Cinco meses después de iniciar la desescalada, la capital y otras nueve ciudades de la Comunidad de Madrid están de nuevo cerradas y sus habitantes tienen restricciones de movimientos. El 2 de octubre se decretó un confinamiento perimetral para detener el rebrote del virus que amenaza con desbordar de nuevo el sistema sanitario madrileño, y sus habitantes tienen restricciones de movimientos, derechos y libertades. ¿Cómo ha llegado Madrid hasta aquí? Por un cúmulo de negligencias del Ejecutivo regional: falta de previsión, decisiones erráticas y una encarnizada batalla contra el Gobierno central.
A comienzos de mayo, Madrid inició un proceso de desescalada lleno de roces con el Gobierno central, en medio de una pugna interna en el Ejecutivo regional y bajo un mantra que se repetía como escudo frente a quienes esgrimían razones sanitarias para avanzar con prudencia: Madrid no se puede parar, la economía de la capital tiene que reactivarse.
El 21 de septiembre, el gobierno madrileño decretó un paquete de restricciones y el confinamiento perimetral de 37 áreas de salud, que se amplió a 8 zonas más el 28 de septiembre. Sanidad no lo consideró suficiente y 2 de octubre impuso por la fuerza nuevas medidas restrictivas. Aún asi, todas estas medidas son mucho más laxas que las que se impusieron durante el estado de alarma. El Ministerio de Sanidad las ha impuesto pese al rechazo del equipo de Ayuso, que ha tratado hasta el último momento de evitar el confinamiento completo de la capital. De hecho, aún esperan que los tribunales tumben esas restricciones.
Madrid ha recorrido en estos 5 meses el camino desde una reapertura económica apresurada hacia un progresivo cierre, cuando no quedaba ya ninguna otra opción. El conflicto político se ha fundido con la gestión sanitaria hasta desembocar en un choque total entre la administración madrileña y la central: mientras Sanidad aduce razones epidemiológicas para este nuevo confinamiento, desde la Puerta del Sol se alude a una supuesta estrategia de Sánchez para "hundir" Madrid. Ambas posturas tienen su parte de razón.
El repaso al proceso de desescalada, más allá de la disputa política, muestra que en la Comunidad de Madrid se impuso el optimismo a la prudencia. Las autoridades no acompañaron la apresurada apertura de comercios y espacios públicos y la caída de las restricciones a la movilidad con una estrategia para evitar un nuevo pico en los contagios. Cuando éste se produjo, trataron por todos los medios de aplazar las restricciones.
El 7 de mayo, en pleno debate interno entre políticos y técnicos sobre si la región debía dar el paso de solicitar su entrada en la Fase 1 dimitió Yolanda Fuentes, la directora de Salud Pública del Gobierno de Ayuso. Fuentes era la voz cantante de quienes no veían a Madrid con posibilidades de relajar sus medidas de confinamiento con los hospitales aún saturados.
La propia Ayuso admitió que Fuentes no quería firmar el pase a la Fase 1 por temor a un colapso de las UCI. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, había manifestado también sus dudas en público. Pero la presidenta regional dejó claro que las razones sanitarias no eran las únicas que iban a pesar en la desescalada que iniciaba el territorio: "Si seguimos estirando nos iríamos a tantos parados que sería un grave problema. Tenemos que conjugar la vida con empezar a activar la economía".
El argumento económico pasó a imponerse a la razones sanitarias y no ha dejado de hacerlo hasta ahora. En aquellas fechas, además de Ayuso, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, también apuntaba a la prevalencia de la economía sobre la salud: “Hay que pasar a la fase 1 para recuperar la actividad económica cuanto antes”. “No estamos en condiciones de derrotar al virus,” admitió, pero “sí en condiciones de recuperar la actividad económica en la Comunidad de Madrid”.
El Gobierno central evaluó entonces la propuesta de Ayuso para pasar de fase y la desestimó. El principal argumento fue que el sistema de Atención Primaria, desmantelado a consecuencia de la pandemia, no estaba listo para afrontar la detección temprana de casos. La presidenta regional lo volvió a intentar una semana después, sin que hubiese habido ningún cambio en el sistema previsto de rastreo, pero ya con un incipiente discurso contra un gobierno central que, dijo, no parecía dispuesto a que Madrid avanzase a la Fase 1.
La presión de Ayuso surtió efecto, al menos en parte. El Ejecutivo de Sánchez se sacó de la manga una fase intermedia, la 0.5, para que Madrid abriese parte de su comercio minorista sin cita previa, pero manteniendo cerrados bares y terrazas.
Ayuso abandonó entonces la moderación con la que había llevado la primera negativa para abrir una guerra con el Gobierno central. El 15 de mayo, en una comparecencia, calificó la decisión de “ataque político”, que enmarcó en una “campaña inaceptable” del Gobierno central contra su Ejecutivo. Al día siguiente volvió a ponerse frente a los micrófonos para decir que Sánchez quería llevar “a la ruina” a Madrid: “Todo nos va a llevar a un precipicio, a un borde que al final no va a causar más que problemas mayores. Nos tienen rehenes, nos tienen amordazados, y al final lo que está habiendo es un recorte de libertades”. ¿Y Ayuso no se enteró de ésto hasta el 15 de mayo? Los españoles (no solo madrileños) lo hemos visto (y vivido) desde el 14 de marzo.
