El confinamiento es solo una forma de comprar tiempo para poner en marcha las medidas necesarias para convivir con el coronavirus hasta que haya una vacuna efectiva. La "desescalada" (que debe suponer el fin a la cuarentena obligatoria) implica que la crisis generada por la pandemia está en proceso de remisión, es decir, que ya no existe la urgencia que determinó la declaración del estado de alarma. Lo cual no es cierto (o al menos, no lo sabemos, ya que no se han hecho (ni se harán) tests a la población para saber la incidencia real del virus en nuestro país).
Sin embargo, el mantener al país durante tanto tiempo en stand by, con la economía en estado de shock y la gente encarcelada en sus hogares, está teniendo un impacto muy negativo sobre la actividad económica y sobre los grupos sociales más vulnerables, de ahí la repentina urgencia en iniciar un Plan de Desescalada de forma precipitada, tal y como anunció Pedro Sánchez en su Aló Presidente del 28 de abril, comparecencia que no ha estado exenta de memes y críticas.
Para avalar su plan, el Gobierno MIENTE. El ministro Illa ha inflado la cifra de curados con 3.500 personas más, incluyendo como ‘nuevos curados’ a pacientes antiguos, tras una actualización enviada por Galicia. Sin embargo, no sigue el mismo criterio con los ‘nuevos fallecidos’. El Gobierno también engaña a la OMS: los envíos de datos de España remitidos a la OMS desde el pasado 25 de abril (día en el que España debatía ya su desescalada) han reducido en un 19,38% el número de nuevos muertos con respecto a lo que el propio Gobierno de España ha admitido en sus estadísticas nacionales.
Pero los españoles no queremos una “nueva normalidad”, sino la normalidad sin adjetivos, basada en nuestra Constitución, en el Estado de Derecho que conforma y en la economía de mercado. La normalidad de poder salir, ir a donde queremos, disfrutar de los espectáculos, reunirnos con los amigos y abrazar a quien queremos. Esa es la normalidad que queremos.
Pero los españoles no queremos una “nueva normalidad”, sino la normalidad sin adjetivos, basada en nuestra Constitución, en el Estado de Derecho que conforma y en la economía de mercado. La normalidad de poder salir, ir a donde queremos, disfrutar de los espectáculos, reunirnos con los amigos y abrazar a quien queremos. Esa es la normalidad que queremos.
El experimento del desconfinamiento, tal y como está planteado, es un salto al vacío sin red y conllevará seguramente nuevos focos o rebrotes de diferente magnitud, por lo que las autoridades van a tener que ir jugando con esa variable de contagio en los próximos meses, abriendo y cerrando la espita para mantenerla controlada. Un complicado funambulismo entre el impacto sanitario, económico y social: dos pasos adelante, uno hacia atrás. ¡Empieza el baile!
Borrador del Plan de Desescalada
(Y digo "borrador" porque no hay nada definido. Los términos concretos del plan están aún por definir y se irán perfilando a golpe de orden ministerial de Sanidad, a medida que se avance en la batalla contra el Covid-19). Por cierto, que los Juristas ven ilegal que Illa limite libertades con simples órdenes y ya hay personas y asociaciones que se han querellado contra el gobierno por esta (y otras muchas) causas.
Realizar una desescalada asimétrica, por territorios, tiene su lógica ya que el impacto del coronavirus no ha sido el mismo en todo el país y, por ende, las medidas a adoptar deberían ser específicas para cada zona (al igual que deberían haberlo sido al decretar el confinamiento).
El plan de desescalada impulsado por el Gobierno se compone de cuatro fases cuatro fases Y MEDIA, a las que los diferentes territorios solo accederán si son capaces de cumplir con los marcadores que el Ministerio de Sanidad ha fijado: la capacidad sanitaria, la situación epidemiológica, las medidas de protección colectivas aplicadas, y los datos socioeconómicos y de movilidad.
