En otro sabatino Aló Presidente, Sánchez anunció el 16 de mayo que iba a pedir una "quinta y última" prórroga del estado de alarma. Y además, la solicitaría por un tiempo indeterminado (de "alrededor de un mes") con la excusa de "acompañar" en todas las fases de la desescalada. Se votará el 20 de mayo, pero, dadas las tensiones en la votación de la cuarta prórroga, lo tiene bastante difícil (aunque nada es imposible para un trepa sin escrúpulos como Pedro Sánchez).
Recordemos que la 4ª prórroga -que expira el 24 de mayo- fue casi un milagro que saliera adelante (solo tuvo 178 apoyos) y que el Ejecutivo tuvo que hacer importantes cesiones a los grupos parlamentarios a cambio de su apoyo (si no llega a ser por la carta-chantaje de Arrimadas, los españoles habríamos recuperado nuestra libertad el pasado 10 de mayo). Una cuarta prórroga que, según Sánchez, era el único instrumento posible para poder restringir derechos fundamentales como la libertad de movimientos, y remataba diciendo que "no hay Plan B" al estado de alarma.
Es evidente que el objetivo del Gobierno pasa por perpetuar la restricción de las libertades de reunión y circulación con el subterfugio del control de la pandemia. Primero lo hizo gobernando a golpe de decreto, tras conformar el Ejecutivo con la base parlamentaria más débil de la democracia, y ahora abusa del artículo 116 de la Carta Magna, que ampara el estado de alarma. Esta burda artimaña muestra la parálisis de un Gobierno incapaz de controlar la epidemia y dispuesto a seguir castigando a algunos territorios, como ocurre con la Comunidad de Madrid, por razones políticas y sin atender a los criterios de transparencia y rigor.
Con pasmosa «normalidad» se nos ha anunciado a los españoles el confinamiento durante 37 días más, después de casi diez semanas en esta extrema situación, lo que demuestra el nivel de degradación de la convivencia democrática y «normal» al que hemos llegado. Una decisión, la de esta 5ª prórroga, que sólo puede definirse como un atentado contra el más elemental sentido común y una falta de respeto a los ciudadanos. Lo peor que puede suceder es que nos acabemos acostumbrando a considerar como "nueva (a)normalidad" lo que es totalmente impropio de una sociedad cívica, desarrollada y democrática.
Con el bombardeo de información al que nos someten (en términos belicistas), tratan de probar que esta situación es común a todo el mundo, pero hay que negar categóricamente que sea así. La actual situación debe calificarse de «anormal» e impropia de una sociedad democrática pues, si bien circunstancias excepcionales justifican medidas especiales, en ningún caso los poderes extraordinarios pueden ejercerse con la suspensión paralela de los mecanismos de control previstos constitucionalmente.
Porque uno de los efectos más perniciosos que ha provocado el Estado de Alarma impuesto por la pareja tóxica y mentirosa Sánchez-Iglesias es la pérdida de garantías constitucionales y la desaparición del control democrático sobre las decisiones unilaterales tomadas por el Gobierno. Los millones de españoles que vivimos desde hace 70 días confinados en nuestras casas estamos tan preocupados y tan angustiados por las muertes, por la ruina, por el dolor de familiares y amigos de los fallecidos, por la incertidumbre sobre el futuro, que corremos el riesgo de pasar por alto que, mientras ésto ocurre, España se está convirtiendo en un país sin ley.
Y sin ley no hay democracia. Sin tribunales de justicia que funcionen a pleno rendimiento, sin transparencia en la toma de decisiones, sin control democrático sobre las decisiones que toman los gobernantes... no hay democracia. Sin libertad de expresión, sin libertad de prensa, sin libertad de movimiento..., no hay democracia. Sin leyes que se apliquen a todos por igual, impera la ley de la selva y sólo se salvan los más fuertes, los poderosos. Y los gobernantes que arribaron por procedimientos democráticos (en este caso por una moción de censura) se convierten en despóticos y dictadores.
