Era de prever. El plazo reglamentario (según la Constitución) para presentar los Presupuestos Generales del Estado 2021 ya ha vencido, sin que al Ejecutivo le importe lo más mínimo que se hayan prorrogado tácitamente los que hizo el ex-ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, bajo el mandato de Mariano Rajoy en 2018. Hasta ahora, lo único que ha hecho el gobierno de Sánchez ha sido aprobar un techo de gasto excepcional y temerario.
El bosquejo de presupuestos que ahora inicia su tramitación eleva el techo de gasto un 53,7% con respecto al año anterior, hasta los 196.097 millones de euros. Este techo supone la cifra más elevada jamás registrada en el país. Y lo hace el año en que la economía ha sufrido su mayor desplome en tiempos de paz y que, según las estimaciones oficiales publicadas el 6 de octubre de 2020, ascenderá a un 11,2%.
Las nuevas previsiones macroeconómicas elaboradas por el Ministerio de Economía empeoran sensiblemente las remitidas a Bruselas el pasado mes de mayo. La peor evolución de la crisis sanitaria y los graves problemas económicos han hecho que el dato oficial del hundimiento del PIB pase del 9,2% a ese 11,2%. Para el año 2021, el repunte recogido en el cuadro macroeconómico es del 7,2%, lo que evidencia que la recuperación será sensiblemente más moderada que el hundimiento.
Además, la denominada tasa de referencia del déficit será del -11,7%, dato también superior a la anteriormente estimada, mientras que para el año 2021 la cifra estimada es del -7,7%. Estos datos no suponen objetivos de déficit, ya que al quedar suspendidas las reglas fiscales, las administraciones no tienen la obligación de cumplir. Pero sí supone una referencia para la elaboración de las cuentas públicas y para conocer la magnitud de los desfases presupuestarios.
El oscuro, muy negativo y alarmante cuadro macroeconómico se completa con una previsión de paro del 17,1% para 2020, que apenas se reducirá en dos décimas en 2021, y un récord de deuda pública del 118% del PIB, lo que supone un incremento de más de 20 puntos en apenas un año.
La fijación del techo de gasto es un paso imprescindible en el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Se define, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), como el instrumento de gestión presupuestaria a través del cual, una vez estimados los ingresos del ejercicio, se calcula el gasto presupuestario que permite el cumplimiento del objetivo de estabilidad.
Básicamente su finalidad es garantizar que las Administraciones Públicas no disparen sus compromisos no financieros en época de bonanzas y lo reduzcan en tiempos de estrecheces. Es una especie de freno para que el gasto público no se dispare y proteger a las arcas públicas de los vaivenes de la economía.
El Gobierno ha suspendido las reglas fiscales en 2020 y 2021, lo que supone dejar sin efecto la regla de gasto y los objetivos de déficit y deuda para todas las administraciones públicas y, por consiguiente, no tiene que aprobar una nueva senda de estabilidad presupuestaria (ahorrándose su trámite en el Parlamento). El abandono de la senda de estabilidad tiene la excusa perfecta en la situación excepcional que se está viviendo en Europa en 2020.
Hoy España está en la ruina, y los Presupuestos apuntan a ser un peligro para abordar las reformas estructurales que exigen la pandemia y Europa.
Antes del estallido de la pandemia, el techo de gasto previsto para 2021 era de 131.437 millones de euros. El notable incremento aprobado el 6 de octubre (196.097 millones de euros) se sustenta, por un lado en las transferencias extraordinarias a las CCAA, y por otro, en los fondos que España recibirá de Bruselas dentro del Fondo de Recuperación Europeo. Es decir, lo que ha hecho Sánchez ha sido supeditar en buena parte los Presupuestos Nacionales a la generosidad europea. Habrá que ver ahora si la UE concede tal lluvia de millones.
Basándose en esta premisa, Sánchez presentó el 7 de octubre el llamado 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española', que incluye 72.000 millones de euros que (previsiblemente) nos lloverán de Europa entre los años 2021 y 2023, de los que 27.436 millones pasan a aumentar el citado techo de gasto en 2021. Está por ver que Bruselas apruebe tal lluvia de millones en 3 años, en lugar de en 6 (como estaba establecido); si no, tanto el plan de recuperación económico de los próximos tres años como los presupuestos nacionales para 2021 se irán al traste, porque ya sabemos Sánchez nunca tiene un Plan B, es lo que Su Persona ordena y manda, o el caos. Esto es, como se dice en mi pueblo: 'vender la piel del oso antes de cazarlo'.
