Aún no llevamos ni dos meses de "nueva normalidad" y ya reina de nuevo el caos, debido al gran número de brotes y al incremento descontrolado de contagios de coronavirus que se extiende sin tregua por todo el país. ¿Y qué ha hecho el Gobierno de Sánchez? Absolutamente nada, salvo pasar la patata caliente a las Comunidades Autónomas, que intentan lidiar la situación como pueden, ante la inacción del Ejecutivo. Ahora mismo hay 17 formas de abordar la segunda ola de la pandemia, tantas como autonomías. De locura.
Es decir, la multiplicación de focos se ha estado afrontando sin el marco jurídico adecuado y de manera descoordinada en todo el territorio, con cada autonomía regulando a su entender los numerosos vacíos del real decreto-ley de la nueva normalidad que entró en vigor el pasado 25 de junio.
Un texto cuyo mínimo común denominador se reduce, básicamente, al uso obligatorio de las mascarillas y a mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros, traspasando a las comunidades la responsabilidad de regular prácticamente todo lo demás.
Fortalecer la respuesta del Estado frente a los rebrotes, ahondando en la obligación de colaboración de las comunidades, y dotar a las autonomías de medidas más ágiles para confinar focos localizados son medidas indispensables, e iban a ser propuestas como enmiendas a dicho proyecto de ley, que el Gobierno se comprometió a tramitar de forma ágil y urgente.
Pero la realidad es que ese «marco legislativo» ni siquiera ha completado la primera fase de su tramitación parlamentaria y se encuentra varado en el trámite de enmiendas desde el pasado 17 de julio. Ahora, las vacaciones del Congreso se han antepuesto (¡lo primero es lo primero!) y hasta el 9 de septiembre no se reanudará la tramitación de un texto que en junio se consideraba urgente. En el mejor de los casos, su aprobación no llegará antes de octubre. Para entonces, España llevará ya cuatro meses con rebrotes y quizás sea demasiado tarde.
Ante esta situación de completo desamparo, la mayoría de las decisiones que han estado adoptando las autonomías respecto a los rebrotes acaecidos durante el verano (que afectan a situaciones y problemas comunes a TODO el territorio) han sido dispares (y muchas veces contradictorias) entre una región y otra.
Las Comunidades no han cesado en pedir al Gobierno que tome las riendas y plantee unas directrices claras, concisas, y comunes para todo el país, tal y como se comprometió a hacer.
También el 13 de agosto, la Organización Médica Colegial de España (que agrupa a todos los médicos del país) emitió un comunicado instando al Ejecutivo a tomar medidas urgentes, reclamando no solo medios materiales y humanos, sino también una base normativa y política con la que dotar a las instituciones y a las autoridades sanitarias de los instrumentos de acción para controlar la propagación.
En resumen, Comunidades y médicos han pedido reiteradamente al Ejecutivo que desarrolle el nuevo marco legislativo necesario para poder contener los rebrotes con agilidad y eficacia, eliminando la burocracia y papeleo que supone el tener que solicitar determinadas medidas y restricciones a un juez (que debe aprobarlas o tumbarlas, como ya ha ocurrido en varias localidades).
Pero en su lugar, la respuesta del Gobierno ha sido imponer nuevas prohibiciones que atentan nuevamente contra las libertades y derechos de TODOS los españoles, sanos y enfermos.
Nuevamente, en lugar de aportar las herramientas jurídicas necesarias para confinar SELECTIVAMENTE a las personas infectadas, el Ministerio de Sanidad -con la complicidad de los presidentes autonómicos- impone prohibiciones INDISCRIMINADAMENTE para todos los ciudadanos, pasándose por el forro nuestros derechos y libertades recogidos en la Carta Magna.
Sanidad dispara balas de fogueo contra el tabaco, las reuniones familiares o los botellones mientras aparca medidas fundamentales para afrontar una segunda ola. ¿Por qué no va más allá Sanidad en la adopción de medidas para, por ejemplo, evitar que a partir de septiembre vuelvan a colapsarse los hospitales, como sucedió en marzo y abril? Porque el Ministerio va a remolque de los acontecimientos, no por delante de ellos, como ha venido sucediendo durante toda la crisis con los resultados fatales que todos conocen. ¿Qué medidas harían falta para impedirlo? Muchas, pero ninguna ha sido aprobada aún por el Gobierno.
El Gobierno, en definitiva, sigue sin reconocer el riesgo, repite los fallos de los últimos meses, se limita a amplificar lo que ya hacen con tan malos resultados las autonomías y trata de enmascarar con fuegos de artificio una falta real de iniciativas que han llevado a España a liderar las cifras más negras de toda la pandemia.
