Dos grandes buques insignias del sistema financiero español, Caixabank y Bankia, declararon el 3 de septiembre su compromiso de unión, como si de un matrimonio de dos grandes familias se tratase. Por un lado, Caixabank, primer banco en activos del sistema financiero español, 369 mil millones en 2019 y con una de las mayores carteras corporativas de España. Por el otro, Bankia-BFA, que fue ‘inyectada’ con 24.069 millones de euros de dinero público (durante el rescate bancario de 2012) a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
(Esto significó que el Estado, todos nosotros, tomamos entonces una participación en Bankia como accionistas). Lo que nos vamos a encontrar tras esta unión es un transatlántico financiero de más de 650 mil millones en activos. El Estado (nosotros) pasaremos a poseer una participación en Bankia del 61,8% a una participación de alrededor del 14% en esta nueva entidad, mucho más grande por supuesto.
Es evidente que el Gobierno tiene un gran interés en que este matrimonio salga adelante. Lo demuestra el hecho de que minutos después de confirmarse que ambas estaban negociando, el Ministerio de Economía ya anunciaba que miraría con buenos ojos la operación si ésta salía adelante. Al Estado le interesa un banco más fuerte, teóricamente más rentable para intentar recuperar buena parte del dinero del rescate (hasta el momento, sólo se han recuperado unos 3.000 millones en concepto de dividendos y de ventas parciales de acciones).
La crisis de 2008 zurró a España con especial virulencia, porque aquí pincharon a la par dos burbujas: una inmobiliaria y otra financiera. La parte gangrenada del sistema financiero no era la banca privada, sino las cajas de ahorros, sepulcros blanqueados donde los políticos tenían mano para meter la cuchara y donde algunos de sus primeros ejecutivos se creyeron que eran suyas y a veces se comportaron como caciques locales de laxo rigor técnico. La banca es la savia que vivifica la economía. Si su flujo se colapsa, los países se van al carajo. Así que hubo que acometer una 'cirugía de emergencia' en forma de fusiones y rescates con dinero público (el mayor, el de Bankia).
Si en 2008 había 55 entidades financieras en España, hoy quedan 12. Las cajas han desaparecido, salvo excepciones testimoniales. Todos esos movimientos empresariales y reformas no se hacen por capricho, sino para sobrevivir en el mercado. Y ahora los bancos atraviesan otro momento de tensión debido a una larga etapa de tipos de interés por los suelos, que va a continuar.
Tras conocerse la noticia de la fusión, champán en el Ibex. La acción de CaixaBank se disparó un 12% y la de Bankia, un 32%. Los mercados aplauden y los políticos lo ven bien o con neutralidad. Solo hay una excepción: Podemos, el partido antiprogreso, incapaz de secundar una sola iniciativa u operación empresarial que ayude al país a avanzar.
El Banco Central Europeo (BCE) animaba a las entidades a acometer fusiones desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque desde 2012, con la bajada de tipos de interés (incluso negativos), las entidades han ido perdiendo rentabilidad. ¿Y cómo pueden ser más rentables ante la caída de ingresos? Pues recortando gastos. Y la vía más eficaz para ello es una fusión, pues ello permite reducir costes operativos, personal y oficinas con el fin de evitar duplicidades. La mala noticia es para los trabajadores: cerrará una de cada cuatro oficinas, aproximadamente, con la consiguiente destrucción de miles de empleos.
Todo hace pensar que va a ser una operación bastante ordenada, rápida y ágil. Se prevé que el acuerdo pudiera estar firmado en un plazo de unos 10 días. La operación se ha planteado como una fusión por absorción, en la que la entidad mayor (CaixaBank) absorberá a la menor (Bankia) mediante un canje de acciones. Se trata de la fusión más importante que se produce en España desde hace 20 años. La entidad resultante tendrá unos activos de más de 664.027 millones, 6.600 sucursales, una plantilla de más de 51.500 empleados y 24 millones de clientes.
Pero este matrimonio de conveniencia no está exento de peligros. Se abre, sin lugar a dudas, un camino azaroso hacia un sector con pocos competidores que podría acabar difiriendo recursos de sectores productivos (trabajadores y empresas) a otros que no lo son tanto, reduciendo así la competitividad y la riqueza nacional.
