Desde el comienzo de la pandemia, todos hemos vivido el baile y manipulación estadística que diariamente hace el Gobierno socialcomunista con respecto a las cifras de la pandemia (número de contagios y fallecimientos). Pero a mediados de mayo ha dado una nueva vuelta de tuerca en su opacidad informativa: Sanidad falsea los documentos oficiales. El resultado: nadie sabe a ciencia cierta el impacto real, tanto sanitario como socio-económico, que está teniendo el coronavirus en España.
Manipulación de datos históricos
Pedro Sánchez siempre ha sostenido que la escalada de contagios de coronavirus no se supo hasta pasado el 8-M. Pues bien: todo es mentira. Una mentira más. El Ministerio de Sanidad ha abierto sus bases de datos con los envíos de notificaciones de contagios y muertes diarios remitidos por las comunidades autónomas desde el 28 de febrero y la realidad es que los días previos a la manifestación, la escalada de contagios fue brutal. Tan brutal como la irresponsabilidad del Gobierno de Sánchez de permitir y alentar la manifestación feminista.
Las tasas de incremento son delatoras del descontrol: en los días inmediatos a la manifestación feminista se dieron incrementos superiores al 50%, llegando a escaladas de 66% en algunos de los días. Ahora sabemos que los contagios empezaron mucho antes. Y Sánchez lo sabía.
Actualización 19 agosto: El Gobierno permitió la celebración de las manifestaciones del 8-M cuando supuestamente España tenía 589 casos de coronavirus activos en todo el país. Pero los nuevos datos del Instituto de Salud Pública Carlos III (ISCIII) confirman que en realidad había más de 12.000 casos (más de 20 veces más). Otro dato falso: aquel sábado 14 de marzo en que se declaró el estado de alarma había -según Sanidad- 6.391 casos activos de coronavirus en España; sin embargo, según estos registros oficiales actualizados, había 46.545 contagios.
Pero la cosa va a más. Por increíble que parezca, hasta los históricos están siendo manipulados para garantizarse una mejor defensa ante las querellas que se agolpan contra el Gobierno por su negligente gestión de la pandemia. Sánchez necesita ahora justificar que no engañó a la población diciendo que no había peligro en el 8-M.
Porque lo cierto es que se está adaptando, de tapadillo, la base oficial de datos recogida en las bases autonómicas, para amoldarla a la realidad de que en las fechas previas al 8-M hubo un estallido de contagios ocultado por el gobierno para no desconvocar la manifestación feminista.
Sánchez bate todos los récords de manipulación: ahora retoca directamente los datos históricos para ir filtrando la realidad de una auténtica estampida de contagios antes del 8-M. El presidente del Gobierno acaba de combinar, de este modo, dos de sus políticas estrella: el 'Ministerio de la Verdad' y la manipulación estadística del coronavirus.
Además, dos informes de situación diarios sobre la evolución del coronavirus han desaparecido de los archivos de acceso público del Ministerio de Sanidad. Casualmente, son los que corresponden a los días 14 y 15 de marzo, justo los que constatan el estallido de contagios tras el período de incubación del virus por el 8-M. El informe del 15 de marzo mostraba un incremento de contagios de 2.000 personas, y el del 14 de marzo registró una escalada de 1.519 casos.
También, como por arte de magia, ha desaparecido el informe del 10 de Febrero firmado por Fernando Simón y que demuestra que CONOCÍAN, ya en esa fecha, los riesgos y la gravedad del coronavirus. Por suerte, ha habido tuiteros que lo han podido recuperar; aquí puede leerse el informe íntegro.
Por si fuera poco, los informes del 8 y 9 de marzo no fueron elaborados por el Ministerio de Sanidad, sino por Seguridad Nacional, uno de los departamentos integrados en la Presidencia del Gobierno (es decir, por los mismos que pueden acabar siendo juzgados). Los fines de semana son analizados por el Ministerio de Sanidad, no se hacen parones. Pero sí se paralizó el análisis justo esos dos días claves para analizar la relevancia penal de los actos del Gobierno. Y al desaparecer el informe técnico, sólo quedó el de la propia Presidencia del Gobierno.
El cambio supuso una ventaja estética para el Gobierno: porque si el informe elaborado por el Ministerio de Sanidad destacaba de forma prioritaria los «nuevos casos» de contagio, el de Seguridad Nacional de ambos días incorporaba una fórmula distinta: «El número de casos notificados en España, hasta el momento, asciende» a «unos 430» contagiados, en el caso del día 7-M, y de «589» el 8-M. El cambio convertía, de ese modo, en menos visible y mucho menos detallado el avance de la pandemia.
¿Qué pretende con todo ésto el Ejecutivo socialcomunista? Está muy claro: borrar las huellas del delito.
Pero no solo están manipulando los datos históricos. Desde que comenzó la desescalada, estudiar con exactitud la evolución de la pandemia del coronavirus en España es misión imposible. Los cambios de criterio en el recuento y la comunicación de las cifras de contagios por la pandemia y de los fallecidos imposibilitan un análisis exhaustivo.
Según la orden ministerial SND/352/2020 del 17 de abril, todos los fallecimientos por coronavirus que las comunidades autónomas notifiquen al ministerio de Sanidad deben ser de casos confirmados por PCR, independientemente del lugar de fallecimiento.
Los datos oficiales de la situación de la pandemia que ofrece cada día el Ministerio de Sanidad dicen que, a 26 de abril, las personas fallecidas por el brote de coronavirus fueron 23.190. Sin embargo, la cifra de fallecidos podría ser bastante superior a la publicada por Sanidad, ya que sólo se contabiliza a aquellos fallecidos que tuvieron un resultado positivo en el test PCR, y no así a los fallecidos con síntomas leves o sin ellos, ni a los que se les hizo el test rápido. A estos “casos sospechosos” o probables normalmente no se les ha hecho ningún tipo de prueba, y al no ser casos confirmados no entran en las estadísticas oficiales.
No tenemos conocimiento de las pruebas post mortem que se están llevando a cabo diariamente en España. O, por el momento, el Ministerio de Sanidad no ha comunicado nada al respecto. Teóricamente también deberían contar como fallecidos con Covid-19 las personas que morían después de haber sido diagnosticadas, aunque fuera con un test rápido.
