La Comisión de Reconstrucción aprobó un paquete de medidas hace más de un mes para prevenir un posible rebrote de la pandemia, pero las vacaciones del Gobierno se han impuesto. El escenario más temido, el de una segunda oleada de contagios, es ya una realidad y el plan sanitario que aprobó el Congreso permanece paralizado, a la espera de que Sánchez vuelva de sus vacaciones, tome el liderazgo, coordine las administraciones y ponga en marcha las recomendaciones del Parlamento.
El dictamen de Sanidad y Salud Pública de la Comisión fue aprobado el 22 de julio, con más de 80 medidas (que se consideraron fundamentales para prevenir precisamente el escenario que ya se está viviendo en España) sobre la gobernanza en materia sanitaria, el refuerzo de recursos profesionales, el impulso de la atención primaria y las políticas de salud públicas, la investigación en I+D+i, la distribución, fomento y acopio de fármacos y vacunas, la coordinación de los servicios sanitarios o sociales, la política farmacéutica y la reserva estratégica, entre otros muchos puntos. Pero desde que el Congreso dio luz verde a este plan sanitario, el Gobierno no ha hecho NADA.
En la Comisión de Reconstrucción se aprobó también una propuesta para la reserva estratégica de fármacos y productos sanitarios, un punto clave para prevenir y luchar contra la pandemia. Sin embargo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado en un comunicado de que las existencias de remdesivir (el único antiviral autorizado contra el coronavirus) "se agotarán en las próximas horas". Mientras el Gobierno está de vacaciones, los hospitales están intentando reaprovechar los sobrantes de ensayos clínicos.
Y todo ello cuando España se sitúa al frente de Europa con respecto a los contagios de coronavirus por habitantes. ¿La respuesta del Ejecutivo? Echar la culpa de los rebrotes a los ciudadanos. ¡Ay, esas conductas irresponsables! Ir a un restaurante a cenar, a una discoteca a divertirse, a un pub a tomar una copa, a la playa o la piscina, tomarse una cerveza en una terraza o chiringuito mientras te fumas un cigarrito... Plas, plas! Azotito en el culo y castigados de cara a la pared.
Así que el 14 de agosto, el ministro de Sanidad se dignó a interrumpir sus vacaciones para acordar con los presidentes autonómicos una nueva batería de prohibiciones para intentar ralentizar los rebrotes. Prohibido fumar al aire libre, prohibidas las reuniones de más de 10 personas, prohibidos los botellones y los eventos, toque de queda en bares y restaurantes (la 1 de la madrugada), y cierre total de discotecas, pubs, bares de copas y cualquier otro tipo de local de ocio nocturno. PROHIBIR, PROHIBIR, PROHIBIR...
De desarrollar un nuevo marco legislativo para dotar a las autonomías de medidas más ágiles para confinar SELECTIVAMENTE y aislar focos LOCALIZADOS ni hablamos. Lo más rápido (e ineficaz) es decretar prohibiciones INDISCRIMINADAS para todos los ciudadanos, enfermos o no. Inconstitucional.
La «parálisis» estival gubernamental afecta a otras cuestiones que afectan a millones de personas, como es el inicio del curso escolar. Pedro Sánchez se comprometió a convocar una conferencia de presidentes para abordar de forma coordinada con todas las comunidades este curso en medio de la pandemia. ¿Cuándo será? El 27 de agosto, es decir, a solo ocho días vista del inicio del curso escolar. ¿Cree que habrá tiempo suficiente para preparar la vuelta al cole? Da igual, lo importante es que ha disfrutado de sus vacaciones (Su Persona sí puede disfrutarlas sin miedo a reprimenda).
A las vacaciones del Gobierno este mes de agosto se han sumado las del Congreso de los Diputados. El PSOE y Unidas Podemos se negaron a habilitar el mes de agosto, pese a la petición del PP, Ciudadanos y Vox, lo que ha tenido como consecuencia el aplazamiento de la ley urgente de la nueva Normalidad. El texto, pendiente de que sus señorías vuelvan de su descanso veraniego para poder ser tramitado y aprobado, debía ofrecer el marco necesario para poder contener los rebrotes. Ahora, su tramitación no concluirá como pronto hasta octubre. Demasiado tarde.
Vamos por detrás y a remolque. Los hechos demuestran que la «nueva normalidad» solo era el título para los monólogos televisados del presidente del Gobierno. Vivimos en una anomalía permanente desde que empezó esta epidemia. El Gobierno se desentendió a finales de junio como si su trabajo hubiera finalizado, derivando la completa responsabilidad en las Comunidades Autónomas, que han tomado decisiones que les superan al no estar bajo el paraguas de un decreto de alarma o excepción.