Las organizaciones de consumidores temen que el tamaño de la entidad fusionada, la mayor de España, se convierta en un blindaje por aquello del "too big too fail" (demasiado grande como para dejarlo caer). Es un concepto económico que se utiliza para describir la situación de un banco o de otra cualquier institución financiera, cuya quiebra tendría consecuencias desastrosas sobre la economía. Y es que la nueva entidad se hará con un 23% de cuota de mercado, tanto en el negocio del crédito como en el de depósitos, aunque en determinados territorios la cuota podría llegar a superar el 40%.
La menor competencia tiene una víctima: el consumidor final, y teniendo en cuenta que prácticamente todos nosotros somos consumidores de servicios bancarios, ésto podría derivar en un encarecimiento de los servicios para la población en general.
La asociación en defensa de los consumidores Asufin opina que esta fusión supone un importante movimiento de concentración bancaria que es preocupante al limitar la competencia y que además representa un riesgo para el consumidor. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ha mostrado su preocupación por el efecto que pueden tener ésta y otras futuras fusiones en el precio de los servicios financieros, y ha pedido al Gobierno que antes de autorizarla imponga medidas que garanticen un adecuado nivel de competencia.
La creación de un elefante financiero estatal ha formado parte de las reivindicaciones del partido de Pablo Iglesias desde los inicios de su formación. En cuanto ha tenido ocasión, el partido morado no ha dudado en cargar contra el negocio de la banca privada. Considera que el Estado sería capaz de hacerlo mucho mejor. El rescate de las cajas, los desahucios, los pisos vacíos... en los últimos años, la demonización de la banca por parte de Podemos no ha dado tregua. Pero ahora, a Podemos se le esfuma el sueño de la banca pública.
Tras la fusión, Bankia ya no será una entidad nacionalizada, pues el Estado habrá perdido su mayoría de control. Y ésto, al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, le ha sentado como una patada en el culo. Dicen desde la formación morada que “ni lo conocíamos ni nos parece bien”. No es de extrañar, ya que con esta operación, el sueño dorado de lograr una banca pública que se ocupe de financiar la modernización del tejido productivo se aleja definitivamente.
A la extrema izquierda le interesan los países arruinados, la gente hambrienta y las instituciones sin prestigio para hacerse con el poder (otra forma no tiene), y gobernar como le dé la gana. Así que los peros de Iglesias (que el Estado no recuperará el dinero invertido en Bankia, cuando su valor ya se ha disparado, y la posible pérdida de puestos de trabajo, cuando podría perderlos todos de seguir en solitario) confirman que ha sido una jugada maestra, que revierte aquel gran error de la Transición de dejar las humildes, prácticas, extendidas Cajas de Ahorro y Montes de Piedad en manos de los políticos locales.
Pero lo que en realidad se trasluce de esas palabras de Iglesias es que la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, le ha vuelto a ganar la partida. Ella siempre fue partidaria de que el sector financiero se concentre para ganar rentabilidad, y de que el Estado -de forma progresiva- vaya saliendo de Bankia (o de cualquier otro banco).
El PSOE (con Nadia Calviño a la cabeza) ha vuelto a imponer su voluntad frente a la propuesta económica de Podemos que figuraba en su programa electoral del 10-N: nacionalizar Bankia. Eso sí, ambos partidos han pactado diversas medidas en contra del sector, como la tasa a las transacciones financieras o la subida de su tipo mínimo de Sociedades al 18% para los bancos. Esta última todavía dependerá de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Dando la nacionalización de Bankia por perdida, Iglesias aboga ahora por una banca pública a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que da financiación a pequeñas y medianas empresas en los segmentos donde no llega la banca privada. Lo que parece no saber el vicepresidente es que el ICO ya es un banco público, adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
Populismo adolescente colocado más allá de su umbral de competencia. El mundo real le queda grande al vicepresidente-florero, que está muy ocupado con su pendiente y su moño nuevos.
