecutivo no abordará la situación hasta el día 27 de agosto, en una Conferencia Sectorial con las comunidades, en la que pretende fijar criterios a cumplir a nivel nacional. A la reunión acudirán los titulares de Sanidad y Educación, Salvador Illa e Isabel Celaá, respectivamente, además de Carolina Darias, ministra de Política Territorial.
Esto resulta una auténtica tomadura de pelo. A una semana justa del regreso a las aulas es evidente que ni hay tiempo para poner a punto la enorme cantidad de medidas imprescindibles para garantizar una mínima seguridad tanto a los alumnos como a los profesores, ni tampoco puede que haya dinero para ponerlas a punto. Solo unas cuantas preguntas, a voleo y para empezar:
Lo que es muy evidente es que la convocatoria del próximo día 27 no tiene más objeto que el de cubrir el expediente ante la opinión pública porque a ocho días de empezar las clases no es posible abordar y dar solución a todos los problemas, a todas las propuestas y acordar además la implantación en toda España de las medidas suficientes para evitar que el comienzo del curso escolar acabe en un completo desorden. A pesar del tiempo que han tenido, ni Gobierno ni comunidades han planificado la vuelta a las aulas. Es absolutamente inaceptable.
Actualización 28 agosto: Tras la reunión del 27 de agosto, éste es el Plan Celáa para una vuelta segura a las aulas. Como era de esperar, medidas vagas e inconcretas que hacen que cada Comunidad deba seguir sacándose las castañas del fuego y aplicar sus propios protocolos previstos.
Como también lo es que, a estas alturas España, sigamos sin tener una estrategia digital, ni del Ministerio de Educación ni de las comunidades autónomas. El único programa estatal en vigor para digitalizar colegios, el denominado Escuelas Conectadas, solo ha invertido 230 millones de euros en 5 años para llevar la banda ancha ultrarrápida a los centros docentes españoles. A él se suma el cacareado Plan España Digital, que aún no ha sido ejecutado, para dotar de equipos a los colegios por valor de 260 millones de euros. Si consideramos que el presupuesto anual en Educación es de 47.000 millones, la inversión se antoja escasa.
Es decir, se han tirado por la borda 5 valiosos meses, ya que en estos momentos solo hay proyectos aislados y algunas iniciativas implementadas a contrarreloj para comprar equipamiento. Haber puesto en marcha una estrategia nacional y coordinada de digitalización de los colegios, cuando estábamos en pleno confinamiento, podría haber supuesto que ahora todas las escuelas ya tuvieran una cobertura de fibra óptica superior a los 100 megas y contaran con el equipamiento suficiente para que todos sus alumnos tuviesen, al menos, un dispositivo para tener clases a distancia.
A falta de lo que se pueda modificar tras la citada reunión, así son los planes para volver al cole en cada comunidad autónoma.
La hora de demostrar de manera fehaciente, con hechos y con políticas, cuánto nos preocupaba de verdad la educación era a lo largo y ancho de este verano. Y lo hemos hecho, hemos vuelto a demostrar que nos importa más bien poco. No es casualidad, ni una desgracia, ni un accidente que seamos el único país de la UE que ha salido de la Gran Recesión devolviendo su inversión en educación a los porcentajes del siglo pasado.
Tuvimos y tuvieron los gobiernos días y días durante el verano para preparar y contratar el personal educativo extra que vamos a necesitar, para entrenar al que ya tenemos en plantilla, para adaptar las instalaciones y preparar las aulas, los comedores o el transporte. Pero estábamos demasiado ocupados perdiendo el culo corriendo detrás de los turistas británicos y alemanes y sus gobiernos.
Ahora llega septiembre y, de nuevo, España se llena de plañideras rasgándose las vestiduras por la educación. Todo se ha vuelto prisas, ocurrencias y protocolos para trasladar la responsabilidad a los educadores y a los propios chavales y sus mascarillas; todo condimentado con este cada día más irritante juego de señalamiento entre administraciones.
Se habilitó en mayo un fondo especial de 2.000 millones para educación. Creo que no es pedir demasiado demandar que se nos detalle, tanto en la pública como en la concertada, en qué se está gastando y, si no está siendo suficiente, que alguien nos explique cómo y cuándo lo van a completar para que colegios, institutos y universidades puedan funcionar en septiembre con las instalaciones, los recursos y el personal que merece un sistema educativo que lleva décadas compitiendo con los mejores desde la penuria y el racionamiento. Eso estaríamos discutiendo si la educación nos importase tanto.
