La improvisación, las luchas internas y de poder, y la elevada burocracia han derivado al Gobierno de Pedro Sánchez en incumplimientos sucesivos e, incluso, reiterados en cuanto a la batería de medidas y promesas incumplidas para paliar las consecuencias sanitarias y económicas derivadas de la crisis del coronavirus. Y es que la gestión de la pandemia está siendo un cúmulo de chapuzas y negligencias.
Para empezar, habría que resaltar que esta epidemia coge a nuestro país en una situación de poca fortaleza política. Nuestro gobierno es endeble, al tener que depender de un partido político de extrema izquierda y al tener que sustentarse en una escasa mayoría parlamentaria integrada, en parte, por fuerzas políticas contrarias a la unidad de España y al interés general de sus ciudadanos. Pero además, en este momento, no se vislumbra en nuestra nación la existencia de cualquier otra fuerza política capaz de erigirse, por sí sola, en cabeza de ordenación y gestión de la acción pública que requiere la actual coyuntura por la que atraviesa el país.
Para empezar, habría que resaltar que esta epidemia coge a nuestro país en una situación de poca fortaleza política. Nuestro gobierno es endeble, al tener que depender de un partido político de extrema izquierda y al tener que sustentarse en una escasa mayoría parlamentaria integrada, en parte, por fuerzas políticas contrarias a la unidad de España y al interés general de sus ciudadanos. Pero además, en este momento, no se vislumbra en nuestra nación la existencia de cualquier otra fuerza política capaz de erigirse, por sí sola, en cabeza de ordenación y gestión de la acción pública que requiere la actual coyuntura por la que atraviesa el país.
Un Gobierno a la deriva
Una vez iniciada la séptima semana de encierro de los ciudadanos ordenado con el estado de alarma y del cierre productivo de gran parte de la economía impuesto por decreto, no logramos ver un plan trazado por el Gobierno que nos permita tener fe en que se está combatiendo la crisis del coronavirus en su doble vertiente -sanitaria y económica- ni se vislumbra que podamos esperarlo próximamente.
El presidente Sánchez parece que sólo tiene un plan: tratar de conseguir que el virus desaparezca mientras mantiene el encierro de la población. Ante la ausencia de ideas y medidas para afrontar de frente el problema, opta por fiarlo todo al arresto domiciliario de la población, pero eso sólo tiene efecto en el cortísimo plazo.
Debido a la imprevisión del Gobierno, a no haber actuado a tiempo con medidas preventivas y de resguardo de los grupos de riesgo, que hubiesen evitado las durísimas medidas ordenadas el 14 de marzo e impedido la saturación de la capacidad sanitaria, nos encontramos ahora en una especie de túnel cuya salida no vemos, porque el Gobierno, con el desistimiento de sus obligaciones, alarga su longitud, sin saber si el hecho de que lleguemos a ver la luz puede ser un espejismo o una realidad.
El Gobierno está superado y se encuentra a la deriva. Si los ciudadanos tachan los días para ver cuándo pueden recuperar su libertad, su empresa y su puesto de trabajo, para comenzar a reactivar toda la actividad y la vida normal (no una “nueva normalidad”, sino la normalidad sin adjetivos), Sánchez, con su "democracia directa", tacha los días en una cuenta que sólo significa la permanencia de una jornada más en la Moncloa.
Si el Gobierno al principio no fue previsor o retrasó medidas más suaves para no impedir las manifestaciones feministas del 8-M, ahora es un Ejecutivo incompetente: ni sabe comprar en el mercado, sufriendo engaños en los test o en los equipos de protección, ni se provee adecuadamente de tests fiables para realizárselos masivamente a TODA la población y poder así separar a los contagiados para que pasen la cuarentena (y reciban, si necesitan, tratamiento médico) mientras se deja a los no infectados que reanuden el trabajo, ni da instrucciones claras con ninguna medida que adopta.
Un mes y medio después de la declaración del estado de alarma, buena parte del material médico comprado por el Gobierno sigue sin llegar y los compromisos económicos están en el aire; todo ello derivado del gran fiasco en las compras sanitarias. Esta circunstancia está provocando en la ciudadanía y en el mundo empresarial una mayor incertidumbre a la desatada por la situación de emergencia actual.
