¿No había un día mejor para publicar con toda pompa y boato el resultado de una encuesta ciudadana que cuestiona la utilidad de nuestra Monarquía Parlamentaria que el Día de la (no) Fiesta Nacional? No se puede ser más ruín.
El estudio presentado el 12 de octubre de 2020 por la Plataforma de Medios Independientes, está basado en 3.000 encuestas y ha sido financiado gracias a casi 2.000 personas que participaron en la campaña de micromecenazgo lanzada por varios medios de comunicación. El proyecto surgió tras la solicitud de estos medios al CIS de una encuesta sobre la monarquía, un asunto sobre el que el organismo lleva más de 5 años sin preguntar.
El resultado de la encuesta sobre la monarquía realizada por la agencia 40dB es que, en caso de un referéndum, un 40,9% de la población votaría por la República y un 34,9% a favor de la monarquía. Al 24,9% restante le sobra tanto este debate que no sabe si votaría, si lo haría en blanco o qué opción escogería. Estos resultados apuntan a que, por mucho desgaste que presente la institución monárquica, si hoy se celebrara un referéndum para elegir el modelo de Estado no habría claras mayorías o, al menos, sería difícil anticipar el desenlace. ¡Qué chasco para los republicanos! Su deseo ante este estudio era encontrar que más del 70% de los españoles quiere cambiar de modelo de Estado.
Las respuestas son mucho más claras cuando se pregunta por la valoración. El 53,9% dice estar satisfecho con el funcionamiento de la Corona frente al 41,9% que no lo está. Además, el Rey contenta más que la democracia, ya que solo el 42% dice estar conforme con el funcionamiento de esta última. Para rematar, la Monarquía inspira más confianza (un 4,3) que los partidos políticos (un 3). Tome nota, señor vicepresidente segundo: su operación Jaque al Rey no consigue que la mayoría de españoles abrace la república.
Por partidos políticos, el respaldo a la república en un hipotético referéndum alcanza el 91,1% entre el electorado de Unidas Podemos y el 40,9% en el del PSOE. Un 29,9% de los votantes socialistas se decantaría por mantener la monarquía como forma de Estado. La continuidad de la monarquía es la opción preferida por la mayoría de votantes de Vox, PP y Ciudadanos con un 79,2%, un 76% y un 59.8% respectivamente. La república sería la opción del 23,5% de los votantes de Ciudadanos, el 11% del electorado del PP y el 9,6 del de Vox.
Por supuesto, entre las regiones marcadas por la abrumadora mayoría de la opción republicana están Cataluña, País Vasco y Navarra, y con menor margen Asturias y Galicia. Por contra, entre las Comunidades monárquicas están Andalucía, Madrid y Valencia.
Por rango de edad, los ciudadanos que no pudieron votar la Constitución de 1978 son quienes se decantan más claramente por la III República: aquellos entre 16 y 54 años. Solo los mayores de 55 años (38,6%) y, sobre todo, los de más de 65 años (47,3%), prefieren monarquía. A partir de la franja de 45 años, todos los grupos de edad creen que la monarquía ganaría si hubiese referéndum.
Cuando se les pide que evalúen (de 1 a 10) a los miembros de la Casa Real, el rey Felipe VI y su madre, la reina emérita Sofía, sacan un aprobado holgado (5,8 y 5,9, respectivamente), frente a los suspensos de la reina Letizia (4,7) y de Juan Carlos I, quien recibe la peor nota de todos: un 3,3.
En una escala en la que 0 es la extrema izquierda y 10 la extrema derecha, los españoles ubican a a Felipe VI de media en el 6,5, es decir en la derecha. Al rey emérito le sitúan los españoles más a la derecha que su hijo, en el 7. La reina Letizia, sin embargo, es percibida por los españoles como una persona más de centro: de media la ubican en el 5,7.
Aquí, la encuesta completa:
Este estudio prometía cubrir el supuesto vacío creado por el CIS al no preguntar a los españoles directamente sobre la Corona y prometía utilizar una base de personas «idéntica» a la utilizada por Félix Tezanos. El número de encuestas realizadas es similar pero no sucede lo mismo con el universo. El CIS interroga a ciudadanos con 18 años o más, pero este estudio ha incorporado a jóvenes de 16 y 17 años. Un segmento de población más rupturista que la media y que, además, carece de derecho a voto. La intención de orientar el resultado queda delatada.
