Reforma fiscal o, lo que es lo mismo, subida de impuestos a la vista. La pandemia del coronavirus nos deja un panorama económico apocalíptico, solo comparable con el Crack del 29. El 2020 cerrará con una caída del PIB español del 16-21% (según la previsión del Banco de España), un déficit del 10% y la deuda pública ascenderá al 120% del PIB. La Gran Reclusión dejará una tasa de desempleo del 24,7% y el 60% de la población adulta vivirá de ‘papá Estado’.
La economía española antes del estallido de la pandemia estaba en déficit, y ahora directamente en quiebra. El Gobierno calcula unas necesidades de liquidez de 140.000 millones para enjugar la crisis sanitaria. Ante este demoledor escenario, el gobierno de Sánchez tampoco tiene un plan. O el que hay, parece echar gasolina al fuego: de un lado confía la resolución a Europa, pero insistiendo en una fórmula de "mutualización" de la deuda (que ya ha sido rechazada). Y de otro, se entrega el reforzamiento de las arcas públicas a una subida fiscal histórica.
Es decir, ni se quiere el rescate (cada vez más claro) o acudir al MEDE (el fondo ya aprobado por la UE que entrega fondos suficientes a los necesitados pero les pone condiciones); ni se confían en el incremento de la riqueza. Lo primero restaría soberanía y poder al tóxico tándem Sánchez e Iglesias, por el tema de los 'hombres de negro' que vienen a controlarte, aunque sería la solución menos mala para España. Y lo segundo se olvida por una apuesta por reforzar los impuestos, subirlos casi todos y crear incluso algunos nuevos. Sánchez lo ha denominado "justicia fiscal".
Por tanto, sí parece asegurada una subida fiscal sin precedentes, pese a que ahora mismo se cierran 8.000 empresas al día, no fluye el crédito del ICO; no hay un horizonte fijo de recuperación de la actividad normal y ya llueve fiscalmente sobre los tejados económicos de los ciudadanos y las empresas. Pero esta medida (subir impuestos) lo único que hará es empeorar las cosas y estrangular aún más nuestra débil economía.
El Gobierno quiere batir récord de déficit y deuda, pese a lo cual el paro está desbocado. Y aún así, subirán los impuestos. El tóxico dueto Pedro&Pablo está dispuesto a llevar el déficit al 10,34% (unos 115.000 millones de euros), y la deuda pública española hasta un histórico 120%, pese a dar por perdidos al menos 25.000 millones de recaudación.
La ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, se ha referido a la "preocupante" caída de la recaudación por el impacto de la pandemia, que calcula en un 8,7% en el impuesto de sociedades, un 5,2% en el IVA, un 2,4% en el IRPF, y el 6,7% en otros impuestos especiales.
La ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, se ha referido a la "preocupante" caída de la recaudación por el impacto de la pandemia, que calcula en un 8,7% en el impuesto de sociedades, un 5,2% en el IVA, un 2,4% en el IRPF, y el 6,7% en otros impuestos especiales.
Y para compensarlo, el mensaje del Ejecutivo es claro: «Sin un sistema tributario justo no hay Estado de derecho, Sanidad pública, Educación gratuita ni cuidado para nuestros mayores. Sin impuestos, lo que manda es el sálvese quien pueda, que es lo mismo que quien ha nacido en una familiar con recursos tendrá mejores condiciones para desarrollar su vida».
Y Hacienda ya está trabajando en unos Presupuestos Generales del Estado para 2021 que contengan los incrementos tributarios derivados del aumento en el IRPF para las rentas más altas; un endurecimiento del impuesto de Sociedades (propone un tipo mínimo del 15% para grandes empresas y el 18% para la banca y las empresas de hidrocarburos); y la denominada 'fiscalidad medioambiental' (un modelo impositivo que tenga en cuenta el impacto ecológico y que desincentive las tecnologías más contaminantes) por la que se elevará el gravamen del diésel.
Pero también la tasa Tobin y la tasa Google, que Nadia Calviño (vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital) insta a «aprobar cuanto antes», o la armonización fiscal que Montero quiere sacar igualmente en el menor tiempo posible, y que no es otra cosa que eliminar las bonificaciones que algunas comunidades presentan en Patrimonio, Sucesiones o Donaciones.
Todos estos ingresos serán necesarios para dar forma a los «presupuestos de la reconstrucción», que tendrán que hacer frente al notable aumento del gasto social que ambiciona el Gobierno, al tiempo que trata de frenar los fuertes desequilibrios en forma de déficit y deuda. Y todo ello, después de la peor recesión de la historia reciente de España ante la que el Ejecutivo ya ha descartado cualquier reducción de, por ejemplo, el IVA para reactivar el consumo, como sí han hecho otros países como Alemania e Italia.
Como siempre, la unilateralidad con la que actúa el Ejecutivo hace caso omiso de las recomendaciones de los expertos y de la UE. Porque precisamente, una subida fiscal es todo lo contrario de lo que recomienda el FMI. El Fondo Monetario Internacional sugiere (en el Capítulo 2 de su informe ‘Monitor Fiscal’ publicado el 6 de mayo) a las economías avanzadas que adopten medidas fiscales para atajar el impacto económico de la crisis del coronavirus. Proponen, entre otras iniciativas, las rebajas temporales de impuestos a los salarios y al consumo como una bajada temporal del IVA o una reducción acotada en el tiempo de los impuestos laborales con el objetivo de incentivar la contratación. El FMI avisa de que un esquema de ingresos mínimos garantizados será efectivo realmente si es «selectivo, condicional y ligado a la situación económica».