Poca tregua hemos tenido. La pesadilla vuelve a repetirse. En todos los ámbitos. Si a finales de febrero el gobierno socialcomunista negaba la existencia de una epidemia, ahora, con 822 brotes activos y 9.217 contagios, sigue negando la evidencia, diciendo que «España se encuentra actualmente en un escenario de control» (trola de Salvador Illa, 14 de agosto).
El 14 de agosto, el ministro de Sanidad se dignó a interrumpir sus vacaciones para acoger una reunión con los presidentes autonómicos y consensuar las medidas de este nuevo atentado a nuestros derechos y libertades individuales. La figura legal de este acuerdo es la Declaración de Actuaciones Coordinadas descrito en el artículo 65 de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Esta figura la dicta el Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial “con audiencia de las comunidades directamente afectadas” y obliga a las comunidades a actuar coordinadamente en materia sanitaria.
¿Cuándo entrará en vigor? No existe un plazo límite para que las comunidades autónomas adopten las medidas del acuerdo, cada comunidad lo aplicará cuando mejor le parezca, aunque las prohibiciones no se han hecho esperar y la mayoría de autonomías lo han puesto en marcha el 17 de agosto. Tampoco están contempladas sanciones en caso de que alguna comunidad no transponga todas las medidas del acuerdo.
¿Hasta cuándo se aplicará? Indefinidamente, hasta que el gobierno (las CCAA en este caso) así lo consideren. Teóricamente hasta que haya una vacuna eficaz, pero apuesto y no pierdo a que este nuevo atentado contra nuestras libertades ya no se levantará.
Actualización 1 de septiembre: El Gobierno ha reaccionado con una propuesta de reforma a las distintas decisiones judiciales en las que magistrados de contencioso o de guardia en instrucción han ido tumbando distintas medidas autonómicas para tratar de controlar el avance del Covid al considerar que no estaban justificadas ante la limitación de derechos que implican sin que esté declarado el estado de alarma.
La propuesta del gobierno consiste en una reforma de la Ley 29/1998 de 13 de julio. Así, la competencia pasará a ser de los tribunales superiores de Justicia de cada comunidad autónoma, en lugar de los juzgados de lo contencioso-administrativo, para las medidas de carácter general; Se establecerá la tramitación preferente de estas autorizaciones o ratificaciones que tendrán que resolverse en un plazo máximo de tres días naturales para agilizar aún más su tramitación. También propone incorporar al Ministerio Fiscal, al que no siempre se le consulta, en este tipo de procedimientos.
La iniciativa del Gobierno persigue dotar de la mayor seguridad jurídica posible a las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias, así como a las vías de control e impugnación de las mismas en beneficio de la ciudadanía y el interés común. Asimismo, pretende dotar a comunidades y demás administraciones públicas con competencias sanitarias, de todas las herramientas que necesiten para gestionar la situación de la forma más adecuada en función de las concretas circunstancias que se den en su territorio.
Las nuevas normas de Sanidad no excluyen que las comunidades autónomas puedan decretar medidas añadidas, incluso más estrictas. [Ésta es la Orden publicada para Andalucía].
Éstos son los mínimos acordados:
¿NINGÚN ámbito? Es decir, si trabajo en una oficina o una fábrica que tiene, por ejemplo, 50 empleados, ¿no voy a trabajar? ¿Tampoco irán los niños al colegio dentro de un par de semanas (han anunciado la vuelta al cole con aulas de 25 alumnos)? ¿Y qué hay del transporte público? ¿Acaso no puedo usar un metro abarrotado de gente, ir enlatada un avión, bus o autobús durante horas (transportes públicos en los que, según Sanidad, ni siquiera importa la distancia de seguridad)?
Es decir, que esta prohibición se centra única y exclusivamente al ámbito del ocio. O sea, limitar la presencia que en mi casa (propiedad PRIVADA) a más de 10 personas. ¿Por qué no puedo hacer una comida familiar privada e invitar a todos mis primos, cuando sí se me permite mezclarme con la multitud en otras miles de circunstancias ? ¿En base a qué ley lo prohíben?
Y si hago una reunión privada de más de 10 personas en mi hogar, ¿podrían las autoridades entrar a mi domicilio particular para multarme y mandarnos a cada uno a nuestra casa? Esto es, a todas luces, anti-constitucional porque el derecho fundamental de reunión sólo puede restringirse por ley orgánica, y no por un decreto ni por una orden de Sanidad. Y menos aún si la medida no tiene un horizonte temporal. Para empezar, esta prohibición viola los siguientes derechos constitucionales:
Art. 21 de la Constitución: Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.
