Insumisos, así se denomina ahora a aquellos progenitores que, ante la incertidumbre y el miedo que provoca la vuelta al cole de los menores, se están planteando no llevar a sus hijos al colegio por considerar que no se dan las condiciones de seguridad necesarias.
Y es que no se trata solo de poner en peligro la salud de tus hijos, sino también la tuya propia, e incluso de los abuelos (grupos de riesgo) o cuidadores. No olvidemos lo difícil que es conciliar, a lo que se une que ya estamos inmersos en plena segunda ola de la pandemia. Nuestro estado de bienestar siempre ha tenido un déficit claro de políticas familiares.
Porque... ¿dónde está la lógica en meter a los niños en un espacio cerrado con 20 o 25 personas cuando el propio gobierno ha prohibido juntarse más de10 6 en exteriores? ¿Por qué en marzo sí se podía dar educación de forma virtual "por seguridad" y ahora, que estamos en plena segunda ola, no? ¿Por qué hay que elegir entre que los abuelos dejen de ver a sus nietos durante un año y que los servicios sociales abran un expediente a los padres y les pongan una sanción?
Ni siquiera los grupos burbuja de 25 niños son seguros, porque es muy difícil para un profesor impedir que se toquen o se quiten la mascarilla (especialmente entre los más pequeños).
Además, las denominadas "burbujas" sólo garantizarían la tranquilidad si estuvieran cerradas, pero cada alumno de esos niveles educativos y su docente también conviven con los miembros de sus propias familias. Un estudio de un equipo de investigadores de la Universidad de Granada concluye que, teniendo en cuenta una familia tipo formada por dos adultos y 1,5 hijos de media, nos encontraríamos con que cada uno de los 20 escolares en esas clases tendría una exposición a un grupo de 74 personas en su primer día de clase. Si el número de escolares en la clase sube a 25, el nº de personas implicadas subiría hasta 91 personas sólo con los de la misma clase, y 1.228 personas contando las clases de hermanos.
Y luego están los espacios comunes, el patio, el comedor, los baños, que no se desinfectan a todas horas y que son usados por todos los alumnos.
En cuanto haya un contagio en el colegio habrá un brote, porque encima los niños son, en la mayoría de los casos, asintomáticos y el virus correrá silenciosamente entre las familias. Nos daremos cuenta del brote cuando ya sea demasiado tarde y las personas más vulnerables se hayan contagiado (o fallecido). ¿Qué pasará cuando alguien fallezca por un contagio originado en un colegio tras obligarnos a llevar a nuestros hijos? ¿Quién será el responsable?
Me temo que con el tipo de vuelta al cole que se plantea, tan parecida a cualquier otro septiembre, dadas las vagas medidas planteadas, se irán sucediendo los cierres de colegios hasta que, antes o después, se decida cerrarlos todos otra vez. Pero entonces el daño ya estará hecho. Porque repito: no se trata solo de los escolares, sino de que éstos expandirán el virus silenciosamente al resto de la población.
Las CCAA son conscientes de la complicada situación a que se enfrentan muchos centros educativos ante el movimiento, cada vez más potente, de estos "padres insumisos". Una de las plataformas más sólidas es Retorno Seguro a las Aulas, que surgió en Sevilla y se ha extendido por toda Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Este movimiento propone un modelo educativo en el que cada familia elija si quiere educación presencial u online, como alternativa para reducir las ratios de alumno por clase y minimizar el riesgo de contagio. También hay una petición por una #VueltaSegura en change.org que ya tiene más de 230.000 firmas.
El Ministerio de Educación ha insistido en los últimos días en que no se plantea otro escenario que iniciar el curso de manera presencial en todo el país desde el 7 de septiembre. Desde el Gobierno insisten a las familias en que «la educación es un derecho fundamental del alumno y de la persona», así como que «la educación obligatoria se extiende de los 6 a los 16 años». Sin duda, una amenaza velada a aquellos padres que se planteen rebelarse contra la presencialidad de sus hijos.