No hace falta ser muy listo para saber que no se puede ni debe penalizar a la empresa, porque es la que sostiene con sus empleos a la gran mayoría de la población y, precisamente, ése es uno de los problemas más graves que vamos a tener en la era post-coronavirus: las elevadísimas cifras de paro. Y las empresas difícilmente se podrán recuperar si se ven asfixiadas por los problemas de liquidez y una subida fiscal. Sería mucho más inteligente ayudarlas para que continúen con su actividad y mantengan el mayor número posible de puestos de trabajo, que destinar el mismo dinero a subvencionar y ayudar a las personas en desempleo con una paguita universal. Pero el Gobierno socialcomunista se niega a cualquier incentivo fiscal que no sea un subsidio.
El presidente del Gobierno más multitudinario, ineficaz y caro de la historia de la democracia española hizo caso omiso de la propuesta que hizo la oposición el 9 de mayo sobre la posibilidad de que los 22 ministros, la legión de asesores y demás altos cargos nombrados a dedo se bajen el sueldo para contribuir al esfuerzo general en la superación de la crisis económica derivada de la pandemia. Y no sólo eso, sino que, pese a que la actividad en el Congreso y Senado lleva bajo mínimos desde hace dos meses, los parlamentarios siguen cobrando íntegramente sus sueldos, inflados con sus correspondientes gastos de manutención, alojamiento y desplazamientos: 2,2 millones de euros de las arcas públicas despilfarrados.
Por su parte, Iglesias ha llevado a la Comisión para la Reconstrucción su propuesta de un impuesto a las grandes fortunas (bautizado como "tasa Covid") que gravará entre un 2% y un 3,5% los patrimonios superiores a un millón de euros. Y para justificarse, tiene la desfachatez de decir en el Senado que "las grandes fortunas están deseando pagar más impuestos y hacer un ejercicio de patriotismo fiscal". Sin embargo, el 24 de junio, tras una larga negociación en la Comisión de Reconstrucción, PSOE y Unidas Podemos han aparcado el 'impuesto a los ricos' para acercarse a los grupos y lograr un consenso para aprobar los presupuestos, aunque no descartan proponerlo en un futuro. Veremos qué pasa el 3 de julio, fecha límite para aprobar el borrador en el Congreso.
Éstas van a ser las subidas de impuestos que vienen y que más nos van a afectar (aunque habrá más):
1. Subida de los tipos en IRPF para las rentas del trabajo, de actividades económicas y de capital inmobiliario.
El aumento del IRPF -que afectará tanto a los ahorros como la base general que se nos aplica en las rentas de trabajo- durante este año, fue uno de los primeros acuerdos en materia de impuestos que hizo la coalición de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos para formar gobierno.
Se crearán dos tramos nuevos en la parte estatal de la escala general del IRPF con tipos incrementados. En concreto:
* A partir de 130.000€, se aumenta en dos puntos porcentuales.
* A partir de 300.000€, se incrementa en cuatro puntos.
Hay que tener en cuenta que la escala general del IRPF está dividida en dos tramos, el estatal y el autonómico. Si las comunidades autónomas suben los tipos de su escala general igual que lo hará el Gobierno, sumando ambas escalas, se quedarían de la siguiente manera:
* A partir de 130.000€, 49%.
* A partir de 300.000€, 53%.
2. Aumento de la tributación de las rentas del ahorro.
Se creará un nuevo tramo a partir de 140.000€ al que se aplicará un 27% de tipo de gravamen (incremento de 4 puntos en total).
O sea, que como ahorro, ¿tengo que pagar más? ¿Qué pasa, que no tenemos que ahorrar? Igual es lo que quieren, para que seamos más dependientes de las ayudas y subsidios del Gobierno y tengamos que votarles. ¿O quizás debemos guardar el dinero debajo del colchón, a la antigua usanza? ¿No se fomenta así la economía sumergida?
3. Subida del impuesto sobre el patrimonio: la ‘tasa Covid’ que grava a los ricos
La ‘tasa Covid’ casi duplicará el impuesto de patrimonio actual. Excluyendo el importe declarado hasta 400.000 euros de vivienda habitual, los ricos deberán pagar de manera progresiva un 2% a partir de un millón de euros; un 2,5% a partir de 10 millones; un 3% a partir de 30 millones y un 3,5% a partir de 100 millones. Este nuevo gravamen sustituiría al actual impuesto de Patrimonio.
Los mensajes populistas de Pablo Iglesias (el temor de que el Gobierno cumpla con las pretensiones del vicepresidente de nacionalizar empresas y socializar ahorros) desatan el pánico entre los grandes ahorradores, que buscan refugio para su dinero en el extranjero. ¿Habrá fuga de capitales? Todo apunta a que, esta vez sí, habrá fuga de capitales por parte de las grandes fortunas. Porque ante una subida de los impuestos, hay contribuyentes que ya miran dónde les sale más favorable declarar su patrimonio.
