A pesar de que "Sánchez, el cacique" ha insistido por activa y por pasiva en que "no hay un plan B" al estado de alarma perpetuo, es evidente que SÍ LO HAY.
Ante la dantesca situación que los españoles estamos viviendo, la única receta del Gobierno es prorrogar el estado de alarma. En plena desescalada es ya completamente innecesario tener a todo el país sumido en un estado de democracia directa que lo único que hace es otorgar un poder absoluto al presidente de Gobierno, permitiendo que siga violando la Constitución, restringiendo sin motivo alguno los derechos y libertades de los ciudadanos (con las consiguientes sanciones), y amordazando al pueblo y a la prensa que critican (con razón) su nefasta y chapucera gestión de esta terrible crisis.
El principal partido de la oposición (PP) defiende un programa alternativo al Plan de Desescalada de Sánchez, un pacto de Estado por la Sanidad en la Comisión parlamentaria de reconstrucción y medidas de choque para evitar el rescate del país.
El líder del PP, Pablo Casado, apoyó al Gobierno para poner en marcha el estado de alarma y en las tres primeras prórrogas, pero rechazó unas medidas económicas que consideró ineficaces e insuficientes. La ruptura se consumó del todo el 8 de mayo, cuando los Populares se abstuvieron en el debate de la cuarta prórroga, y ya han anticipado que su voto será un «no» rotundo en la quinta, que Sánchez ya ha anunciado que volverá a pedir el 20 de mayo, y que ésta no será de 15 días sino de más de UN MES (hasta el 27 de junio).
Frente a las actuaciones unilaterales de Sánchez, Casado tiene su «plan B», que pasa por poner fin cuanto antes a este estado de alarma, sustituir la «caótica y partidista» desescalada diseñada en La Moncloa por otra pactada, y aprobar medidas urgentes que eviten el rescate de España y activen la economía.
Bajo el lema "Activemos España", la alternativa del PP contiene una batería de medidas sanitarias, económicas y jurídicas.
Estas son las principales propuestas:
Medidas Sanitarias
1. Uso obligatorio de mascarillas en la calle y recomendado para mayores de 65 años en espacios cerrados, cuando se encuentren con personas con las que no convivan.
2. Test masivos a la población, mapa de seroprevalencia y prueba a todos los profesionales sanitarios y de residencias de ancianos, y rastreo rápido de los contactos de las personas contagiadas.
3. Pacto de Estado «Cajal» por la Sanidad, en honor al Premio Nobel de Medicina, para fortalecer el Sistema Nacional de Salud y de cuidados de mayores con el fin de potenciar la investigación y la industria nacional sanitaria.
4. Puesta en marcha de la denominada «huella digital» con un pasaporte epidemiológico y de una aplicación con código QR para que las personas que han pasado la enfermedad puedan tener libertad de movimientos y los contagiados avisen automáticamente a sus contactos.
5. Prevenir y adaptar el sistema para futuras pandemias, reforzando la atención primaria y la atención telefónica, telemática y domiciliaria, además de establecer corredores hospitalarios seguros frente a infecciones.
6. Previsión de un depósito de material de protección centralizado.
7. Creación de un pool nacional de personal especializado que pueda ser desplazado a las distintas Comunidades Autónomas para atender las demandas de la pandemia.
8. Constituir una Agencia Nacional de Salud Pública y Calidad Asistencial que incluya una unidad de seguimiento de pandemias, con un representante de cada una de las Comunidades Autónomas, bajo mandato de otro de la Administración General del Estado.
9. Garantizar el distanciamiento social por franjas de edad y riesgo de contagio, planteando incluso un desescalamiento de horarios de trabajo y protocolos de seguridad sanitaria para todo tipo de espacios.
10. Publicación inmediata de los expertos en cumplimiento del artículo 11 de la ley general de salud pública 33/2011.
Impulso a la economía
1. Exoneración del pago de impuestos a la apertura o reapertura de empresas provocadas por la crisis del Covid-19 hasta el 31 de diciembre de 2020.
2. Recuperar y extender la tarifa plana de 50€ para autónomos.
3. Extender hasta el 31 de diciembre el pago de los ERTE, con especial atención a los sectores más afectados por la pandemia (turismo, hostelería, industria y comercio).
4. Contratos bonificados para incorporar al mercado laboral a trabajadores procedentes de despidos como consecuencia del Covid-19.
5. Recuperar la credibilidad económica de nuestro país para evitar el rescate al que ya se resigna el Gobierno. Descartar subidas masivas de impuestos, acotar el gasto superfluo de la enorme estructura burocrática del Ejecutivo y cancelar la subida de sueldo para cargos electos.
6. Recuperar el proyecto de Tarjeta Social que aglutine y centralice con transparencia y responsabilidad en cada ciudadano todas las ayudas de las administraciones locales, autonómicas y nacionales, evitando duplicidades, también con la renta mínima.
