Prohibir, restringir y obligar. Eso, unido a echar la culpa a los ciudadanos y a las autonomías es la estrategia del gobierno socialcomunista para eludir su responsabilidad ante la actual situación de descontrol epidemiológico.
El Gobierno español es el que peor ha gestionado la crisis derivada del coronavirus, como muestran todos los datos, tanto sanitarios como económicos. Nos encontramos ante un gobierno irresponsable e incompetente, y los datos así lo atestiguan, tanto por no haber sabido frenar la expansión de los contagios a tiempo, como por hacer que primasen intereses políticos como los de la manifestación del 8-M, por desasistir a las residencias de ancianos, por restringir duramente libertades esenciales y por cerrar la economía, que está hundiendo a muchas empresas y familias, al dejarlas sin su forma de vida.
Esasrestricciones prohibiciones comenzaron con un duro estado de alarma que encerraba a las personas, suspendiendo de facto su derecho a la libre circulación y reunión, y cerrando gran parte de la actividad productiva española. Se cerraron, por ejemplo, los centros escolares y universitarios y se establecieron controles férreos para comprobar la justificación de los desplazamientos.
Al poco tiempo, algo antes de Semana Santa, se cerraron todas las actividades que el Gobierno consideró como 'no esenciales', con una paralización completa de la actividad económica.
Aparecían colas en las puertas de los supermercados, los cuales no contaban con algunos de sus productos debido a la histeria que se instaló en la población a raíz de la gestión pésima del Gobierno, que no daba seguridad a los ciudadanos.
Cuando pasaron semanas, el Ejecutivo, como si nos hiciese un regalo, nos dejó salir un rato a pasear o a hacer deporte, con limitaciones horarias y de distancia a recorrer. Posteriormente, estableció un calendario de fases de reapertura que nos llevaba hacia una situación que el presidente Sánchez calificaba de “nueva normalidad”, que no era otra cosa que la anormalidad más absoluta, pues muchas restricciones no desaparecían, anormalidad en la que seguimos instalados.
Entonces, tras estar meses negando la necesidad de emplear mascarilla, se obligó a la población a utilizarla en determinados momentos. Posteriormente, las CCAA dictaminaron su obligatoriedad en todo momento y lugar, aunque la distancia interpersonal de 1,5 metros se cumpliese.
Junto a ello, la prohibición de fumar en terrazas o en la calle (hasta el absurdo de no dejar fumar a un matrimonio si están solas en una misma mesa de una terraza, cuando son personas que están conviviendo), el cierre de todo el ocio nocturno o la obligación a bares y restaurantes de cerrar a la 1 de la madrugada, sin poder admitir clientes a partir de medianoche, el cierre de playas y espacios públicos a las 21.30h... son otras de las muchas restricciones impuestas, que no solo coartan nuestra libertad, sino que algunas también causan un perjuicio económico profundo.
Hasta registros selectivos por regiones se han implantado a la hora de visitar otros lugares de España, dentro de este carrusel de intervencionismo que no solo son prohibiciones, sino también nos imponen obligaciones, como llevarbozal mascarilla o llevar a nuestros hijos al colegio (bajo pena de cárcel y hasta de perder la custodia), a pesar de las escasas medidas de seguridad previstas para el nuevo curso escolar.
Todo se envuelve en una justificación de protección paternalista de las administraciones ante la pandemia, pero lo que subyace es un gusto gubernamental por intervenir en la vida de los ciudadanos, por establecer una serie de restricciones, prohibiciones y obligaciones en sus vidas.
En definitiva, se esconde debajo un gusto gubernamental por prohibir, porque quienes nos gobiernan, incluso en muchas ocasiones quienes defienden posturas liberal-conservadoras, tienen una cierta tendencia a querer decirnos qué hemos de hacer en cada momento, bajo el supuesto de que los ciudadanos no sabemos ni qué queremos ni conducirnos por la vida y que es el Estado el que sabe mejor que ellos qué nos conviene. Dicho supuesto es falso, pero empleado hasta la saciedad por los poderes públicos en múltiples ocasiones. Esperanza Aguirre dijo en una ocasión que los intervencionistas iban a terminar queriendo saber hasta lo que hacemos en nuestro dormitorio. Al paso que vamos, va a terminar siendo así.
Por ello, siendo graves todas las restricciones que se han tomado y las que todavía persisten o se incorporan (e incorporarán), lo peor es pensar que cuando desaparezca la emergencia sanitaria a buen seguro que intentarán que algunas prohibiciones actuales, que deberían ser excepcionales (y que no deberían haber sido impuestas nunca) se mantengan.
Ojalá me equivoque, pero la tentación intervencionista sobre la vida de los ciudadanos de las administraciones y de los políticos y burócratas que las gestionan es tan fuerte que parece difícil que, con alguna excusa vaga, no traten de mantener ciertas restricciones, como la de fumar, por ejemplo.
