La situación provocada por la pandemia de coronavius ha puesto en jaque los sistemas educativos de buena parte del mundo... y de España. La primera medida que tomó el Ejecutivo de Sánchez fue la de cerrar los centros educativos, y ya descarta cualquier posibilidad de reanudar la docencia presencial este curso académico, que finalizará con enseñanza on-line.
Todos los alumnos españoles, desde los más pequeños a los más mayores, están sumergidos desde mediados de marzo en la confinada educación 'online' y esta enseñanza virtual continuará hasta junio, cuando termine el año académico 2019-2020. Y ello no ha estado exento de polémicas. La decisión inicial de continuar el curso a distancia avanzando contenidos, y la falta de una respuesta clara y coordinada han generado un profundo malestar entre familias y docentes.
La nueva normalidad educativa en tiempos de coronavirus ha puesto de manifiesto la incapacidad actual de los centros educativos y de los docentes para ejecutar la enseñanza de forma telemática.
Pero es que además, buena parte de las familias carece de las condiciones materiales (tecnología, espacio, temperatura, luz, etc), las herramientas culturales (habilidades pedagógicas, conocimiento del idioma, etc), el tiempo para acompañar el proceso educativo, la estabilidad emocional (por problemas económicos, de salud, habitacionales, etc) o los recursos alimentarios necesarios para aprender. Todo ello influye directamente en el tiempo y la capacidad de estudio de los alumnos. Algunas familias tienen ordenadores y banda ancha, pero otras muchas no. Desigualdad educativa.
Ante este dantesco escenario, el Consejo Escolar del Estado ha pedido a los maestros que se evalúe solamente lo que se ha dado en clase, así como evitar las repeticiones de curso y mantener el calendario escolar aprobado para este curso académico.
Las instrucciones publicadas establecen que la repetición sea "excepcional" y permite de forma extraordinaria que se pueda pasar de curso sin tener en cuenta el número de suspensos que establece la LOMCE, la ley en vigor (que es de 3 como máximo). Es decir, el gobierno ordena descaradamente un aprobado general, el peor mensaje que se podría dar a los alumnos, que además es totalmente injusto. ¿Para qué esforzarse entonces?
Así, los alumnos seguirán obteniendo los títulos aunque tengan asignaturas pendientes y nuestro nivel cultural seguirá bajando cada vez más. La izquierda quiere una Educación que iguale por abajo y que no premie el esfuerzo. ¡Qué admirable cantera de votantes, de cara al futuro!
¿Por qué? Porque le interesa que seamos una sociedad ignorante, una sociedad aborregada, una sociedad fácilmente manipulable e influenciable. A nuestro gobierno autoritario no le interesa una sociedad crítica y preparada que pueda discutir la chapucera gestión del ejecutivo, ya no solo ante esta crisis, sino su nefasta gestión en general. Y por eso implanta una política que premia a los vagos, castiga a los laboriosos y desanima a todos.
¿Cree de verdad que así avanzará España? La (triste) realidad es que le importa bien poco el "avance" del país mientras Sánchez pueda seguir sumando días en Moncloa. El PSOE sigue sin enterarse de que lo único de verdad progresista es que asciendan los que se esfuerzan, sea cual sea su origen social y económico.
En esta misma de premiar la ley del mínimo esfuerzo, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Universidades anunciaron el 19 de mayo una reforma del Sistema Estatal de Becas y Ayudas al Estudio, según el cual los estudiantes recibirán las ayudas no por sus méritos académicos, sino por su necesidad económica. O sea, la beca sólo dependerá de la renta familiar y no estará sujeta al mérito y al esfuerzo del alumno. Para recibir una beca sólo se exigirá el aprobado (con una nota de 5) del curso anterior. Todo esto, según el gobierno, para "democratizar el derecho a la educación superior y aumentar el número de estudiantes que acceden a las universidades". Estas medidas suponen una inversión en el sistema de becas del 22% (386 millones de euros más), supondrán un desembolso de 1.900 millones y beneficiará a 600.000 estudiantes, según el Gobierno.
La Ley Celáa (LOMLOE)
Tampoco es de extrañar, ya que este pensamiento va en sintonía con la reforma educativa impulsada por el gobierno socialcomunista (que quieren aprobar por la puerta de atrás, aprovechando el estado de alarma) una ley que sustituirá a la LOMCE (conocida como ley Wert) aprobada en el 2013 por el PP.