¿Qué implica y hasta dónde puede llegar un protocolo de absentismo? Los padres insumisos se enfrentan a un problema legal importante: si no llevan a sus hijos al colegio, los padres podrían ser denunciados por abandono de familia e incluso ser condenados a prisión (entre 3 y 6 meses de cárcel) al incurrir en un delito contemplado en el artículo 154 del Código Civil. Y hasta podrían perder la custodia si el caso llegara hasta la Fiscalía de Menores.
Los protocolos contra el absentismo son competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Cada cual fija cómo actuar en “situaciones de riesgo y desprotección” que se consideren de “gravedad”. Señalan supuestos de negligencia por parte de los padres en el derecho a la educación de sus hijos, aunque también incluyen sanciones y actuaciones, conforme a la ley, en casos de “desprotección moderada y desamparo”. La valoración de cada caso recae en equipos multidisciplinares que incluyen, junto al centro educativo, a psicólogos, trabajadores y educadores sociales o miembros de la Policía Local, ayuntamiento y diputación.
Entonces, ¿qué pasará si los padres deciden no llevar a sus hijos al colegio? ¿Vendrán los servicios sociales a abrirles un expediente administrativo a esos padres? Si llevas el niño al colegio por obligación y se infecta porque los protocolos del colegio no están bien diseñados, ¿quién es el responsable? Aquí entramos en un conflicto entre la obligación de educar a los menores, la libertad de los padres y la responsabilidad de la Administración, que no puede obligar a algo para lo que no ha previsto la más mínima garantía de seguridad. Pero el Gobierno dirá que las escuelas sí son espacios seguros.
De igual modo, desde que comenzó la pandemia, siempre nos han dicho que los niños eran más infecciosos porque presentan una mayor carga viral que los adultos (es decir, son auténticas bombas biológicas, y está demostrado científicamente, por mucho que ahora el Gobierno se empeñe en negarlo). A pesar de ello, Celáa afirma que los niños tienen menor capacidad de contagio (6 veces menos que los adultos), negando la correlación entre carga viral y capacidad de contagio. Cabe preguntarse entonces por qué han tenido que clausurar antes de tiempo tantos campamentos de verano en nuestro país.
También sabemos que los niños y adolescentes son, en un 80%, asintomáticos, por lo que pueden propagar la infección y llevar el virus a sus hogares: son supercontagiadores silenciosos. Y aún hay más: su elevada carga viral se mantiene durante tres semanas, lo que significa que los más pequeños podrían ser contagiadores durante un periodo largo en el tiempo (según un reciente informe del Hospital pediátrico de Massachusetts). Sólo en los menores de 10 años hay evidencias de menor transmisión, y los adolescentes contagian como un adulto.
De hecho, en España la incidencia del virus crece precisamente entre los más jóvenes. Entre los menores de 15 años ha subido de 3 a 31 casos por cada 100.000 habitantes en cinco semanas, según los informes epidemiológicos de Sanidad. El grupo de edad más afectado ahora en nuestro país es el de las personas entre 15 y 29 años.
Un estudio (el más importante realizado hasta la fecha) de rastreo de contactos realizado sobre una muestra de más de medio millón de personas en la India, publicado en la revista 'Science', ha evidenciado la existencia de personas que son 'supercontagiadoras' del Covid-19, siendo especialmente contagiadores los niños y adultos jóvenes. Y ello se debe a que, según el estudio, las posibilidades de que una persona con coronavirus, independientemente de su edad, lo transmita a un contacto cercano oscilan entre el 2,6% en la comunidad y el 9% en el hogar. ¡Los niños son supercontagiadores en el hogar!
Pero todo ésto le da igual a nuestro Gobierno socialcomunista: las aulas abrirán en Septiembre contra viento y marea, y no se cerrarán el próximo curso escolar.
Todo lo que hace este Gobierno en relación a la crisis del coronavirus puede resumirse en dos palabras: OBLIGAR y PROHIBIR. Para obligar a los padres a que lleven al niños al colegio, el Ministerio de Educación y FP ha encargado un informe jurídico para analizar el absentismo escolar. No es de extrañar, si tenemos en cuenta la teoría de la ministra Celáa: “No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres”. Señora ministra, ¿de quién son los hijos, del Estado?