En lugar de aplicar restricciones que son más de cara a la galería y la propaganda que realmente eficientes, las administraciones deberían tratar de hacer que el terreno fuese el más adecuado para recuperar completamente la actividad económica y el empleo, y devolvernos toda nuestra libertad, pero el principal responsable de esta triste situación, que no es otro que el Gobierno de la nación, no parece que esté por la labor, pues el intervencionismo está impregnado en su acción de Gobierno, al tiempo que desiste de sus obligaciones, provocando una descoordinación y caos regional en cuanto a las normativas existentes, que llegan a competir entre ellas en los niveles de restricción de nuestras libertades.
La democracia es solo un vocablo para ocultar las miserias de una nación que se muere de asco y de coronavirus. Vivimos una dictadura de mediocres, mamarrachos y aventureros en todos los ámbitos de la Administración del Estado.
Hoy como ayer resulta difícil para una persona con criterios cívicos defenderse del Gobierno y de los poderosos mecanismos del mercado. Es difícil enfrentarse al poder, sin importarnos ahora el signo político de quien lo detente, para defender los derechos individuales, políticos y sociales. Es dificilísimo enfrentarse al poder, porque no hay "sociedad civil", que no es sino el conjunto de instituciones que definen y defienden los derechos individuales, políticos y sociales de los ciudadanos y propician su libre asociación para defenderse de la acción estratégica del poder y del mercado.
Y, precisamente, porque no hay sociedad civil, los españoles de bien solo tienen aguante. Sí, aguante es entereza, paciencia, en fin, cuajo. Es lo que vamos a necesitar contra quienes utiliza sin ton ni son el horroroso anglicismo "resiliencia".
Los derechos civiles protegen la libertad individual de la represión y abuso del poder. El principio de autoridad policial es aplicable ante delincuentes, no contra cualquier ciudadano para vulnerar sus derechos. En España hay millones de retenciones, detenciones preventivas en identificaciones ilegales masivas contra el derecho a circular libremente, realizadas por la policía sin razón justificada. En España no se respetan, se atacan por todas las fuerzas de seguridad (estado, autonómicas y locales) los derechos civiles.
Un policía puede identificar porque le da la gana (“porque tengo autoridad”), cachear, registrar un coche... Prácticas ilegales para estadísticas de los mandos que las exigen, prohibidas en todas las democracias europeas. Abusos ilegales que comenzaron en 1992 con la ley “Corcuera”, ampliada con la ley “Mordaza” de 2015. Asistimos hoy a la aplicación más descarnada de la ley “Mordaza” en los aledaños de la vivienda de Iglesias instigada por el gobierno. También sancionando a los negacionistas por los carteles que exhiben.
Se está prohibiendo opinar. Si el gobierno, con sus terminales mediáticas y sus datos, no convence a una amplia mayoría con información y transparencia es porque se está equivocando gravemente. Información y transparencia son lo contrario de propaganda política, sectaria, partidaria y populista.
Eliminar del Código Penal la intervención judicial en las faltas supone que la administración, el Estado, te puede sancionar con 120.000 euros (en Galicia, por incumplir disposiciones sobre el Covid-19) sin que el afectado tenga ningún juez imparcial que valore y module dicha sanción. Sanciones desproporcionadas en manos del poder político generan indefensión ciudadana. Decisiones arbitrarias sin control. Se impondrá o no la sanción, será mayor o menor según que intervenga alguien del partido, de cualquier partido de la Casta. Leyes contra pobres que no pueden pagar el coste de recurrir a la justicia.
Hay otras leyes, como la de protección de datos, que además de sanciones inasumibles para el 99% de la población, sirven para que no se puedan investigar prácticas corruptas, ni nepotismo, ni otras conductas abusivas. Por ejemplo, la identidad de los asesores que nombran los grupos del Congreso tienen el carácter de reservado. Nadie que cobre un euro de dinero público debería poder ocultar su identidad.
La policía entra en un local, ordenar apagar la música, encender las luces e identifica a todos los presentes, que no pueden salir hasta ser identificados. Es ilegal, aunque se difunde por tv. La policía interpreta las leyes con desprecio a la ciudadanía. El Tribunal Supremo dispone como requisito necesario en las identificaciones que el identificado sea sospechoso de haber cometido un delito o de que puede cometerlo. La exigencia a los policías de realizar identificaciones masivas indiscriminadas en cada servicio es contraria a esa disposición. Los mandos, en vez de confirmar la razonable sospecha de la identificación protegiendo a la ciudadanía, incentivan que se hagan masivamente. No ocurre en ninguna democracia en Europa.