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| Razones para rechazar la ley Celáa |
La Ley Celáa (LOMLOE) pone en guardia a la escuela concertada, ya que considera que traspasa algunas líneas rojas. Estas son las principales líneas del proyecto de ley remitido al Congreso:
- Considera a la educación concertada como una subsidiaria de la pública
- Elimina el criterio de la demanda social (los centros concertados no podrán ampliar sus plazas aunque reciban más demanda si hay plazas para escolarizar a los alumnos en los colegios públicos)
- Introduce el representante municipal en el Consejo Escolar
- La asignatura de religión no será obligatoria ni contará para la nota media (sí lo hará la asignatura de Valores)
- Se suprimen las reválidas y las evaluaciones muestrales se realizarán cada dos años (en 6º de Primaria y 4º de la ESO)
- Las autonomías con lengua propia decidirán el 45% de los contenidos
- Se suprime la regulación del uso de la lengua co-oficial. El 4 de noviembre de 2020, PSOE, Podemos y ERC pactaron eliminar que "el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares" para blindar el catalán en las escuelas de Cataluña. El PNV también quiere fijar el Euskera como lengua vehicular en el País Vasco.
- El Título de Bachillerato podrá obtenerse con un suspenso.
- Las matemáticas no serán obligatorias para aquellos estudiantes que elijan el Bachillerato de Ciencias y Tecnología o el de Humanidades y Ciencias Sociales.
Por si quedaba alguna duda de las intenciones de Educación, el Gobierno las deja bien claras en el documento de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso. En el grupo dedicado a las Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, el PSOE y Unidas Podemos dejan bien claro que su objetivo es la defensa de la enseñanza pública y la progresiva eliminación de la concertada. También amenazan a los centros de educación especial.
¿Cómo? En el bloque dedicado a educación del documento, establecen, como primer objetivo el «incremento de los recursos públicos dedicados a la educación y las becas. La totalidad del incremento de la inversión irá destinada a la educación pública de gestión directa». Aparte de dejarla sin fondos, también buscan dejarla sin puestos escolares.
El segundo punto señala que «las administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública al objeto de poder cubrir todas las necesidades de escolarización existentes».
En la misma línea sigue el tercer punto, que anuncia «la elaboración de un plan de extensión de la Educación Infantil con una red pública e integrada de recursos que garantice una oferta suficiente para todos los niños y niñas menores de 3 años. El sistema será de carácter gratuito y público». La trampa de esta etapa de 0-3 no es, ni mucho menos, su universalización, sino que actualmente no está concertada y si solo se prestase a través de la red pública la posibilidad de que los niños opten por otro tipo de centro en las etapas siguientes se reduce. Así, la concertada perdería, indefectiblemente, alumnos.
El ataque a los centros de educación especial se hace cuando el Gobierno propone «luchar contra la segregación escolar asociada a la discapacidad y garantizar la inclusión». Además, promueve el «apoyo a los planes de las comunidades dirigidos a potenciar los dispositivos de seguimiento y control de prácticas segregadoras». Este último aspecto se traduce en la eliminación progresiva en los centros de educación especial.
- Considera a la educación concertada como una subsidiaria de la pública
- Elimina el criterio de la demanda social (los centros concertados no podrán ampliar sus plazas aunque reciban más demanda si hay plazas para escolarizar a los alumnos en los colegios públicos)
- Introduce el representante municipal en el Consejo Escolar
- La asignatura de religión no será obligatoria ni contará para la nota media (sí lo hará la asignatura de Valores)
- Se suprimen las reválidas y las evaluaciones muestrales se realizarán cada dos años (en 6º de Primaria y 4º de la ESO)
- Las autonomías con lengua propia decidirán el 45% de los contenidos
- Se suprime la regulación del uso de la lengua co-oficial. El 4 de noviembre de 2020, PSOE, Podemos y ERC pactaron eliminar que "el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares" para blindar el catalán en las escuelas de Cataluña. El PNV también quiere fijar el Euskera como lengua vehicular en el País Vasco.
- El Título de Bachillerato podrá obtenerse con un suspenso.
- Las matemáticas no serán obligatorias para aquellos estudiantes que elijan el Bachillerato de Ciencias y Tecnología o el de Humanidades y Ciencias Sociales.
La fórmula mágica: ¡Aprobado para todos! Aunque algunos políticos merezcan el suspenso general.
Por si quedaba alguna duda de las intenciones de Educación, el Gobierno las deja bien claras en el documento de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso. En el grupo dedicado a las Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, el PSOE y Unidas Podemos dejan bien claro que su objetivo es la defensa de la enseñanza pública y la progresiva eliminación de la concertada. También amenazan a los centros de educación especial.
¿Cómo? En el bloque dedicado a educación del documento, establecen, como primer objetivo el «incremento de los recursos públicos dedicados a la educación y las becas. La totalidad del incremento de la inversión irá destinada a la educación pública de gestión directa». Aparte de dejarla sin fondos, también buscan dejarla sin puestos escolares.