La OMS recomienda que la vuelta al colegio no sea presencial en los países con altas tasas de contagios (superior al 5%). Sin embargo, Educación y las autonomías mantienen su plan de reabrir los colegios contra viento y marea. Además, están dispuestas a hacerlo invirtiendo mucho menos que otros países que tienen el virus más controlado. ¿Nos dirán después que era imposible prever lo que pasaría?
Está claro que el nuevo curso escolar añadirá más casos a una curva de casos ya disparada. Un informe solicitado por el Ministerio de Ciencia a un grupo de científicos reconoce que la apertura de las aulas irá acompañada inevitablemente de la aparición de brotes, como ya ha ocurrido en otros países (por ejemplo, Francia ha tenido que cerrar 22 escuelas por coronavirus solo cuatro días después de iniciar el curso). Según este estudio, los beneficios de abrir los colegios superan el riesgo, siempre y cuando las tasas de infección de la comunidad sean bajas (que no es el caso en buena parte del país).
* Un 24% de los españoles preferiría esperar entre 4 y 6 meses a la hora de enviar a sus hijos a los centros, en lugar de hacerlo ya en septiembre.
* Un 12% de los encuestados en España no se siente seguro a la hora de plantearse la reincorporación de los niños a la escuela a largo plazo.
* 6 de cada 10 españoles apoyan limitar el número de días de asistencia presencial para reforzar así las medidas de contención del coronavirus.
Según la encuesta de NC Report para 'La Razón':
* El 62,8% no quieren llevar a sus hijos al colegio en septiembre ante la falta de medidas de seguridad en los centros y unas directrices claras contra el coronavirus.
* Para el 60,6% ni el Gobierno como en particular Educación tienen un protocolo de reapertura de los colegios en condiciones seguras.
* El 49,4% de los padres son más proclives, dada la situación, a fórmulas semipresenciales o telemáticas.
* Un 31% opina que es mejor aplazar el curso hasta que las condiciones sean seguras.
Si de verdad se quiere salvar la educación este curso y no solo abrir los colegios para luego cerrar, es una necesidad imperiosa buscar fórmulas flexibles y adaptativas. Hay, por ejemplo, un movimiento creciente de padres que reclama continuar la escolarización de sus hijos en casa mientras dure la pandemia, siguiendo el temario, entregando deberes y acudiendo al centro a hacer los exámenes.
¿Pero qué pasaría si los padres se negasen a llevar a sus hijos a clase por miedo al contagio? Que las familias podrían tener problemas legales, porque la educación es obligatoria de los 6 a los 16 años y en nuestro país no está regulada la educación en casa. No obstante, como en todo, surgiría un nuevo caos interpretativo de la ley, ya que cada comunidad tiene su propio "protocolo de absentismo escolar".
Así, por ejemplo, el consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda, amenaza a los padres con llevarles ante el juez por absentismo escolar, a riesgo de que pierdan la custodia de sus hijos.
¿Realmente va a interpretarse que esos padres no intentan protegen la salud de sus vástagos sino privarles del derecho a la educación? ¿Va a dedicarse Andalucía a demandar a familias atragantando a juzgados y servicios sociales que ya rozan el colapso? En serio, ¿en medio de una pandemia sanitaria? Porque ya no se trata solo de salvaguardar la salud de los más pequeños, sino también la de los adultos (padres, abuelos, familiares...) que conviven con ellos.
Lo que hay ahora mismo ante el comienzo inminente del curso escolar es caos y nada más que caos. Las comunidades autónomas y la comunidad educativa contemplan con pavor como se acerca septiembre sin que el Ministerio de Educación haya dado todavía las instrucciones generales para que todos los alumnos de España accedan a la enseñanza educativa en condiciones iguales o más o menos homogéneas.
Desde que en marzo se cerrasen los centros escolares, el Gobierno se ha mostrado incapaz de asegurar el derecho a la Educación a los casi 10 millones de alumnos de todo el territorio nacional. Padres, profesores y estudiantes coinciden en que la enseñanza online ha sido un rotundo fracaso, que las clases de refuerzo previstas para el verano no han funcionado por la negativa de muchos profesores, y que la política del aprobado general provocará disfunciones y diferencias de nivel que repercutirán en el rendimiento académico en los próximos cursos.