La prolongación de todo punto injustificada en términos sanitarios del estado de alarma (España representa la excepcionalidad de Europa) va a tener está ya teniendo consecuencias perversas en nuestro sistema democrático. Todos sabemos que no hay razones sanitarias para mantener eternamente un estado de alarma. Como ya expuso el líder de la oposición, existe un Plan B. La legislación vigente contempla alternativas a la excepcionalidad constitucional para mantener las medidas de protección sanitaria. Que Sánchez no quiera hacer uso de ellas revela su deriva hacia una conducta cesarista y egocéntrica que erosiona gravemente la credibilidad institucional.
Se mantiene el estado de alarma por las mismas razones ideológicas que había para que el Gobierno socialcomunista no tomara decisiones de prevención hasta después del 8-M; las mismas que hay para no hacer test masivos: mantenernos confinados, amordazados, sin libertad, sin control sobre el ejecutivo mientras imponen su sectarismo al interés general del país.
El gobierno que fue incapaz de tomar las decisiones correctas para prevenir y proteger a la sociedad no supo hacer otra cosa que mantenernos en arresto domiciliario durante más de dos meses y aislar el país para frenar la extensión de la pandemia, para aliviar la presión en los centros sanitarios, para ir ganándole tiempo al virus. En su momento fue un instrumento imprescindible para reconducir una situación catastrófica a la que habíamos llegado como consecuencia de la incompetencia y la irresponsabilidad culposa del Gobierno. Pero ahora, cuando ya llevamos varias semanas de "desconfinamiento selectivo", el estado de alarma ha dejado de ser un instrumento para proteger nuestra salud y se ha convertido en un instrumento para proteger al gobierno.
El Gobierno tóxico que llegó para sustituir la política por la propaganda y para cargarse el sistema de libertades del 78 está utilizando esta dramática pandemia para acelerar ese proceso, para convertir a España en un país empobrecido, con millones de ciudadanos dependientes de la subvención, sin trabajo, sin expectativas de vida. Y para aniquilar el control democrático al ejecutivo, a través de las sucesivas prórrogas del estado de alarma.
Nunca, nunca en democracia, un Gobierno había acumulado tanto poder durante tanto tiempo, sin control judicial y constitucional que verifique la legalidad de las decisiones adoptadas, de especial relevancia constitucional por afectar a derechos fundamentales y libertades públicas.
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| El gobierno de Sánchez es el gobierno de la manipulación y la mentira |
Ilustres constitucionalistas alertan sobre la inconstitucionalidad de que esta nueva prórroga (la quinta), que se añade al mal uso está haciendo el Gobierno del decreto, utilizado para cambiar el sistema y para suspender derechos fundamentales, algo expresamente prohibido en nuestra Constitución. Si finalmente se aprueba, y por el plazo de un mes (otro aspecto totalmente ilegal), se podrá decir que España es ya un territorio sin ley.
Y cuando no hay ley, impera el despotismo; y las clases sociales más débiles, quienes más necesitan del Estado, son las primeras víctimas. Y caminaremos hacia el paraíso chavista de Iglesias, el de un país de subvencionados, sometidos al gobierno a quienes se les mantiene callados a través e una paguita, de una “limosna” que no nos hará libres, sino esclavos.
Somos ciudadanos, somos libres, somos parte de la UE, somos españoles, somos europeos. Todo totalitarismo comienza por la opacidad y por el control de la información. Después viene el miedo y el conformismo... Y después llega la tiranía del más fuerte. Hay que rebelarse. Por la libertad, por la democracia, en legítima defensa.
Las condiciones de la quinta prórroga del estado de alarma
El Ejecutivo defenderá que la quinta prórroga se prolongue, del tirón, hasta el 27 de junio, para que pueda "acompañar" todas las fases de la desescalada que propuso (si no se aprobase, su plan de desescalada quedaría en papel mojado). Para quitar un poco de hierro al asunto, dice que podría durar menos en aquellos territorios que antes alcanzasen la "nueva normalidad". Pero es imposible llegar antes a ese punto, ya que ha impuesto un período mínimo de dos semanas en cada fase de la desescalada. Lo que sí se podrá llegar es después, ya que no todos los territorios han iniciado la fase 1 el 11 de mayo, pero nunca antes.