Y ante este escenario, Sánchez tiene la desfachatez de proponer ahora unos Nuevos Pactos de la Moncloa, una burda estratagema marketiniana de propaganda política, orientada no a solucionar el problema, sino a enmascarar sus errores para sobrevivir políticamente.
Y ante este escenario, Sánchez tiene la desfachatez de proponer ahora unos Nuevos Pactos de la Moncloa, una burda estratagema marketiniana de propaganda política, orientada no a solucionar el problema, sino a enmascarar sus errores para sobrevivir políticamente.
Estos son algunos ejemplos de los retrasos y promesas incumplidas del gobierno de coalición:
Mascarillas
Cuando se decretó el Estado de Alarma, encontrar una mascarilla en España ya era difícil. Desde finales de enero la demanda fue tan fuerte que prácticamente vació el canal de distribución farmacéutica. Las pocas que quedasen dentro del país fueron incautadas a partir del 14 de marzo, así como se interceptaron en las aduanas las que se importaban.
Fue entonces cuando el Gobierno, a través del autoproclamado Mando Único, se comprometió a hacer las compras necesarias para que el personal esencial y los grupos de riesgo, primero, y el resto de la ciudadanía, posteriormente, tuvieran acceso a este bien de primera necesidad en tiempos de pandemia.
Fue entonces cuando el Gobierno, a través del autoproclamado Mando Único, se comprometió a hacer las compras necesarias para que el personal esencial y los grupos de riesgo, primero, y el resto de la ciudadanía, posteriormente, tuvieran acceso a este bien de primera necesidad en tiempos de pandemia.
Durante las primeras semanas los sanitarios, así como también el personal de las residencias de ancianos, no dispusieron de mascarillas. España tiene hoy más de 40.000 sanitarios infectados (cifras del 30 de abril), por no contar de nuevo el drama de los geriátricos (15.000 ancianos fallecidos a sumar en la incompetencia de este gobierno).
Ahora tampoco tiene toda la población que lo necesita. Basta con ver a las personas que volvieron al trabajo tras las "vacaciones forzosas" de Semana Santa, o bien acercarse a una farmacia para intentar comprar una. El Gobierno ha comprado y repartido mascarillas, pero es evidente que no la cantidad necesaria. Además, ha regulado su precio de venta al público, lo que ha provocado el desabastecimiento (su precio de compra es más caro que el de venta, y las farmacias no están dispuestas a vender "a pérdidas").
A esta situación se suma el último capítulo de errores cometidos por el departamento de compras del que el Ministerio de Sanidad dispone: el Ingesa. 140.000 mascarillas han tenido que ser retiradas el 15 de abril porque no cumplen con los estándares de calidad. Lo peor de todo es que se dieron cuenta 15 días después, es decir, los sanitarios han estado utilizando las mascarillas fake durante dos semanas, lo cual ha disparado el número de contagios entre el personal sanitario (45.000 infectados hasta la fecha, que se sepa). ¿Por qué en España tenemos uno de mayores porcentajes del mundo de personal sanitario contagiado por coronavirus? Esa ruleta rusa de las pruebas fallidas y de los medios deficientes no puede ser ajena a este resultado fatal.
Sanidad no ha aclarado cuál es el número total de mascarillas defectuosas, pero sí se ha podido saber que el Ministerio firmó hasta tres contratos por valor de 116 millones de euros que incluía dichas mascarillas y trajes de protección para los sanitarios. (El 30 de abril se seguían retirando lotes de mascarillas defectuosas).
Por no hablar de los sobrecostes. El Ministerio de Sanidad compra en China gel hidroalcohólico un 354% más caro de lo que le cobrarían empresas españolas; guantes de nitrilo al doble de su precio; batas de protección a 20€ cuando su precio en origen es de 0,2€, guantes de nitrilo un 177% más caros... Un Gobierno de ineptitud y derroche.
Además, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha adjudicado 14 contratos de compra de material sanitario a proveedores con dirección desconocida, lo cual «rompe todos los esquemas de contratación en el sector público, ya que es inadmisible que no figure ese dato en el dossier aportado por el adjudicatario». El montante total de estos contratos asciende a la friolera de 313,77 millones de euros más IVA. Dichos contratos se tramitaron por un procedimiento «negociado sin publicidad acelerado», por lo que en cada uno de ellos solo presentó oferta una única empresa. 2,5 millones de mascarillas FFP3 por un importe de 11,7 millones de euros, 56,2 millones de mascarillas FFP2 por 150.061.218,91€, batas por más de 29 millones, 8,2 millones por 200 respiradores, etc. Y la lista sigue hasta llegar a los 313.778.620,16 euros en contratos a empresas de dirección «desconocida». Huele mal, pero que muy mal.