Un policía puede decidir si identifica o no a un ciudadano, pero debe entregarle un documento/recibo donde acredite su identidad -con el carné profesional-, lugar, hora y la razón de la sospecha para hacerlo.
Mientras no sea así, somos una sociedad de súbditos del poder y no de ciudadanos con derechos. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, los medios de comunicación y los mandos policiales son cómplices por acción y omisión.
El Gobierno español es el que peor ha gestionado la crisis derivada del coronavirus, como muestran todos los datos, tanto sanitarios como económicos. Nos encontramos ante un gobierno irresponsable e incompetente, y los datos así lo atestiguan, tanto por no haber sabido frenar la expansión de los contagios a tiempo, como por hacer que primasen intereses políticos como los de la manifestación del 8-M, por desasistir a las residencias de ancianos, por restringir duramente libertades esenciales y por cerrar la economía, que está hundiendo a muchas empresas y familias, al dejarlas sin su forma de vida.
Esas
Al poco tiempo, algo antes de Semana Santa, se cerraron todas las actividades que el Gobierno consideró como 'no esenciales', con una paralización completa de la actividad económica.
Aparecían colas en las puertas de los supermercados, los cuales no contaban con algunos de sus productos debido a la histeria que se instaló en la población a raíz de la gestión pésima del Gobierno, que no daba seguridad a los ciudadanos.
Cuando pasaron semanas, el Ejecutivo, como si nos hiciese un regalo, nos dejó salir un rato a pasear o a hacer deporte, con limitaciones horarias y de distancia a recorrer. Posteriormente, estableció un calendario de fases de reapertura que nos llevaba hacia una situación que el presidente Sánchez calificaba de “nueva normalidad”, que no era otra cosa que la anormalidad más absoluta, pues muchas restricciones no desaparecían, anormalidad en la que seguimos instalados.
Entonces, tras estar meses negando la necesidad de emplear mascarilla, se obligó a la población a utilizarla en determinados momentos. Posteriormente, las CCAA dictaminaron su obligatoriedad en todo momento y lugar, aunque la distancia interpersonal de 1,5 metros se cumpliese.
Junto a ello, la prohibición de fumar en terrazas o en la calle (hasta el absurdo de no dejar fumar a un matrimonio si están solas en una misma mesa de una terraza, cuando son personas que están conviviendo), el cierre de todo el ocio nocturno o la obligación a bares y restaurantes de cerrar a la 1 de la madrugada, sin poder admitir clientes a partir de medianoche, el cierre de playas y espacios públicos a las 21.30h... son otras de las muchas restricciones impuestas, que no solo coartan nuestra libertad, sino que algunas también causan un perjuicio económico profundo.
Hasta registros selectivos por regiones se han implantado a la hora de visitar otros lugares de España, dentro de este carrusel de intervencionismo que no solo son prohibiciones, sino también nos imponen obligaciones, como llevar
Todo se envuelve en una justificación de protección paternalista de las administraciones ante la pandemia, pero lo que subyace es un gusto gubernamental por intervenir en la vida de los ciudadanos, por establecer una serie de restricciones, prohibiciones y obligaciones en sus vidas.
En definitiva, se esconde debajo un gusto gubernamental por prohibir, porque quienes nos gobiernan, incluso en muchas ocasiones quienes defienden posturas liberal-conservadoras, tienen una cierta tendencia a querer decirnos qué hemos de hacer en cada momento, bajo el supuesto de que los ciudadanos no sabemos ni qué queremos ni conducirnos por la vida y que es el Estado el que sabe mejor que ellos qué nos conviene. Dicho supuesto es falso, pero empleado hasta la saciedad por los poderes públicos en múltiples ocasiones. Esperanza Aguirre dijo en una ocasión que los intervencionistas iban a terminar queriendo saber hasta lo que hacemos en nuestro dormitorio. Al paso que vamos, va a terminar siendo así.
Por ello, siendo graves todas las restricciones que se han tomado y las que todavía persisten o se incorporan (e incorporarán), lo peor es pensar que cuando desaparezca la emergencia sanitaria a buen seguro que intentarán que algunas prohibiciones actuales, que deberían ser excepcionales (y que no deberían haber sido impuestas nunca) se mantengan.
Ojalá me equivoque, pero la tentación intervencionista sobre la vida de los ciudadanos de las administraciones y de los políticos y burócratas que las gestionan es tan fuerte que parece difícil que, con alguna excusa vaga, no traten de mantener ciertas restricciones, como la de fumar, por ejemplo.
En lugar de aplicar restricciones que son más de cara a la galería y la propaganda que realmente eficientes, las administraciones deberían tratar de hacer que el terreno fuese el más adecuado para recuperar completamente la actividad económica y el empleo, y devolvernos toda nuestra libertad, pero el principal responsable de esta triste situación, que no es otro que el Gobierno de la nación, no parece que esté por la labor, pues el intervencionismo está impregnado en su acción de Gobierno, al tiempo que desiste de sus obligaciones, provocando una descoordinación y caos regional en cuanto a las normativas existentes, que llegan a competir entre ellas en los niveles de restricción de nuestras libertades.