Entrando en las falacias que rodean a la encuesta, destaca la afirmación de que "los españoles no pueden opinar sobre la Corona". Cada mes, Tezanos pregunta a los ciudadanos por los principales problemas del país, y cuáles de ellos les afectan más. El resultado es conocido. El Rey no aparece entre los principales focos de preocupación, algo que sí sucede con los líderes políticos.
Otro de los engaños que encierra el estudio es que sus promotores prometieron un proyecto «al margen de oportunismos políticos». Sin embargo, sus resultados fueron publicados premeditamente el Día de la Fiesta Nacional, para opacar y ahogar el protagonismo del Rey en la jornada. A la vista de todo ello, no hace falta abundar en por qué este estudio también falta a su promesa de ser «totalmente independiente».
La guinda del asunto es que Hacienda devolverá a los mecenas de la encuesta el 80% de lo aportado a través de la Renta. O eso les prometieron. El estudio lo promovieron empresas privadas que sacarán beneficio del mismo pero encargaron la recolecta a una fundación para justificar interés social... Otra artimaña republicana.
Sin embargo, las medidas que toman los liberticidas autoritarios no acaban ahí. Además de la reforma Constitucional, que pretende modificar la estructura y naturaleza del sistema político, se ponen en práctica una serie de medidas sociales que, de forma contraintuitiva, someten a los individuos ante el poder despótico del Estado. Dichas políticas sociales parecen preocuparse de la población, pues van dirigidas a edificar una "red de seguridad" que garantice el acceso a determinados bienes que se consideran de primera necesidad. Sin embargo, el resultado es decepcionante, tanto en términos económicos como morales, pues anulan la capacidad creativa y emprendedora de un elevado número de personas, condenándoles definitivamente a la pobreza.
Estas políticas paternalistas contribuyen al sometimiento progresivo de los individuos al poder. La dependencia como enfermedad social, como uno de los grandes limitantes del desarrollo. Una condena al inmovilismo. Una sociedad dependiente no es saludable. No es correcto ni moral, ni económica, ni políticamente. Las sociedades fuertes requieren de personas libres, con capacidad para emprender y sacar adelante aventuras empresariales de todo tipo. Las sociedades saludables requieren de individuos que puedan sacar a sus familias adelante, sin depender del favor de un político o de un burócrata.
En definitiva, el Socialismo del Siglo XXI somete eliminando la propiedad privada y la estructura de Derechos y Libertades individuales. Y todo esto lo hace en nombre de los más desfavorecidos de la sociedad. Realmente, sus acciones dibujan un macabro ciclo orwelliano.
Solo así, eliminando esferas de acción que pertenecían a la sociedad y trasladando las mismas al Estado, se puede progresiva y suavemente concentrar poder. Como sabemos, España se encuentra en este momento en una encrucijada. Estamos sufriendo los efectos de un gobierno socialcomunista que pretende, siguiendo el manual desarrollado por los defensores del Socialismo del Siglo XXI, generar una población dependiente con el fin de hacer de ésta un sujeto fácilmente controlable. La crisis que sufrimos provocará el naufragio de un gran número de familias en los próximos meses. El Gobierno utilizará la necesidad para chantajearles. Sin querer, perdemos la ya limitada libertad que disfrutamos. Lo anterior es de una elevada gravedad, pues en el fondo lo que se busca es anular a la sociedad, diluyéndola.
Los sectores republicanos creen que ahora se dan las condiciones idóneas para cuestionar la monarquía parlamentaria: las reprobables conductas conocidas del Rey emérito y el embate del secesionismo catalán en combinación con el desnorte político e ideológico de la extrema izquierda (es decir, de Podemos) y un PSOE a la deriva.
Podemos ha sido la fuerza política que ha cargado con más entusiasmo contra la Jefatura del Estado. Iglesias ha visto el momento propicio para, mediante el uso de la falacia genética y de la asociación entre república y democracia, tratar de dinamitar uno de los pocos pilares que quedaban intactos de nuestro sistema constitucional: la Corona.