Y mientras nuestro propio personal carece de las medidas de protección adecuadas, nuestro gobierno se permite el lujo de exportar guantes, mascarillas y otros productos a países como Cuba, Argelia, Marruecos o Perú.
Y mientras nuestro propio personal carece de las medidas de protección adecuadas, nuestro gobierno se permite el lujo de exportar guantes, mascarillas y otros productos a países como Cuba, Argelia, Marruecos o Perú.
Test de coronavirus
El Gobierno ha firmado, desde que estalló la crisis del coronavirus, al menos cinco contratos por valor de 171 millones de euros de material sanitario cuya solvencia está en duda.
Una pandemia como la del coronavirus solo se puede controlar si se tiene una fotografía real del grado de contagios que tiene un país. Para ello son indispensables los test de diagnóstico, preferiblemente los llamados PCR, aunque también juegan un papel fundamental los test rápidos, sobre todo en momentos de colapso. Pero el ministro Illa ya ha anunciado que ni hay ni habrá un test para cada ciudadano.
El Covid-19 cogió a España sin las pruebas necesarias para hacerle frente. El Gobierno se debía encargar de surtir a las comunidades pero sus compras, de nuevo, se mostraron insuficientes, cuando no un timo. 17,1 millones de euros costaron los 640.000 tests de detección inservibles y defectuosos (con sensibilidad del 30%, cuando los requerimientos ante el Covid-19 son del 80%) comprados a una empresa china no homologada, una operación en la que el Gobierno -sospechosamente- no ha querido revelar qué empresa española fue la intermediaria, al haber anulado el Portal de Transparencia. Hacienda permite al Ministerio de Sanidad que oculte los detalles de las operaciones de compra de material para luchar contra el coronavirus. El ministro Salvador Illa se ha negado a responder cómo y quién ha gestionado las compras fallidas durante los últimos días, pero además el Gobierno ha facilitado que los canales oficiales tampoco sirvan para dar una respuesta desde el estado de alarma.
Lo mismo ocurrió con los 5 millones de test de anticuerpos fake de tipo «Sars-Cov 2 Antibody Test (Lateral Flow Method)» que Sanidad compró por 38 millones de euros y que, posteriormente, la India ha rechazado tras comprar otra remesa y considerarlos poco precisos. En España los seguimos utilizando y ya han saltado las alarmas, ya que por ejemplo, en Galicia (que ha pasado del Gobierno y decidió realizar su propio estudio serológico a su población) los resultados que han ofrecido estos tests son de apenas el 1% de infectados, algo de lo más llamativo que hace dudar de su eficacia.
Y mientras nuestro Gobierno de Inútiles sigue importando material defectuoso de China (y pagando sobrecostes), en nuestro país, empresas nacionales exportan test PCR para el Covid-19 porque no se los compran en España.
El 16 de abril, el ministro Illa, que hasta ahora repetía una y otra vez que España realizaba 20.000 pruebas de PCR, dijo que se han realizado en este tiempo 930.000 pruebas diagnósticas. Se trata de una cifra engañosa porque no significa que casi un millón de ciudadanos se han sometido a dichos test, ya que es necesario hacerse más de una prueba durante la enfermedad.
Pero más grave es el anuncio, hace varios días, de realizar un cribado poblacional de 60.000 test y que a 17 de abril ni siquiera se ha terminado la fase de estudio para saber cómo debe hacerse. Este estudio tardará 21 días por la necesidad, precisamente de hacer más de un test, y hasta que no se complete no habrá seguridad para afrontar la fase de desescalada. El 28 de abril Sánchez anunció que comenzábamos la desescalada, y aún no se han realizado los citados tests serológicos a la población.
Además, el Gobierno del Bulo nos miente de manera descarada al anunciar, por tierra, mar y aire, que un informe de la OCDE coloca a España como el 8º país del mundo que más test del coronavirus ha realizado. Es mentira. Según afirma la OCDE, los datos del informe fueron remitidos por el propio Gobierno de España, concretamente desde el Gabinete de la Presidencia del Gobierno (en manos de Iván Redondo) y no verificadas por ningún organismo. Se da otra circunstancia que revela el grado de hipocresía del Gobierno: mientras en España los test rápidos ya no cuentan para establecer el número de contagios (sólo los realizados a través de PCR), a la OCDE le envía el total para aumentar y deformar la realidad.