Art. 18 de la Constitución: El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
Art. 86.1 de la Constitución: En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que NO podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
Esto es discriminar a un sector y criminalizar a los jóvenes de nuestro país, sin ningún tipo de evidencia científica. ¿O acaso el Covid ataca más en las discotecas que en la oficina? Como los altos tribunales de justicia han tumbado la solicitud que hicieron algunas comunidades autónomas para restringir los horarios (toque de queda) de este tipo de establecimientos (por apreciar que "los brotes de pubs y discotecas no representan un número especialmente significativo"), Sánchez ataja el supuesto problema de raíz: los cierra por decreto, pasándose por el forro la opinión de los jueces en cuanto al ataque a la libertad que ello supone.
Además, esta medida atenta claramente contra la libertad de empresa. ¿No les van a dar ningún tipo indemnización por daños y perjuicios? Los empresarios se van a querellar contra el Estado -con toda la razón del mundo- por un delito de responsabilidad patrimonial.
Art. 38 de la Constitución: Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.
¿Qué protege y garantiza el Estado con este cerrojazo? ¿La destrucción de 200.000 puestos de trabajo asociados al sector?
Por otro lado, llama la atención que nos prohíban ir a un pub a tomar una copa, pero sí se nos permita ir a follar a un prostíbulo (éstos no han sido han clausurados, y conste que hay importantes brotes, por razones obvias).
Qué miedito. ¿Quién será esa autoridad sanitaria todopoderosa que autorizará o denegará los permisos? Seguramente un nuevo "comité de expertos" fantasma.
-No podrá haber grupos de más de 10 personas.
-El horario límite para el cierre será la 1 de la madrugada, pero no se podrán aceptar clientes nuevos clientes después de las 12 de la noche.
Otro atentado contra la libertad empresarial, obligándoles a un toque de queda (aunque tengan licencia municipal para abrir hasta más tarde).
¡Hombre, es lógico! Todo el mundo sabe que el coronavirus duerme hasta la 1, y es a partir de esa hora cuando sale de su escondrijo para infectar a todo aquel que encuentre en su camino. #Ironía.
Esta es una medida novedosa, pero arcaica en el fondo, pues no ha habido Gobierno que no haya utilizado el cerco al tabaco como cortina de humo para disfrazar problemas mucho mas graves y acuciantes.
Vamos a ver, la prohibición de fumar por la calle ya venía implícita desde el momento en que impusieron llevar un bozal obligatoriamente en todo lugar y circunstancia, en cuanto sales por la puerta de tu casa.
El tema de las terrazas: Si en el mismo decreto se dice que las mesas deben estar separadas 2 metros entre sí, ¿a qué viene esta prohibición? Fumar está permitido, ¿no? (ya se cumple la distancia requerida). Desde luego, éste es el gobierno de la polémica y de los titulares...
...Y también de las gilipolleces, las medidas absurdas y sinsentido. Para empezar, no hay evidencias de que el coronavirus pueda transmitirse a través del humo del tabaco, por lo que esta medida es totalmente innecesaria y va a tener consecuencias muy negativas para los locales de restauración. Ej. si no puedo fumarme un cigarrito tranquilamente con un café o una copa, paso de ir al bar.
Pero es que además, es el colmo de la absurdez. ¿No puedo fumar sentado en la terraza de una cafetería, pero sí en la terraza de mi casa (en la mayoría de grandes ciudades no hay 2 metros entre terrazas)? ¿Si mi vecino fuma en su balcón, ¿qué hago, lo denuncio? ¿O es que por ser "casa" el humo -supuestamente infestado de coronavirus- ya no me afecta? (Parece que estamos jugando al pilla-pilla con el Covid: ¡casa!)
Actualización 21 agosto: Un juzgado de Madrid ha rechazado ratificar la nueva orden de la Consejería de Sanidad que incluye, entre otras, la prohibición de fumar en la vía pública. El juez considera que la norma limita derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma, y considera que éstos no pueden ser limitados por medio de una disposición administrativa como es la de la Consejería de Sanidad, por lo que la deja sin efecto.
-Las visitas quedarán limitadas, siendo de una sola persona que podrá estar como máximo una hora.
Otra igual. Todos sabemos que el coronavirus te infectará si estás una hora y un minuto hablando con tu abuelo, ¿verdad?