El matrimonio CaixaBank y Bankia va mucho más allá que una simple operación mercantil; tiene grandes connotaciones políticas regionales. De hecho, está en sintonía con el antagonismo Madrid vs. Barcelona. La primera por lo que supone para Cataluña, ¡La Caixa! La segunda por lo que supone por sus orígenes: la fusión de distintas cajas de ahorro con Caja Madrid y Bancaja a la cabeza que caminaban hacia la bancarrota con Rodrigo Rato al frente (y acabó en la cárcel).
El bankazo será un bofetón al independentismo catalán. Entre las muchas empresas que decidieron trasladar su sede fuera de Cataluña huyendo del clima secesionista, la Caixa fue la más importante, que lo hizo a Valencia, lo que le valió la acusación de traidora. El consejero de Empresa de la Generalitat (conocido por su activismo de ciega obediencia a Puigdemont), Ramón Tremosa, ya ha manifestado que la sede natural del nuevo banco debería ser Barcelona porque, según él, la potencia la pone CaixaBank frente a "un banco rescatado y mantenido artificialmente". Sin embargo, ambas tienen su sede en Valencia, y allí seguirá estando la sede del nuevo oligopolio bancario tras la fusión.
Por lo tanto, el matrimonio Bankia-CaixaBank va mucho más allá que una simple concentración bancaria, aunque es obvio que se trata de un instrumento necesario, pero no suficiente, para reparar viejas heridas alimentadas por 'salvapatrias' de todo tipo y condición. Con ello se desdibuja la barricada entre los que quieren o temen una españolización de La Caixa y los que quieren o temen una catalanización de Bankia.
Es evidente que esa integración económica entre Madrid y Barcelona en aspectos clave como la inversión crediticia, la cultura empresarial de ambas entidades o, incluso, la integración de plantillas, sería incompleta si, al mismo tiempo, no se diseña una nueva arquitectura institucional que pasa por la modernización del pacto territorial de 1978.
No para satisfacer a Madrid o a Barcelona, sino para reequilibrar la presencia del Estado en todas las comunidades autónomas, y que hoy está claramente sesgada en beneficio de la capital de España, que capta la mayor parte de la inversión extranjera directa por mor de una capitalidad artificialmente sobredimensionada. Lo mismo que en el pasado los industriales catalanes se aprovecharon de su influencia política para proteger sus intereses.
Esta fusión va mucho más allá que una operación mercantil, que también lo es. Supone la liquidación de un cierto frentismo territorial basado en el sistema financiero, y que tantos miles de millones de euros ha costado a los contribuyentes.
(Esto significó que el Estado, todos nosotros, tomamos entonces una participación en Bankia como accionistas). Lo que nos vamos a encontrar tras esta unión es un transatlántico financiero de más de 650 mil millones en activos. El Estado (nosotros) pasaremos a poseer una participación en Bankia del 61,8% a una participación de alrededor del 14% en esta nueva entidad, mucho más grande por supuesto.
Es evidente que el Gobierno tiene un gran interés en que este matrimonio salga adelante. Lo demuestra el hecho de que minutos después de confirmarse que ambas estaban negociando, el Ministerio de Economía ya anunciaba que miraría con buenos ojos la operación si ésta salía adelante. Al Estado le interesa un banco más fuerte, teóricamente más rentable para intentar recuperar buena parte del dinero del rescate (hasta el momento, sólo se han recuperado unos 3.000 millones en concepto de dividendos y de ventas parciales de acciones).
La crisis de 2008 zurró a España con especial virulencia, porque aquí pincharon a la par dos burbujas: una inmobiliaria y otra financiera. La parte gangrenada del sistema financiero no era la banca privada, sino las cajas de ahorros, sepulcros blanqueados donde los políticos tenían mano para meter la cuchara y donde algunos de sus primeros ejecutivos se creyeron que eran suyas y a veces se comportaron como caciques locales de laxo rigor técnico. La banca es la savia que vivifica la economía. Si su flujo se colapsa, los países se van al carajo. Así que hubo que acometer una 'cirugía de emergencia' en forma de fusiones y rescates con dinero público (el mayor, el de Bankia).
Si en 2008 había 55 entidades financieras en España, hoy quedan 12. Las cajas han desaparecido, salvo excepciones testimoniales. Todos esos movimientos empresariales y reformas no se hacen por capricho, sino para sobrevivir en el mercado. Y ahora los bancos atraviesan otro momento de tensión debido a una larga etapa de tipos de interés por los suelos, que va a continuar.