El segundo punto señala que «las administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública al objeto de poder cubrir todas las necesidades de escolarización existentes».
En la misma línea sigue el tercer punto, que anuncia «la elaboración de un plan de extensión de la Educación Infantil con una red pública e integrada de recursos que garantice una oferta suficiente para todos los niños y niñas menores de 3 años. El sistema será de carácter gratuito y público». La trampa de esta etapa de 0-3 no es, ni mucho menos, su universalización, sino que actualmente no está concertada y si solo se prestase a través de la red pública la posibilidad de que los niños opten por otro tipo de centro en las etapas siguientes se reduce. Así, la concertada perdería, indefectiblemente, alumnos.
El ataque a los centros de educación especial se hace cuando el Gobierno propone «luchar contra la segregación escolar asociada a la discapacidad y garantizar la inclusión». Además, promueve el «apoyo a los planes de las comunidades dirigidos a potenciar los dispositivos de seguimiento y control de prácticas segregadoras». Este último aspecto se traduce en la eliminación progresiva en los centros de educación especial.
Universidades
Por su parte, la directora del Instituto de la Mujer y ministra de Igualdad, Irene Montero, pretende que los estudios feministas y de género sean plenamente reconocidos como área de conocimiento en las universidades españolas.
Por otro lado, miles de universitarios se preguntan como van a finalizar el curso. El ministro de Universidades, Manuel Castells, no está cumpliendo con sus obligaciones. La desidia e ineficacia del ministro podemita han provocado un nuevo cisma en Moncloa por la dejadez de sus funciones y el propio Ejecutivo le exige que mantenga una relación más fluida con las Universidades para dar respuesta a todos estos estudiantes.
¿Como será la enseñanza post-Covid?
Pero más allá de las medidas para el cierre del curso actual, y en un contexto de esta magnitud, Unicef recuerda que la prioridad no debe estar únicamente en cómo sacar adelante este curso, sino en garantizar el derecho a la educación y contribuir a frenar el impacto de esta crisis del coronavirus desde el propio ámbito educativo. Por tanto, el reto para el escenario post-coronavirus es cómo activar una enseñanza a distancia completa y de calidad ante posibles nuevos escenarios de confinamiento en el futuro. Las principales medidas que propone Unicef son:
* Desarrollar plataformas digitales de enseñanza que estén centralizadas por las administraciones educativas y que garanticen la homogeneidad, la calidad de acceso, la lucha contra el absentismo, la protección de los datos personales y la ciberseguridad del alumnado, profesorado y centro educativo.
* Desarrollar contenidos específicos de educación para la salud: prevención del contagio, gestión emocional, hábitos saludables, etc
* Digitalización de actividades, fomentando un uso adecuado de las TIC para acceder y manejar contenidos digitales con éxito.
* Crear planes que incluyan los pasos necesarios para la reapertura segura de las escuelas, una vez superadas las primeras fases de la crisis. Si esto ocurriera, se deben seguir pautas que garanticen la protección y adecuada información de toda la comunidad educativa, contando con la participación y cooperación entre administraciones, familias y sociedad civil como aliados clave.
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| Desigualdad educativa |
Asimismo, la Fundación COTEC ha elaborado un informe titulado "Covid-19 y educación: problemas, respuestas y escenarios" para analizar la situación educativa derivada de la crisis sanitaria. El documento, enviado a las autoridades, incluye una serie de propuestas adaptadas a cinco posibles escenarios para retomar la actividad escolar presencial.
Estamos solo en el comienzo de una emergencia social y educativa, y es urgente construir un escudo educativo que proteja al alumnado y potencie el aprendizaje de todas las personas, desde ahora y en el futuro, con o sin emergencia sanitaria. Para ello, resulta esencial al menos:
- Mejorar las condiciones educativas para atender a la diversidad de todo el alumnado y a sus condiciones sociofamiliares. Aumentar las plantillas de los departamentos y equipos de orientación y asesoramiento psicopedagógico en todos sus perfiles profesionales, y especialmente en aquellos que pueden coordinarse con los Servicios Sociales y activar recursos de distintas administraciones.
- Implementar políticas que frenen la segregación escolar en todas sus dimensiones. Una educación confinada representa la máxima segregación educativa. Una de las mayores riquezas de la escuela es ofrecer un contexto escolar diverso que promueva una convivencia positiva y compense las desigualdades.