La democracia es solo un vocablo para ocultar las miserias de una nación que se muere de asco y de coronavirus. Vivimos una dictadura de mediocres, mamarrachos y aventureros en todos los ámbitos de la Administración del Estado.
Hoy como ayer resulta difícil para una persona con criterios cívicos defenderse del Gobierno y de los poderosos mecanismos del mercado. Es difícil enfrentarse al poder, sin importarnos ahora el signo político de quien lo detente, para defender los derechos individuales, políticos y sociales. Es dificilísimo enfrentarse al poder, porque no hay "sociedad civil", que no es sino el conjunto de instituciones que definen y defienden los derechos individuales, políticos y sociales de los ciudadanos y propician su libre asociación para defenderse de la acción estratégica del poder y del mercado.
Y, precisamente, porque no hay sociedad civil, los españoles de bien solo tienen aguante. Sí, aguante es entereza, paciencia, en fin, cuajo. Es lo que vamos a necesitar contra quienes utiliza sin ton ni son el horroroso anglicismo "resiliencia".
Indefensión ciudadana
Los derechos civiles protegen la libertad individual de la represión y abuso del poder. El principio de autoridad policial es aplicable ante delincuentes, no contra cualquier ciudadano para vulnerar sus derechos. En España hay millones de retenciones, detenciones preventivas en identificaciones ilegales masivas contra el derecho a circular libremente, realizadas por la policía sin razón justificada. En España no se respetan, se atacan por todas las fuerzas de seguridad (estado, autonómicas y locales) los derechos civiles.
Un policía puede identificar porque le da la gana (“porque tengo autoridad”), cachear, registrar un coche... Prácticas ilegales para estadísticas de los mandos que las exigen, prohibidas en todas las democracias europeas. Abusos ilegales que comenzaron en 1992 con la ley “Corcuera”, ampliada con la ley “Mordaza” de 2015. Asistimos hoy a la aplicación más descarnada de la ley “Mordaza” en los aledaños de la vivienda de Iglesias instigada por el gobierno. También sancionando a los negacionistas por los carteles que exhiben.
Se está prohibiendo opinar. Si el gobierno, con sus terminales mediáticas y sus datos, no convence a una amplia mayoría con información y transparencia es porque se está equivocando gravemente. Información y transparencia son lo contrario de propaganda política, sectaria, partidaria y populista.
Eliminar del Código Penal la intervención judicial en las faltas supone que la administración, el Estado, te puede sancionar con 120.000 euros (en Galicia, por incumplir disposiciones sobre el Covid-19) sin que el afectado tenga ningún juez imparcial que valore y module dicha sanción. Sanciones desproporcionadas en manos del poder político generan indefensión ciudadana. Decisiones arbitrarias sin control. Se impondrá o no la sanción, será mayor o menor según que intervenga alguien del partido, de cualquier partido de la Casta. Leyes contra pobres que no pueden pagar el coste de recurrir a la justicia.
Hay otras leyes, como la de protección de datos, que además de sanciones inasumibles para el 99% de la población, sirven para que no se puedan investigar prácticas corruptas, ni nepotismo, ni otras conductas abusivas. Por ejemplo, la identidad de los asesores que nombran los grupos del Congreso tienen el carácter de reservado. Nadie que cobre un euro de dinero público debería poder ocultar su identidad.
La policía entra en un local, ordenar apagar la música, encender las luces e identifica a todos los presentes, que no pueden salir hasta ser identificados. Es ilegal, aunque se difunde por tv. La policía interpreta las leyes con desprecio a la ciudadanía. El Tribunal Supremo dispone como requisito necesario en las identificaciones que el identificado sea sospechoso de haber cometido un delito o de que puede cometerlo. La exigencia a los policías de realizar identificaciones masivas indiscriminadas en cada servicio es contraria a esa disposición. Los mandos, en vez de confirmar la razonable sospecha de la identificación protegiendo a la ciudadanía, incentivan que se hagan masivamente. No ocurre en ninguna democracia en Europa.
Un policía puede decidir si identifica o no a un ciudadano, pero debe entregarle un documento/recibo donde acredite su identidad -con el carné profesional-, lugar, hora y la razón de la sospecha para hacerlo.
Mientras no sea así, somos una sociedad de súbditos del poder y no de ciudadanos con derechos. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, los medios de comunicación y los mandos policiales son cómplices por acción y omisión.
Esas leyes y prácticas policiales no caben en democracia. Ciudadanía sin derechos civiles tampoco.