El resultado no puede ser peor, otra vez. Como si en la primera oleada de la crisis no se hubiera aprendido nada. Ni antes con un solo mando, ni ahora con 17, hay un plan coordinado y eficaz que por lo menos nos iguale a otros países europeos. Tras el peor verano para el turismo que se recuerde, con las finanzas del Estado acercándose peligrosamente a un terreno resbaladizo y sin saber cómo va a ser el regreso a colegios, institutos y universidades, por lo menos tenemos claro que la «nueva normalidad» solo era una manera de hablar. Si era nueva no podía ser normal.
Cuesta aplicar el concepto de normalidad a la actual situación que nos obliga a vivir amordazados y que se muestra plagada de incógnitas en todos los frentes, incluso con respecto al más inmediato futuro.
El caso de Sánchez es particularmente anormal, por cuanto «sus cuentas» no son tales, sino que fueron elaboradas por Rajoy y Montoro en 2018 y prorrogadas desde entonces. La Constitución obliga a presentar en el Congreso el Proyecto de Ley de los Presupuestos antes del 30 de septiembre, fecha en que se cumplen los tres meses previos a la expiración de la vigencia de los actuales.
Si a ello le añadimos que el escenario macroeconómico de mayo de 2018 y el actual están en las antípodas por el tiempo transcurrido y la crisis asociada a la epidemia, sobran palabras para ahondar en la absoluta necesidad de aprobar unas nuevas cuentas públicas.
Sin embargo, nuestro Gobierno socialcomunista no ha aprobado el anteproyecto siquiera, y pretende que se lo acepte la oposición, con el presunto aval de los empresarios y la presión de los sindicatos, para dotarlos de un halo de credibilidad y compatibilidad con las exigencias europeas, muy estrictas con el Fondo para la Recuperación. Ni se discute lo que significa apuntalar con ello a un ineficaz Gobierno.
Ante esta imperiosa necesidad, la estrategia de Sánchez vuelve a ser la de siempre: trasladar la responsabilidad a los demás. Así, la oposición debe arrimar el hombro y tener «altura de miras» para atender el interés general de la Nación, ahora agudizado por la excepcional situación que vivimos.
España, la oposición y los españoles se subordinan al interés superior de que Sánchez e Iglesias sigan «al servicio» del País. La persona de Sánchez, como Presidente del Gobierno, está fuera de la ecuación necesaria y posible para resolver el problema. Nunca pensé que en una democracia parlamentaria lo normal sería gobernar con los presupuestos de la oposición.
Y llegamos a una clara conclusión: la «nueva normalidad» consiste en aceptar como «normal» lo que es considerado como tal por el interés de Sánchez e Iglesias que, para eso, es el mismo: seguir en el poder.
El dictamen de Sanidad y Salud Pública de la Comisión fue aprobado el 22 de julio, con más de 80 medidas (que se consideraron fundamentales para prevenir precisamente el escenario que ya se está viviendo en España) sobre la gobernanza en materia sanitaria, el refuerzo de recursos profesionales, el impulso de la atención primaria y las políticas de salud públicas, la investigación en I+D+i, la distribución, fomento y acopio de fármacos y vacunas, la coordinación de los servicios sanitarios o sociales, la política farmacéutica y la reserva estratégica, entre otros muchos puntos. Pero desde que el Congreso dio luz verde a este plan sanitario, el Gobierno no ha hecho NADA.
En la Comisión de Reconstrucción se aprobó también una propuesta para la reserva estratégica de fármacos y productos sanitarios, un punto clave para prevenir y luchar contra la pandemia. Sin embargo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado en un comunicado de que las existencias de remdesivir (el único antiviral autorizado contra el coronavirus) "se agotarán en las próximas horas". Mientras el Gobierno está de vacaciones, los hospitales están intentando reaprovechar los sobrantes de ensayos clínicos.
Y todo ello cuando España se sitúa al frente de Europa con respecto a los contagios de coronavirus por habitantes. ¿La respuesta del Ejecutivo? Echar la culpa de los rebrotes a los ciudadanos. ¡Ay, esas conductas irresponsables! Ir a un restaurante a cenar, a una discoteca a divertirse, a un pub a tomar una copa, a la playa o la piscina, tomarse una cerveza en una terraza o chiringuito mientras te fumas un cigarrito... Plas, plas! Azotito en el culo y castigados de cara a la pared.
Así que el 14 de agosto, el ministro de Sanidad se dignó a interrumpir sus vacaciones para acordar con los presidentes autonómicos una nueva batería de prohibiciones para intentar ralentizar los rebrotes. Prohibido fumar al aire libre, prohibidas las reuniones de más de 10 personas, prohibidos los botellones y los eventos, toque de queda en bares y restaurantes (la 1 de la madrugada), y cierre total de discotecas, pubs, bares de copas y cualquier otro tipo de local de ocio nocturno. PROHIBIR, PROHIBIR, PROHIBIR...