Desde el 24 de abril se ha cambiado la metodología y sólo cuentan como positivos los casos que se han hecho el test PCR, por lo que los fallecidos a los que se les hizo el test rápido han dejado de ser contabilizados, lo que reduce el número. Con este método, España es el único país de Europa que ya no suma muertos, sino que los resta. Se da la paradoja de que hay muertos que resucitan (el 25 de mayo, el nuevo sistema de conteo rebajó el número de muertos de 28.752 a 26.834).
El Instituto de Salud Carlos III (ISCiii) publica de forma semanal su Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), que a través de los datos de casi 4.000 registros civiles de toda España, estudia si existe un número de muertes más elevado de lo que se esperaría en situaciones normales. Según el informe del ISCiii del 23 de abril, desde el 17 de marzo hasta el 21 de abril habría habido en España un exceso de muertes de 20.386 personas: es decir, han fallecido 28.075 personas más de lo esperado en situaciones normales. ¿Será por el coronavirus?
La Organización Mundial de la Salud tampoco se cree las trampas de Sanidad. La OMS recoge 29.858 muertes por Covid-19 en España, en contraste con las 27.128 de las que informó el Ministerio de Sanidad en su balance publicado el 3 de junio. Esto supone una discrepancia de 2.730 fallecimientos registrados.
Resumiendo:
Pero no sólo organismos nacionales ponen en entredicho los cálculos del Ministerio de Sanidad. Entidades europeas como la plataforma ‘EuroMoMo‘, dedicadas a investigar el exceso de mortalidad registrado en los países de la UE, advierten que el número de muertos ocultos en las estadísticas españolas es tan alto que incluso es el país que ocupa el puesto de cabeza del ranking.
El engaño es descarado. La cifra de fallecidos en Cataluña y Madrid -sólo en Cataluña y Madrid- es superior al número oficial de muertos que el Ministerio de Sanidad declara para toda España. Si desde hace varios días los ciudadanos protestan en las redes, un hervidero de denuncias que no se creen las cifras que da el Gobierno, esas críticas contra el Ministerio de Salvador Illa y el Gobierno han llegado al Senado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez dijo (el 3 de junio) que se ha vuelto a cambiar el recuento de víctimas del coronavirus para "homogeneizar" los datos de las comunidades. Sin embargo, las autonomías sí han notificado nuevos fallecidos que no están recogidos en la estadística del Gobierno. Por su parte, el ministro de Sanidad ha asegurado que el recuento lo hacen en base a los criterios de transparencia, con información «veraz», de rigor, con datos «contrastados», y de adaptación a la fase de evolución de la pandemia.
Mientras los informes que cada día sale a actualizar Fernando Simón dibujan un panorama con un número muy bajo de nuevos fallecimientos por la enfermedad, los que aportan las comunidades autónomas contradicen a diario ese lema de "cero fallecidos" que Pedro Sánchez llevó al Congreso el pasado 3 de junio. En los últimos 15 días, el Gobierno ha anunciado 19 fallecimientos por la enfermedad. De los 27.117 que figuraban el 27 de mayo a los 27.136 que había el 11 de junio. Sin embargo, los datos de las comunidades autónomas aportan una cifra bastante mayor: 704 muertes entre el 27 de mayo y el 10 de junio de 2020.
Por otro lado, la OMS ha pedido (el 7 de junio) que se hagan públicas en las estadísticas las muertes por Covid-19 consideradas «confirmadas» por test o analítica, y las calificadas como «probables» por determinación del criterio clínico. Y en España, con este método, alcanzaría los 47.194 fallecimientos, ocupando la primera posición indiscutible en el nefasto ranking de países de todo el mundo con mayor tasa de mortalidad por habitante (y el segundo país en muertes totales, solo superado por EEUU). Habría que preguntarse ¿por qué, si tenemos una sanidad pública y privada mucho mejor que la media de la que disfrutan los países más avanzados del mundo, somos el país con más muertes por coronavirus por millón de habitantes? A mí solo me cabe una respuesta: la NEGLIGENCIA TOTAL de nuestro Gobierno de Inútiles, que actuaron tarde y mal.
Otra cifra que no encaja en estos balances es la de ingresados y hospitalizados UCI. Según el Ministerio, en los últimos 7 días ha habido 243 nuevos hospitalizados y 11 ingresados en unidades de críticos. Sin embargo, sólo en Madrid, en los últimos 7 días se registraron 335 nuevos hospitalizados (el Ministerio arroja 73).
Dicho ésto, ¿quién se cree los datos de las ruedas de prensa diarias en las que se ha informado de las cifras de recuperados, fallecidos, contagios y ocupación de UCIs? Estamos ante una infamia y lo peor es que al Gobierno socialcomunista no se le cae la cara de vergüenza. Esto ya no es mentir, sino vivir instalado en la patraña.
Por cierto, a pesar de que Pedro Sánchez sigue ocultando la verdadera magnitud de la pandemia del coronavirus, el presidente socialista ha avanzado (el 17 de junio) que la ceremonia de Estado por las víctimas se celebrará el próximo 16 de julio. Sánchez ha limitado ese acto a los «27.000 compatriotas» que han perdido la vida por la enfermedad, haciendo referencia al dato de fallecimientos que el Ministerio de Sanidad mantiene congelado desde hace diez días, lo que ha indignado a las familias de los fallecidos.
Tras más de un mes de revisión y casi dos semanas con el dato congelado en 27.136, el Ministerio de Sanidad eleva de golpe en 1.179 los muertos por covid-19 y los cifra en 28.315 a fecha 19 de junio. “Nos quedan 13.000 fallecidos ahí, pero no podemos ubicarlos ahora”, ha asegurado Fernando Simón. ¿A partir de cuántos miles de ciudadanos muertos deja de querer un Gobierno contarlos bien, o deja de importarle la cifra real?
Salvador Illa también informó el 19 de junio de que en el último mes ha habido 34 brotes en España (982 casos), de los que siguen activos nueve con 92 personas implicadas. El número de casos totales asciende a 245.268, de los que 1.994 enfermos aún están hospitalizados (312 en la UCI).