¿Y por qué solo se hacen PCR a los trabajadores de residencias, y no a CUALQUIER trabajador (de cualquier ámbito o empresa? ¿No tenemos todos los mismos derechos? Ya sé, para preservar la salud de los ancianos, que son "personas vulnerables". Me parece muy bien, pero, ¿qué pasa, que mi vida vale menos que la suya? ¿No tengo derecho a estar igualmente protegida de este virus asesino? No olvidemos que, según nos dicen las autoridades sanitarias a diario, ahora la edad de los nuevos contagiados ha bajado, y no paran de insistirnos con que los jóvenes no son inmunes a morir de coronavirus. Debe ser que yo (ni soy joven ni anciana), soy inmortal.
Esta medida vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación del artículo 14 de la Constitución al «marginar» a los ciudadanos a los que se nos está negando una PCR.
Lo mismo que acabo de decir. ¿Solo harán PCR a grupos "de riesgo"? ¿Quiénes son esos grupos? ¿Quiénes serán los encargados de aplicar este triaje sanitario, decidiendo quién tiene derecho a prueba y quién no? ¿Por qué no se hacen test a todos los ciudadanos afectados con dicho foco (barrios, centros educativos, edificios, centros...)? Es más, se deberían hacer a todos los españoles.
La mascarilla es obligatoria en todo el país, tanto en espacios abiertos como cerrados que sean de uso público (independientemente de que se mantenga la distancia interpersonal).
Mientras la pandemia se recrudece, los gobernantes continúan dando muestra de su ineptitud para hacer frente a la situación. Desbordados, tratan de ocultar a su pueblo su escasa valía para detener la esperil de infectados, aprobando normas absurdas que se están llevando por delante la economía del país, decenas de vidas y la libertad.
⠀
Ya vimos una muestra de ello, cuando España se convirtió en el único país de Europa que obliga a sus ciudadanos a llevar mascarilla incluso por calles desiertas a 40ºC. A pesar de ello, tenemos 7 veces más casos que la media europea, pero no parece que eso haya hecho reflexionar a nuestros líderes políticos.
Lejos de aceptar el error, Salvador Illa anunció la prohibición de fumar por la calle. Acto seguido, muchos jalearon la medida pensando que los miles de infectados se deben a los fumadores que pasean por calles semivacías echando un pitillo. Incluso, algunos culpan al pueblo, a los jóvenes, a sus costumbres y a sus familiares de lo que estamos viviendo. Si algo ha demostrado el ciudadano español, es que su obediencia no ha variado ni un ápice con respecto al franquismo. El Estado manda y ellos obedecen. Un sentimiento que tienen grabado a sangre y fuego.
Por aclarar las cosas: no existe un derecho a la diversión. Ni a fumar en público. Decimos que tenemos derecho a fumar o a divertirnos como enunciados coloquiales de una libertad individual que sí está juridificada, aunque sólo rige hasta donde colisiona con la de los demás. Existen derechos reconocidos y reglados a la propiedad, a la educación, al honor, a la cultura, al voto, al trabajo, a la participación política, a la vivienda, a la salud, a la libre expresión y circulación, y aun asípueden ser son suspendidos o limitados por razones excepcionales de fuerza mayor y con refrendo de una mayoría parlamentaria, como sucedió durante el estado de alarma. Pero las copas, el botellón, el baile o el pitillo en la terraza no forman parte de ese catálogo.
⠀
Habrá más medidas, con mayor o menor acierto, y afectarán a materias y asuntos más serios. Los más ingenuos de hoy se ríen de nuestros antepasados por haber aceptado leyes que regulaban hasta el extremo su forma de vivir. Nos resulta un sueño fantasmagórico que toda una nación aceptara sin protestar normas tan ridículas y totalitarias. Pero no nos engañemos, hemos retomado ese camino. Entre los chiflados que niegan lo evidente y hablan de "plandemia", y los miedosos que creen que con más leyes estatales se podrá evitar lo irremediable, la sagrada libertad individual está constantemente siendo sometida a nuevos recortes.
Otros países, conscientes de que el riesgo no es pasear por la calle desprovistos de mascarilla, sino los lugares cerrados y aglomeraciones, han diseñado planes de rastreo, medidas para evitar la importación de casos, restricciones para proteger a los mayores y han utilizado la tecnología para detener la propagación del virus. Pero para eso hay que trabajar mucho y aquí estamos de vacaciones, que para eso es agosto. Otoño va a ser inolvidable.
Es decir, la multiplicación de focos se ha estado afrontando sin el marco jurídico adecuado y de manera descoordinada en todo el territorio, con cada autonomía regulando a su entender los numerosos vacíos del real decreto-ley de la nueva normalidad que entró en vigor el pasado 25 de junio.
Un texto cuyo mínimo común denominador se reduce, básicamente, al uso obligatorio de las mascarillas y a mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros, traspasando a las comunidades la responsabilidad de regular prácticamente todo lo demás.