Pues bien, si el Gobierno se blinda, también lo hacen los padres. Desde el colectivo Retorno Seguro a las Aulas, dejan muy claro que no se trata de absentismo por despreocupación o falta de interés de los tutores, sino de circunstancias excepcionales en mitad de una pandemia mundial y con unas actuales tasas de contagios disparadas en nuestro país. También garantizan asesoramiento legal a todos los padres en caso de que tengan que defenderse en los tribunales.
Ya es tozudez abrir los centros de enseñanza, precisamente ahora, cuando se percibe un alza sistemática en el número de contagios de la maldita epidemia. No parece coherente que se proscriban las reuniones de más de 10 personas por razones de ocio mientras se impulsan las multitudes que supone el funcionamiento regular de escuelas, colegios y universidades. Después del turismo y la hostelería, la enseñanza es el sector que mueve más personas y recursos en España.
Las autoridades educativas razonan con fatalismo: "Hay que convivir con el virus". ¿Hasta la inmolación? Asusta que se pueda declarar, enfáticamente, que "donde están más seguros los niños es en los colegios" (ministra Celáa).
Una estupidez de tal calibre se explica porque se alude, subrepticiamente, a la función primordial de la escolarización en la edad obligatoria: tener estabulados a los niños. Es decir, las escuelas de la enseñanza primaria son, fundamentalmente, guarderías. Se trata de que los niños no den guerra a los padres, para que éstos puedan ir a trabajar.
La conciliación se enfrenta al más difícil todavía por la irrupción del coronavirus. A la incertidumbre de los padres se unen las dudas que surgen en el ámbito laboral. ¿Y si mi hijo se contagia y no puede ir al colegio? ¿Y si se cierran los colegios? ¿Qué derechos laborales tienen los padres?
La respuesta más sencilla parece ser pedir una baja laboral por contingencia común pero OJO! solo sería viable si el niño ha dado positivo en una prueba PCR (no en caso de que el niño deba hacer cuarentena preventiva por haber estado en contacto con un positivo, según ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien Pablo Iglesias ha contradicho públicamentes horas más tarde). Para solicitarlo habrá que acudir al médico, que será quien lo decida. En esa situación se expedirá como situación asimilada a accidente de trabajo, y se cobrará el 75% de la base reguladora, salvo que por convenio se tenga complementado el 100%. Por otro lado, una baja por incapacidad temporal no es fácil de obtener, y menos aún si es para cuidar a un descendiente.
Detrás de la decisión está el dinero: si se trata de una baja laboral, las empresas tendrían que hacerse cargo del abono de los primeros días. Por otro lado, no se trataría de una baja médica per se porque no habría enfermedad propia (aunque son los médicas de cabecera quienes las conceden). Si la decisión es desvincularla de las bajas tradicionales, entonces, serían las arcas públicas quienes sufragarían el gasto.
El Plan Me Cuida, aprobado por el Ministerio de Trabajo, tendría la solución legal más acertada,aunque tan solo con vigor hasta el 22 de septiembre prorrogado hasta el 31 de enero. Permite jornadas laborales 'a la carta' y reducciones de hasta el 100% para trabajadores que estén a cargo de personas con coronavirus (hasta familiares por consanguinidad de segundo grado). Eso sí, con reducción proporcional de sueldo.
Otra de las opciones sería recurrir a un permiso, que en España están regulados por artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, que regula cuando los trabajadores pueden ausentarse del trabajo con derecho a remuneración, con previo aviso y de forma justificada. El Estatuto solo contempla dos días, y solo cuando los hijos padezcan una enfermedad grave o requieran hospitalización (no para enfermedades leves o sin hospitalización).
Ante esta situación, el Gobierno ya estudia habilitar permisos especiales. Isabel Celaá ha avanzado que se está estudiando la puesta en marcha de un permiso retribuido o baja para aquellos padres cuyos hijos tengan que guardar cuarentena por el Covid-19.