Además, en estos meses se han puesto en evidencia las ineludibles brechas entre familias (en función de sus recursos para sufragar los costes de la educación online), entre centros (privados, concertados o públicos han ofrecido servicios diferentes) y entre profesores (reacios en muchos casos a colaborar y a cambiar sus rutinas y su forma de trabajo habituales).
Cuando faltan apenas dos semanas para la reapertura del curso 2020-2021, la vuelta al colegio en España está sumida en la incertidumbre. Educación mantiene por ahora el protocolo obsoleto que redactó el 22 de junio, cuando la situación de la pandemia era radicalmente distinta (casos en descenso). Hoy, los contagios diarios triplican las cifras que se tenían entonces y el virus se extiende descontroladamente por todo el país (en los últimos 14 días España se ha vuelto a convertir en el país europeo con más positivos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes).
Los presidentes regionales reclaman que se ofrezcan soluciones a las comunidades autónomas y se fije una hoja de ruta común para hacer frente al coronavirus, en definitiva, coordinación. Los principales sindicatos docentes llevan meses reclamando más recursos para poder disminuir el número de alumnos por aula, habilitar espacios y contratar un mayor número de profesores.
A día de hoy, los padres no saben a qué atenerse con sus hijos. Desconocen si las clases serán presenciales, telemáticas o mixtas; no saben las medidas de seguridad sanitaria que cada autonomía está dispuesta a implantar (y que son distintas en función de los territorios y centros educativos); la planificación es inexistente y los protocolos cerrados en junio han quedado desfasados.
Estamos ante un problema de la máxima complejidad que habría requerido múltiples reuniones durante todo el mes de agosto para evaluar todos los innumerables riesgos, dificultades o efectos adversos de todas y cada una de las medidas que deberían haber sido ya sometidas a un estudio exhaustivo. Pero nada de eso se ha hecho. En su lugar, el gobierno en pleno se ha ido de vacaciones.
No sería de extrañar que la señora Celáa intentara justificar tanta inhibición para afrontar de cara este descomunal peligro bajo la excusa de que la educación está transferida a las autonomías. Pero en ese caso habría que preguntarse para qué existe la cartera de Educación y para qué pagamos los españoles con nuestros impuestos los sueldos de la ministra y del resto de los funcionarios de ese ministerio.
Tarde y mal
A diferencia de lo que ocurre en países como Francia y Alemania, donde los alumnos hace tiempo que volvieron a las aulas de manera segura, en nuestro país, el Gobierno y las comunidades autónomas continúan improvisando los protocolos que aseguren el retorno a las aulas sin riesgo para profesores y estudiantes.
Nadie duda de que el caos lo ha provocado una negligente actuación de la ministra Celaá, que ha cambiado de criterio hasta en seis ocasiones sobre cuestiones tan determinantes como las ratio de alumnos por clase, el uso de mascarillas y la distancia entre los estudiantes, y la presencialidad o no en las aulas.
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| Protocolo redactado el 22 de junio |
El Gobierno central está forzosamente obligado a facilitar a las comunidades una normativa coherente, común, clarificadora y no en constante cambio. Eso solo genera confusión y desigualdad. En cambio, el Gobierno continúa en silencio y solo aporta naderías genéricas que terminarán provocando un caos organizativo en los centros docentes. Sencillamente, el Ministerio de Educación está incurriendo en una dejación de funciones impropia de un estado de excepcionalidad como el que sigue viviendo España.
Pese a las críticas de los padres y del ámbito educativo, el Ejecutivo no abordará la situación hasta el día 27 de agosto, en una Conferencia Sectorial con las comunidades, en la que pretende fijar criterios a cumplir a nivel nacional. A la reunión acudirán los titulares de Sanidad y Educación, Salvador Illa e Isabel Celaá, respectivamente, además de Carolina Darias, ministra de Política Territorial.
Esto resulta una auténtica tomadura de pelo. A una semana justa del regreso a las aulas es evidente que ni hay tiempo para poner a punto la enorme cantidad de medidas imprescindibles para garantizar una mínima seguridad tanto a los alumnos como a los profesores, ni tampoco puede que haya dinero para ponerlas a punto. Solo unas cuantas preguntas, a voleo y para empezar:
- ¿Cuantos niños podrán asistir a clase cada día en cada colegio?
- ¿Qué pasará con los que no quepan en el aula?
- ¿Se quedarán en sus casas?
- ¿Al cuidado de quién si sus padres trabajan y no tienen edad para estar solos?
- ¿Habrá bastantes profesores cuando comience el curso en septiembre para atender al mismo tiempo a los alumnos físicamente presentes y a los que se tengan que quedar en sus casas para recibir sus clases por ordenador?