Cuatro meses después de iniciarse la pandemia, el Gobierno sigue sin proporcionar la cifra -tan sencilla de establecer- de los muertos. Porque juzga que los muertos restan votos. Y porque sabe que un discurso triunfalista, adecuadamente multiplicado por los monopolizados televisores, puede convertir una tragedia horrorosa en una jovial celebración y proceder a un ventajoso trueque de cadáveres por escaños.
Da asco, pero no sorprende. La política es eso. Sobre todo en nuestro país: en un país sin Estado, o con Estado fallido, los políticos no pueden ni plantearse actuar como hombres de Estado -¿dónde está eso?-. Y entienden muy bien que es, el suyo, no un trabajo de servicio a la nación ni a los ciudadanos; sólo una apropiación arbitraria de los más altos honores y los mejores sueldos. Un chollo.
Actualización 7 de julio: Sanidad reconoce 28.396 muertos por Coronavirus, además de otros 27.359 fallecidos en residencias. El número de contagios de coronavirus detectados en las últimas 24 horas se ha disparado a los 257, y hay 67 rebrotes activos.
El Gobierno reconoce que el sistema de información sanitaria «no ha funcionado bien» durante los peores momentos de la pandemia. Ni ahora con los rebrotes; un contagiado aparece en las estadísticas oficiales hasta dos semanas después de infectarse por la falta de agilidad del sistema. Por eso el Gobierno ha pactado con el PP agilizar el sistema de información de pandemias, en un intento de lograr que los datos sobre nuevos casos lleguen más rápido y permitan actuar de manera anticipada.
Actualización 31 de julio: Mientras que el Ministerio de Sanidad tan sólo reconoce oficialmente 28.443 fallecidos en España por coronavirus, la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) los cifra en 48.500 (es decir, 20.000 más). Así, la UE coloca a España como líder en muertes ocultas.
Por otro lado, según datos actualizados del MoMo a 28 de julio en España habría 43.983 fallecimientos por la pandemia.
El Ministerio de Sanidad dejó de publicar el 18 de mayo la cifra de personal sanitario infectado por coronavirus en España. Por entonces, ascendía a 51.090.
Desde finales de febrero y hasta principios de abril, la curva de crecimiento avanzó de forma exponencial: incrementó de 0 a 100 en la primera semana, de 100 a 1.000 en la segunda semana y superó los 10.000 en la tercera semana. Hasta entonces, el número de contagiados mantuvo un ritmo de crecimiento diario superior al 10%: aproximadamente cada 2,7 días se doblaba la cantidad de nuevos casos diagnosticados con la Covid-19. El confinamiento de los ciudadanos logró esquivar in extremis en muchas regiones el colapso sanitario y, a principios de abril, la curva se empezó a aplanar.
España sobrepasó el pico de la pandemia el pasado 26 de marzo, 12 días después de que el ejecutivo de Pedro Sánchez decretase el estado de alarma. Desde entonces el ritmo de contagios sigue incrementándose pero a un ritmo cada vez menor.
¿Por qué han fallado los sistemas de información? Tres son las causas principales:
1) Los sistemas de información nacionales se han demostrado limitados. El CNE tiene como meta “generar información para la toma de decisiones en salud pública”, pero los datos le llegaron con mucho retraso en momentos clave. El CCAES, cuya función es coordinar la gestión de la información en emergencias sanitarias, no siempre recibía los datos de forma automática y tardó meses en pedir información individualizada.
2) Han faltado recursos en salud pública. Los servicios de las comunidades se vieron rápidamente superados en sus tareas de vigilancia y control. Ha faltado personal, especialmente en el rastreo de contactos. Además es posible que ese personal haya tenido que suplir con trabajo manual las carencias en sistemas de información.
3) Quizás falten profesionales con perfiles cuantitativos, especialistas en datos. También cultura de transparencia. Algunos de los problemas con la gestión no tienen sus raíces en la falta de recursos: publicar un CSV es tan fácil como publicar un PDF.
El bloque socialcomunista -PSOE y Podemos- han culminado su siniestra estrategia de ocultación de las víctimas del coronavirus al negarse a que los muertos por la pandemia aparezcan en las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso.
Resulta sencillamente inmoral que una comisión parlamentaria que tiene como objetivo establecer las bases para la reconstrucción de España tras los devastadores efectos del virus no establezca un balance de daños humanos, lo que demuestra que el socialcomunismo que nos gobierna se ha subido a lomos de una estrategia que tiene como fin ocultar la verdadera dimensión de la tragedia.
Es indecente que miles de personas hayan sido sepultadas bajo un manto ignominioso de olvido por parte de un Ejecutivo que, en su afán de minimizar los daños de la pandemia para enmascarar su incompetencia en la gestión de la crisis, es capaz de ocultar la realidad por el siniestro método de no reconocer a los muertos.
Y lo es aún más que ni Sánchez ni Iglesias se dignaran en aparecer en el funeral religioso en memoria de las 48.000 víctimas de la pandemia impulsado por la Conferencia Episcopal el 7 de julio en la Catedral de la Almudena (Madrid), al que sí acudió la Familia Real al completo, así como altas autoridades del Estado, representantes de la política y otras personalidades.
Ambos tenían cosas "más importantes" que hacer: Pedro Sánchez se montó un almuerzo en Lisboa con el presidente de Portugal, y Pablo Iglesias se fue a un mitin electoral al País Vasco. Curiosamente, sí acudían a funerales católicos cuando estaban en la oposición, y por víctimas mucho menos numerosas o más lejanas que las que han perdido la vida durante la pandemia (por ejemplo, Sánchez fue al funeral de Montserrat Caballet, e Iglesias al de las víctimas del terremoto de Ecuador). ¿De qué se esconden? ¿Tienen miedo a dar la cara? No es de extrañar, porque tras la ceremonia, varias personas profirieron gritos contra los representantes del Gobierno: "¡Gobierno, asesinos!".
Además, RTVE tampoco retransmitió la misa homenaje, un hecho sin precedentes ya que la televisión pública siempre ha acompañado a las víctimas en todas las tragedias que han sucedido en el país, lo que demuestra (una vez más) que Rosa Mª Mateo ha recibido las "consignas" de algún "comisario político" de la Moncloa para tomar esta decisión.