Tras conocerse la noticia de la fusión, champán en el Ibex. La acción de CaixaBank se disparó un 12% y la de Bankia, un 32%. Los mercados aplauden y los políticos lo ven bien o con neutralidad. Solo hay una excepción: Podemos, el partido antiprogreso, incapaz de secundar una sola iniciativa u operación empresarial que ayude al país a avanzar.
El Banco Central Europeo (BCE) animaba a las entidades a acometer fusiones desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque desde 2012, con la bajada de tipos de interés (incluso negativos), las entidades han ido perdiendo rentabilidad. ¿Y cómo pueden ser más rentables ante la caída de ingresos? Pues recortando gastos. Y la vía más eficaz para ello es una fusión, pues ello permite reducir costes operativos, personal y oficinas con el fin de evitar duplicidades. La mala noticia es para los trabajadores: cerrará una de cada cuatro oficinas, aproximadamente, con la consiguiente destrucción de miles de empleos.
Todo hace pensar que va a ser una operación bastante ordenada, rápida y ágil. Se prevé que el acuerdo pudiera estar firmado en un plazo de unos 10 días. La operación se ha planteado como una fusión por absorción, en la que la entidad mayor (CaixaBank) absorberá a la menor (Bankia) mediante un canje de acciones. Se trata de la fusión más importante que se produce en España desde hace 20 años. La entidad resultante tendrá unos activos de más de 664.027 millones, 6.600 sucursales, una plantilla de más de 51.500 empleados y 24 millones de clientes.
Pero este matrimonio de conveniencia no está exento de peligros. Se abre, sin lugar a dudas, un camino azaroso hacia un sector con pocos competidores que podría acabar difiriendo recursos de sectores productivos (trabajadores y empresas) a otros que no lo son tanto, reduciendo así la competitividad y la riqueza nacional.
Las organizaciones de consumidores temen que el tamaño de la entidad fusionada, la mayor de España, se convierta en un blindaje por aquello del "too big too fail" (demasiado grande como para dejarlo caer). Es un concepto económico que se utiliza para describir la situación de un banco o de otra cualquier institución financiera, cuya quiebra tendría consecuencias desastrosas sobre la economía. Y es que la nueva entidad se hará con un 23% de cuota de mercado, tanto en el negocio del crédito como en el de depósitos, aunque en determinados territorios la cuota podría llegar a superar el 40%.
La menor competencia tiene una víctima: el consumidor final, y teniendo en cuenta que prácticamente todos nosotros somos consumidores de servicios bancarios, ésto podría derivar en un encarecimiento de los servicios para la población en general.
La asociación en defensa de los consumidores Asufin opina que esta fusión supone un importante movimiento de concentración bancaria que es preocupante al limitar la competencia y que además representa un riesgo para el consumidor. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ha mostrado su preocupación por el efecto que pueden tener ésta y otras futuras fusiones en el precio de los servicios financieros, y ha pedido al Gobierno que antes de autorizarla imponga medidas que garanticen un adecuado nivel de competencia.
Iglesias, sin banca pública
La creación de un elefante financiero estatal ha formado parte de las reivindicaciones del partido de Pablo Iglesias desde los inicios de su formación. En cuanto ha tenido ocasión, el partido morado no ha dudado en cargar contra el negocio de la banca privada. Considera que el Estado sería capaz de hacerlo mucho mejor. El rescate de las cajas, los desahucios, los pisos vacíos... en los últimos años, la demonización de la banca por parte de Podemos no ha dado tregua. Pero ahora, a Podemos se le esfuma el sueño de la banca pública.
Tras la fusión, Bankia ya no será una entidad nacionalizada, pues el Estado habrá perdido su mayoría de control. Y ésto, al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, le ha sentado como una patada en el culo. Dicen desde la formación morada que “ni lo conocíamos ni nos parece bien”. No es de extrañar, ya que con esta operación, el sueño dorado de lograr una banca pública que se ocupe de financiar la modernización del tejido productivo se aleja definitivamente.