Esta infografía resume qué podremos hacer en cada una de las fases (ésto es según el pan inicial, pero ya ha habido cambios):
No se han fijado fechas determinadas para cada una de las fases. Entre ellas pasará un mínimo de dos semanas, que es el periodo estimado de incubación del virus. Si todo va bien, se calcula que esta transición hacia la «nueva normalidad» durará al menos ocho semanas, llegando a este punto el 22 de junio (lo que no quiere decir que, en caso de rebrotes se den pasos atrás y se prolongue en el tiempo).
La desescalada será asimétrica, por provincias o islas, pudiendo avanzar unas antes que otras. Los "exámenes" a las provincias para pasar a la siguiente fase se realizarán cada quince días y serán exhaustivos. Cada provincia deberá superar una serie de exigencias que aseguren que no solo está dejando atrás la pandemia, sino que además podría hacer frente a un posible rebrote.
Los indicadores son los que figuran en la infografía siguiente, y éste es el documento que deberán rellenar semanalmente las provincias.
Los indicadores son los que figuran en la infografía siguiente, y éste es el documento que deberán rellenar semanalmente las provincias.
Todo esto puede parecer mínimamente correcto sobre el papel, pero a la hora de ponerlo en marcha se vislumbran un montón de imprecisiones e incongruencias como por ejemplo, que una vez establecidos los parámetros de Sanidad no se concreta qué número de casos, qué capacidad sanitaria o qué ocupación de las UCIs permitirá la promoción entre fases. Habrá que esperar a las órdenes dictadas a posteriori por el ministro Illa.
Otro de los disparates es que se permite abrir hoteles y alojamiento turísticos desde la fase 1, pero no se permiten los desplazamientos interprovinciales (y los transfronterizos también están por definir) hasta haber alcanzado la "nueva normalidad" (fase 3), por lo que los hosteleros se preguntan quiénes van a ser sus clientes si no hay turistas, ¿los que viven en su misma provincia? Parece bastante improbable, no? La respuesta de la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha sido que «quien no se sienta cómodo, que no abra», pero entonces surge otra duda: ¿van a poder seguir manteniendo los ERTE si "pueden" abrir pero no "quieren"?
En caso parecido están los restaurantes, quienes aseguran que no les es viable económicamente retomar su actividad con un aforo hiper reducido (sus gastos son del 100%, mientras que sus ingresos llegarían como máximo al 30% 50% en la fase 1). Numerosas asociaciones de hoteles, bares y restaurantes ya han anunciado su negativa a abrir sus negocios en tales circunstancias (aún habiéndose ampliado el aforo al 50% en las terrazas, ya que el interior debe permanecer vacío de clientes).
Las lagunas aumentan a medida que se avanza en la tan cacareada desescalada (término que, por cierto, no figura en el diccionario de la RAE, es un nuevo palabro inventado por nuestros políticos). En la fase 1 se podrá ir a una terraza (abierta al 30% 50% de ocupación) a tomar una cerveza, pero no visitar a un amigo o un familiar que viva en la misma provincia. Moncloa no es capaz de aclarar esta distorsión y se remite a futuras órdenes ministeriales que concreten las situaciones que puedan surgir, dada su complejidad.
Fase 0
Éstas son las órdenes en vigor, publicadas en el BOE para las actividades permitidas en la Fase 0:
* Reapertura de los establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de servicios asimilados. Fase 0. (Orden SND/388/202)
* Reapertura de los establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de servicios asimilados. Fase 0. (Orden SND/388/202)
* Condiciones en las que deben desarrollarse las actividades de hostelería y restauración. Fase 0. (Orden SND/388/202)
* Obras de construcción de edificios y locales existentes (antes prohibidas por el posible contacto social). (Orden SND/385/2020)
* Uso obligatorio de mascarillas en transporte público y colectivo (Orden TMA/384/2020)
* Condiciones en las que deben desarrollarse las actividades de hostelería y restauración. Fase 0. (Orden SND/388/202)La Fase 0,5
Tacháaaannn!! Por arte de birlibirloque el ministro Illa acaba de sacar de su chistera la Fase 0,5 (es una actualización publicada en el BOE del 16 de mayo). Es decir, el superplan que debe llevar a todo el país hacia una "nueva normalidad" se va improvisando sobre la marcha y ahora consta de 4,5 fases. Este invento de Fase 0,5 se ha gestado en Cataluña y se ha creado para dar cierta flexibilidad a aquellas zonas que aún no pueden pasar a la Fase 1.