- Aplicar actuaciones educativas de éxito contrastadas, fomentando el diseño universal para el aprendizaje y el modelo de cotutorías o docencia compartida. Para ello es necesario incrementar las plantillas en los centros y garantizar la estabilidad de los equipos docentes.
- Diseñar currículos oficiales flexibles alejados de la estandarización y el enciclopedismo, permitiendo el ejercicio de la autonomía pedagógica de los centros para personalizar al máximo la enseñanza.
- Preparar desde los centros el apoyo psicológico y emocional que necesitarán los alumnos y docentes, especialmente quienes han vivido situaciones traumáticas durante la pandemia.
- Establecer sistemas de apoyo económico para las familias que experimentarán problemas económicos.
- Prestar atención a las necesidades del alumnado vulnerable de cara a posibles nuevos confinamientos. Es necesario garantizar materiales para aprender en casa, diseñar metodologías y contenidos adecuados, establecer vías de comunicación fiables entre docente y alumno, y garantizar la seguridad alimentaria y el acceso a los recursos de salud física y mental para todos.
- Dotar a los centros de infraestructura, material y formación adecuados para la docencia presencial y a distancia. Ello implica que todo docente cuente con tecnología para trabajar en su domicilio.
Pero en la práctica, ¿cómo se plantea España el regreso a las aulas en Septiembre? Parece lógico pensar que se deberían cumplir una serie de requisitos sanitarios, como el uso obligatorio de mascarilla, o hacer test al profesorado, al equipo directivo e incluso al propio alumnado. Pero esto es muy improbable, teniendo en cuenta que el gobierno socialcomunista se ha negado a hacer test masivos a la población, ni siquiera en plena pandemia.
Las estrictas medidas de higiene y desinfección de espacios públicos seguirán siendo vitales. Sería aconsejable también que hubiera flexibilidad de turnos y de horarios, y que la vuelta al cole fuera escalonada, empezando por los alumnos de cursos superiores.
Si no hay vacuna, los colegios tendrán la mitad de alumnado
La ministra Celaá ya ha adelantado que, si no hay vacuna, para el curso 2020-21 la posibilidad de trabajar 'online' no se descarta, sobre todo en el comienzo del curso.
Probablemente las aulas deban ser rediseñadas para que los alumnos puedan mantener la distancia de seguridad (a ser posible, pupitres individuales y bastantes separados). Con esta medida, es evidente que tendrá que haber menos alumnos por aula (un máximo de 15, en lugar de los 28 actuales), por lo que una de las opciones que baraja el Ministerio de Educación es que se establezca una educación por turnos: una mitad del alumnado se incorporaría de forma presencial a la actividad escolar, mientras que la otra mitad tendría que seguir recibiendo clases de forma telemática.
Los interrogantes son interminables, ya que Celaá soltó la bomba pero no tiene ni idea de cómo implementarla. ¿Unos irán al cole lunes, miércoles y viernes, y otros los martes y jueves? ¿O se harán turnos de mañana y tarde? ¿Y cómo conciliarán los padres trabajadores esta nueva modalidad educativa? Sin colegio, sin guarderías, sin ludotecas y sin abuelos que puedan echar una mano, las familias deben salir de casa para ir a trabajar (porque no todos pueden teletrabajar), sin manera de conciliar. ¿Con quién dejarán ahora a los niños que aún no se valen por sí mismos?
Por otro lado, ¿se necesitarán el doble de maestros? (lo cual implicaría duplicar el gasto en educación, y dada la tremenda crisis económica de España no creo que estemos para esos dispendios) ¿Deberán dejar de trabajar los maestros de mayor de edad, embarazadas o con patologías previas a los que se les desaconseja trabajar en la escuela para evitar los contagios? ¿Se impartirá menos materia? ¿Cómo se paliará la desigualdad de recursos del alumnado?
Y además, ¿cómo se garantizará el distanciamiento físico en los recreos y en el patio? ¿Cómo explicar (y hacer cumplir) a un niño de 6 u 8 años que solo puede jugar "a distancia" con sus amigos, que no se puede tocar ni rozar? Es anti-natura.
Ya hay quien dice que esta solución tendrá consecuencias negativas en el aprendizaje e incluso psicológicas para los niños, así como para la organización de los centros y en la conciliación de la vida familiar. La conmoción que provoca un comienzo de curso escolar digital (o semi-digital) es evidente. Es una bofetada para todos, incluidos los progenitores, para quienes conciliar vida familiar y laboral en condiciones normales ya era un acto heroico. También para los profesores, que han hecho un esfuerzo colosal durante el confinamiento para mantener la actividad académica.