4. Subida del IVA.
El IVA es el impuesto que más recauda y el que menos perjudica el desarrollo económico. Actualmente, está al 21%. Países como Dinamarca, Suecia o Croacia lo tienen al 25%, Finlandia o Grecia, al 24%, e Irlanda y Portugal, al 23%.
El Gobierno puede considerar que aún tiene margen para subirlo, aunque no se fija en los países europeos que tienen el impuesto más bajo: Luxemburgo (15%), Malta (18%), Alemania (19%) y Chipre (19%), ni tampoco tiene en cuenta que países como Alemania han aplicado una bajada temporal del IVA del 19% al 16% hasta el 31 de diciembre de 2020 para reactivar el consumo y la economía tras la pandemia.
5. Reducción de la exención de dividendos entre empresas.
La exención por la percepción de dividendos percibidos de una sociedad en la que se posee más del 5% de su capital se reducirá. En estos casos, el 100% del dividendo está exento. La reforma prevé que la exención sea del 95%.
6. Tributación mínima en el impuesto sobre sociedades del 15%.
Entre las medidas que el actual Gobierno pretendía aprobar en la anterior legislatura, está la de establecer que la cuota líquida del impuesto sobre sociedades no podrá ser inferior al 15% de la base imponible positiva para las empresas que facturen más de 20 millones de euros o para aquellas que consoliden fiscalmente, que podrá subir al 18% en el caso de los sectores financiero y de los hidrocarburos. Para ello, además de esta reforma, se pondrá límite a las exenciones y deducciones fiscales a las que se pueden acoger el sector privado.
Esta medida es la más electoralista. Pero se produce la paradoja de que es la que menor incidencia va a tener en las empresas. Se establece un tipo mínimo del 15% para la base imponible positiva. No afectará cuando la entidad tenga fiscalmente pérdidas, ni a las exenciones por dividendos ni tampoco a las deducciones Y entonces, ¿qué es lo que va a limitar? Esta medida afectará a la deducción de I+D+i y alguna otra deducción que apenas tienen impacto recaudatorio.
Mientras que Sánchez quiere subir el Impuesto de Sociedades, Portugal no cobrará Sociedades a hoteles, restaurantes o empresas con un 40% menos de ventas.
7. Subida del valor fiscal de los inmuebles.
Esta medida, prevista en el anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, supondrá una subida de la tributación en los impuestos sobre transmisiones patrimoniales, sobre el patrimonio y sobre sucesiones y donaciones.
La reforma del Gobierno prevé el aumento del valor de los inmuebles. Se introduce un nuevo concepto: valor de referencia de mercado, que será el resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las transacciones inmobiliarias efectuadas contrastados con las restantes fuentes de información de que se disponga.
8. Tasas Tobin y Google
Antes de que termine el año, se espera que estén aprobados y en marcha la tasa Tobin sobre el mercado bursátil (que gravará un 0,2% la compra de acciones de grandes compañías españolas cotizadas, con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones) y la Tasa Google a los servicios digitales (que grava directamente con un 3% a la publicidad, la intermediación on-line y la venta de datos de las empresas digitales en las que el importe neto de sus operaciones mundiales superen los 750 millones de euros, con un mínimo de 3 millones en España).
Estados Unidos ha amenazado con gravar con fuertes aranceles a los productos provenientes de países que aprueben la llamada tasa Google (afectaría a nuestras exportaciones de automóviles, vino, aceite...). En el caso de España, de llevarse a cabo la amenaza de Trump, es seguro que los 968 millones que se prevén recaudar van a sen inferiores a la pérdida que se va a producir en actividad económica, empleo e impuestos. Por el momento, parece que la intimidación ha surtido efecto: la tasa Google, cuyo pago debería fraccionarse trimestralmente, se abonará de manera excepcional este 2020 a final de año.
El Banco de España ya ha avisado del riesgo de deslocalización si el Gobierno aprueba las tasas 'Google' y 'Tobin' de manera unilateral, sin tener en cuenta lo que se decida a nivel europeo. España se ha mostrado favorable a que sean la OCDE o la UE quienes tomen la delantera en el diseño de una tasa digital, pero a la vez ha dejado claro que avanzaría con un impuesto propio en el caso de que fracasara la negociación a escala global.
Además de las anteriores subidas, se prevén otras medidas que afectan a las sicavs, socimis, a los seguros de vida, al 'exit tax' o a las potestades administrativas. La reforma prevista es bastante ambiciosa. Falta por ver hasta dónde llegará.
Por otro lado, el Gobierno socialcomunista le meterá un tijeretazo (reducción del 20% al 14%) a las ONG que realizan labores sociales para inflar a organizaciones ecologistas y de cooperación internacional afines. El procedimiento elegido para recortar drásticamente la financiación a las ONG estatales de Acción Social ha sido el de trocear la casilla del 0,7% de fines sociales del IRPF. Está claro que Pablo Iglesias ha cambiado la fórmula del reparto para untar a todas aquellas organizaciones ecologistas y de cooperación que están en sus coordenadas ideológicas, castigando a algunas de las organizaciones más representativas del ámbito de lo social en España, entre ellas Cáritas, Cruz Roja, ONCE o CERMI.
Actualización 4 de agosto: Por fin un poco de cordura! Sánchez ha anunciado que, hasta que no llegue la recuperación económica (es decir, como mínimo hasta 2022) -en concreto hasta que "tengamos los niveles de PIB previos a la pandemia"- las subidas fiscales y de impuestos que se plantean en el acuerdo de Gobierno del PSOE con Unidas Podemos quedan aparcadas.