El Ministerio de Sanidad, protagonista principal durante la mayor crisis de Salud Pública en España en los últimos 100 años, no quiere que sus altos cargos rindan cuentas en el Parlamento. Ni que expliquen el resultado de sus gestiones durante la pandemia. Hasta cuatro veces ha impedido que acudan a la Cámara Baja para informar, a petición del PP, de las actuaciones llevadas a cabo para proteger la salud de la población o de los propios profesionales sanitarios implicados en la lucha contra el Covid-19, aludiendo "problemas de agenda".
Esta insólita falta de transparencia parlamentaria ha llevado al Partido Popular a presentar un escrito de amparo ante la Mesa del Congreso de los Diputados para que obligue a comparecer sin excusa válida ante la Comisión de Sanidad a cuatro de los lugartenientes de Salvador Illa en el Ministerio, a saber, el secretario general del Ministerio, Faustino Blanco; la directora general de medicamentos, la directora general del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y Pilar Aparicio, la directora general de Salud Pública.
Precisamente fue esta última quien alertó días antes de las concentraciones feministas del 8-M de las consecuencias del coronarivus y valoraba la cancelación de eventos masivos.
6 de Julio. Pedro Sánchez inicia una ronda de contactos con dirigentes europeos para planear una estrategia conjunta -principalmente con Portugal e Italia- de cara a pedir a la Unión Europea los fondos de reconstrucción. El jefe del Gobierno se reunió con el primer ministro portugués, Antonio Costa, y después ambos mandatarios realizaron una comparecencia conjunta, en la que Sánchez acaparó el protagonismo y se apresuró a eludir cualquier responsabilidad respecto a la opacidad que se le reprocha en cuanto a difundir cifras reales de fallecidos por coronavirus. Sus declaraciones, de cara a la prensa internacional echa balones fuera de su incompetencia; es el colmo de los colmos:
«Como saben, España es un país descentralizado y las competencias de Sanidad están transferidas. Por tanto, quien tiene que ofrecer transparencia son las comunidades autónomas» -dijo.
El Gobierno lanza balones fuera sobre el Portal de Transparencia y mutila un poco más su deber de informar sobre la contratación pública, aumentando la opacidad de su gestión en la crisis. El estado de alarma por el coronavirus mantuvo los plazos administrativos paralizados en España desde el 14 de marzo hasta el 31 de mayo. El Gobierno dejó de responder a la mayoría de las solicitudes de transparencia que hacían los ciudadanos y las peticiones en el Portal de la Transparencia se fueron acumulando.
Es otra muestra de la opacidad informativa del gobierno socialcomunista: aprovechar el estado de alarma para neutralizar al Portal de Transparencia. Esta herramienta, destinada a que cualquier ciudadano pida cuentas de su gestión a la Administración, está ahora mismo vacía de contenido. De esta forma, el Ejecutivo no tiene la obligación de informar, salvo que lo quiera hacer «motu propio», sobre aspectos tan relevantes como los costes y beneficiarios de los contratos que otorga a empresas del sector sanitario en plena crisis del coronavirus.
El 1 de junio se levantó la paralización de plazos y empezaron a resolver solicitudes. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública llegó a afirmar en una nota de prensa que el Gobierno había resuelto entre el 1 y el 5 de junio 633 solicitudes de información pública realizadas por los ciudadanos durante la suspensión de plazos administrativos por el estado de alarma. Pero MIENTE. En esos cinco días la Administración General del Estado (AGE) sólo resolvió 305. ¿Cómo han enmascarado las cifras? Sumando peticiones que habían recibido antes del estado de alarma, incluso solicitudes de información hechas en 2018 y 2019.
De manera paralela, se da otra situación que agrava la coyuntura. Sanidad tampoco informa a través del portal de contratación sobre las licitaciones selladas por el Ministerio durante el estado de alarma. El ministro, Salvador Illa, tampoco se prodiga a la hora de dar estos detalles en sus ruedas de prensa y la información queda guardada en un cajón. Y es que, cada vez que algún dato sale a la luz, es un auténtico escándalo. Sobrecostes, material defectuoso, compras a empresas fantasma...
Por su parte, el Consejo de Europa -a través del GRECO, el organismo anticorrupción de la UE- insta a los Gobiernos a ser ejemplares tras pedir transparencia para evitar la corrupción en la gestión de la crisis sanitaria. El informe subraya que el sector de la salud es el que se encuentra en estos momentos más expuesto a los riesgos de la corrupción, debido a la necesidad inmediata de suministros médicos, la simplificación de las normas de adquisición, hacinamiento médico, instalaciones y personal médico sobrecargado.
En este sentido, afirma que las prácticas corruptas pueden afectar tanto al sector público o privado, y pueden estar relacionadas con el sistema de adquisiciones, el soborno en servicios relacionados con la medicina, la corrupción en la investigación y desarrollo de nuevos productos (I+D), incluidos los conflictos de intereses y el papel del cabildeo, así como el fraude relacionado con la comercialización de productos médicos falsificados. El gobierno de España cumple todo esto por el libro, según se va descubriendo día a día, aunque no parece importarle lo más mínimo.
Tras presentarse en sociedad como 'campeón de la regeneración democrática y la transparencia', Pedro Sánchez se cree protegido por un manto de impunidad que le va a durar toda la legislatura. Y se equivoca. Está faltando al respeto a mucha gente, no solo a la oposición, muy duramente castigada por la crisis. Se burla del derecho a la información, tanto de partidos políticos como de ciudadanos. Actúa con una arrogancia que no tiene justificada ni por la calidad de sus miembros ni por el nivel de su gestión, en la que no hay siquiera un balance fiable de muertos por la pandemia.
El estado de alarma está poniendo sordina a muchos escándalos, pero la alarma pasará y quedarán los escándalos. Y el Gobierno tendrá que rendir cuentas.
Actualización 27 de julio: En una entrevista en Informativos Telecinco, Pedro Sánchez, admitió que «evidentemente» el dato de 28.500 fallecidos por Covid-19 en España no es 100% cierto, y pidió esperar al final de la «maldita pandemia» para tener un cálculo «más fehaciente» de las víctimas. ¿Cuándo será eso? Porque lo que está claro es una cosa: el coronavirus jamás se irá, deberemos aprender a convivir con él, es decir, la pandemia NUNCA pasará, y por tanto, España tampoco sabrá nunca el balance real de fallecidos.