Respiradores
El último de los productos que el Gobierno se comprometió a proveer son las máquinas de ventilación mecánica necesarias en las UCI para los casos graves de coronavirus (respiradores). La única compra que ha realizado el gobierno se produjo varios días después de decretar el Estado de Alarma. El ministro de Sanidad anunció una compra de más de 500 millones entre las que se encontraban casi 1.000 respiradores. La mala noticia es que no llegarán todas las unidades hasta junio, fecha en la que es muy posible que en las UCI ya no haya colapso que ha existido hasta la fecha y no hagan falta, al menos no tanta como hace un mes.
Una carta de los médicos intensivistas reconocía que tenían que elegir entre personas porque no tenían sitio en las UCI suficientes. Además, la semana del 18 de abril, los anestesistas de Castilla-La Mancha aseguraban en una carta remitida al Gobierno de esa comunidad autónoma que los respiradores que llegaron hace unos días y que estuvieron retenidos en Turquía, no cumplen con lo exigible. El gobierno regional niega ese extremo y dice que es sólo una opinión personal.
Mientras que los productos comprados a China no llegan o son defectuosos, el Gobierno tardó como tres semanas en cerrar un acuerdo con una empresa madrileña que era la única que producía en España y que ponen al servicio de los hospitales diariamente 100 unidades. El escándalo llegó unos días después. Dicha empresa (sin licencia, constituida hace apenas un año, y cuyo objeto social es "la fabricación de elementos de yeso para la construcción") anunciaba que NO podía suministrar el material. 144 respiradores por valor de 3,31 millones de euros: pedido anulado.
Los respiradores también son otra de las compras sospechosas del Ingesa, que adjudicó un pedido de 380.000€ a una empresa con dirección y localidad «desconocidas».
Renta Mínima
Desde hace semanas el Gobierno lleva insistiendo en la necesidad de impulsar una "renta mínima vital" para que las familias sin recursos puedan sobrevivir (ojo, porque esta medida es de carácter permanente, no debido a la crisis actual).
En un principio, para agilizar las ayudas a los hogares más vulnerables, el vicepresidente Pablo Iglesias prometió la puesta en marcha inmediata de una "renta puente" con el objetivo de agilizar las ayudas a los colectivos más dañados por la crisis del Covid-19, pero su propuesta fue rechazada por el Consejo de Ministros. Según indicó la portavoz María Jesús Montero, el lanzamiento de esta medida tardaría meses, "por cuestiones técnicas".
Sin embargo, el 15 de abril, Iglesias y Sánchez habrían pactado impulsarla en mayo de manera definitiva. Iglesias, eso sí, indicó que el acuerdo de ambos es que las familias puedan cobrar en mayo esta renta, que podría ser de entre 400 y 500 euros. Pero ni eso está aún claro y a 1 de Mayo no se ha vuelto a saber nada. No obstante, la mejor política social no es la que se limita a repartir subsidios a quienes ya han perdido su empleo, sino la que se centra en evitar que lo pierdan. Hay que decidir entre subsidiar el paro... o subsidiar el empleo; y parece que Iglesias tiene clara la primera opción.
Por otra parte, la burocracia administrativa está impidiendo que los afectados por los ERTE’s cobren su prestación, dejando a 4 millones de personas sin ingresos durante dos meses, llevando a muchas familias a una situación insostenible. A pesar de ello, la sociedad está obedeciendo ciegamente a un gobierno aciago, en pro de atajar la pandemia y salvar sus vidas (aunque no sus economías).
Si se suman los subsidios de los ERTE, las prestaciones por cese de actividad para los autónomos, las prestaciones que ya están cobrando los desempleados, los pensionistas, el millón de hogares que el Gobierno prevé que se beneficiarán del ingreso mínimo vital, los funcionarios y los empleados públicos, el balance es preocupante: cerca 22 millones de personas estarán cobrando en algún momento del año del Estado, según el plan diseñado por el Gobierno central; es decir, el 60% de la población adulta estará viviendo de "papá Estado". Una situación completamente insostenible, que aboca a España de cabeza al rescate.