La bonificación de los ERTEs, la exención de la cuota de la Seguridad Social de los trabajadores en ERTE y a los autónomos por cese de actividad, además de los efectos que puede tener la pérdida de puestos de trabajo y, por tanto, pérdida de cotizantes, van a ser parte de los causantes de la reducción de los ingresos de la Seguridad Social (que en estos momentos debe asumir un déficit anual de 18 mil millones de euros).
Además, el Gobierno de coalición ha destinado 600 millones de euros a la financiación de prestaciones básicas de los servicios sociales de las comunidades autónomas, con especial atención a la asistencia domiciliaria de personas mayores.
España ha perdido jubilados, altas de jubilación y ha disminuido la factura de las pensiones debido a la alta mortalidad de personas mayores y al genocidio impuesto por el Gobierno en los geriátricos. Pero, a pesar de ello, no es suficiente. Para pagar las pensiones, el Gobierno tiene que buscar más ingresos, por lo que se ve forzado a reabrir el debate de la reforma del sistema público de pensiones. De hecho, la congelación y el endurecimiento de los requisitos para acceder a las mismas figuran en la batería de reformas que estudia ya La Moncloa. «De continuar la actual tendencia, con 9,7 millones de pensiones y 18,4 millones de cotizantes, el sistema será inviable de no acometerse una reforma inmediata», avisan.
Porque la pregunta es: ¿quién va a cotizar para sostener el actual sistema de pensiones?. La primera medida a tomar será la de congelar las nóminas de los pensionistas. Además, el Gobierno no descarta aplicar el denominado Índice de Revalorización de las Pensiones, un mecanismo de ajuste automático destinado a garantizar el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social y que en la práctica supondría un recorte de las prestaciones.
La reforma del sistema público de pensiones que prepara el Ejecutivo recoge también la limitación de las pensiones de viudedad a aquellas personas con determinado nivel de renta, aunque aún está por fijar esta cuantía y los tramos de la misma para dotarle de proporcionalidad.
También estudia aumentar la edad efectiva de jubilación y planea que se tenga en cuenta toda la vida laboral del trabajador a la hora de calcular la cuantía de la pensión. El Gobierno calcula que con esta nueva vuelta de tuerca se podría ahorrar hasta el 1% del PIB.
España es un país de clase media. Lo refleja la realidad y lo confirman las estadísticas, con un 76% de propietarios de viviendas y un 45% de los hogares con activos inmobiliarios que no son la primera vivienda.
España es también un país de empresas familiares. Solo 4.650 superan los 250 trabajadores por 1,3 millones con una plantilla inferior y 1,5 millones de autónomos sin asalariados. Según el INE, el 88,8% de las empresas españolas que tienen a las familias como núcleo generan el 66,7% del empleo y el 57,1% del PIB.
La clase media española es más extensa de lo que el Gobierno da a entender. Según datos oficiales del Banco de España, la riqueza neta mediana de los hogares es de 115.100 euros y la media, de 253.000 euros. Más reseñable es la disposición de esa riqueza, ya que un 97,6% de las familias españolas posee algún tipo de activo, real o financiero. Los activos reales constituyen el 80% del valor de los activos totales de los hogares, siendo la vivienda el activo más importante, seguido por otras propiedades inmobiliarias. En definitiva, los ahorros de los españoles están, sobre todo, en el ladrillo.
La proporción de los activos reales disminuye al aumentar la renta. Es decir, a mayor capacidad económica, menor es el peso de los activos reales y mayor el de los financieros, que se concentran en planes de pensiones, participaciones, acciones cotizadas, fondos de inversión y valores de renta fija. Un 11,6% de los hogares españoles poseen de manera directa acciones cotizadas en bolsa y un 7% de los hogares tiene fondos de inversión. Y no es solo cosa de clases altas o medias.
Con esta configuración, resulta casi imposible que un incremento de la presión fiscal no termine por afectar a la clase media y a los pequeños empresarios, por mucho que el Gobierno de coalición socialcomunista se empeñe en afirmar que el desorbitado incremento del gasto «lo pagarán los ricos». Los españoles de clase media serán quienes paguen la «tasa Tobin», por no hablar del impuestazo al diésel, que supone 600 millones de hachazo para todos, o la reforma del IRPF (328 millones). Unos 5.678 millones más recaudados que afectan también a la clase media.
El Ministerio de Economía del Gobierno de España está considerando una reforma legal para reducir los pagos en efectivo entre individuos de 2.500 a 1.000 euros, con la finalidad de "eliminar gradualmente el dinero en efectivo con el horizonte de su desaparición definitiva". La medida se enmarca en una serie de propuestas que buscan poner fin a la economía sumergida y aumentar la recaudación de impuestos.
La propuesta, presentada por el PSOE el 15 de junio, es totalmente contraria a los criterios de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE); directamente viola los principios del Tratado de la Unión Europea, que establece que los billetes y monedas en euros son de curso legal.