Esta fase daría un poco de aire a los comercios de menos de 400 m2, a quienes se les permitiría abrir sin cita previa y con limitaciones del 30% de su aforo. De esta manera podrían empezar a funcionar de nuevo. También se podrían instalar los mercadillos al aire libre, la apertura de lugares de culto y velatorios, siempre con limitaciones de aforo del 30% y en las condiciones especificadas para la fase 1.
Pero aún no podrían abrir ni gimnasios, ni las terrazas de los bares, ni tampoco se podrían realizar visitas a familiares, ni reuniones sociales de hasta 10 personas como contempla la fase 1.
Esta fase daría un poco de aire a los comercios de menos de 400 m2, a quienes se les permitiría abrir sin cita previa y con limitaciones del 30% de su aforo. De esta manera podrían empezar a funcionar de nuevo. También se podrían instalar los mercadillos al aire libre, la apertura de lugares de culto y velatorios, siempre con limitaciones de aforo del 30% y en las condiciones especificadas para la fase 1.
Pero aún no podrían abrir ni gimnasios, ni las terrazas de los bares, ni tampoco se podrían realizar visitas a familiares, ni reuniones sociales de hasta 10 personas como contempla la fase 1.
Fase 1
Ésta es Orden NSD/399/2020, de 9 de mayo, publicada en el BOE), con las medidas aplicables a todo el territorio español excepto País Vasco, que como sabemos, ha pactado su propio desconfinamiento a cambio de su voto a favor de la 4ª prórroga del estado de alarma.
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| Guia rápida para la Fase 1 |
A partir del 21 de mayo será obligatorio el uso de mascarillas para toda la población (a partir de los 6 años de edad) en lugares cerrados, y también en la calle, cuando no se pueda mantener una distancia interpersonal de 2 metros.
Fase 2
Ésta es Orden NSD/414/2020, de 16 de mayo, publicada en el BOE), con las medidas aplicables en la Fase 2 de la desescalada. La Orden recoge también modificaciones a anteriores órdenes con el fin de flexibilizar determinadas restricciones a aquellas unidades territoriales que se encuentran en Fase 0,5 y la Fase 1.
Para la aplicación de esta Fase 2, el Gobierno ha aprobado in extremis la quinta prórroga del estado de alarma.
Actualización 3 de Junio: Ha salido adelante la sexta prórroga del estado de alarma, que llevará las restricciones hasta el próximo 21 de junio.
Resulta inaceptable que el Gobierno alterne a placer las comparecencias públicas y el Boletín Oficial del Estado, empleando aquellas como mecanismo general de difusión, y el caso más significativo es el «Plan para la Transición hacia una nueva normalidad» (peligroso oxímoron, pues la ley solo habla «normalidad»), que no existe en Derecho porque no se ha publicado en el BOE, pese a tener alcance normativo y ser -por principio- el primer elemento de control de la arbitrariedad de las decisiones que se adopten a su amparo.
No publicarlo en el BOE permite al Gobierno liberarse de su control judicial y, al tiempo, «desescalar» a placer, lo que no es aceptable, pues en derecho público no vale la decisión querida, sino la decisión formada, la cual exige de criterios previos para su conformación y de expedientes lógicamente pretramitados -o sea, no «montados» a posteriori- que justifiquen las decisiones que se toman. Y ello no es algo menor, pues los actos de los poderes públicos pueden ser generadores de responsabilidades penales, y para su control es importante analizar cómo se adoptan y, en definitiva, si son o no arbitrarios.
En la práctica es el ministro de Sanidad quien, haciendo uso de una delegación del Gobierno cuya validez resulta harto discutible, decide qué es lo que va permitiendo hacer a los ciudadanos mediante decisiones que ni siquiera siguen las pautas de ese Plan (el ministro ha innovado esa llamada fase 0,5) y que son auténticamente graciosas pues en Derecho no sabemos:
- En qué plazos o con qué periodicidad se deben tomar.