El Ejecutivo de coalición asevera que este Plan aportará 2,7 puntos de crecimiento al PIB en 2021 y un aumento del 2% del crecimiento potencial en los próximos 10 años.
Aún así, por más que se empeñe el aparato de propaganda del Gobierno, los nuevos Presupuestos Generales 2021 que diseña el Ejecutivo de Pedro Sánchez no serán, si se aprueban, la panacea de todos los males. La vigencia del virus podrá ser coyuntural, pero el daño económico ahí está, y será duradero y muy devastador.
Es un dato objetivo que España está amenazando con lastrar el crecimiento europeo, y en este sentido las previsiones del Banco de España resultan alarmantes: la recuperación será «parcial y de efectos continuados»; «la incertidumbre es muy elevada»; habrá que dejar caer a miles de empresas no viables ya...
El temerario techo de gasto previsto por Sánchez es una amenaza para la sostenibilidad de la deuda. Si a ello se unen la «barra libre» de gasto y déficit concedida a las autonomías, la del superávit de los Ayuntamientos, las previsiones de desempleo tras el oasis virtual de los ERTE, la condicionalidad que imponga Europa para disponer del rescate de 140.000 millones, y la inestabilidad política española, el cóctel resulta peligroso.
Naturalmente ahora falta por conocer qué opinan sobre los nuevos PGE 2021 los potenciales socios del Gobierno (Bildu, PNV, JxCat y ERC), con los que Sánchez lleva negociando apoyos desde la vuelta de sus regias vacaciones de verano.
Pero no se puede rescatar España con esos socios. ERC es una formación independentista con antecedentes históricos etnonacionalistas y autoritarios. EH Bildu sigue apadrinando las tesis justificativas de la banda terrorista ETA, además de profesar un independentismo que bebe de fuentes xenófobas, al igual que PNV. ¿Cómo van a trabajar esos partidos en un proyecto presupuestario que tiene el propósito de rescatar España cuando el suyo es derruirla?
El cuadro macroeconómico y el plan de recuperación económica presentados por el Gobierno el 7 de octubre requieren del aval europeo. Si queremos que España supere este gravísimo trance, hay que aplicar coherencia política e institucional. Por ello, el Gobierno no puede seguir en complicidad con las organizaciones que maltratan el país, trabajan en deteriorar su imagen internacional, atentan verbal y gestualmente contra la Constitución y pretenden blanquear el horror terrorista que ha durado medio siglo. Tampoco debieran tener protagonismo aquellos que nos quieren devolver a la España reaccionaria del siglo XIX.
El bosquejo de presupuestos que ahora inicia su tramitación eleva el techo de gasto un 53,7% con respecto al año anterior, hasta los 196.097 millones de euros. Este techo supone la cifra más elevada jamás registrada en el país. Y lo hace el año en que la economía ha sufrido su mayor desplome en tiempos de paz y que, según las estimaciones oficiales publicadas el 6 de octubre de 2020, ascenderá a un 11,2%.
Las nuevas previsiones macroeconómicas elaboradas por el Ministerio de Economía empeoran sensiblemente las remitidas a Bruselas el pasado mes de mayo. La peor evolución de la crisis sanitaria y los graves problemas económicos han hecho que el dato oficial del hundimiento del PIB pase del 9,2% a ese 11,2%. Para el año 2021, el repunte recogido en el cuadro macroeconómico es del 7,2%, lo que evidencia que la recuperación será sensiblemente más moderada que el hundimiento.
Además, la denominada tasa de referencia del déficit será del -11,7%, dato también superior a la anteriormente estimada, mientras que para el año 2021 la cifra estimada es del -7,7%. Estos datos no suponen objetivos de déficit, ya que al quedar suspendidas las reglas fiscales, las administraciones no tienen la obligación de cumplir. Pero sí supone una referencia para la elaboración de las cuentas públicas y para conocer la magnitud de los desfases presupuestarios.
El oscuro, muy negativo y alarmante cuadro macroeconómico se completa con una previsión de paro del 17,1% para 2020, que apenas se reducirá en dos décimas en 2021, y un récord de deuda pública del 118% del PIB, lo que supone un incremento de más de 20 puntos en apenas un año.
La fijación del techo de gasto es un paso imprescindible en el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Se define, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), como el instrumento de gestión presupuestaria a través del cual, una vez estimados los ingresos del ejercicio, se calcula el gasto presupuestario que permite el cumplimiento del objetivo de estabilidad.
Básicamente su finalidad es garantizar que las Administraciones Públicas no disparen sus compromisos no financieros en época de bonanzas y lo reduzcan en tiempos de estrecheces. Es una especie de freno para que el gasto público no se dispare y proteger a las arcas públicas de los vaivenes de la economía.