Por su parte, el BCE considera que imponer un límite de 1.000€ es "desproporcionado" porque entiende que limitar excesivamente el uso de billetes o favorecer su desaparición dañaría a los grupos sociales más vulnerables, como ancianos, inmigrantes y habitantes de zonas rurales, cuyo nivel de bancarización es muy inferior, y que dependerían para los actos de su economía doméstica de la decisión de las entidades bancarias o de los grandes proveedores de Internet. No olvidemos que, según los datos oficiales del gobierno, un 6% de la población española (3 millones de personas) no cuenta con una conexión a internet estable, ni que cerca de 14 millones de españoles no disponen de un smartphone. Ello imposibilita de que España pueda considerar la existencia de una economía 100% digital, sin dinero en efectivo.
Asimismo, este límite de 1.000€ dificultaría el establecimiento de transacciones legítimas y pondría en peligro el concepto de moneda de curso legal consagrado en el Tratado.
Además, el efectivo es el único medio de pago que permite a los ciudadanos realizar transacciones líquidas e instantáneas sin tener que pagar comisiones por el uso de este medio de pago. El uso de tarjetas por parte de los ciudadanos permitiría a los bancos establecer comisiones que son imposibles de evitar si el uso de transacciones electrónicas se hace obligatorio.
Otro punto que surge ante la posibilidad de vivir sin dinero en efectivo es el control que pudieran tener los gobiernos o emisores del dinero digital sobre los consumidores.
El 30 de junio se llevó al Congreso la propuesta para analizar las consecuencias que podría tener la desaparición del dinero en efectivo. La propuesta ha sido modificada por el propio PSOE eliminando el punto más controvertido. Así, en la enmienda, los socialistas hablan de que debe buscarse la "reducción de los límites del pago en objetivo con un objetivo a largo plazo, de una forma gradual, consensuada y coordinada en el ámbito de la Unión Europea".
Y Hacienda ya está trabajando en unos Presupuestos Generales del Estado para 2021 que contengan los incrementos tributarios derivados del aumento en el IRPF para las rentas más altas; un endurecimiento del impuesto de Sociedades (propone un tipo mínimo del 15% para grandes empresas y el 18% para la banca y las empresas de hidrocarburos); y la denominada 'fiscalidad medioambiental' (un modelo impositivo que tenga en cuenta el impacto ecológico y que desincentive las tecnologías más contaminantes) por la que se elevará el gravamen del diésel.
Pero también la tasa Tobin y la tasa Google, que Nadia Calviño (vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital) insta a «aprobar cuanto antes», o la armonización fiscal que Montero quiere sacar igualmente en el menor tiempo posible, y que no es otra cosa que eliminar las bonificaciones que algunas comunidades presentan en Patrimonio, Sucesiones o Donaciones.
Todos estos ingresos serán necesarios para dar forma a los «presupuestos de la reconstrucción», que tendrán que hacer frente al notable aumento del gasto social que ambiciona el Gobierno, al tiempo que trata de frenar los fuertes desequilibrios en forma de déficit y deuda. Y todo ello, después de la peor recesión de la historia reciente de España ante la que el Ejecutivo ya ha descartado cualquier reducción de, por ejemplo, el IVA para reactivar el consumo, como sí han hecho otros países como Alemania e Italia.
Como siempre, la unilateralidad con la que actúa el Ejecutivo hace caso omiso de las recomendaciones de los expertos y de la UE. Porque precisamente, una subida fiscal es todo lo contrario de lo que recomienda el FMI. El Fondo Monetario Internacional sugiere (en el Capítulo 2 de su informe ‘Monitor Fiscal’ publicado el 6 de mayo) a las economías avanzadas que adopten medidas fiscales para atajar el impacto económico de la crisis del coronavirus. Proponen, entre otras iniciativas, las rebajas temporales de impuestos a los salarios y al consumo como una bajada temporal del IVA o una reducción acotada en el tiempo de los impuestos laborales con el objetivo de incentivar la contratación. El FMI avisa de que un esquema de ingresos mínimos garantizados será efectivo realmente si es «selectivo, condicional y ligado a la situación económica».
No hace falta ser muy listo para saber que no se puede ni debe penalizar a la empresa, porque es la que sostiene con sus empleos a la gran mayoría de la población y, precisamente, ése es uno de los problemas más graves que vamos a tener en la era post-coronavirus: las elevadísimas cifras de paro. Y las empresas difícilmente se podrán recuperar si se ven asfixiadas por los problemas de liquidez y una subida fiscal. Sería mucho más inteligente ayudarlas para que continúen con su actividad y mantengan el mayor número posible de puestos de trabajo, que destinar el mismo dinero a subvencionar y ayudar a las personas en desempleo con una paguita universal. Pero el Gobierno socialcomunista se niega a cualquier incentivo fiscal que no sea un subsidio.
El presidente del Gobierno más multitudinario, ineficaz y caro de la historia de la democracia española hizo caso omiso de la propuesta que hizo la oposición el 9 de mayo sobre la posibilidad de que los 22 ministros, la legión de asesores y demás altos cargos nombrados a dedo se bajen el sueldo para contribuir al esfuerzo general en la superación de la crisis económica derivada de la pandemia. Y no sólo eso, sino que, pese a que la actividad en el Congreso y Senado lleva bajo mínimos desde hace dos meses, los parlamentarios siguen cobrando íntegramente sus sueldos, inflados con sus correspondientes gastos de manutención, alojamiento y desplazamientos: 2,2 millones de euros de las arcas públicas despilfarrados.