Sus palabras despertaron a una parte de la sociedad madrileña, la que como Ayuso entendió las reticencias en el cambio de fase como un choque ideológico y no una cuestión sanitaria. Por los barrios de renta más alta de Madrid (con epicentro en la calle Núñez de Balboa del barrio de Salamanca), con mayoría de votantes de la derecha, se extendieron las concentraciones en la calle llenas de banderas de España y mensajes que pedían la dimisión del Gobierno Sánchez. En otras ciudades del país se replicó esta rebelión ciudadana, alentada por Vox, y que el PP no veía con malos ojos, mientras que desde el lado más radical del gobierno socialcomunista trataban de estigmatizarlos con la etiqueta de Cayetanos, pudientes insolidarios y fachas con banderitas, como si ello fuera un movimiento «de ricos». Nada más lejos de la realidad. No se trataba solo de 'madrileños ricos', sino del conjunto de los ciudadanos españoles, hartos del totalitarismo que nos habían impuesto con la excusa del Covid y de la pérdida de nuestras libertades y derechos fundamentales.
Ayuso alimentó la guerra política con un recurso a los tribunales contra la decisión de no entrar en la Fase 1. La presidenta madrileña insistía en que la comunidad estaba preparada y no permitía que nadie dudase de su criterio, ni siquiera el Colegio de Médicos, a quienes excluyó de las reuniones sobre la desescalada el 19 de mayo. Su presidente había criticado que no había habido ningún cambio que justificase el cambio de fase.
Toda esta polémica no habría existido si el Ministerio de Sanidad hubiese hecho un Plan de Desescalada con dos dedos de frente, con criterios claros y transparentes e indicadores explícitos (numéricos) que los territorios deberían cumplir para avanzar en las fases. Éste ha sido uno de los mayores errores que los científicos internacionales achacan a nuestro Gobierno.
Ayuso rebajó el tono contra el Gobierno. Dijo no tener prisa por avanzar rápidamente en las siguientes fases (solo suponían ir aumentando progresivamente los aforos) y habló de “prudencia” y “cautela”. Siguió presionando para la reapertura de ciertos sectores económicos (como los centros comerciales) pero ya sin el esfuerzo de plantear la desescalada como una contienda política. Madrid entró en la Fase 2 sin mayor estruendo el 8 de junio.
A partir de entonces Madrid ha lidiado con su desescalada particular, marcada por el enfrentamiento político (en la Comunidad, donde ha sobrevolado la moción de censura, y de nuevo con el Gobierno central), la falta de previsión en cuanto a la contratación de rastreadores o el inicio del curso escolar, y las decisiones contradictorias (como el tardío uso obligatorio de la mascarilla).
En conflicto político dentro de los límites de la CAM vino alimentado por las revelaciones sobre la gestión de las residencias, abandonadas a su suerte por la administración madrileña. El balance culminó con 7.600 fallecidos entre marzo y mayo (nada menos que el 18% de los usuarios de geriátricos madrileños), centros desbordados, peticiones de ayuda sin atender por parte de la administración, y escaso material para afrontar una emergencia sanitaria en los centros de mayores.
Además, se filtró que el Ejecutivo madrileño había dado orden de no trasladar a los hospitales a aquellos enfermos con síntomas si eran mayores de 80 años y tenían patologías graves. Ayuso dijo en una entrevista que esa orden se había dado por “pragmatismo”. En un pleno celebrado el 11 de junio justificó el desastre que habían vivido esos centros en Madrid por la falta de ayuda del Gobierno central. Tampoco le faltaba razón, ya que desde el 19 de marzo, la coordinación de los servicios sociales (entre los que se incluyen las residencias de ancianos) pasaron a ser responsabilidad del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por delegación de funciones del "mando único" sanitario (que ostentaba Salvador Illa). ¿Y cuál ha sido la gestión de Iglesias en este ámbito? Ninguna.
Ayuso anunció durante aquella comparecencia una investigación interna que era más bien un aviso a su socio de Gobierno. El responsable de las residencias madrileñas durante la pandemia había sido el consejero Alberto Reyero, de Ciudadanos, quien se había mostrado en contra de la orden de no trasladar a ancianos a los hospitales.
Mientras se conocían nuevos datos de la gestión de las residencias, el Gobierno de la Comunidad de Madrid trataba de desviar la atención hacia el aeropuerto de Barajas. Sin medidas que aliviaran el exceso de afluencia en el Metro, sin haber alcanzado el número prometido de rastreadores, y con una reapertura apresurada de ciertos sectores, tanto Ayuso como Aguado decidieron centrar sus críticas en la falta de un plan gubernamental para controlar la entrada de positivos por el aeropuerto de Madrid (lo cual tampoco deja de ser cierto).