- ¿Se ha contratado el suficiente número de profesores para reforzar esa necesidad? ¿Cuantos y en qué comunidades?
- ¿Se ha suministrado un número de ordenadores bastante a aquellos alumnos que quizá vayan a recibir sus clases desde su casa y no disponen de los elementos tecnológicos para ello?
- ¿Qué deberán hacer los colegios que no dispongan de espacios suficientes para repartir las mesas del alumnado? Porque son cientos, a veces miles, los escolares que acuden a determinados colegios y no hay gimnasio ni comedor con capacidad para absorber a tanto alumno y garantizar al mismo tiempo la distancia necesaria entre ese número de estudiantes.
- Y una muy importante: ¿Donde ha estado la ministra de Educación, Isabel Celáa, durante estos meses de julio y agosto? ¿Por qué no se han tratado estas y muchísimas otras cuestiones sin resolver cuando había tiempo para abordar todas las alternativas razonables y estudiar sus posibles efectos?
Lo que es muy evidente es que la convocatoria del próximo día 27 no tiene más objeto que el de cubrir el expediente ante la opinión pública porque a ocho días de empezar las clases no es posible abordar y dar solución a todos los problemas, a todas las propuestas y acordar además la implantación en toda España de las medidas suficientes para evitar que el comienzo del curso escolar acabe en un completo desorden. A pesar del tiempo que han tenido, ni Gobierno ni comunidades han planificado la vuelta a las aulas. Es absolutamente inaceptable.
Actualización 28 agosto: Tras la reunión del 27 de agosto, éste es el Plan Celáa para una vuelta segura a las aulas. Como era de esperar, medidas vagas e inconcretas que hacen que cada Comunidad deba seguir sacándose las castañas del fuego y aplicar sus propios protocolos previstos.
Como también lo es que, a estas alturas España, sigamos sin tener una estrategia digital, ni del Ministerio de Educación ni de las comunidades autónomas. El único programa estatal en vigor para digitalizar colegios, el denominado Escuelas Conectadas, solo ha invertido 230 millones de euros en 5 años para llevar la banda ancha ultrarrápida a los centros docentes españoles. A él se suma el cacareado Plan España Digital, que aún no ha sido ejecutado, para dotar de equipos a los colegios por valor de 260 millones de euros. Si consideramos que el presupuesto anual en Educación es de 47.000 millones, la inversión se antoja escasa.
Es decir, se han tirado por la borda 5 valiosos meses, ya que en estos momentos solo hay proyectos aislados y algunas iniciativas implementadas a contrarreloj para comprar equipamiento. Haber puesto en marcha una estrategia nacional y coordinada de digitalización de los colegios, cuando estábamos en pleno confinamiento, podría haber supuesto que ahora todas las escuelas ya tuvieran una cobertura de fibra óptica superior a los 100 megas y contaran con el equipamiento suficiente para que todos sus alumnos tuviesen, al menos, un dispositivo para tener clases a distancia.
A falta de lo que se pueda modificar tras la citada reunión, así son los planes para volver al cole en cada comunidad autónoma.
Si de verdad importase la educación...
La hora de demostrar de manera fehaciente, con hechos y con políticas, cuánto nos preocupaba de verdad la educación era a lo largo y ancho de este verano. Y lo hemos hecho, hemos vuelto a demostrar que nos importa más bien poco. No es casualidad, ni una desgracia, ni un accidente que seamos el único país de la UE que ha salido de la Gran Recesión devolviendo su inversión en educación a los porcentajes del siglo pasado.
Tuvimos y tuvieron los gobiernos días y días durante el verano para preparar y contratar el personal educativo extra que vamos a necesitar, para entrenar al que ya tenemos en plantilla, para adaptar las instalaciones y preparar las aulas, los comedores o el transporte. Pero estábamos demasiado ocupados perdiendo el culo corriendo detrás de los turistas británicos y alemanes y sus gobiernos.
Ahora llega septiembre y, de nuevo, España se llena de plañideras rasgándose las vestiduras por la educación. Todo se ha vuelto prisas, ocurrencias y protocolos para trasladar la responsabilidad a los educadores y a los propios chavales y sus mascarillas; todo condimentado con este cada día más irritante juego de señalamiento entre administraciones.