Las tasas de incremento son delatoras del descontrol: en los días inmediatos a la manifestación feminista se dieron incrementos superiores al 50%, llegando a escaladas de 66% en algunos de los días. Ahora sabemos que los contagios empezaron mucho antes. Y Sánchez lo sabía.
Actualización 19 agosto: El Gobierno permitió la celebración de las manifestaciones del 8-M cuando supuestamente España tenía 589 casos de coronavirus activos en todo el país. Pero los nuevos datos del Instituto de Salud Pública Carlos III (ISCIII) confirman que en realidad había más de 12.000 casos (más de 20 veces más). Otro dato falso: aquel sábado 14 de marzo en que se declaró el estado de alarma había -según Sanidad- 6.391 casos activos de coronavirus en España; sin embargo, según estos registros oficiales actualizados, había 46.545 contagios.
Pero la cosa va a más. Por increíble que parezca, hasta los históricos están siendo manipulados para garantizarse una mejor defensa ante las querellas que se agolpan contra el Gobierno por su negligente gestión de la pandemia. Sánchez necesita ahora justificar que no engañó a la población diciendo que no había peligro en el 8-M.
Porque lo cierto es que se está adaptando, de tapadillo, la base oficial de datos recogida en las bases autonómicas, para amoldarla a la realidad de que en las fechas previas al 8-M hubo un estallido de contagios ocultado por el gobierno para no desconvocar la manifestación feminista.
Sánchez bate todos los récords de manipulación: ahora retoca directamente los datos históricos para ir filtrando la realidad de una auténtica estampida de contagios antes del 8-M. El presidente del Gobierno acaba de combinar, de este modo, dos de sus políticas estrella: el 'Ministerio de la Verdad' y la manipulación estadística del coronavirus.
Además, dos informes de situación diarios sobre la evolución del coronavirus han desaparecido de los archivos de acceso público del Ministerio de Sanidad. Casualmente, son los que corresponden a los días 14 y 15 de marzo, justo los que constatan el estallido de contagios tras el período de incubación del virus por el 8-M. El informe del 15 de marzo mostraba un incremento de contagios de 2.000 personas, y el del 14 de marzo registró una escalada de 1.519 casos.
También, como por arte de magia, ha desaparecido el informe del 10 de Febrero firmado por Fernando Simón y que demuestra que CONOCÍAN, ya en esa fecha, los riesgos y la gravedad del coronavirus. Por suerte, ha habido tuiteros que lo han podido recuperar; aquí puede leerse el informe íntegro.
Por si fuera poco, los informes del 8 y 9 de marzo no fueron elaborados por el Ministerio de Sanidad, sino por Seguridad Nacional, uno de los departamentos integrados en la Presidencia del Gobierno (es decir, por los mismos que pueden acabar siendo juzgados). Los fines de semana son analizados por el Ministerio de Sanidad, no se hacen parones. Pero sí se paralizó el análisis justo esos dos días claves para analizar la relevancia penal de los actos del Gobierno. Y al desaparecer el informe técnico, sólo quedó el de la propia Presidencia del Gobierno.
El cambio supuso una ventaja estética para el Gobierno: porque si el informe elaborado por el Ministerio de Sanidad destacaba de forma prioritaria los «nuevos casos» de contagio, el de Seguridad Nacional de ambos días incorporaba una fórmula distinta: «El número de casos notificados en España, hasta el momento, asciende» a «unos 430» contagiados, en el caso del día 7-M, y de «589» el 8-M. El cambio convertía, de ese modo, en menos visible y mucho menos detallado el avance de la pandemia.
¿Qué pretende con todo ésto el Ejecutivo socialcomunista? Está muy claro: borrar las huellas del delito.
Cambios en el recuento
Pero no solo están manipulando los datos históricos. Desde que comenzó la desescalada, estudiar con exactitud la evolución de la pandemia del coronavirus en España es misión imposible. Los cambios de criterio en el recuento y la comunicación de las cifras de contagios por la pandemia y de los fallecidos imposibilitan un análisis exhaustivo.
Según la orden ministerial SND/352/2020 del 17 de abril, todos los fallecimientos por coronavirus que las comunidades autónomas notifiquen al ministerio de Sanidad deben ser de casos confirmados por PCR, independientemente del lugar de fallecimiento.
Los datos oficiales de la situación de la pandemia que ofrece cada día el Ministerio de Sanidad dicen que, a 26 de abril, las personas fallecidas por el brote de coronavirus fueron 23.190. Sin embargo, la cifra de fallecidos podría ser bastante superior a la publicada por Sanidad, ya que sólo se contabiliza a aquellos fallecidos que tuvieron un resultado positivo en el test PCR, y no así a los fallecidos con síntomas leves o sin ellos, ni a los que se les hizo el test rápido. A estos “casos sospechosos” o probables normalmente no se les ha hecho ningún tipo de prueba, y al no ser casos confirmados no entran en las estadísticas oficiales.
No tenemos conocimiento de las pruebas post mortem que se están llevando a cabo diariamente en España. O, por el momento, el Ministerio de Sanidad no ha comunicado nada al respecto. Teóricamente también deberían contar como fallecidos con Covid-19 las personas que morían después de haber sido diagnosticadas, aunque fuera con un test rápido.
Desde el 24 de abril se ha cambiado la metodología y sólo cuentan como positivos los casos que se han hecho el test PCR, por lo que los fallecidos a los que se les hizo el test rápido han dejado de ser contabilizados, lo que reduce el número. Con este método, España es el único país de Europa que ya no suma muertos, sino que los resta. Se da la paradoja de que hay muertos que resucitan (el 25 de mayo, el nuevo sistema de conteo rebajó el número de muertos de 28.752 a 26.834).
El Instituto de Salud Carlos III (ISCiii) publica de forma semanal su Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), que a través de los datos de casi 4.000 registros civiles de toda España, estudia si existe un número de muertes más elevado de lo que se esperaría en situaciones normales. Según el informe del ISCiii del 23 de abril, desde el 17 de marzo hasta el 21 de abril habría habido en España un exceso de muertes de 20.386 personas: es decir, han fallecido 28.075 personas más de lo esperado en situaciones normales. ¿Será por el coronavirus?