7. Mantener la actividad empresarial y el tejido productivo ampliando los mecanismos de liquidez a empresas y autónomos para evitar su cierre.
8. Plan de fiscalidad para hacer atractiva España a la inversión de empresas e industrias extranjeras y de aplazamiento de impuestos a autónomos y empresas sin ingresos por la pandemia.
9. Elaborar una agenda ambiciosa de reformas que agilicen la burocracia y faciliten la inversión, con reformas como la ley de unidad de mercado, la ley de segunda oportunidad y la ley de emprendedores.
10. Adaptar la economía al escenario post-coronavirus, potenciando la digitalización, el teletrabajo, la flexibilización horaria y la extensión de las bajas laborales a los colectivos en riesgo y por edad.
Propuestas Jurídicas: Legislación aplicable
1. Propuesta de desescalada jurídica para salir de la excepcionalidad constitucional y garantizar derechos y libertades, tal y como recomienda la hoja de ruta común europea para sustituir las medidas excepcionales por la legislación básica (art.6.2.d).
2. Para mantener el mando único sanitario se debe aplicar: La Ley General de Salud Pública (art. 14), la Ley General de Sanidad (art. 26) y la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud del año 2003.
3. Para establecer la limitación de movimientos, se debe aplicar, sobre todo, por ser orgánica, la LO 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública (art. 3). Asimismo, la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. Además, para coordinar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del conjunto de las administraciones, la Ley de Seguridad Nacional.
4. Si aun así se considera necesario reforzar la cobertura legal de limitación con un decreto de movilidad, se podría amparar en el reglamento sanitario de la OMS (artículos 15 y 18) y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 5), que establecen que no se considera violación del derecho de libertad de desplazamiento las restricciones y limitaciones por razón de pandemias.
5. Si aun así, se quisiera ampliar la cobertura legal a través de una ley orgánica, se podría modificar la de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 por vía de urgencia y lectura única en base al artículo 93 del Reglamento del Congreso. Este trámite se puede aprobar en un plazo de 15-20 días.
El papel de las Autonomías
Es loable la buena voluntad que han mostrado el señor Casado y la señora Arrimadas queriendo sentarse para pactar un Plan de Reconstrucción Nacional (que NO unos nuevos pactos de la Moncloa) y además que propusieran hacerlo como se debe: con una comisión parlamentaria con luz y taquígrafos. Pero mucho me temo que Sánchez e Iglesias ya han vuelto a dinamitar esos puentes fijando unilateralmente la estructura y el calendario de dicha comisión.
Pues hasta aquí hemos llegado. Toca pasar al plan B. Y el plan B pasa por dejar de dar carta blanca al Gobierno socialcomunista. Si terminamos con este abusivo Estado de Alarma, las competencias volverían a las comunidades autónomas, y con total probabilidad los presidentes autonómicos serán (ya lo están siendo en el transcurso de esta crisis) mucho más resolutivos. Algunos ejemplos:
En materia sanitaria, y pesar de que la compra de material está centralizada desde el inicio de la pandemia, son los gobiernos regionales los que han conseguido las mayores dotaciones de material de protección, y siempre en buen estado, para distribuir a nuestro personal sanitario. Y lo han hecho con más ayuda de donaciones privadas que de dinero del Estado.
En materia educativa, Ayuso tiene un plan en materia educativa muy sensato, pues mantiene las evaluaciones con distintas modalidades que varían en función del curso en cuestión. Frente a eso tenemos el aprobado general que propone la ministra Celaá. ¡Barra libre para todos!
En cuanto al desconfinamiento, por ejemplo, Torres presentó al ejecutivo un plan por etapas para las Islas Canarias (que fue, por supuesto, ignorado). Plan que ha consensuado con las autoridades insulares y los expertos científicos correspondientes. Entre tanto, el ministro Illa sigue con el “no sabe no contesta”.
Si hablamos de consumo, Almeida ya tiene un plan para ayudar a la hostelería ampliando los espacios para terrazas y su horario y rebajando las tasas correspondientes. Garzón sin embargo sigue perdido en analizar la caída de las apuestas deportivas y desprestigiando el sector turístico.
Es decir, llegados a este punto, creo que estaríamos en mejores manos si nos gestionan nuestros presidentes autonómicos y nuestros alcaldes que si lo siguen haciendo los chapuzas de Sánchez, Iglesias y el resto de la casta.
Ha llegado el momento (ya lo era el pasado 8 de mayo) de votar NO a la 5ª prórroga del Estado de Alarma y de pasar al PLAN B. Toca decir basta, remangarse y ponerse a trabajar de verdad para que ésto termine cuanto antes, y para que España y los españoles podamos salir adelante. Porque no queremos una nueva normalidad, sino la normalidad sin adjetivos.