A la extrema izquierda le interesan los países arruinados, la gente hambrienta y las instituciones sin prestigio para hacerse con el poder (otra forma no tiene), y gobernar como le dé la gana. Así que los peros de Iglesias (que el Estado no recuperará el dinero invertido en Bankia, cuando su valor ya se ha disparado, y la posible pérdida de puestos de trabajo, cuando podría perderlos todos de seguir en solitario) confirman que ha sido una jugada maestra, que revierte aquel gran error de la Transición de dejar las humildes, prácticas, extendidas Cajas de Ahorro y Montes de Piedad en manos de los políticos locales.
Pero lo que en realidad se trasluce de esas palabras de Iglesias es que la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, le ha vuelto a ganar la partida. Ella siempre fue partidaria de que el sector financiero se concentre para ganar rentabilidad, y de que el Estado -de forma progresiva- vaya saliendo de Bankia (o de cualquier otro banco).
El PSOE (con Nadia Calviño a la cabeza) ha vuelto a imponer su voluntad frente a la propuesta económica de Podemos que figuraba en su programa electoral del 10-N: nacionalizar Bankia. Eso sí, ambos partidos han pactado diversas medidas en contra del sector, como la tasa a las transacciones financieras o la subida de su tipo mínimo de Sociedades al 18% para los bancos. Esta última todavía dependerá de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Dando la nacionalización de Bankia por perdida, Iglesias aboga ahora por una banca pública a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que da financiación a pequeñas y medianas empresas en los segmentos donde no llega la banca privada. Lo que parece no saber el vicepresidente es que el ICO ya es un banco público, adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
Populismo adolescente colocado más allá de su umbral de competencia. El mundo real le queda grande al vicepresidente-florero, que está muy ocupado con su pendiente y su moño nuevos.
La hora de la bicapitalidad
El matrimonio CaixaBank y Bankia va mucho más allá que una simple operación mercantil; tiene grandes connotaciones políticas regionales. De hecho, está en sintonía con el antagonismo Madrid vs. Barcelona. La primera por lo que supone para Cataluña, ¡La Caixa! La segunda por lo que supone por sus orígenes: la fusión de distintas cajas de ahorro con Caja Madrid y Bancaja a la cabeza que caminaban hacia la bancarrota con Rodrigo Rato al frente (y acabó en la cárcel).
El bankazo será un bofetón al independentismo catalán. Entre las muchas empresas que decidieron trasladar su sede fuera de Cataluña huyendo del clima secesionista, la Caixa fue la más importante, que lo hizo a Valencia, lo que le valió la acusación de traidora. El consejero de Empresa de la Generalitat (conocido por su activismo de ciega obediencia a Puigdemont), Ramón Tremosa, ya ha manifestado que la sede natural del nuevo banco debería ser Barcelona porque, según él, la potencia la pone CaixaBank frente a "un banco rescatado y mantenido artificialmente". Sin embargo, ambas tienen su sede en Valencia, y allí seguirá estando la sede del nuevo oligopolio bancario tras la fusión.
Por lo tanto, el matrimonio Bankia-CaixaBank va mucho más allá que una simple concentración bancaria, aunque es obvio que se trata de un instrumento necesario, pero no suficiente, para reparar viejas heridas alimentadas por 'salvapatrias' de todo tipo y condición. Con ello se desdibuja la barricada entre los que quieren o temen una españolización de La Caixa y los que quieren o temen una catalanización de Bankia.
Es evidente que esa integración económica entre Madrid y Barcelona en aspectos clave como la inversión crediticia, la cultura empresarial de ambas entidades o, incluso, la integración de plantillas, sería incompleta si, al mismo tiempo, no se diseña una nueva arquitectura institucional que pasa por la modernización del pacto territorial de 1978.
No para satisfacer a Madrid o a Barcelona, sino para reequilibrar la presencia del Estado en todas las comunidades autónomas, y que hoy está claramente sesgada en beneficio de la capital de España, que capta la mayor parte de la inversión extranjera directa por mor de una capitalidad artificialmente sobredimensionada. Lo mismo que en el pasado los industriales catalanes se aprovecharon de su influencia política para proteger sus intereses.
Esta fusión va mucho más allá que una operación mercantil, que también lo es. Supone la liquidación de un cierto frentismo territorial basado en el sistema financiero, y que tantos miles de millones de euros ha costado a los contribuyentes.