La Organización Mundial de la Salud tampoco se cree las trampas de Sanidad. La OMS recoge 29.858 muertes por Covid-19 en España, en contraste con las 27.128 de las que informó el Ministerio de Sanidad en su balance publicado el 3 de junio. Esto supone una discrepancia de 2.730 fallecimientos registrados.
Resumiendo:
- Gobierno: 27.218 fallecidos (después de tres días consecutivos en que se mantuvo en 27.127, pese a que las comunidades sí notificaron aumentos en el número de muertos)
- Instituto Carlos III (MoMo): 43.084 fallecidos.
- Funerarias: 43.985 fallecidos.
- Instituto Nacional de Estadística (INE): 48.000 fallecidos.
- OMS: 29.858 fallecidos.
Pero no sólo organismos nacionales ponen en entredicho los cálculos del Ministerio de Sanidad. Entidades europeas como la plataforma ‘EuroMoMo‘, dedicadas a investigar el exceso de mortalidad registrado en los países de la UE, advierten que el número de muertos ocultos en las estadísticas españolas es tan alto que incluso es el país que ocupa el puesto de cabeza del ranking.
La manipulación y ocultación de datos a los ciudadanos por parte del Gobierno es más que evidente.
El engaño es descarado. La cifra de fallecidos en Cataluña y Madrid -sólo en Cataluña y Madrid- es superior al número oficial de muertos que el Ministerio de Sanidad declara para toda España. Si desde hace varios días los ciudadanos protestan en las redes, un hervidero de denuncias que no se creen las cifras que da el Gobierno, esas críticas contra el Ministerio de Salvador Illa y el Gobierno han llegado al Senado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez dijo (el 3 de junio) que se ha vuelto a cambiar el recuento de víctimas del coronavirus para "homogeneizar" los datos de las comunidades. Sin embargo, las autonomías sí han notificado nuevos fallecidos que no están recogidos en la estadística del Gobierno. Por su parte, el ministro de Sanidad ha asegurado que el recuento lo hacen en base a los criterios de transparencia, con información «veraz», de rigor, con datos «contrastados», y de adaptación a la fase de evolución de la pandemia.
Mientras los informes que cada día sale a actualizar Fernando Simón dibujan un panorama con un número muy bajo de nuevos fallecimientos por la enfermedad, los que aportan las comunidades autónomas contradicen a diario ese lema de "cero fallecidos" que Pedro Sánchez llevó al Congreso el pasado 3 de junio. En los últimos 15 días, el Gobierno ha anunciado 19 fallecimientos por la enfermedad. De los 27.117 que figuraban el 27 de mayo a los 27.136 que había el 11 de junio. Sin embargo, los datos de las comunidades autónomas aportan una cifra bastante mayor: 704 muertes entre el 27 de mayo y el 10 de junio de 2020.
Por otro lado, la OMS ha pedido (el 7 de junio) que se hagan públicas en las estadísticas las muertes por Covid-19 consideradas «confirmadas» por test o analítica, y las calificadas como «probables» por determinación del criterio clínico. Y en España, con este método, alcanzaría los 47.194 fallecimientos, ocupando la primera posición indiscutible en el nefasto ranking de países de todo el mundo con mayor tasa de mortalidad por habitante (y el segundo país en muertes totales, solo superado por EEUU). Habría que preguntarse ¿por qué, si tenemos una sanidad pública y privada mucho mejor que la media de la que disfrutan los países más avanzados del mundo, somos el país con más muertes por coronavirus por millón de habitantes? A mí solo me cabe una respuesta: la NEGLIGENCIA TOTAL de nuestro Gobierno de Inútiles, que actuaron tarde y mal.
Otra cifra que no encaja en estos balances es la de ingresados y hospitalizados UCI. Según el Ministerio, en los últimos 7 días ha habido 243 nuevos hospitalizados y 11 ingresados en unidades de críticos. Sin embargo, sólo en Madrid, en los últimos 7 días se registraron 335 nuevos hospitalizados (el Ministerio arroja 73).
Dicho ésto, ¿quién se cree los datos de las ruedas de prensa diarias en las que se ha informado de las cifras de recuperados, fallecidos, contagios y ocupación de UCIs? Estamos ante una infamia y lo peor es que al Gobierno socialcomunista no se le cae la cara de vergüenza. Esto ya no es mentir, sino vivir instalado en la patraña.
Por cierto, a pesar de que Pedro Sánchez sigue ocultando la verdadera magnitud de la pandemia del coronavirus, el presidente socialista ha avanzado (el 17 de junio) que la ceremonia de Estado por las víctimas se celebrará el próximo 16 de julio. Sánchez ha limitado ese acto a los «27.000 compatriotas» que han perdido la vida por la enfermedad, haciendo referencia al dato de fallecimientos que el Ministerio de Sanidad mantiene congelado desde hace diez días, lo que ha indignado a las familias de los fallecidos.
Tras más de un mes de revisión y casi dos semanas con el dato congelado en 27.136, el Ministerio de Sanidad eleva de golpe en 1.179 los muertos por covid-19 y los cifra en 28.315 a fecha 19 de junio. “Nos quedan 13.000 fallecidos ahí, pero no podemos ubicarlos ahora”, ha asegurado Fernando Simón. ¿A partir de cuántos miles de ciudadanos muertos deja de querer un Gobierno contarlos bien, o deja de importarle la cifra real?
Salvador Illa también informó el 19 de junio de que en el último mes ha habido 34 brotes en España (982 casos), de los que siguen activos nueve con 92 personas implicadas. El número de casos totales asciende a 245.268, de los que 1.994 enfermos aún están hospitalizados (312 en la UCI).
Cuatro meses después de iniciarse la pandemia, el Gobierno sigue sin proporcionar la cifra -tan sencilla de establecer- de los muertos. Porque juzga que los muertos restan votos. Y porque sabe que un discurso triunfalista, adecuadamente multiplicado por los monopolizados televisores, puede convertir una tragedia horrorosa en una jovial celebración y proceder a un ventajoso trueque de cadáveres por escaños.