Por su parte, Iglesias ha llevado a la Comisión para la Reconstrucción su propuesta de un impuesto a las grandes fortunas (bautizado como "tasa Covid") que gravará entre un 2% y un 3,5% los patrimonios superiores a un millón de euros. Y para justificarse, tiene la desfachatez de decir en el Senado que "las grandes fortunas están deseando pagar más impuestos y hacer un ejercicio de patriotismo fiscal". Sin embargo, el 24 de junio, tras una larga negociación en la Comisión de Reconstrucción, PSOE y Unidas Podemos han aparcado el 'impuesto a los ricos' para acercarse a los grupos y lograr un consenso para aprobar los presupuestos, aunque no descartan proponerlo en un futuro. Veremos qué pasa el 3 de julio, fecha límite para aprobar el borrador en el Congreso.
La subida de impuestos que nos deja el coronavirus
Éstas van a ser las subidas de impuestos que vienen y que más nos van a afectar (aunque habrá más):
1. Subida de los tipos en IRPF para las rentas del trabajo, de actividades económicas y de capital inmobiliario.
El aumento del IRPF -que afectará tanto a los ahorros como la base general que se nos aplica en las rentas de trabajo- durante este año, fue uno de los primeros acuerdos en materia de impuestos que hizo la coalición de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos para formar gobierno.
Se crearán dos tramos nuevos en la parte estatal de la escala general del IRPF con tipos incrementados. En concreto:
* A partir de 130.000€, se aumenta en dos puntos porcentuales.
* A partir de 300.000€, se incrementa en cuatro puntos.
Hay que tener en cuenta que la escala general del IRPF está dividida en dos tramos, el estatal y el autonómico. Si las comunidades autónomas suben los tipos de su escala general igual que lo hará el Gobierno, sumando ambas escalas, se quedarían de la siguiente manera:
* A partir de 130.000€, 49%.
* A partir de 300.000€, 53%.
2. Aumento de la tributación de las rentas del ahorro.
Se creará un nuevo tramo a partir de 140.000€ al que se aplicará un 27% de tipo de gravamen (incremento de 4 puntos en total).
O sea, que como ahorro, ¿tengo que pagar más? ¿Qué pasa, que no tenemos que ahorrar? Igual es lo que quieren, para que seamos más dependientes de las ayudas y subsidios del Gobierno y tengamos que votarles. ¿O quizás debemos guardar el dinero debajo del colchón, a la antigua usanza? ¿No se fomenta así la economía sumergida?
3. Subida del impuesto sobre el patrimonio: la ‘tasa Covid’ que grava a los ricos
La ‘tasa Covid’ casi duplicará el impuesto de patrimonio actual. Excluyendo el importe declarado hasta 400.000 euros de vivienda habitual, los ricos deberán pagar de manera progresiva un 2% a partir de un millón de euros; un 2,5% a partir de 10 millones; un 3% a partir de 30 millones y un 3,5% a partir de 100 millones. Este nuevo gravamen sustituiría al actual impuesto de Patrimonio.
Los mensajes populistas de Pablo Iglesias (el temor de que el Gobierno cumpla con las pretensiones del vicepresidente de nacionalizar empresas y socializar ahorros) desatan el pánico entre los grandes ahorradores, que buscan refugio para su dinero en el extranjero. ¿Habrá fuga de capitales? Todo apunta a que, esta vez sí, habrá fuga de capitales por parte de las grandes fortunas. Porque ante una subida de los impuestos, hay contribuyentes que ya miran dónde les sale más favorable declarar su patrimonio.
4. Subida del IVA.
El IVA es el impuesto que más recauda y el que menos perjudica el desarrollo económico. Actualmente, está al 21%. Países como Dinamarca, Suecia o Croacia lo tienen al 25%, Finlandia o Grecia, al 24%, e Irlanda y Portugal, al 23%.
El Gobierno puede considerar que aún tiene margen para subirlo, aunque no se fija en los países europeos que tienen el impuesto más bajo: Luxemburgo (15%), Malta (18%), Alemania (19%) y Chipre (19%), ni tampoco tiene en cuenta que países como Alemania han aplicado una bajada temporal del IVA del 19% al 16% hasta el 31 de diciembre de 2020 para reactivar el consumo y la economía tras la pandemia.
5. Reducción de la exención de dividendos entre empresas.
La exención por la percepción de dividendos percibidos de una sociedad en la que se posee más del 5% de su capital se reducirá. En estos casos, el 100% del dividendo está exento. La reforma prevé que la exención sea del 95%.
6. Tributación mínima en el impuesto sobre sociedades del 15%.
Entre las medidas que el actual Gobierno pretendía aprobar en la anterior legislatura, está la de establecer que la cuota líquida del impuesto sobre sociedades no podrá ser inferior al 15% de la base imponible positiva para las empresas que facturen más de 20 millones de euros o para aquellas que consoliden fiscalmente, que podrá subir al 18% en el caso de los sectores financiero y de los hidrocarburos. Para ello, además de esta reforma, se pondrá límite a las exenciones y deducciones fiscales a las que se pueden acoger el sector privado.
Esta medida es la más electoralista. Pero se produce la paradoja de que es la que menor incidencia va a tener en las empresas. Se establece un tipo mínimo del 15% para la base imponible positiva. No afectará cuando la entidad tenga fiscalmente pérdidas, ni a las exenciones por dividendos ni tampoco a las deducciones Y entonces, ¿qué es lo que va a limitar? Esta medida afectará a la deducción de I+D+i y alguna otra deducción que apenas tienen impacto recaudatorio.