Mientras tanto, otra opción viable sería hablar con la empresa sobre qué hacer en esta situación excepcional. El teletrabajo, solicitar una adaptación de jornada (por cuidar al hijo menor de 12 años) o incluso pedir una reducción de jornada o la excedencia temporal pueden ser opciones a valorar, aunque las dos últimas opciones reducen salario.
Y es que no se trata solo de poner en peligro la salud de tus hijos, sino también la tuya propia, e incluso de los abuelos (grupos de riesgo) o cuidadores. No olvidemos lo difícil que es conciliar, a lo que se une que ya estamos inmersos en plena segunda ola de la pandemia. Nuestro estado de bienestar siempre ha tenido un déficit claro de políticas familiares.
Porque... ¿dónde está la lógica en meter a los niños en un espacio cerrado con 20 o 25 personas cuando el propio gobierno ha prohibido juntarse más de
Ni siquiera los grupos burbuja de 25 niños son seguros, porque es muy difícil para un profesor impedir que se toquen o se quiten la mascarilla (especialmente entre los más pequeños).
Además, las denominadas "burbujas" sólo garantizarían la tranquilidad si estuvieran cerradas, pero cada alumno de esos niveles educativos y su docente también conviven con los miembros de sus propias familias. Un estudio de un equipo de investigadores de la Universidad de Granada concluye que, teniendo en cuenta una familia tipo formada por dos adultos y 1,5 hijos de media, nos encontraríamos con que cada uno de los 20 escolares en esas clases tendría una exposición a un grupo de 74 personas en su primer día de clase. Si el número de escolares en la clase sube a 25, el nº de personas implicadas subiría hasta 91 personas sólo con los de la misma clase, y 1.228 personas contando las clases de hermanos.
Y luego están los espacios comunes, el patio, el comedor, los baños, que no se desinfectan a todas horas y que son usados por todos los alumnos.
En cuanto haya un contagio en el colegio habrá un brote, porque encima los niños son, en la mayoría de los casos, asintomáticos y el virus correrá silenciosamente entre las familias. Nos daremos cuenta del brote cuando ya sea demasiado tarde y las personas más vulnerables se hayan contagiado (o fallecido). ¿Qué pasará cuando alguien fallezca por un contagio originado en un colegio tras obligarnos a llevar a nuestros hijos? ¿Quién será el responsable?
Me temo que con el tipo de vuelta al cole que se plantea, tan parecida a cualquier otro septiembre, dadas las vagas medidas planteadas, se irán sucediendo los cierres de colegios hasta que, antes o después, se decida cerrarlos todos otra vez. Pero entonces el daño ya estará hecho. Porque repito: no se trata solo de los escolares, sino de que éstos expandirán el virus silenciosamente al resto de la población.
Las CCAA son conscientes de la complicada situación a que se enfrentan muchos centros educativos ante el movimiento, cada vez más potente, de estos "padres insumisos". Una de las plataformas más sólidas es Retorno Seguro a las Aulas, que surgió en Sevilla y se ha extendido por toda Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Este movimiento propone un modelo educativo en el que cada familia elija si quiere educación presencial u online, como alternativa para reducir las ratios de alumno por clase y minimizar el riesgo de contagio. También hay una petición por una #VueltaSegura en change.org que ya tiene más de 230.000 firmas.
El Ministerio de Educación ha insistido en los últimos días en que no se plantea otro escenario que iniciar el curso de manera presencial en todo el país desde el 7 de septiembre. Desde el Gobierno insisten a las familias en que «la educación es un derecho fundamental del alumno y de la persona», así como que «la educación obligatoria se extiende de los 6 a los 16 años». Sin duda, una amenaza velada a aquellos padres que se planteen rebelarse contra la presencialidad de sus hijos.
¿Qué implica y hasta dónde puede llegar un protocolo de absentismo? Los padres insumisos se enfrentan a un problema legal importante: si no llevan a sus hijos al colegio, los padres podrían ser denunciados por abandono de familia e incluso ser condenados a prisión (entre 3 y 6 meses de cárcel) al incurrir en un delito contemplado en el artículo 154 del Código Civil. Y hasta podrían perder la custodia si el caso llegara hasta la Fiscalía de Menores.