Fortalecer la respuesta del Estado frente a los rebrotes, ahondando en la obligación de colaboración de las comunidades, y dotar a las autonomías de medidas más ágiles para confinar focos localizados son medidas indispensables, e iban a ser propuestas como enmiendas a dicho proyecto de ley, que el Gobierno se comprometió a tramitar de forma ágil y urgente.
Pero la realidad es que ese «marco legislativo» ni siquiera ha completado la primera fase de su tramitación parlamentaria y se encuentra varado en el trámite de enmiendas desde el pasado 17 de julio. Ahora, las vacaciones del Congreso se han antepuesto (¡lo primero es lo primero!) y hasta el 9 de septiembre no se reanudará la tramitación de un texto que en junio se consideraba urgente. En el mejor de los casos, su aprobación no llegará antes de octubre. Para entonces, España llevará ya cuatro meses con rebrotes y quizás sea demasiado tarde.
Ante esta situación de completo desamparo, la mayoría de las decisiones que han estado adoptando las autonomías respecto a los rebrotes acaecidos durante el verano (que afectan a situaciones y problemas comunes a TODO el territorio) han sido dispares (y muchas veces contradictorias) entre una región y otra.
Las Comunidades no han cesado en pedir al Gobierno que tome las riendas y plantee unas directrices claras, concisas, y comunes para todo el país, tal y como se comprometió a hacer.
También el 13 de agosto, la Organización Médica Colegial de España (que agrupa a todos los médicos del país) emitió un comunicado instando al Ejecutivo a tomar medidas urgentes, reclamando no solo medios materiales y humanos, sino también una base normativa y política con la que dotar a las instituciones y a las autoridades sanitarias de los instrumentos de acción para controlar la propagación.
En resumen, Comunidades y médicos han pedido reiteradamente al Ejecutivo que desarrolle el nuevo marco legislativo necesario para poder contener los rebrotes con agilidad y eficacia, eliminando la burocracia y papeleo que supone el tener que solicitar determinadas medidas y restricciones a un juez (que debe aprobarlas o tumbarlas, como ya ha ocurrido en varias localidades).
Pero en su lugar, la respuesta del Gobierno ha sido imponer nuevas prohibiciones que atentan nuevamente contra las libertades y derechos de TODOS los españoles, sanos y enfermos.
Nuevamente, en lugar de aportar las herramientas jurídicas necesarias para confinar SELECTIVAMENTE a las personas infectadas, el Ministerio de Sanidad -con la complicidad de los presidentes autonómicos- impone prohibiciones INDISCRIMINADAMENTE para todos los ciudadanos, pasándose por el forro nuestros derechos y libertades recogidos en la Carta Magna.
En lugar de proporcionar un marco legal para atajar los brotes, el Gobierno impone PROHIBICIONES generalizadas
Sanidad dispara balas de fogueo contra el tabaco, las reuniones familiares o los botellones mientras aparca medidas fundamentales para afrontar una segunda ola. ¿Por qué no va más allá Sanidad en la adopción de medidas para, por ejemplo, evitar que a partir de septiembre vuelvan a colapsarse los hospitales, como sucedió en marzo y abril? Porque el Ministerio va a remolque de los acontecimientos, no por delante de ellos, como ha venido sucediendo durante toda la crisis con los resultados fatales que todos conocen. ¿Qué medidas harían falta para impedirlo? Muchas, pero ninguna ha sido aprobada aún por el Gobierno.
El Gobierno, en definitiva, sigue sin reconocer el riesgo, repite los fallos de los últimos meses, se limita a amplificar lo que ya hacen con tan malos resultados las autonomías y trata de enmascarar con fuegos de artificio una falta real de iniciativas que han llevado a España a liderar las cifras más negras de toda la pandemia.
Poca tregua hemos tenido. La pesadilla vuelve a repetirse. En todos los ámbitos. Si a finales de febrero el gobierno socialcomunista negaba la existencia de una epidemia, ahora, con 822 brotes activos y 9.217 contagios, sigue negando la evidencia, diciendo que «España se encuentra actualmente en un escenario de control» (trola de Salvador Illa, 14 de agosto).
El 14 de agosto, el ministro de Sanidad se dignó a interrumpir sus vacaciones para acoger una reunión con los presidentes autonómicos y consensuar las medidas de este nuevo atentado a nuestros derechos y libertades individuales. La figura legal de este acuerdo es la Declaración de Actuaciones Coordinadas descrito en el artículo 65 de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Esta figura la dicta el Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial “con audiencia de las comunidades directamente afectadas” y obliga a las comunidades a actuar coordinadamente en materia sanitaria.