Este republicanismo español sabe bien que en la historia de nuestro país a la monarquía la han derrocado (en 1868 y en 1931) no procesos de reforma constitucional sino acontecimientos derogatorios. Y supone que estamos en un trance histórico derogatorio. Se confunde. Aquí lo que se olfatea es un ataque de ansiedad, una sensación de urgencia republicana de aprovechar un brete histórico que se cree derogatorio pero que está muy lejos de serlo.
La izquierda radical y el separatismo que no se conforman con el pacto constitucional en lo que a la monarquía se refiere, y se han instalado en la agitación de esa ansiedad que les mueve a no reparar en circunstancias tan decisivas como que cambiar la Constitución requiere abrir un proceso constituyente. Porque en el siglo XXI y en un Estado de Derecho perteneciente a la Unión Europea, los acontecimientos derogatorios ya no se producen. Y la demostración de que no hay sesgo derogatorio fue el acto del 12 de octubre en la Plaza de la Armería. Estuvieron los que tenían que estar y el Gobierno en pleno.
La mejor descripción de la monarquía constitucional y parlamentaria fue la que hizo Rubalcaba el 11 de junio de 2014: “En España hay un Rey, pero los españoles no somos súbditos, somos ciudadanos de pleno derecho. De esa soberanía, que reside en el pueblo español, dimanan todos los poderes del Estado (también los de la Corona), cuyas funciones y competencias están tasadas y explicitadas en la Constitución que ha sido refrendada por los españoles. Ese es el origen de su legitimidad. Ese es el origen de la legitimidad de la Corona: la voluntad de los españoles ratificada libre y democráticamente en referéndum”.
La monarquía se legitima en la Constitución y, por lo tanto, en la voluntad popular. Puede acumular otras legitimidades (la histórica, la dinástica, la de ejercicio) pero la radical, la esencial, es la legitimidad. Este es un aspecto nuclear de nuestro modelo político que el republicanismo en España no puede ni debe obviar. Ni siquiera en estos momentos en los que parece estar sumido en un ataque de ansiedad que se caracteriza por un estado de inquietud, excitación y de extrema inseguridad.
El resultado de la encuesta sobre la monarquía realizada por la agencia 40dB es que, en caso de un referéndum, un 40,9% de la población votaría por la República y un 34,9% a favor de la monarquía. Al 24,9% restante le sobra tanto este debate que no sabe si votaría, si lo haría en blanco o qué opción escogería. Estos resultados apuntan a que, por mucho desgaste que presente la institución monárquica, si hoy se celebrara un referéndum para elegir el modelo de Estado no habría claras mayorías o, al menos, sería difícil anticipar el desenlace. ¡Qué chasco para los republicanos! Su deseo ante este estudio era encontrar que más del 70% de los españoles quiere cambiar de modelo de Estado.
Las respuestas son mucho más claras cuando se pregunta por la valoración. El 53,9% dice estar satisfecho con el funcionamiento de la Corona frente al 41,9% que no lo está. Además, el Rey contenta más que la democracia, ya que solo el 42% dice estar conforme con el funcionamiento de esta última. Para rematar, la Monarquía inspira más confianza (un 4,3) que los partidos políticos (un 3). Tome nota, señor vicepresidente segundo: su operación Jaque al Rey no consigue que la mayoría de españoles abrace la república.
Por partidos políticos, el respaldo a la república en un hipotético referéndum alcanza el 91,1% entre el electorado de Unidas Podemos y el 40,9% en el del PSOE. Un 29,9% de los votantes socialistas se decantaría por mantener la monarquía como forma de Estado. La continuidad de la monarquía es la opción preferida por la mayoría de votantes de Vox, PP y Ciudadanos con un 79,2%, un 76% y un 59.8% respectivamente. La república sería la opción del 23,5% de los votantes de Ciudadanos, el 11% del electorado del PP y el 9,6 del de Vox.
Por supuesto, entre las regiones marcadas por la abrumadora mayoría de la opción republicana están Cataluña, País Vasco y Navarra, y con menor margen Asturias y Galicia. Por contra, entre las Comunidades monárquicas están Andalucía, Madrid y Valencia.
Por rango de edad, los ciudadanos que no pudieron votar la Constitución de 1978 son quienes se decantan más claramente por la III República: aquellos entre 16 y 54 años. Solo los mayores de 55 años (38,6%) y, sobre todo, los de más de 65 años (47,3%), prefieren monarquía. A partir de la franja de 45 años, todos los grupos de edad creen que la monarquía ganaría si hubiese referéndum.