Los protocolos contra el absentismo son competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Cada cual fija cómo actuar en “situaciones de riesgo y desprotección” que se consideren de “gravedad”. Señalan supuestos de negligencia por parte de los padres en el derecho a la educación de sus hijos, aunque también incluyen sanciones y actuaciones, conforme a la ley, en casos de “desprotección moderada y desamparo”. La valoración de cada caso recae en equipos multidisciplinares que incluyen, junto al centro educativo, a psicólogos, trabajadores y educadores sociales o miembros de la Policía Local, ayuntamiento y diputación.
Entonces, ¿qué pasará si los padres deciden no llevar a sus hijos al colegio? ¿Vendrán los servicios sociales a abrirles un expediente administrativo a esos padres? Si llevas el niño al colegio por obligación y se infecta porque los protocolos del colegio no están bien diseñados, ¿quién es el responsable? Aquí entramos en un conflicto entre la obligación de educar a los menores, la libertad de los padres y la responsabilidad de la Administración, que no puede obligar a algo para lo que no ha previsto la más mínima garantía de seguridad. Pero el Gobierno dirá que las escuelas sí son espacios seguros.
Niños, supercontagiadores silenciosos
El Gobierno se ha inventado un estudio que confirma que los niños y adolescentes desarrollan formas más leves del proceso infeccioso comparado con los adultos, después de que se han pasado el verano criminalizando a los adolescentes porque salían de fiesta, culpándolos de los rebrotes, y advirtiéndoles de que ellos también podían padecer secuelas y ponían en riesgo su vida y la de sus familias. Todo eso parece no importar ahora.De igual modo, desde que comenzó la pandemia, siempre nos han dicho que los niños eran más infecciosos porque presentan una mayor carga viral que los adultos (es decir, son auténticas bombas biológicas, y está demostrado científicamente, por mucho que ahora el Gobierno se empeñe en negarlo). A pesar de ello, Celáa afirma que los niños tienen menor capacidad de contagio (6 veces menos que los adultos), negando la correlación entre carga viral y capacidad de contagio. Cabe preguntarse entonces por qué han tenido que clausurar antes de tiempo tantos campamentos de verano en nuestro país.
También sabemos que los niños y adolescentes son, en un 80%, asintomáticos, por lo que pueden propagar la infección y llevar el virus a sus hogares: son supercontagiadores silenciosos. Y aún hay más: su elevada carga viral se mantiene durante tres semanas, lo que significa que los más pequeños podrían ser contagiadores durante un periodo largo en el tiempo (según un reciente informe del Hospital pediátrico de Massachusetts). Sólo en los menores de 10 años hay evidencias de menor transmisión, y los adolescentes contagian como un adulto.
De hecho, en España la incidencia del virus crece precisamente entre los más jóvenes. Entre los menores de 15 años ha subido de 3 a 31 casos por cada 100.000 habitantes en cinco semanas, según los informes epidemiológicos de Sanidad. El grupo de edad más afectado ahora en nuestro país es el de las personas entre 15 y 29 años.
Un estudio (el más importante realizado hasta la fecha) de rastreo de contactos realizado sobre una muestra de más de medio millón de personas en la India, publicado en la revista 'Science', ha evidenciado la existencia de personas que son 'supercontagiadoras' del Covid-19, siendo especialmente contagiadores los niños y adultos jóvenes. Y ello se debe a que, según el estudio, las posibilidades de que una persona con coronavirus, independientemente de su edad, lo transmita a un contacto cercano oscilan entre el 2,6% en la comunidad y el 9% en el hogar. ¡Los niños son supercontagiadores en el hogar!
Pero todo ésto le da igual a nuestro Gobierno socialcomunista: las aulas abrirán en Septiembre contra viento y marea, y no se cerrarán el próximo curso escolar.
Todo lo que hace este Gobierno en relación a la crisis del coronavirus puede resumirse en dos palabras: OBLIGAR y PROHIBIR. Para obligar a los padres a que lleven al niños al colegio, el Ministerio de Educación y FP ha encargado un informe jurídico para analizar el absentismo escolar. No es de extrañar, si tenemos en cuenta la teoría de la ministra Celáa: “No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres”. Señora ministra, ¿de quién son los hijos, del Estado?