¿Cuándo entrará en vigor? No existe un plazo límite para que las comunidades autónomas adopten las medidas del acuerdo, cada comunidad lo aplicará cuando mejor le parezca, aunque las prohibiciones no se han hecho esperar y la mayoría de autonomías lo han puesto en marcha el 17 de agosto. Tampoco están contempladas sanciones en caso de que alguna comunidad no transponga todas las medidas del acuerdo.
¿Hasta cuándo se aplicará? Indefinidamente, hasta que el gobierno (las CCAA en este caso) así lo consideren. Teóricamente hasta que haya una vacuna eficaz, pero apuesto y no pierdo a que este nuevo atentado contra nuestras libertades ya no se levantará.
Las restricciones llegan para quedarse. Y los españoles, cada vez más anulados, mermados, y sumisos.
Actualización 1 de septiembre: El Gobierno ha reaccionado con una propuesta de reforma a las distintas decisiones judiciales en las que magistrados de contencioso o de guardia en instrucción han ido tumbando distintas medidas autonómicas para tratar de controlar el avance del Covid al considerar que no estaban justificadas ante la limitación de derechos que implican sin que esté declarado el estado de alarma.
La propuesta del gobierno consiste en una reforma de la Ley 29/1998 de 13 de julio. Así, la competencia pasará a ser de los tribunales superiores de Justicia de cada comunidad autónoma, en lugar de los juzgados de lo contencioso-administrativo, para las medidas de carácter general; Se establecerá la tramitación preferente de estas autorizaciones o ratificaciones que tendrán que resolverse en un plazo máximo de tres días naturales para agilizar aún más su tramitación. También propone incorporar al Ministerio Fiscal, al que no siempre se le consulta, en este tipo de procedimientos.
La iniciativa del Gobierno persigue dotar de la mayor seguridad jurídica posible a las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias, así como a las vías de control e impugnación de las mismas en beneficio de la ciudadanía y el interés común. Asimismo, pretende dotar a comunidades y demás administraciones públicas con competencias sanitarias, de todas las herramientas que necesiten para gestionar la situación de la forma más adecuada en función de las concretas circunstancias que se den en su territorio.
Nuevas restricciones a la 'nueva normalidad'
Las nuevas normas de Sanidad no excluyen que las comunidades autónomas puedan decretar medidas añadidas, incluso más estrictas. [Ésta es la Orden publicada para Andalucía].
Éstos son los mínimos acordados:
Reuniones
No está permitido realizar reuniones de más de 10 personas, en ningún tipo de ámbito.¿NINGÚN ámbito? Es decir, si trabajo en una oficina o una fábrica que tiene, por ejemplo, 50 empleados, ¿no voy a trabajar? ¿Tampoco irán los niños al colegio dentro de un par de semanas (han anunciado la vuelta al cole con aulas de 25 alumnos)? ¿Y qué hay del transporte público? ¿Acaso no puedo usar un metro abarrotado de gente, ir enlatada un avión, bus o autobús durante horas (transportes públicos en los que, según Sanidad, ni siquiera importa la distancia de seguridad)?
Es decir, que esta prohibición se centra única y exclusivamente al ámbito del ocio. O sea, limitar la presencia que en mi casa (propiedad PRIVADA) a más de 10 personas. ¿Por qué no puedo hacer una comida familiar privada e invitar a todos mis primos, cuando sí se me permite mezclarme con la multitud en otras miles de circunstancias ? ¿En base a qué ley lo prohíben?
Y si hago una reunión privada de más de 10 personas en mi hogar, ¿podrían las autoridades entrar a mi domicilio particular para multarme y mandarnos a cada uno a nuestra casa? Esto es, a todas luces, anti-constitucional porque el derecho fundamental de reunión sólo puede restringirse por ley orgánica, y no por un decreto ni por una orden de Sanidad. Y menos aún si la medida no tiene un horizonte temporal. Para empezar, esta prohibición viola los siguientes derechos constitucionales:
Art. 21 de la Constitución: Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.
Art. 18 de la Constitución: El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
Art. 86.1 de la Constitución: En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que NO podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
Ocio nocturno
Queda suspendido, por lo que se decreta el cierre total de discotecas, pubs, bares de copas y cualquier otro tipo de local de ocio nocturno.Esto es discriminar a un sector y criminalizar a los jóvenes de nuestro país, sin ningún tipo de evidencia científica. ¿O acaso el Covid ataca más en las discotecas que en la oficina? Como los altos tribunales de justicia han tumbado la solicitud que hicieron algunas comunidades autónomas para restringir los horarios (toque de queda) de este tipo de establecimientos (por apreciar que "los brotes de pubs y discotecas no representan un número especialmente significativo"), Sánchez ataja el supuesto problema de raíz: los cierra por decreto, pasándose por el forro la opinión de los jueces en cuanto al ataque a la libertad que ello supone.