- Bajo qué criterios se adoptan. El propio Plan es de una total imprecisión, pues se limita a mencionar indicadores diversos para acabar dejando todo a la libérrima decisión del ministro de Sanidad, el cual, para colmo, tampoco lo ha precisado en la forma exigible, pues sus previsiones (O. 387/2020) siguen siendo vagas y meramente indicativas.
- Qué procedimiento se debe seguir al efecto y cómo se procede después en orden a su notificación.
Se ha conformado así un esquema que se traduce en decisiones de plano y que lleva a la arbitrariedad (incluida la desigualdad), la cual no se controla solo en función del contenido de cada decisión, sino partiendo de los criterios públicos predeterminados y del expediente previo que permita analizarla y controlarla.
El ánimo del Gobierno de actuar en la penumbra le ha llevado al extremo de ocultar de forma expresa quiénes conforman los órganos de asesoramiento, contrariando así reglas jurídicas básicas en derecho público. En Francia, por ejemplo, existe un comité de expertos cuyos nombres son públicos, funciona sobre la base de un reglamento específico y da publicidad a sus informes. ¡Vaya diferencia de madurez jurídica y democrática!
La respuesta a todo lo dicho es la esperable: estamos ante una situación especial que requiere medidas singulares que se están adoptando sin el pueblo pero en su beneficio. Pues bien, resulta que eso es precisamente una dictadura.
[Análisis de José Antonio García-Trevijano Garnica, abogado del Consejo de Estado. El jurista denuncia que se ha abierto un procedimiento disciplinario contra él acusándole de deslealtad con el Gobierno cuando, con este artículo, únicamente estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, y dicho sea de paso, dando completamente en el clavo.]
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| Guía rápida para la Fase 2 |
Para la aplicación de esta Fase 2, el Gobierno ha aprobado in extremis la quinta prórroga del estado de alarma.
Críticas al Plan de Desescalada
¿Por qué el Gobierno recurre, una vez más, a la prórroga del estado de alarma y anuncia su extensión a los dos próximos meses? Para perpetuarse en el poder, para eludir el control parlamentario y evitar la fiscalización de su labor legislativa con el pretexto de la lucha contra la pandemia. Por su parte, Podemos quiere alargar el Estado de Alarma en un intento de destruir al máximo el tejido productivo lo cual acabaría por subsidiar a la gran mayoría de la población; luego él llega con sus regalitos y sus dádivas como la "renta mínima" y se convierte en la reina del baile.
La realidad es que Pedro Sánchez empieza a quedarse más solo que nunca en el momento más arriesgado de su carrera política y del país entero (el desconfinamiento del país). Toda la oposición -desde el centroderecha hasta los nacionalistas y los socios del Gobierno (excepto Podemos)- ha rechazado en la Comisión de Sanidad del Congreso el plan de desescalada aprobado por el Consejo de Ministros (y que está aún sin concretar) y amenazan con votar NO a nuevas prórrogas de alarma.
Un plan vacío e inconcreto que ha levantado las iras todos los partidos políticos. No solamente le atacan PP y Vox (que le han exigido que "inicie la desescalada política" y devuelva a las comunidades las competencias que les quitó con la declaración del estado de alarma), sino que a ese enfado se suman ya los aliados del propio Gobierno de la mercadotecnia
La hoja de ruta hacia la “nueva normalidad” les parece (a todos) un laberinto de incongruencias, un plan confuso y demasiado complejo que requiere de una mayor concreción (hay demasiadas dudas por resolver y muchas excepciones), pero, más allá de las numerosas críticas técnicas, los socios acusan al presidente de no informarles con antelación (una ausencia de diálogo que parecen dispuestos a cobrarse PNV, Bildu, ERC y Cs). Y ya han lanzado su advertencia: o Sánchez les mantiene al día o no avalarán las próximas prórrogas del estado de alarma. Y es que Sánchez el dictador sigue actuando de manera unilateral y sin contar con nadie.