Por el momento, lo único que tenemos claro es que la vuelta a las aulas será atípica y enmarcada dentro de lo que ahora llaman "nueva normalidad". Y una última reflexión: si un país tiene antes un plan para ordenar sus playas y terrazas que su sistema educativo, es que algo no va demasiado bien.
Actualización 4 Junio: El Consejo Escolar del Estado (CEE), máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa, ha elaborado un borrador con propuestas para el curso 2020-21 (que se votará el 16 de junio) en la que incluye una polémica propuesta: se otorgará el certificado de la ESO sin límite de suspensos.
«El Consejo Escolar del Estado propone que se otorgue al título de la ESO el carácter de una certificación para todos los alumnos y alumnas, que incluya sus respectivas calificaciones, suficientes o no, y habilite el acceso a todo el alumnado a distintas vías formativas. A las actualmente existentes debería añadirse una tercera vía de aprendizaje, posterior a la Secundaria Obligatoria (independiente, por tanto, de la actual Formación Profesional Básica) que daría futuro formativo, también, a todo el alumnado español».
Actualización 10 Junio: Los centros educativos tendrán que garantizar en la nueva normalidad que los estudiantes mantengan una distancia de al menos 1,5 metros, así como evitar aglomeraciones, tal y como recoge el Real Decreto-ley de la Nueva Normalidad. Además, se establece que las administraciones educativas deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de los centros docentes, públicos o privados, de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de los citados centros que aquellas establezcan.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional y las comunidades autónomas trabajan conjuntamente para definir las recomendaciones para la vuelta al cole que trasladarán a los centros educativos para adaptarse a los posibles escenarios en los que evolucione la pandemia.
Actualización 30 septiembre: La ministra de Educación lo ha vuelto a hacer. Tal como lo planteó para el tercer trimestre del curso pasado, ha vuelto a aprobar una orden que da luz verde a las comunidades para que permitan a los alumnos pasar de curso (en primaria, ESO y Bachillerato) sin límite de suspensos. Así lo establece el Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria aprobado el 29 de septiembre.
En contra de lo que dicta la Constitución, serán las comunidades autónomas las que regularán los requisitos para titular en ESO y Bachillerato. La medida también va en contra la ley educativa vigente (Loe-Lomce), que dice que no se puede pasar de curso con 3 suspensos en la ESO y 2 en Bachillerato; y para obtener el título se debe haber aprobado todo en Bachillerato o se puede haber suspendido 2 asignaturas en la ESO (siempre que no sean Matemáticas y Lengua simultáneamente).
Actualización 4 Junio: El Consejo Escolar del Estado (CEE), máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa, ha elaborado un borrador con propuestas para el curso 2020-21 (que se votará el 16 de junio) en la que incluye una polémica propuesta: se otorgará el certificado de la ESO sin límite de suspensos.
«El Consejo Escolar del Estado propone que se otorgue al título de la ESO el carácter de una certificación para todos los alumnos y alumnas, que incluya sus respectivas calificaciones, suficientes o no, y habilite el acceso a todo el alumnado a distintas vías formativas. A las actualmente existentes debería añadirse una tercera vía de aprendizaje, posterior a la Secundaria Obligatoria (independiente, por tanto, de la actual Formación Profesional Básica) que daría futuro formativo, también, a todo el alumnado español».
Actualización 10 Junio: Los centros educativos tendrán que garantizar en la nueva normalidad que los estudiantes mantengan una distancia de al menos 1,5 metros, así como evitar aglomeraciones, tal y como recoge el Real Decreto-ley de la Nueva Normalidad. Además, se establece que las administraciones educativas deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de los centros docentes, públicos o privados, de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de los citados centros que aquellas establezcan.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional y las comunidades autónomas trabajan conjuntamente para definir las recomendaciones para la vuelta al cole que trasladarán a los centros educativos para adaptarse a los posibles escenarios en los que evolucione la pandemia.
Actualización 30 septiembre: La ministra de Educación lo ha vuelto a hacer. Tal como lo planteó para el tercer trimestre del curso pasado, ha vuelto a aprobar una orden que da luz verde a las comunidades para que permitan a los alumnos pasar de curso (en primaria, ESO y Bachillerato) sin límite de suspensos. Así lo establece el Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria aprobado el 29 de septiembre.
En contra de lo que dicta la Constitución, serán las comunidades autónomas las que regularán los requisitos para titular en ESO y Bachillerato. La medida también va en contra la ley educativa vigente (Loe-Lomce), que dice que no se puede pasar de curso con 3 suspensos en la ESO y 2 en Bachillerato; y para obtener el título se debe haber aprobado todo en Bachillerato o se puede haber suspendido 2 asignaturas en la ESO (siempre que no sean Matemáticas y Lengua simultáneamente).