Créditos avalados
El presidente del Gobierno anunció el 17 de marzo la puesta a disposición de 100.000 millones de avales públicos para que las empresas (principalmente pymes y autónomos) pudieran pedir préstamos con los que poder afrontar los pagos y poder subsistir ante el cierre de sus negocios. Por ahora, según cifras del pasado 14 de abril, el Ejecutivo apenas había aprobado operaciones con unas garantías de algo más de 5.000 millones, es decir, un 5% del total prometido.
El Consejo de Ministros solo ha dispuesto por el momento dos tramos por un total de 40.000 millones en coberturas estatales, un hecho que está complicando la gestión de los bancos en las tramitaciones, a pesar de que las entidades señalan que cuentan con solicitudes que sobrepasan esta cuantía en estos momentos. Por tanto, la liquidez a pymes, autónomos y empresas están llegando a cuentagotas o simplemente, no está llegando.
Las medidas concretas propuestas por el gobierno denotan un escaso entendimiento de los problemas reales de empresas, PYME y autónomos. Por supuesto, la liquidez es un problema inmediato, pero ello no resuelve el problema de solvencia al que esta crisis puede arrastrarnos. Los ERTE o los créditos ICO son herramientas útiles en el corto plazo, pero no detienen el taxímetro de determinados gastos, como pudieran ser alquileres, impuestos, seguros, seguridad, suministros, etc. Desgraciadamente, la crisis no acaba cuando se reabre el negocio, sino cuando vuelven a él sus clientes. Reabrirlo, para encontrarse con una deuda acumulada de difícil digestión, así como con la obligatoriedad de reincorporar al 100% de la plantilla anterior a la crisis, puede ser letal para muchos negocios.
Impuestos
El Gobierno ha modificado su hoja de ruta en varias ocasiones sobre el pago de los impuestos para autónomos y pymes (IVA, IRPF y Sociedades), lo que está provocando que estos colectivos no puedan adoptar medidas para combatir los efectos de la pandemia, debido a la inseguridad que genera.
La última decisión a este respecto es que la declaración de estos gravámenes se realice el 20 de mayo, en vez de lo previsto, el 20 de abril. Las empresas reclaman que se cancelen estos pagos ante la imposibilidad de muchas de ellas de afrontar el pago.
[Ésta es la guía de ayudas que el gobierno ha aprobado para hacer frente a la pandemia]
Cuota de autónomos
La promesa inicial del Gobierno era que iba a aplazar el cobro de la cuota de autónomos durante el estado de alarma. La realidad es que el Ejecutivo ha pasado al cobro las cuotas de marzo y abril (está por ver qué pasará con el mes de mayo). Ahora, gran parte de los profesionales de nuestro país están exigiendo la devolución de la cuota, al haber tenido que cerrar sus negocios por el Estado de Alarma.
Además, han reclamado la prestación por cese de actividad o caída de negocio, pero para poder acogerse tendrán que demostrar que su facturación ha descendido al menos un 75%, un nivel que la mayor parte de los autónomos no cumplen.
El Gobierno señaló el 17 de abril que se han acogido a esta ayuda más de 919.000 profesionales, a los que se destinará unos 671 millones en conjunto. La prestación tiene una cuantía del 70% de la base reguladora, es decir, 661€.
Un importante sector de este Gobierno no pierde oportunidad de demostrar su ignorancia —y también rencor— respecto al sector privado. Probablemente, porque siempre hayan vivido de lo público. Sería muy de agradecer que alguien les explicara que no existe país a cuyos ciudadanos les vaya bien sin que a sus empresas les vaya bien. Nuestro estado del bienestar se sustenta sobre un sector privado sólido y con expectativas de futuro. Sin él, peligrarían todas nuestras conquistas sociales. No entender que de esta crisis no se puede salir "contra" las empresas y autónomos, sino "con" ellos, es no entender cómo funciona el mundo.
Éstos son solo algunos de los fiascos de nuestro Gobierno negligente y chapucero, pero hay muchos más. La dureza de las restricciones impuestas -respaldadas por el PP pese a la incapacidad de Sánchez para consensuarlas- y la extensión eterna del estado de alarma, consecuencia de la ineptitud gubernamental para controlar la epidemia, abocan a la economía española a un hundimiento sin precedentes; nuestro país está abocado al desastre y a la ruina.