El Ejecutivo también ha recibido las críticas de todas las Comunidades Autónomas (con independencia de su color político), que le acusan de no haber escuchado (ni leído) las propuestas de desescalada que cada comunidad envió a Sánchez. Y es que, el deseo del Gobierno de simplificar el desconfinamiento para mantener el control agita a las autonomías, que advierten de las diferencias dentro de cada provincia y proponen otras fórmulas. Galicia por ejemplo ha solicitado que el desconfinamiento se realice por núcleos de población y no por municipios, a fin de no castigar a la España rural.
La preferencia mayoritaria es emplear los departamentos, áreas de salud o distritos sanitarios como marco de referencia, y no las provincias (como plantea el Gobierno), porque dentro de la provincia puede haber casuísticas muy distintas. Aunque todo indica que el Gobierno ha preferido desoír a los presidentes autonómicos antes que cederles la posibilidad de gestionar de forma individualizada el desescalamiento, algunas de las comunidades no dan por perdido el debate y plantearán al Ejecutivo propuestas de aplicación selectiva de las fases de desescalada con distinta intensidad dentro de las unidades provinciales.
Actualización 30 de abril: El Gobierno ya no impone que la desescalada tenga que producirse por provincias. Las amenazas de sus socios separatistas catalanes y vascos de no dar continuidad a la legislatura han surgido efecto. Está por ver en qué términos.
Actualización 3 Mayo: Torra lo ha logrado. Cataluña será la única comunidad autónoma que se rija en la desescalada por áreas sanitarias y no por provincias. Está claro que, dada la situación de tensión política en la que todos los partidos están mostrándose contrarios a una nueva prórroga del estado de alarma, Sánchez necesita indiscutiblemente el voto de los independentistas.
Actualización 6 Mayo: El País Vasco será la primera comunidad que coordinará su propio desconfinamiento. Lo ha logrado a cambio del voto del PNV a favor de la cuarta prórroga del estado de alarma. También ha conseguido el beneplácito de Sánchez de celebrar las elecciones vascas a mediados mes de Julio.
Actualización 30 de abril: El Gobierno ya no impone que la desescalada tenga que producirse por provincias. Las amenazas de sus socios separatistas catalanes y vascos de no dar continuidad a la legislatura han surgido efecto. Está por ver en qué términos.
Actualización 3 Mayo: Torra lo ha logrado. Cataluña será la única comunidad autónoma que se rija en la desescalada por áreas sanitarias y no por provincias. Está claro que, dada la situación de tensión política en la que todos los partidos están mostrándose contrarios a una nueva prórroga del estado de alarma, Sánchez necesita indiscutiblemente el voto de los independentistas.
Actualización 6 Mayo: El País Vasco será la primera comunidad que coordinará su propio desconfinamiento. Lo ha logrado a cambio del voto del PNV a favor de la cuarta prórroga del estado de alarma. También ha conseguido el beneplácito de Sánchez de celebrar las elecciones vascas a mediados mes de Julio.
El panorama se presenta difícil para el Gobierno de coalición. Dado que NADIE se ha mostrado conforme con su fantástico plan, esta vez Sánchez no se ha atrevido a imponerlo por la fuerza, y dos días después de haberlo anunciado, sigue sin haberse publicado el Decretazo en el BOE. Es consciente de que necesita apoyos si quiere seguir en la Moncloa, por lo que está pensándoselo y analizando las distintas opciones antes de publicar las medidas definitivas (y de cabrear sin vuelta atrás a sus socios políticos).
Actualización 6 Mayo: Ha salido adelante la cuarta prórroga del estado de alarma, que durará hasta el 24 de mayo. La votación ha sido muy ajustada y el Gobierno se ha visto obligado a hacer cesiones exprés a los rivales políticos y líderes autonómicos para "comprar" su SÍ.
Actualización 20 Mayo: Ha salido adelante la quinta prórroga del estado de alarma, que durará hasta el 7 de junio. Esta vez la negociación le ha salido más cara; entre otras cosas ha pactado con Bildu la derogación íntegra de la reforma laboral.