Además, para contentar a las Comunidades Autónomas (y a sus socios independentistas de ERC y proetarras del PNV), añade que esta prórroga será diferente, ya que se producirá una "desescalada institucional". Salvador Illa, será la única autoridad delegada del Gobierno, el mando único en este nuevo período, bajo el sistema de coordinación con las autonomías que se ha denominado co-gobernanza. Por tanto, pierden sus competencias extraordinarias los ministros José Luis Ábalos, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska (Transporte, Defensa e Interior).
Además, se levantarán algunas restricciones; por ejemplo, a partir del 4 de junio volverán a contar los plazos procesales y también los plazos de prescripción y caducidad de derechos. Y desde el 1 de junio se reactivará la Ley de Transparencia.
Pero en la realidad, ¿por qué Sánchez plantea una prórroga de más de un mes? Por un lado, porque el cacique de Moncloa cada vez está más solo y ya está harto de mendigar apoyos cada quince días, tanto a la oposición como a sus infieles socios de gobierno (quienes no paran de sacarle prebendas). Y por otro lado, porque alargar el estado de alarma hasta finales de junio equivaldría a saltarse el control parlamentario hasta otoño (ya que julio y agosto son meses inhábiles).
Pero es que la prolongación de 37 días del estado de alarma no es constitucional; se puede prorrogar por un tiempo inferior o igual al que se concedió (que eran 15 días). Nunca por un plazo superior. (Según establece tanto la Constitución, en el artículo 116, como la ley de desarrollo 4/1980).
Los recelos frente a su propuesta son muchos. El bloque de rechazo a la gestión del Ejecutivo ha ido creciendo a medida que se alargaba la situación de excepcionalidad constitucional y Sánchez navegaba con manos libres imponiendo sus decisiones. Ante este escenario, el Gobierno trabaja a marchas forzadas contactando con los grupos parlamentarios en un mercado constante de ofertas y demandas con el fin de desmantelar el muro cada vez más alto del "no".
De momento, en el bando de noes a la prolongación del estado de alarma se sitúan PP (88 escaños), Vox (52), JxCat (8), CUP (2), Navarra Suma (2) y Foro Asturias (1). En total, 153 votos.
En el bando de síes están asegurados los apoyos de PSOE (120); Unidas Podemos (35); Más País (2); Teruel Existe (1) y PRC (1). En total, 159 votos.
Previsiblemente, también contará con el sí de Coalición Canaria (1).
El Gobierno intenta negociar el apoyo de Ciudadanos (10), ERC (13), PNV (6) y Compromís (1), un total de 30 votos capaces de desequilibrar la balanza y dar al traste con los planes del Gobierno. También negocia con EH Bildu (5) la abstención. Todos éstos son votos que basculan y que sólo están dispuestos a respaldar la nueva prórroga si Sánchez acepta sus condiciones.
El PNV ya consiguió con la 4ª prórroga pactar un desconfinamiento "por libre" y a su medida, así como la autorización para celebrar las elecciones vascas el 12 de Julio. La última petición de los nacionalistas vascos es aplazar la aprobación de la renta mínima a después de las elecciones del 12 de julio (está previsto su aprobación el 26 de mayo), algo que Podemos no quiere aceptar.
Además, el Gobierno de España se compromete ahora al acercamiento al País Vasco y Navarra de otros tres presos más de ETA (es el fruto de las manifestaciones proetarras que se están celebrando en los últimos días). Aunque el Gobierno Vasco pide el acercamiento de otros 330 presos más, 200 de los cuales son etarras.