Se habilitó en mayo un fondo especial de 2.000 millones para educación. Creo que no es pedir demasiado demandar que se nos detalle, tanto en la pública como en la concertada, en qué se está gastando y, si no está siendo suficiente, que alguien nos explique cómo y cuándo lo van a completar para que colegios, institutos y universidades puedan funcionar en septiembre con las instalaciones, los recursos y el personal que merece un sistema educativo que lleva décadas compitiendo con los mejores desde la penuria y el racionamiento. Eso estaríamos discutiendo si la educación nos importase tanto.
Rebrotes escolares
Si la gestión sanitaria del coronavirus ha resultado ser desastrosa en nuestro país, dentro de dos semanas asistiremos a la confirmación de que el caos también se ha adueñado de la enseñanza. Porque nuestro país está ignorando otra verdad incómoda: la avalancha de Covid que traerá la vuelta al colegio. No son percepciones sino datos. El 6 de agosto, la tasa de positivos por test ascendía al 7,4% en España, según la Universidad de Oxford.La OMS recomienda que la vuelta al colegio no sea presencial en los países con altas tasas de contagios (superior al 5%). Sin embargo, Educación y las autonomías mantienen su plan de reabrir los colegios contra viento y marea. Además, están dispuestas a hacerlo invirtiendo mucho menos que otros países que tienen el virus más controlado. ¿Nos dirán después que era imposible prever lo que pasaría?
Está claro que el nuevo curso escolar añadirá más casos a una curva de casos ya disparada. Un informe solicitado por el Ministerio de Ciencia a un grupo de científicos reconoce que la apertura de las aulas irá acompañada inevitablemente de la aparición de brotes, como ya ha ocurrido en otros países (por ejemplo, Francia ha tenido que cerrar 22 escuelas por coronavirus solo cuatro días después de iniciar el curso). Según este estudio, los beneficios de abrir los colegios superan el riesgo, siempre y cuando las tasas de infección de la comunidad sean bajas (que no es el caso en buena parte del país).
¿Qué opinan los padres?
Ipsos ha elaborado una encuesta a nivel mundial, con 16 países participantes, para conocer la opinión de los padres a la hora de enviar a sus hijos al colegio una vez llegado septiembre. Según este estudio:* Un 24% de los españoles preferiría esperar entre 4 y 6 meses a la hora de enviar a sus hijos a los centros, en lugar de hacerlo ya en septiembre.
* Un 12% de los encuestados en España no se siente seguro a la hora de plantearse la reincorporación de los niños a la escuela a largo plazo.
* 6 de cada 10 españoles apoyan limitar el número de días de asistencia presencial para reforzar así las medidas de contención del coronavirus.
Según la encuesta de NC Report para 'La Razón':
* El 62,8% no quieren llevar a sus hijos al colegio en septiembre ante la falta de medidas de seguridad en los centros y unas directrices claras contra el coronavirus.
* Para el 60,6% ni el Gobierno como en particular Educación tienen un protocolo de reapertura de los colegios en condiciones seguras.
* El 49,4% de los padres son más proclives, dada la situación, a fórmulas semipresenciales o telemáticas.
* Un 31% opina que es mejor aplazar el curso hasta que las condiciones sean seguras.
Si de verdad se quiere salvar la educación este curso y no solo abrir los colegios para luego cerrar, es una necesidad imperiosa buscar fórmulas flexibles y adaptativas. Hay, por ejemplo, un movimiento creciente de padres que reclama continuar la escolarización de sus hijos en casa mientras dure la pandemia, siguiendo el temario, entregando deberes y acudiendo al centro a hacer los exámenes.
¿Pero qué pasaría si los padres se negasen a llevar a sus hijos a clase por miedo al contagio? Que las familias podrían tener problemas legales, porque la educación es obligatoria de los 6 a los 16 años y en nuestro país no está regulada la educación en casa. No obstante, como en todo, surgiría un nuevo caos interpretativo de la ley, ya que cada comunidad tiene su propio "protocolo de absentismo escolar".
Así, por ejemplo, el consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda, amenaza a los padres con llevarles ante el juez por absentismo escolar, a riesgo de que pierdan la custodia de sus hijos.
¿Realmente va a interpretarse que esos padres no intentan protegen la salud de sus vástagos sino privarles del derecho a la educación? ¿Va a dedicarse Andalucía a demandar a familias atragantando a juzgados y servicios sociales que ya rozan el colapso? En serio, ¿en medio de una pandemia sanitaria? Porque ya no se trata solo de salvaguardar la salud de los más pequeños, sino también la de los adultos (padres, abuelos, familiares...) que conviven con ellos.