Da asco, pero no sorprende. La política es eso. Sobre todo en nuestro país: en un país sin Estado, o con Estado fallido, los políticos no pueden ni plantearse actuar como hombres de Estado -¿dónde está eso?-. Y entienden muy bien que es, el suyo, no un trabajo de servicio a la nación ni a los ciudadanos; sólo una apropiación arbitraria de los más altos honores y los mejores sueldos. Un chollo.
Actualización 7 de julio: Sanidad reconoce 28.396 muertos por Coronavirus, además de otros 27.359 fallecidos en residencias. El número de contagios de coronavirus detectados en las últimas 24 horas se ha disparado a los 257, y hay 67 rebrotes activos.
El Gobierno reconoce que el sistema de información sanitaria «no ha funcionado bien» durante los peores momentos de la pandemia. Ni ahora con los rebrotes; un contagiado aparece en las estadísticas oficiales hasta dos semanas después de infectarse por la falta de agilidad del sistema. Por eso el Gobierno ha pactado con el PP agilizar el sistema de información de pandemias, en un intento de lograr que los datos sobre nuevos casos lleguen más rápido y permitan actuar de manera anticipada.
Actualización 31 de julio: Mientras que el Ministerio de Sanidad tan sólo reconoce oficialmente 28.443 fallecidos en España por coronavirus, la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) los cifra en 48.500 (es decir, 20.000 más). Así, la UE coloca a España como líder en muertes ocultas.
Por otro lado, según datos actualizados del MoMo a 28 de julio en España habría 43.983 fallecimientos por la pandemia.
El Ministerio de Sanidad dejó de publicar el 18 de mayo la cifra de personal sanitario infectado por coronavirus en España. Por entonces, ascendía a 51.090.
Evolución de 'la curva'
Desde finales de febrero y hasta principios de abril, la curva de crecimiento avanzó de forma exponencial: incrementó de 0 a 100 en la primera semana, de 100 a 1.000 en la segunda semana y superó los 10.000 en la tercera semana. Hasta entonces, el número de contagiados mantuvo un ritmo de crecimiento diario superior al 10%: aproximadamente cada 2,7 días se doblaba la cantidad de nuevos casos diagnosticados con la Covid-19. El confinamiento de los ciudadanos logró esquivar in extremis en muchas regiones el colapso sanitario y, a principios de abril, la curva se empezó a aplanar.
España sobrepasó el pico de la pandemia el pasado 26 de marzo, 12 días después de que el ejecutivo de Pedro Sánchez decretase el estado de alarma. Desde entonces el ritmo de contagios sigue incrementándose pero a un ritmo cada vez menor.
El problema de los datos
¿Por qué han fallado los sistemas de información? Tres son las causas principales:
1) Los sistemas de información nacionales se han demostrado limitados. El CNE tiene como meta “generar información para la toma de decisiones en salud pública”, pero los datos le llegaron con mucho retraso en momentos clave. El CCAES, cuya función es coordinar la gestión de la información en emergencias sanitarias, no siempre recibía los datos de forma automática y tardó meses en pedir información individualizada.
2) Han faltado recursos en salud pública. Los servicios de las comunidades se vieron rápidamente superados en sus tareas de vigilancia y control. Ha faltado personal, especialmente en el rastreo de contactos. Además es posible que ese personal haya tenido que suplir con trabajo manual las carencias en sistemas de información.
3) Quizás falten profesionales con perfiles cuantitativos, especialistas en datos. También cultura de transparencia. Algunos de los problemas con la gestión no tienen sus raíces en la falta de recursos: publicar un CSV es tan fácil como publicar un PDF.
Condenados al olvido
El bloque socialcomunista -PSOE y Podemos- han culminado su siniestra estrategia de ocultación de las víctimas del coronavirus al negarse a que los muertos por la pandemia aparezcan en las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso.
Resulta sencillamente inmoral que una comisión parlamentaria que tiene como objetivo establecer las bases para la reconstrucción de España tras los devastadores efectos del virus no establezca un balance de daños humanos, lo que demuestra que el socialcomunismo que nos gobierna se ha subido a lomos de una estrategia que tiene como fin ocultar la verdadera dimensión de la tragedia.
Es indecente que miles de personas hayan sido sepultadas bajo un manto ignominioso de olvido por parte de un Ejecutivo que, en su afán de minimizar los daños de la pandemia para enmascarar su incompetencia en la gestión de la crisis, es capaz de ocultar la realidad por el siniestro método de no reconocer a los muertos.
Y lo es aún más que ni Sánchez ni Iglesias se dignaran en aparecer en el funeral religioso en memoria de las 48.000 víctimas de la pandemia impulsado por la Conferencia Episcopal el 7 de julio en la Catedral de la Almudena (Madrid), al que sí acudió la Familia Real al completo, así como altas autoridades del Estado, representantes de la política y otras personalidades.
Ambos tenían cosas "más importantes" que hacer: Pedro Sánchez se montó un almuerzo en Lisboa con el presidente de Portugal, y Pablo Iglesias se fue a un mitin electoral al País Vasco. Curiosamente, sí acudían a funerales católicos cuando estaban en la oposición, y por víctimas mucho menos numerosas o más lejanas que las que han perdido la vida durante la pandemia (por ejemplo, Sánchez fue al funeral de Montserrat Caballet, e Iglesias al de las víctimas del terremoto de Ecuador). ¿De qué se esconden? ¿Tienen miedo a dar la cara? No es de extrañar, porque tras la ceremonia, varias personas profirieron gritos contra los representantes del Gobierno: "¡Gobierno, asesinos!".
Además, RTVE tampoco retransmitió la misa homenaje, un hecho sin precedentes ya que la televisión pública siempre ha acompañado a las víctimas en todas las tragedias que han sucedido en el país, lo que demuestra (una vez más) que Rosa Mª Mateo ha recibido las "consignas" de algún "comisario político" de la Moncloa para tomar esta decisión.