Actualización 23 de julio: Acaba de salir a la luz un pacto secreto del presidente del Gobierno con los nacionalistas vascos, que ha dejado a la intemperie al inquilino del Palacio de la Moncloa. ¿A cambio de qué el PNV votó a favor de la quinta prórroga del estado de alarma? De que el Gobierno Vasco pueda endeudarse por encima de los límites fijados por Hacienda y, también, disponer libremente de su superávit para afrontar la crisis del Covid (cabe recordar que Sánchez ha impedido a los ayuntamientos a disponer de ese mismo superávit).
Además, el Gobierno de España se compromete ahora al acercamiento al País Vasco y Navarra de otros tres presos más de ETA (es el fruto de las manifestaciones proetarras que se están celebrando en los últimos días). Aunque el Gobierno Vasco pide el acercamiento de otros 330 presos más, 200 de los cuales son etarras.
Actualización 23 de julio: Acaba de salir a la luz un pacto secreto del presidente del Gobierno con los nacionalistas vascos, que ha dejado a la intemperie al inquilino del Palacio de la Moncloa. ¿A cambio de qué el PNV votó a favor de la quinta prórroga del estado de alarma? De que el Gobierno Vasco pueda endeudarse por encima de los límites fijados por Hacienda y, también, disponer libremente de su superávit para afrontar la crisis del Covid (cabe recordar que Sánchez ha impedido a los ayuntamientos a disponer de ese mismo superávit).
Los independentistas catalanes (ERC) piden un compromiso por parte de Sánchez para gestionar en un marco de "corresponsabilidad y codecisión" con la Generalitat, a la que deberían devolvérsele todas sus competencias; la aceptación de todas las medidas que plantean para ayudar a la conciliación familiar; flexibilizar la posibilidad de uso del superávit que tienen los ayuntamientos y fijar ya una fecha para la reanudación de las negociaciones bilaterales sobre el "conflicto político" catalán.
Por su parte, Compromís exige una negociación para el reparto de los 16.000 millones del fondo que Sánchez prometió liberar (ya hace 15 días) para que las CCAA gestionen la pandemia y sus consecuencias. Compromís reclama que se tenga en cuenta el peso poblacional y no sólo el gasto sanitario que se ha realizado para contener el virus; que se establezcan ya mecanismos de cogobernanza y "no de ordeno y mando"; que se devuelvan las competencias a las autonomías y que la cantidad destinada al futuro ingreso mínimo sea transferido a las CCAA para que sean estas quienes lo gestionen.
Arrimadas (Cs) tampoco está dispuesta a dar sus votos gratis. Para empezar, rechaza de plano la opción de dar un cheque al Gobierno para que tenga manos libres hasta finales de junio, es decir, solo apoyaría una nueva prórroga de 15 días (no de un mes), y sólo la aceptaría si, en paralelo, el Gobierno presenta un "plan B" claro como alternativa a un instrumento jurídico "que no puede ser eterno" y, además, se acepten sus propuestas en materia económica (el aumento a 4 meses de la moratoria del pago de impuestos, la agilización en el pago de los ERTE / desempleo, y ampliar más allá de la vigencia del estado de alarma la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos, con la consecuente exención de sus cuotas de Seguridad Social durante la percepción de dicha prestación) y se habilite el mes de julio como periodo hábil en el Congreso para recuperar el trabajo perdido durante la suspensión parlamentaria con motivo de la pandemia. Además, Ciudadanos ha dado un ultimátum a Sánchez: debe elegir entre Cs y ERC porque según aseguran "no se va a producir ninguna mesa de negociación con ERC ni los separatistas para dinamitar la igualdad entre españoles".