Cuando se les pide que evalúen (de 1 a 10) a los miembros de la Casa Real, el rey Felipe VI y su madre, la reina emérita Sofía, sacan un aprobado holgado (5,8 y 5,9, respectivamente), frente a los suspensos de la reina Letizia (4,7) y de Juan Carlos I, quien recibe la peor nota de todos: un 3,3.
En una escala en la que 0 es la extrema izquierda y 10 la extrema derecha, los españoles ubican a a Felipe VI de media en el 6,5, es decir en la derecha. Al rey emérito le sitúan los españoles más a la derecha que su hijo, en el 7. La reina Letizia, sin embargo, es percibida por los españoles como una persona más de centro: de media la ubican en el 5,7.
Aquí, la encuesta completa:
Informe monarquía PMI 2020 by El Salto periódico
Un estudio cuestionado
Todas estas conclusiones son extraíbles si damos por verídica la encuesta, pero hay varias razones para no hacerlo. La primera es el afán de dirigir el resultado, y la segunda los engaños lanzados por sus impulsores. Además, la encuesta fue realizada después de que se conocieran los numerosos escándalos del Rey Emérito.Este estudio prometía cubrir el supuesto vacío creado por el CIS al no preguntar a los españoles directamente sobre la Corona y prometía utilizar una base de personas «idéntica» a la utilizada por Félix Tezanos. El número de encuestas realizadas es similar pero no sucede lo mismo con el universo. El CIS interroga a ciudadanos con 18 años o más, pero este estudio ha incorporado a jóvenes de 16 y 17 años. Un segmento de población más rupturista que la media y que, además, carece de derecho a voto. La intención de orientar el resultado queda delatada.
Entrando en las falacias que rodean a la encuesta, destaca la afirmación de que "los españoles no pueden opinar sobre la Corona". Cada mes, Tezanos pregunta a los ciudadanos por los principales problemas del país, y cuáles de ellos les afectan más. El resultado es conocido. El Rey no aparece entre los principales focos de preocupación, algo que sí sucede con los líderes políticos.
Otro de los engaños que encierra el estudio es que sus promotores prometieron un proyecto «al margen de oportunismos políticos». Sin embargo, sus resultados fueron publicados premeditamente el Día de la Fiesta Nacional, para opacar y ahogar el protagonismo del Rey en la jornada. A la vista de todo ello, no hace falta abundar en por qué este estudio también falta a su promesa de ser «totalmente independiente».
La guinda del asunto es que Hacienda devolverá a los mecenas de la encuesta el 80% de lo aportado a través de la Renta. O eso les prometieron. El estudio lo promovieron empresas privadas que sacarán beneficio del mismo pero encargaron la recolecta a una fundación para justificar interés social... Otra artimaña republicana.
Operación Jaque al Rey
Una vez arriban a posiciones de poder, los antisistema desean, en primer lugar, modificar la arquitectura institucional vigente. Para ello, promueven reformas constitucionales en el corto plazo con tal de cambiar las reglas del juego lo antes posible, habilitando en la mayoría de los casos la reelección ad eternum de los candidatos asentados en el poder ejecutivo. De lo anterior, son evidencia clara los procesos de reforma constitucional que en su momento han sufrido naciones como Venezuela.Sin embargo, las medidas que toman los liberticidas autoritarios no acaban ahí. Además de la reforma Constitucional, que pretende modificar la estructura y naturaleza del sistema político, se ponen en práctica una serie de medidas sociales que, de forma contraintuitiva, someten a los individuos ante el poder despótico del Estado. Dichas políticas sociales parecen preocuparse de la población, pues van dirigidas a edificar una "red de seguridad" que garantice el acceso a determinados bienes que se consideran de primera necesidad. Sin embargo, el resultado es decepcionante, tanto en términos económicos como morales, pues anulan la capacidad creativa y emprendedora de un elevado número de personas, condenándoles definitivamente a la pobreza.