Veto a la transparencia informativa
El Ministerio de Sanidad, protagonista principal durante la mayor crisis de Salud Pública en España en los últimos 100 años, no quiere que sus altos cargos rindan cuentas en el Parlamento. Ni que expliquen el resultado de sus gestiones durante la pandemia. Hasta cuatro veces ha impedido que acudan a la Cámara Baja para informar, a petición del PP, de las actuaciones llevadas a cabo para proteger la salud de la población o de los propios profesionales sanitarios implicados en la lucha contra el Covid-19, aludiendo "problemas de agenda".
Esta insólita falta de transparencia parlamentaria ha llevado al Partido Popular a presentar un escrito de amparo ante la Mesa del Congreso de los Diputados para que obligue a comparecer sin excusa válida ante la Comisión de Sanidad a cuatro de los lugartenientes de Salvador Illa en el Ministerio, a saber, el secretario general del Ministerio, Faustino Blanco; la directora general de medicamentos, la directora general del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y Pilar Aparicio, la directora general de Salud Pública.
Precisamente fue esta última quien alertó días antes de las concentraciones feministas del 8-M de las consecuencias del coronarivus y valoraba la cancelación de eventos masivos.
6 de Julio. Pedro Sánchez inicia una ronda de contactos con dirigentes europeos para planear una estrategia conjunta -principalmente con Portugal e Italia- de cara a pedir a la Unión Europea los fondos de reconstrucción. El jefe del Gobierno se reunió con el primer ministro portugués, Antonio Costa, y después ambos mandatarios realizaron una comparecencia conjunta, en la que Sánchez acaparó el protagonismo y se apresuró a eludir cualquier responsabilidad respecto a la opacidad que se le reprocha en cuanto a difundir cifras reales de fallecidos por coronavirus. Sus declaraciones, de cara a la prensa internacional echa balones fuera de su incompetencia; es el colmo de los colmos:
«Como saben, España es un país descentralizado y las competencias de Sanidad están transferidas. Por tanto, quien tiene que ofrecer transparencia son las comunidades autónomas» -dijo.
El portal de Transparencia, anulado
El Gobierno lanza balones fuera sobre el Portal de Transparencia y mutila un poco más su deber de informar sobre la contratación pública, aumentando la opacidad de su gestión en la crisis. El estado de alarma por el coronavirus mantuvo los plazos administrativos paralizados en España desde el 14 de marzo hasta el 31 de mayo. El Gobierno dejó de responder a la mayoría de las solicitudes de transparencia que hacían los ciudadanos y las peticiones en el Portal de la Transparencia se fueron acumulando.
Es otra muestra de la opacidad informativa del gobierno socialcomunista: aprovechar el estado de alarma para neutralizar al Portal de Transparencia. Esta herramienta, destinada a que cualquier ciudadano pida cuentas de su gestión a la Administración, está ahora mismo vacía de contenido. De esta forma, el Ejecutivo no tiene la obligación de informar, salvo que lo quiera hacer «motu propio», sobre aspectos tan relevantes como los costes y beneficiarios de los contratos que otorga a empresas del sector sanitario en plena crisis del coronavirus.
El 1 de junio se levantó la paralización de plazos y empezaron a resolver solicitudes. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública llegó a afirmar en una nota de prensa que el Gobierno había resuelto entre el 1 y el 5 de junio 633 solicitudes de información pública realizadas por los ciudadanos durante la suspensión de plazos administrativos por el estado de alarma. Pero MIENTE. En esos cinco días la Administración General del Estado (AGE) sólo resolvió 305. ¿Cómo han enmascarado las cifras? Sumando peticiones que habían recibido antes del estado de alarma, incluso solicitudes de información hechas en 2018 y 2019.
De manera paralela, se da otra situación que agrava la coyuntura. Sanidad tampoco informa a través del portal de contratación sobre las licitaciones selladas por el Ministerio durante el estado de alarma. El ministro, Salvador Illa, tampoco se prodiga a la hora de dar estos detalles en sus ruedas de prensa y la información queda guardada en un cajón. Y es que, cada vez que algún dato sale a la luz, es un auténtico escándalo. Sobrecostes, material defectuoso, compras a empresas fantasma...
Por su parte, el Consejo de Europa -a través del GRECO, el organismo anticorrupción de la UE- insta a los Gobiernos a ser ejemplares tras pedir transparencia para evitar la corrupción en la gestión de la crisis sanitaria. El informe subraya que el sector de la salud es el que se encuentra en estos momentos más expuesto a los riesgos de la corrupción, debido a la necesidad inmediata de suministros médicos, la simplificación de las normas de adquisición, hacinamiento médico, instalaciones y personal médico sobrecargado.
En este sentido, afirma que las prácticas corruptas pueden afectar tanto al sector público o privado, y pueden estar relacionadas con el sistema de adquisiciones, el soborno en servicios relacionados con la medicina, la corrupción en la investigación y desarrollo de nuevos productos (I+D), incluidos los conflictos de intereses y el papel del cabildeo, así como el fraude relacionado con la comercialización de productos médicos falsificados. El gobierno de España cumple todo esto por el libro, según se va descubriendo día a día, aunque no parece importarle lo más mínimo.
Tras presentarse en sociedad como 'campeón de la regeneración democrática y la transparencia', Pedro Sánchez se cree protegido por un manto de impunidad que le va a durar toda la legislatura. Y se equivoca. Está faltando al respeto a mucha gente, no solo a la oposición, muy duramente castigada por la crisis. Se burla del derecho a la información, tanto de partidos políticos como de ciudadanos. Actúa con una arrogancia que no tiene justificada ni por la calidad de sus miembros ni por el nivel de su gestión, en la que no hay siquiera un balance fiable de muertos por la pandemia.
El estado de alarma está poniendo sordina a muchos escándalos, pero la alarma pasará y quedarán los escándalos. Y el Gobierno tendrá que rendir cuentas.
Actualización 27 de julio: En una entrevista en Informativos Telecinco, Pedro Sánchez, admitió que «evidentemente» el dato de 28.500 fallecidos por Covid-19 en España no es 100% cierto, y pidió esperar al final de la «maldita pandemia» para tener un cálculo «más fehaciente» de las víctimas. ¿Cuándo será eso? Porque lo que está claro es una cosa: el coronavirus jamás se irá, deberemos aprender a convivir con él, es decir, la pandemia NUNCA pasará, y por tanto, España tampoco sabrá nunca el balance real de fallecidos.