No se puede apoyar otro Estado de Alarma para que gobierne a sus anchas el peor Gobierno posible encabezado por dos incompetentes, se deben acabar los cheques en blanco.
Actualización 6 Mayo: Ha salido adelante la cuarta prórroga del estado de alarma, que durará hasta el 24 de mayo. La votación ha sido muy ajustada y el Gobierno se ha visto obligado a hacer cesiones exprés a los rivales políticos y líderes autonómicos para "comprar" su SÍ.
Actualización 20 Mayo: Ha salido adelante la quinta prórroga del estado de alarma, que durará hasta el 7 de junio. Esta vez la negociación le ha salido más cara; entre otras cosas ha pactado con Bildu la derogación íntegra de la reforma laboral.
Actualización 3 de Junio: Ha salido adelante la sexta prórroga del estado de alarma, que llevará las restricciones hasta el próximo 21 de junio.
Alarma o despropósito
Resulta inaceptable que el Gobierno alterne a placer las comparecencias públicas y el Boletín Oficial del Estado, empleando aquellas como mecanismo general de difusión, y el caso más significativo es el «Plan para la Transición hacia una nueva normalidad» (peligroso oxímoron, pues la ley solo habla «normalidad»), que no existe en Derecho porque no se ha publicado en el BOE, pese a tener alcance normativo y ser -por principio- el primer elemento de control de la arbitrariedad de las decisiones que se adopten a su amparo.
No publicarlo en el BOE permite al Gobierno liberarse de su control judicial y, al tiempo, «desescalar» a placer, lo que no es aceptable, pues en derecho público no vale la decisión querida, sino la decisión formada, la cual exige de criterios previos para su conformación y de expedientes lógicamente pretramitados -o sea, no «montados» a posteriori- que justifiquen las decisiones que se toman. Y ello no es algo menor, pues los actos de los poderes públicos pueden ser generadores de responsabilidades penales, y para su control es importante analizar cómo se adoptan y, en definitiva, si son o no arbitrarios.
En la práctica es el ministro de Sanidad quien, haciendo uso de una delegación del Gobierno cuya validez resulta harto discutible, decide qué es lo que va permitiendo hacer a los ciudadanos mediante decisiones que ni siquiera siguen las pautas de ese Plan (el ministro ha innovado esa llamada fase 0,5) y que son auténticamente graciosas pues en Derecho no sabemos:
- En qué plazos o con qué periodicidad se deben tomar.
- Bajo qué criterios se adoptan. El propio Plan es de una total imprecisión, pues se limita a mencionar indicadores diversos para acabar dejando todo a la libérrima decisión del ministro de Sanidad, el cual, para colmo, tampoco lo ha precisado en la forma exigible, pues sus previsiones (O. 387/2020) siguen siendo vagas y meramente indicativas.
- Qué procedimiento se debe seguir al efecto y cómo se procede después en orden a su notificación.
Se ha conformado así un esquema que se traduce en decisiones de plano y que lleva a la arbitrariedad (incluida la desigualdad), la cual no se controla solo en función del contenido de cada decisión, sino partiendo de los criterios públicos predeterminados y del expediente previo que permita analizarla y controlarla.
El ánimo del Gobierno de actuar en la penumbra le ha llevado al extremo de ocultar de forma expresa quiénes conforman los órganos de asesoramiento, contrariando así reglas jurídicas básicas en derecho público. En Francia, por ejemplo, existe un comité de expertos cuyos nombres son públicos, funciona sobre la base de un reglamento específico y da publicidad a sus informes. ¡Vaya diferencia de madurez jurídica y democrática!
La respuesta a todo lo dicho es la esperable: estamos ante una situación especial que requiere medidas singulares que se están adoptando sin el pueblo pero en su beneficio. Pues bien, resulta que eso es precisamente una dictadura.
[Análisis de José Antonio García-Trevijano Garnica, abogado del Consejo de Estado. El jurista denuncia que se ha abierto un procedimiento disciplinario contra él acusándole de deslealtad con el Gobierno cuando, con este artículo, únicamente estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, y dicho sea de paso, dando completamente en el clavo.]