El Gobierno ha suspendido las reglas fiscales en 2020 y 2021, lo que supone dejar sin efecto la regla de gasto y los objetivos de déficit y deuda para todas las administraciones públicas y, por consiguiente, no tiene que aprobar una nueva senda de estabilidad presupuestaria (ahorrándose su trámite en el Parlamento). El abandono de la senda de estabilidad tiene la excusa perfecta en la situación excepcional que se está viviendo en Europa en 2020.
Hoy España está en la ruina, y los Presupuestos apuntan a ser un peligro para abordar las reformas estructurales que exigen la pandemia y Europa.
Antes del estallido de la pandemia, el techo de gasto previsto para 2021 era de 131.437 millones de euros. El notable incremento aprobado el 6 de octubre (196.097 millones de euros) se sustenta, por un lado en las transferencias extraordinarias a las CCAA, y por otro, en los fondos que España recibirá de Bruselas dentro del Fondo de Recuperación Europeo. Es decir, lo que ha hecho Sánchez ha sido supeditar en buena parte los Presupuestos Nacionales a la generosidad europea. Habrá que ver ahora si la UE concede tal lluvia de millones.
Basándose en esta premisa, Sánchez presentó el 7 de octubre el llamado 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española', que incluye 72.000 millones de euros que (previsiblemente) nos lloverán de Europa entre los años 2021 y 2023, de los que 27.436 millones pasan a aumentar el citado techo de gasto en 2021. Está por ver que Bruselas apruebe tal lluvia de millones en 3 años, en lugar de en 6 (como estaba establecido); si no, tanto el plan de recuperación económico de los próximos tres años como los presupuestos nacionales para 2021 se irán al traste, porque ya sabemos Sánchez nunca tiene un Plan B, es lo que Su Persona ordena y manda, o el caos. Esto es, como se dice en mi pueblo: 'vender la piel del oso antes de cazarlo'.
El Ejecutivo de coalición asevera que este Plan aportará 2,7 puntos de crecimiento al PIB en 2021 y un aumento del 2% del crecimiento potencial en los próximos 10 años.
Aún así, por más que se empeñe el aparato de propaganda del Gobierno, los nuevos Presupuestos Generales 2021 que diseña el Ejecutivo de Pedro Sánchez no serán, si se aprueban, la panacea de todos los males. La vigencia del virus podrá ser coyuntural, pero el daño económico ahí está, y será duradero y muy devastador.
Es un dato objetivo que España está amenazando con lastrar el crecimiento europeo, y en este sentido las previsiones del Banco de España resultan alarmantes: la recuperación será «parcial y de efectos continuados»; «la incertidumbre es muy elevada»; habrá que dejar caer a miles de empresas no viables ya...
El temerario techo de gasto previsto por Sánchez es una amenaza para la sostenibilidad de la deuda. Si a ello se unen la «barra libre» de gasto y déficit concedida a las autonomías, la del superávit de los Ayuntamientos, las previsiones de desempleo tras el oasis virtual de los ERTE, la condicionalidad que imponga Europa para disponer del rescate de 140.000 millones, y la inestabilidad política española, el cóctel resulta peligroso.
Naturalmente ahora falta por conocer qué opinan sobre los nuevos PGE 2021 los potenciales socios del Gobierno (Bildu, PNV, JxCat y ERC), con los que Sánchez lleva negociando apoyos desde la vuelta de sus regias vacaciones de verano.
Pero no se puede rescatar España con esos socios. ERC es una formación independentista con antecedentes históricos etnonacionalistas y autoritarios. EH Bildu sigue apadrinando las tesis justificativas de la banda terrorista ETA, además de profesar un independentismo que bebe de fuentes xenófobas, al igual que PNV. ¿Cómo van a trabajar esos partidos en un proyecto presupuestario que tiene el propósito de rescatar España cuando el suyo es derruirla?
El cuadro macroeconómico y el plan de recuperación económica presentados por el Gobierno el 7 de octubre requieren del aval europeo. Si queremos que España supere este gravísimo trance, hay que aplicar coherencia política e institucional. Por ello, el Gobierno no puede seguir en complicidad con las organizaciones que maltratan el país, trabajan en deteriorar su imagen internacional, atentan verbal y gestualmente contra la Constitución y pretenden blanquear el horror terrorista que ha durado medio siglo. Tampoco debieran tener protagonismo aquellos que nos quieren devolver a la España reaccionaria del siglo XIX.