Mientras que Sánchez quiere subir el Impuesto de Sociedades, Portugal no cobrará Sociedades a hoteles, restaurantes o empresas con un 40% menos de ventas.
7. Subida del valor fiscal de los inmuebles.
Esta medida, prevista en el anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, supondrá una subida de la tributación en los impuestos sobre transmisiones patrimoniales, sobre el patrimonio y sobre sucesiones y donaciones.
La reforma del Gobierno prevé el aumento del valor de los inmuebles. Se introduce un nuevo concepto: valor de referencia de mercado, que será el resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las transacciones inmobiliarias efectuadas contrastados con las restantes fuentes de información de que se disponga.
8. Tasas Tobin y Google
Antes de que termine el año, se espera que estén aprobados y en marcha la tasa Tobin sobre el mercado bursátil (que gravará un 0,2% la compra de acciones de grandes compañías españolas cotizadas, con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones) y la Tasa Google a los servicios digitales (que grava directamente con un 3% a la publicidad, la intermediación on-line y la venta de datos de las empresas digitales en las que el importe neto de sus operaciones mundiales superen los 750 millones de euros, con un mínimo de 3 millones en España).
Estados Unidos ha amenazado con gravar con fuertes aranceles a los productos provenientes de países que aprueben la llamada tasa Google (afectaría a nuestras exportaciones de automóviles, vino, aceite...). En el caso de España, de llevarse a cabo la amenaza de Trump, es seguro que los 968 millones que se prevén recaudar van a sen inferiores a la pérdida que se va a producir en actividad económica, empleo e impuestos. Por el momento, parece que la intimidación ha surtido efecto: la tasa Google, cuyo pago debería fraccionarse trimestralmente, se abonará de manera excepcional este 2020 a final de año.
El Banco de España ya ha avisado del riesgo de deslocalización si el Gobierno aprueba las tasas 'Google' y 'Tobin' de manera unilateral, sin tener en cuenta lo que se decida a nivel europeo. España se ha mostrado favorable a que sean la OCDE o la UE quienes tomen la delantera en el diseño de una tasa digital, pero a la vez ha dejado claro que avanzaría con un impuesto propio en el caso de que fracasara la negociación a escala global.
Además de las anteriores subidas, se prevén otras medidas que afectan a las sicavs, socimis, a los seguros de vida, al 'exit tax' o a las potestades administrativas. La reforma prevista es bastante ambiciosa. Falta por ver hasta dónde llegará.
Por otro lado, el Gobierno socialcomunista le meterá un tijeretazo (reducción del 20% al 14%) a las ONG que realizan labores sociales para inflar a organizaciones ecologistas y de cooperación internacional afines. El procedimiento elegido para recortar drásticamente la financiación a las ONG estatales de Acción Social ha sido el de trocear la casilla del 0,7% de fines sociales del IRPF. Está claro que Pablo Iglesias ha cambiado la fórmula del reparto para untar a todas aquellas organizaciones ecologistas y de cooperación que están en sus coordenadas ideológicas, castigando a algunas de las organizaciones más representativas del ámbito de lo social en España, entre ellas Cáritas, Cruz Roja, ONCE o CERMI.
Actualización 4 de agosto: Por fin un poco de cordura! Sánchez ha anunciado que, hasta que no llegue la recuperación económica (es decir, como mínimo hasta 2022) -en concreto hasta que "tengamos los niveles de PIB previos a la pandemia"- las subidas fiscales y de impuestos que se plantean en el acuerdo de Gobierno del PSOE con Unidas Podemos quedan aparcadas.
La reforma de las pensiones
La bonificación de los ERTEs, la exención de la cuota de la Seguridad Social de los trabajadores en ERTE y a los autónomos por cese de actividad, además de los efectos que puede tener la pérdida de puestos de trabajo y, por tanto, pérdida de cotizantes, van a ser parte de los causantes de la reducción de los ingresos de la Seguridad Social (que en estos momentos debe asumir un déficit anual de 18 mil millones de euros).
Además, el Gobierno de coalición ha destinado 600 millones de euros a la financiación de prestaciones básicas de los servicios sociales de las comunidades autónomas, con especial atención a la asistencia domiciliaria de personas mayores.
España ha perdido jubilados, altas de jubilación y ha disminuido la factura de las pensiones debido a la alta mortalidad de personas mayores y al genocidio impuesto por el Gobierno en los geriátricos. Pero, a pesar de ello, no es suficiente. Para pagar las pensiones, el Gobierno tiene que buscar más ingresos, por lo que se ve forzado a reabrir el debate de la reforma del sistema público de pensiones. De hecho, la congelación y el endurecimiento de los requisitos para acceder a las mismas figuran en la batería de reformas que estudia ya La Moncloa. «De continuar la actual tendencia, con 9,7 millones de pensiones y 18,4 millones de cotizantes, el sistema será inviable de no acometerse una reforma inmediata», avisan.
Porque la pregunta es: ¿quién va a cotizar para sostener el actual sistema de pensiones?. La primera medida a tomar será la de congelar las nóminas de los pensionistas. Además, el Gobierno no descarta aplicar el denominado Índice de Revalorización de las Pensiones, un mecanismo de ajuste automático destinado a garantizar el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social y que en la práctica supondría un recorte de las prestaciones.