Pues bien, si el Gobierno se blinda, también lo hacen los padres. Desde el colectivo Retorno Seguro a las Aulas, dejan muy claro que no se trata de absentismo por despreocupación o falta de interés de los tutores, sino de circunstancias excepcionales en mitad de una pandemia mundial y con unas actuales tasas de contagios disparadas en nuestro país. También garantizan asesoramiento legal a todos los padres en caso de que tengan que defenderse en los tribunales.
Conciliación casi imposible
Ya es tozudez abrir los centros de enseñanza, precisamente ahora, cuando se percibe un alza sistemática en el número de contagios de la maldita epidemia. No parece coherente que se proscriban las reuniones de más de 10 personas por razones de ocio mientras se impulsan las multitudes que supone el funcionamiento regular de escuelas, colegios y universidades. Después del turismo y la hostelería, la enseñanza es el sector que mueve más personas y recursos en España.
Las autoridades educativas razonan con fatalismo: "Hay que convivir con el virus". ¿Hasta la inmolación? Asusta que se pueda declarar, enfáticamente, que "donde están más seguros los niños es en los colegios" (ministra Celáa).
Una estupidez de tal calibre se explica porque se alude, subrepticiamente, a la función primordial de la escolarización en la edad obligatoria: tener estabulados a los niños. Es decir, las escuelas de la enseñanza primaria son, fundamentalmente, guarderías. Se trata de que los niños no den guerra a los padres, para que éstos puedan ir a trabajar.
La conciliación se enfrenta al más difícil todavía por la irrupción del coronavirus. A la incertidumbre de los padres se unen las dudas que surgen en el ámbito laboral. ¿Y si mi hijo se contagia y no puede ir al colegio? ¿Y si se cierran los colegios? ¿Qué derechos laborales tienen los padres?
La respuesta más sencilla parece ser pedir una baja laboral por contingencia común pero OJO! solo sería viable si el niño ha dado positivo en una prueba PCR (no en caso de que el niño deba hacer cuarentena preventiva por haber estado en contacto con un positivo, según ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien Pablo Iglesias ha contradicho públicamentes horas más tarde). Para solicitarlo habrá que acudir al médico, que será quien lo decida. En esa situación se expedirá como situación asimilada a accidente de trabajo, y se cobrará el 75% de la base reguladora, salvo que por convenio se tenga complementado el 100%. Por otro lado, una baja por incapacidad temporal no es fácil de obtener, y menos aún si es para cuidar a un descendiente.
Detrás de la decisión está el dinero: si se trata de una baja laboral, las empresas tendrían que hacerse cargo del abono de los primeros días. Por otro lado, no se trataría de una baja médica per se porque no habría enfermedad propia (aunque son los médicas de cabecera quienes las conceden). Si la decisión es desvincularla de las bajas tradicionales, entonces, serían las arcas públicas quienes sufragarían el gasto.
El Plan Me Cuida, aprobado por el Ministerio de Trabajo, tendría la solución legal más acertada,
Otra de las opciones sería recurrir a un permiso, que en España están regulados por artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, que regula cuando los trabajadores pueden ausentarse del trabajo con derecho a remuneración, con previo aviso y de forma justificada. El Estatuto solo contempla dos días, y solo cuando los hijos padezcan una enfermedad grave o requieran hospitalización (no para enfermedades leves o sin hospitalización).
Ante esta situación, el Gobierno ya estudia habilitar permisos especiales. Isabel Celaá ha avanzado que se está estudiando la puesta en marcha de un permiso retribuido o baja para aquellos padres cuyos hijos tengan que guardar cuarentena por el Covid-19.
Mientras tanto, otra opción viable sería hablar con la empresa sobre qué hacer en esta situación excepcional. El teletrabajo, solicitar una adaptación de jornada (por cuidar al hijo menor de 12 años) o incluso pedir una reducción de jornada o la excedencia temporal pueden ser opciones a valorar, aunque las dos últimas opciones reducen salario.