Estas políticas paternalistas contribuyen al sometimiento progresivo de los individuos al poder. La dependencia como enfermedad social, como uno de los grandes limitantes del desarrollo. Una condena al inmovilismo. Una sociedad dependiente no es saludable. No es correcto ni moral, ni económica, ni políticamente. Las sociedades fuertes requieren de personas libres, con capacidad para emprender y sacar adelante aventuras empresariales de todo tipo. Las sociedades saludables requieren de individuos que puedan sacar a sus familias adelante, sin depender del favor de un político o de un burócrata.
En definitiva, el Socialismo del Siglo XXI somete eliminando la propiedad privada y la estructura de Derechos y Libertades individuales. Y todo esto lo hace en nombre de los más desfavorecidos de la sociedad. Realmente, sus acciones dibujan un macabro ciclo orwelliano.
Solo así, eliminando esferas de acción que pertenecían a la sociedad y trasladando las mismas al Estado, se puede progresiva y suavemente concentrar poder. Como sabemos, España se encuentra en este momento en una encrucijada. Estamos sufriendo los efectos de un gobierno socialcomunista que pretende, siguiendo el manual desarrollado por los defensores del Socialismo del Siglo XXI, generar una población dependiente con el fin de hacer de ésta un sujeto fácilmente controlable. La crisis que sufrimos provocará el naufragio de un gran número de familias en los próximos meses. El Gobierno utilizará la necesidad para chantajearles. Sin querer, perdemos la ya limitada libertad que disfrutamos. Lo anterior es de una elevada gravedad, pues en el fondo lo que se busca es anular a la sociedad, diluyéndola.
Los sectores republicanos creen que ahora se dan las condiciones idóneas para cuestionar la monarquía parlamentaria: las reprobables conductas conocidas del Rey emérito y el embate del secesionismo catalán en combinación con el desnorte político e ideológico de la extrema izquierda (es decir, de Podemos) y un PSOE a la deriva.
Podemos ha sido la fuerza política que ha cargado con más entusiasmo contra la Jefatura del Estado. Iglesias ha visto el momento propicio para, mediante el uso de la falacia genética y de la asociación entre república y democracia, tratar de dinamitar uno de los pocos pilares que quedaban intactos de nuestro sistema constitucional: la Corona.
Este republicanismo español sabe bien que en la historia de nuestro país a la monarquía la han derrocado (en 1868 y en 1931) no procesos de reforma constitucional sino acontecimientos derogatorios. Y supone que estamos en un trance histórico derogatorio. Se confunde. Aquí lo que se olfatea es un ataque de ansiedad, una sensación de urgencia republicana de aprovechar un brete histórico que se cree derogatorio pero que está muy lejos de serlo.
La izquierda radical y el separatismo que no se conforman con el pacto constitucional en lo que a la monarquía se refiere, y se han instalado en la agitación de esa ansiedad que les mueve a no reparar en circunstancias tan decisivas como que cambiar la Constitución requiere abrir un proceso constituyente. Porque en el siglo XXI y en un Estado de Derecho perteneciente a la Unión Europea, los acontecimientos derogatorios ya no se producen. Y la demostración de que no hay sesgo derogatorio fue el acto del 12 de octubre en la Plaza de la Armería. Estuvieron los que tenían que estar y el Gobierno en pleno.
La mejor descripción de la monarquía constitucional y parlamentaria fue la que hizo Rubalcaba el 11 de junio de 2014: “En España hay un Rey, pero los españoles no somos súbditos, somos ciudadanos de pleno derecho. De esa soberanía, que reside en el pueblo español, dimanan todos los poderes del Estado (también los de la Corona), cuyas funciones y competencias están tasadas y explicitadas en la Constitución que ha sido refrendada por los españoles. Ese es el origen de su legitimidad. Ese es el origen de la legitimidad de la Corona: la voluntad de los españoles ratificada libre y democráticamente en referéndum”.
La monarquía se legitima en la Constitución y, por lo tanto, en la voluntad popular. Puede acumular otras legitimidades (la histórica, la dinástica, la de ejercicio) pero la radical, la esencial, es la legitimidad. Este es un aspecto nuclear de nuestro modelo político que el republicanismo en España no puede ni debe obviar. Ni siquiera en estos momentos en los que parece estar sumido en un ataque de ansiedad que se caracteriza por un estado de inquietud, excitación y de extrema inseguridad.