La reforma del sistema público de pensiones que prepara el Ejecutivo recoge también la limitación de las pensiones de viudedad a aquellas personas con determinado nivel de renta, aunque aún está por fijar esta cuantía y los tramos de la misma para dotarle de proporcionalidad.
También estudia aumentar la edad efectiva de jubilación y planea que se tenga en cuenta toda la vida laboral del trabajador a la hora de calcular la cuantía de la pensión. El Gobierno calcula que con esta nueva vuelta de tuerca se podría ahorrar hasta el 1% del PIB.
El hachazo a la clase media
España es un país de clase media. Lo refleja la realidad y lo confirman las estadísticas, con un 76% de propietarios de viviendas y un 45% de los hogares con activos inmobiliarios que no son la primera vivienda.
España es también un país de empresas familiares. Solo 4.650 superan los 250 trabajadores por 1,3 millones con una plantilla inferior y 1,5 millones de autónomos sin asalariados. Según el INE, el 88,8% de las empresas españolas que tienen a las familias como núcleo generan el 66,7% del empleo y el 57,1% del PIB.
La clase media española es más extensa de lo que el Gobierno da a entender. Según datos oficiales del Banco de España, la riqueza neta mediana de los hogares es de 115.100 euros y la media, de 253.000 euros. Más reseñable es la disposición de esa riqueza, ya que un 97,6% de las familias españolas posee algún tipo de activo, real o financiero. Los activos reales constituyen el 80% del valor de los activos totales de los hogares, siendo la vivienda el activo más importante, seguido por otras propiedades inmobiliarias. En definitiva, los ahorros de los españoles están, sobre todo, en el ladrillo.
La proporción de los activos reales disminuye al aumentar la renta. Es decir, a mayor capacidad económica, menor es el peso de los activos reales y mayor el de los financieros, que se concentran en planes de pensiones, participaciones, acciones cotizadas, fondos de inversión y valores de renta fija. Un 11,6% de los hogares españoles poseen de manera directa acciones cotizadas en bolsa y un 7% de los hogares tiene fondos de inversión. Y no es solo cosa de clases altas o medias.
Con esta configuración, resulta casi imposible que un incremento de la presión fiscal no termine por afectar a la clase media y a los pequeños empresarios, por mucho que el Gobierno de coalición socialcomunista se empeñe en afirmar que el desorbitado incremento del gasto «lo pagarán los ricos». Los españoles de clase media serán quienes paguen la «tasa Tobin», por no hablar del impuestazo al diésel, que supone 600 millones de hachazo para todos, o la reforma del IRPF (328 millones). Unos 5.678 millones más recaudados que afectan también a la clase media.
¿El fin del dinero en efectivo?
El Ministerio de Economía del Gobierno de España está considerando una reforma legal para reducir los pagos en efectivo entre individuos de 2.500 a 1.000 euros, con la finalidad de "eliminar gradualmente el dinero en efectivo con el horizonte de su desaparición definitiva". La medida se enmarca en una serie de propuestas que buscan poner fin a la economía sumergida y aumentar la recaudación de impuestos.
La propuesta, presentada por el PSOE el 15 de junio, es totalmente contraria a los criterios de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE); directamente viola los principios del Tratado de la Unión Europea, que establece que los billetes y monedas en euros son de curso legal.
Por su parte, el BCE considera que imponer un límite de 1.000€ es "desproporcionado" porque entiende que limitar excesivamente el uso de billetes o favorecer su desaparición dañaría a los grupos sociales más vulnerables, como ancianos, inmigrantes y habitantes de zonas rurales, cuyo nivel de bancarización es muy inferior, y que dependerían para los actos de su economía doméstica de la decisión de las entidades bancarias o de los grandes proveedores de Internet. No olvidemos que, según los datos oficiales del gobierno, un 6% de la población española (3 millones de personas) no cuenta con una conexión a internet estable, ni que cerca de 14 millones de españoles no disponen de un smartphone. Ello imposibilita de que España pueda considerar la existencia de una economía 100% digital, sin dinero en efectivo.
Asimismo, este límite de 1.000€ dificultaría el establecimiento de transacciones legítimas y pondría en peligro el concepto de moneda de curso legal consagrado en el Tratado.
Además, el efectivo es el único medio de pago que permite a los ciudadanos realizar transacciones líquidas e instantáneas sin tener que pagar comisiones por el uso de este medio de pago. El uso de tarjetas por parte de los ciudadanos permitiría a los bancos establecer comisiones que son imposibles de evitar si el uso de transacciones electrónicas se hace obligatorio.
Otro punto que surge ante la posibilidad de vivir sin dinero en efectivo es el control que pudieran tener los gobiernos o emisores del dinero digital sobre los consumidores.
El 30 de junio se llevó al Congreso la propuesta para analizar las consecuencias que podría tener la desaparición del dinero en efectivo. La propuesta ha sido modificada por el propio PSOE eliminando el punto más controvertido. Así, en la enmienda, los socialistas hablan de que debe buscarse la "reducción de los límites del pago en objetivo con un objetivo a largo plazo, de una forma gradual, consensuada y coordinada en el ámbito de la Unión Europea".