En una última hora del 19 de mayo (un día antes de la votación de la prórroga), el Gobierno ha anunciado que ha llegado a un pre-acuerdo con Ciudadanos y, por tanto, la quinta prórroga será de quince días (hasta el 7 de junio). En esas dos semanas, el Gobierno "se compromete a analizar las medidas y, en su caso, reformas legislativas necesarias que permitan una salida ordenada del estado de alarma y la gestión de la pandemia en ese momento, ya sin la utilización de la herramienta constitucional de la declaración de alarma". Resumiendo:
- Sánchez pide 30 días
- Sánchez ni siquiera se lo dice a Arrimadas y negocia directamente con ERC
- Sánchez pide 38 días (hasta el 27 junio)
- ERC da calabazas a Sánchez
- Sánchez pide entonces 15 días
- C’s pone la cama
No obstante, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 19 de mayo, Salvador Illa ha defendido que es "imprescindible" mantener el estado de alarma hasta el "final del proceso de desescalada". O sea, que Sánchez pedirá una sexta prórroga y Cs volverá a venderse al PSOE por tercera vez, cual Judas.
Pero es que además, el escenario es grotesco. Mientras Arrimadas salía, tras el pre-acuerdo, en rueda de prensa a vanagloriarse de que haber conseguido "apartar" al gobierno de las negociaciones con los independentistas catalanes, Moncloa salía al paso diciendo que dichas negociaciones continúan y que seguirán sobre la mesa hasta el último instante previo a la votación.
Está claro que Inés Arrimadas carece completamente de dignidad; por el momento este acuerdo ya le ha costado la dimisión en sus filas del diputado Marcos de Quinto. Arrimadas es una vergüenza política y no sé ni cómo tiene la osadía y el cuajo de comparecer públicamente, después de que Sánchez le hiciera la cama tras la 4ª prórroga, y ha vuelto a hacérsela en la 5ª. Pero gracias a ella, Sánchez seguirá implantando la dictadura y cercenando los derechos de todos los españoles durante, al menos, dos semanas más. Mientras tanto, la rebelión 'de las mascarillas' continúa en las calles.
La votación de la quinta
20 de mayo de 2020. Pedro Sánchez ha sacado adelante su tan deseada quinta prórroga del estado de alarma. No será por un mes, como él quería inicialmente, pero de momento tendrá quince días más de plenos poderes, hasta la medianoche del 7 de junio. Una vez más (y ya es la segunda) Ciudadanos y el PNV salvan a la coalición socialcomunista tras el abandono de sus socios separatistas.
La prórroga ha salido adelante gracias a los 177 ‘síes’ de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV, Más País y algunos partidos regionalistas, pero ha contado con más votos en contra que nunca: 162, de PP, Vox, ERC, JxCat, la CUP y Compromís. Ha habido once abstenciones por parte de EH Bildu, Navarra Suma, Nueva Canarias y BNG, además de las de la diputada socialista Adriana Lastra y dos parlamentarios de Vox, por error.
La sorpresa llegó apenas terminó la votación de esta quinta prórroga en el Congreso. El Gobierno ha pactado con EH Bildu la derogación íntegra de la reforma laboral de Mariano Rajoy, que deberá ser efectiva "antes de finalizar las medidas extraordinarias por la crisis del coronavirus", con el compromiso de la formación de la izquierda 'abertzale' de "no obstaculizar la prórroga del estado de alarma" (es decir, su abstención). El pacto de la vergüenza, una aberración que ha traído cola. Sobre todo, porque lo ha hecho de tapadillo (ni siquiera lo sabían los propios ministros del PSOE), y porque, habiendo asegurado los votos de Cs no le hacía falta pactar con nadie más (y menos con los herederos de ETA).
La votación dejó tres evidencias: la primera, que el Gobierno va a seguir gobernando por decreto y restringiendo libertades con una pírrica mayoría; la segunda, que Sánchez ha resquebrajado su alianza de investidura con los separatistas; y la tercera, que en lo único en que no ha mentido es en que no tiene ningún plan para España. Sánchez no gobierna; solo gana tiempo. Sobrevive permitiendo que su Ejecutivo alimente el guerracivilismo, y solo lo consigue de la mano siempre oportunista del PNV, de Ciudadanos a costa de su descomposición interna, y del ambivalente tacticismo de Coalición Canaria.
Actualización 3 de junio: Sánchez lo ha vuelto a hacer: mentir, engañarnos vilmente. La quinta iba a ser la última, pero hay una sexta prórroga, hasta el 21 de junio.