De desarrollar un nuevo marco legislativo para dotar a las autonomías de medidas más ágiles para confinar SELECTIVAMENTE y aislar focos LOCALIZADOS ni hablamos. Lo más rápido (e ineficaz) es decretar prohibiciones INDISCRIMINADAS para todos los ciudadanos, enfermos o no. Inconstitucional.
La «parálisis» estival gubernamental afecta a otras cuestiones que afectan a millones de personas, como es el inicio del curso escolar. Pedro Sánchez se comprometió a convocar una conferencia de presidentes para abordar de forma coordinada con todas las comunidades este curso en medio de la pandemia. ¿Cuándo será? El 27 de agosto, es decir, a solo ocho días vista del inicio del curso escolar. ¿Cree que habrá tiempo suficiente para preparar la vuelta al cole? Da igual, lo importante es que ha disfrutado de sus vacaciones (Su Persona sí puede disfrutarlas sin miedo a reprimenda).
A las vacaciones del Gobierno este mes de agosto se han sumado las del Congreso de los Diputados. El PSOE y Unidas Podemos se negaron a habilitar el mes de agosto, pese a la petición del PP, Ciudadanos y Vox, lo que ha tenido como consecuencia el aplazamiento de la ley urgente de la nueva Normalidad. El texto, pendiente de que sus señorías vuelvan de su descanso veraniego para poder ser tramitado y aprobado, debía ofrecer el marco necesario para poder contener los rebrotes. Ahora, su tramitación no concluirá como pronto hasta octubre. Demasiado tarde.
Vamos por detrás y a remolque. Los hechos demuestran que la «nueva normalidad» solo era el título para los monólogos televisados del presidente del Gobierno. Vivimos en una anomalía permanente desde que empezó esta epidemia. El Gobierno se desentendió a finales de junio como si su trabajo hubiera finalizado, derivando la completa responsabilidad en las Comunidades Autónomas, que han tomado decisiones que les superan al no estar bajo el paraguas de un decreto de alarma o excepción.
El resultado no puede ser peor, otra vez. Como si en la primera oleada de la crisis no se hubiera aprendido nada. Ni antes con un solo mando, ni ahora con 17, hay un plan coordinado y eficaz que por lo menos nos iguale a otros países europeos. Tras el peor verano para el turismo que se recuerde, con las finanzas del Estado acercándose peligrosamente a un terreno resbaladizo y sin saber cómo va a ser el regreso a colegios, institutos y universidades, por lo menos tenemos claro que la «nueva normalidad» solo era una manera de hablar. Si era nueva no podía ser normal.
Cuesta aplicar el concepto de normalidad a la actual situación que nos obliga a vivir amordazados y que se muestra plagada de incógnitas en todos los frentes, incluso con respecto al más inmediato futuro.
El caso de Sánchez es particularmente anormal, por cuanto «sus cuentas» no son tales, sino que fueron elaboradas por Rajoy y Montoro en 2018 y prorrogadas desde entonces. La Constitución obliga a presentar en el Congreso el Proyecto de Ley de los Presupuestos antes del 30 de septiembre, fecha en que se cumplen los tres meses previos a la expiración de la vigencia de los actuales.
Si a ello le añadimos que el escenario macroeconómico de mayo de 2018 y el actual están en las antípodas por el tiempo transcurrido y la crisis asociada a la epidemia, sobran palabras para ahondar en la absoluta necesidad de aprobar unas nuevas cuentas públicas.
Sin embargo, nuestro Gobierno socialcomunista no ha aprobado el anteproyecto siquiera, y pretende que se lo acepte la oposición, con el presunto aval de los empresarios y la presión de los sindicatos, para dotarlos de un halo de credibilidad y compatibilidad con las exigencias europeas, muy estrictas con el Fondo para la Recuperación. Ni se discute lo que significa apuntalar con ello a un ineficaz Gobierno.
Ante esta imperiosa necesidad, la estrategia de Sánchez vuelve a ser la de siempre: trasladar la responsabilidad a los demás. Así, la oposición debe arrimar el hombro y tener «altura de miras» para atender el interés general de la Nación, ahora agudizado por la excepcional situación que vivimos.
España, la oposición y los españoles se subordinan al interés superior de que Sánchez e Iglesias sigan «al servicio» del País. La persona de Sánchez, como Presidente del Gobierno, está fuera de la ecuación necesaria y posible para resolver el problema. Nunca pensé que en una democracia parlamentaria lo normal sería gobernar con los presupuestos de la oposición.
Y llegamos a una clara conclusión: la «nueva normalidad» consiste en aceptar como «normal» lo que es considerado como tal por el interés de Sánchez e Iglesias que, para eso, es el mismo: seguir en el poder.