Además, esta medida atenta claramente contra la libertad de empresa. ¿No les van a dar ningún tipo indemnización por daños y perjuicios? Los empresarios se van a querellar contra el Estado -con toda la razón del mundo- por un delito de responsabilidad patrimonial.
Art. 38 de la Constitución: Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.
¿Qué protege y garantiza el Estado con este cerrojazo? ¿La destrucción de 200.000 puestos de trabajo asociados al sector?
Por otro lado, llama la atención que nos prohíban ir a un pub a tomar una copa, pero sí se nos permita ir a follar a un prostíbulo (éstos no han sido han clausurados, y conste que hay importantes brotes, por razones obvias).
Botellones
Se prohíbe consumir alcohol en la vía pública. Por tanto, los botellones están prohibidos y se aplicarán sanciones muy duras a quien lo incumpla.Eventos
En cuanto a los eventos o actividades multitudinarias, las autoridades sanitarias deberán evaluar los riesgos para confirmar, en cada caso, si se pueden celebrar o no de manera segura.Qué miedito. ¿Quién será esa autoridad sanitaria todopoderosa que autorizará o denegará los permisos? Seguramente un nuevo "comité de expertos" fantasma.
Bares y restaurantes
-En el sector de la hostelería y la restauración, se deberá garantizar la distancia mínima de 2 metros entre mesas y en la barra.-No podrá haber grupos de más de 10 personas.
-El horario límite para el cierre será la 1 de la madrugada, pero no se podrán aceptar clientes nuevos clientes después de las 12 de la noche.
Otro atentado contra la libertad empresarial, obligándoles a un toque de queda (aunque tengan licencia municipal para abrir hasta más tarde).
¡Hombre, es lógico! Todo el mundo sabe que el coronavirus duerme hasta la 1, y es a partir de esa hora cuando sale de su escondrijo para infectar a todo aquel que encuentre en su camino. #Ironía.
Tabaco
Se prohíbe fumar en espacios al aire libre (calle, terrazas...) cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad de 2 metros. La medida se refiere tanto a tabaco como a cigarrillos electrónicos.Esta es una medida novedosa, pero arcaica en el fondo, pues no ha habido Gobierno que no haya utilizado el cerco al tabaco como cortina de humo para disfrazar problemas mucho mas graves y acuciantes.
Vamos a ver, la prohibición de fumar por la calle ya venía implícita desde el momento en que impusieron llevar un bozal obligatoriamente en todo lugar y circunstancia, en cuanto sales por la puerta de tu casa.
El tema de las terrazas: Si en el mismo decreto se dice que las mesas deben estar separadas 2 metros entre sí, ¿a qué viene esta prohibición? Fumar está permitido, ¿no? (ya se cumple la distancia requerida). Desde luego, éste es el gobierno de la polémica y de los titulares...
...Y también de las gilipolleces, las medidas absurdas y sinsentido. Para empezar, no hay evidencias de que el coronavirus pueda transmitirse a través del humo del tabaco, por lo que esta medida es totalmente innecesaria y va a tener consecuencias muy negativas para los locales de restauración. Ej. si no puedo fumarme un cigarrito tranquilamente con un café o una copa, paso de ir al bar.
Pero es que además, es el colmo de la absurdez. ¿No puedo fumar sentado en la terraza de una cafetería, pero sí en la terraza de mi casa (en la mayoría de grandes ciudades no hay 2 metros entre terrazas)? ¿Si mi vecino fuma en su balcón, ¿qué hago, lo denuncio? ¿O es que por ser "casa" el humo -supuestamente infestado de coronavirus- ya no me afecta? (Parece que estamos jugando al pilla-pilla con el Covid: ¡casa!)
Actualización 21 agosto: Un juzgado de Madrid ha rechazado ratificar la nueva orden de la Consejería de Sanidad que incluye, entre otras, la prohibición de fumar en la vía pública. El juez considera que la norma limita derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma, y considera que éstos no pueden ser limitados por medio de una disposición administrativa como es la de la Consejería de Sanidad, por lo que la deja sin efecto.
Centros sociosanitarios
-Al igual que en el caso de residencias de mayores, se deberá realizar PCR a los nuevos ingresos y a aquellos empleados que regresen de un permiso o vacaciones.-Las visitas quedarán limitadas, siendo de una sola persona que podrá estar como máximo una hora.
Otra igual. Todos sabemos que el coronavirus te infectará si estás una hora y un minuto hablando con tu abuelo, ¿verdad?
¿Y por qué solo se hacen PCR a los trabajadores de residencias, y no a CUALQUIER trabajador (de cualquier ámbito o empresa? ¿No tenemos todos los mismos derechos? Ya sé, para preservar la salud de los ancianos, que son "personas vulnerables". Me parece muy bien, pero, ¿qué pasa, que mi vida vale menos que la suya? ¿No tengo derecho a estar igualmente protegida de este virus asesino? No olvidemos que, según nos dicen las autoridades sanitarias a diario, ahora la edad de los nuevos contagiados ha bajado, y no paran de insistirnos con que los jóvenes no son inmunes a morir de coronavirus. Debe ser que yo (ni soy joven ni anciana), soy inmortal.
Esta medida vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación del artículo 14 de la Constitución al «marginar» a los ciudadanos a los que se nos está negando una PCR.
Brotes
En el caso de nuevos brotes será obligatorio realizar cribados por PCR a poblaciones "de riesgo" que estén relacionadas con el foco. Esto puede suceder en barrios, centros educativos, edificios, centros, etc.Lo mismo que acabo de decir. ¿Solo harán PCR a grupos "de riesgo"? ¿Quiénes son esos grupos? ¿Quiénes serán los encargados de aplicar este triaje sanitario, decidiendo quién tiene derecho a prueba y quién no? ¿Por qué no se hacen test a todos los ciudadanos afectados con dicho foco (barrios, centros educativos, edificios, centros...)? Es más, se deberían hacer a todos los españoles.
Las tres M
Es imprescindible seguir el conjunto de las tres «M»: llevar mascarilla, lavarse las manos y dejar dos metros de distancia.La mascarilla es obligatoria en todo el país, tanto en espacios abiertos como cerrados que sean de uso público (independientemente de que se mantenga la distancia interpersonal).
Mientras la pandemia se recrudece, los gobernantes continúan dando muestra de su ineptitud para hacer frente a la situación. Desbordados, tratan de ocultar a su pueblo su escasa valía para detener la esperil de infectados, aprobando normas absurdas que se están llevando por delante la economía del país, decenas de vidas y la libertad.
⠀
Ya vimos una muestra de ello, cuando España se convirtió en el único país de Europa que obliga a sus ciudadanos a llevar mascarilla incluso por calles desiertas a 40ºC. A pesar de ello, tenemos 7 veces más casos que la media europea, pero no parece que eso haya hecho reflexionar a nuestros líderes políticos.
Lejos de aceptar el error, Salvador Illa anunció la prohibición de fumar por la calle. Acto seguido, muchos jalearon la medida pensando que los miles de infectados se deben a los fumadores que pasean por calles semivacías echando un pitillo. Incluso, algunos culpan al pueblo, a los jóvenes, a sus costumbres y a sus familiares de lo que estamos viviendo. Si algo ha demostrado el ciudadano español, es que su obediencia no ha variado ni un ápice con respecto al franquismo. El Estado manda y ellos obedecen. Un sentimiento que tienen grabado a sangre y fuego.
Por aclarar las cosas: no existe un derecho a la diversión. Ni a fumar en público. Decimos que tenemos derecho a fumar o a divertirnos como enunciados coloquiales de una libertad individual que sí está juridificada, aunque sólo rige hasta donde colisiona con la de los demás. Existen derechos reconocidos y reglados a la propiedad, a la educación, al honor, a la cultura, al voto, al trabajo, a la participación política, a la vivienda, a la salud, a la libre expresión y circulación, y aun así
⠀
Habrá más medidas, con mayor o menor acierto, y afectarán a materias y asuntos más serios. Los más ingenuos de hoy se ríen de nuestros antepasados por haber aceptado leyes que regulaban hasta el extremo su forma de vivir. Nos resulta un sueño fantasmagórico que toda una nación aceptara sin protestar normas tan ridículas y totalitarias. Pero no nos engañemos, hemos retomado ese camino. Entre los chiflados que niegan lo evidente y hablan de "plandemia", y los miedosos que creen que con más leyes estatales se podrá evitar lo irremediable, la sagrada libertad individual está constantemente siendo sometida a nuevos recortes.
Otros países, conscientes de que el riesgo no es pasear por la calle desprovistos de mascarilla, sino los lugares cerrados y aglomeraciones, han diseñado planes de rastreo, medidas para evitar la importación de casos, restricciones para proteger a los mayores y han utilizado la tecnología para detener la propagación del virus. Pero para eso hay que trabajar mucho y aquí estamos de vacaciones, que para eso es agosto. Otoño va a ser inolvidable.