El 7 de julio, Ayuso anunció que recurriría las medidas del Ministerio de Sanidad por insuficientes y pidió que se hicieran pruebas PCR a todos los viajeros del extranjero, tal y como estaban haciendo otros países. “Necesitamos que nos escuchen y que juntos pongamos medidas para evitar volver al inicio. No queremos por nada del mundo retroceder”, dijo. Contaba con el apoyo total de Aguado, dispuesto también a hacer creer que los contagios en Madrid se producirían por esa vía. Nunca lo sabremos, dado que Sánchez hizo oídos sordos a dichas peticiones, y no se han realizado pruebas PCR a los viajeros extranjeros que llegaban a nuestro país. El resultado de esta política ya lo sabemos: en pocas semanas nos convertimos en los apestados de Europa y los gobiernos europeos vetaron los viajes a nuestro país, provocando la hecatombe del sector turístico español.
Pero el aeropuerto era solo el sitio al que apuntar con el dedo mientras la Comunidad no lograba diseñar una desescalada ordenada y con recursos. Una prueba de la improvisación de aquellos días fue la orden del uso obligatorio de la mascarilla: el 14 de julio Ayuso dijo que no era necesario llevarla siempre puesta; el 28 de julio, su Gobierno obligó a su uso en todos los espacios públicos, sumándose así al resto de Comunidades Autónomas.
La realidad detrás del cambio de decisión era que los contagios en Madrid se estaban disparando. A finales de julio, los positivos se habían multiplicado por 6 respecto a las dos semanas anteriores. Ayuso acompañó el uso obligatorio de la mascarilla con la limitación de reuniones a 10 personas y del cierre de bares a la 1.30 horas, pero su Gobierno era incapaz de cumplir con la exigencia fundamental de los expertos: rastrear los contactos de los positivos para evitar la expansión descontrolada del virus.
El Ejecutivo madrileño vivió en aquellos momentos una carrera contrarreloj por ampliar una plantilla de rastreadores ínfima: tan solo 180 cuando la cifra prometida era de 400. Intentó reclutar a funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, buscó que algunos trabajaran gratis (como voluntarios), hasta que finalmente optó por privatizar el servicio con un coste de 200.000 euros el 10 de agosto, ante el aumento de los casos.
A mediados de agosto, Madrid había pasado de 338 casos semanales a 6.481 en tan solo un mes. Había 49 focos de contagio detectados y los expertos alertaban de que se estaba produciendo transmisión comunitaria. Para el 21 de agosto, la Comunidad ya concentraba un tercio de los nuevos positivos que se detectaban en todo el país, y sus datos de ingresos hospitalarios estaban muy por encima de los que presentaban el resto de comunidades autónomas.
La última semana del mes añadió un problema más: el comienzo del curso escolar. Sin un plan definido para la apertura de los colegios (tampoco lo había a nivel nacional, ante la inacción de la ministra Celáa), el Gobierno de Ayuso se apresuró a hacer test a todos los profesores en apenas un par de días. El caos fue absoluto. Cientos de personas se agolpaban frente a los centros donde habían sido citados; las empresas privadas que realizaban esos test no fueron capaces de asumir la ingente cantidad de pruebas que había que realizar en tan poco tiempo, y al final, los tests tuvieron que suspenderse.
Pero aquellas medidas no lograron frenar los contagios, y de nuevo Ayuso y su equipo emprendieron una batalla política con la que enmascarar el fracaso de la desescalada. Superado un debate del Estado de la Región en el que la presidenta madrileña pasó de puntillas por encima de la pandemia -salvo su alusión a la inmigración-, la situación en Madrid volvió a ser muy similar a la del inicio de la desescalada, con líos internos y un choque con el Gobierno de Sánchez.
El 16 de septiembre, el responsable de Salud Pública que sustituyó a Yolanda Fuentes, Antonio Zapatero, apuntó la posibilidad de llevar a cabo confinamientos selectivos en las zonas más afectadas por el virus. El Gobierno de Ayuso se apresuró a negarlo, pero el incendio político ya estaba en marcha.
Aguado no compareció en la tradicional rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, pero lo hizo al día siguiente. El vicepresidente el Ejecutivo que había rechazado constantemente la tutela del Gobierno central durante la gestión de la pandemia, pidió ese día ayuda a Sánchez: “La situación de la epidemia en Madrid no va bien. Está empeorando. Vamos a necesitar hacer más esfuerzos”.
El 18 de septiembre el Gobierno de Ayuso tuvo que tomar la medida que había negado solo unos días antes. La presidenta madrileña, acompañada del consejero de Sanidad y del vicepresidente regional anunció que confinaba 37 áreas sanitarias (que una semana después amplió a 45) y limitaba en toda la región las reuniones a un máximo de 6 personas. Eso sí, como en mayo, no se abandonó el argumento de la economía: "Hay que evitar a toda costa el estado de alarma y un confinamiento porque eso supondría el desastre económico”.
El lunes 21 de septiembre, ya con las restricciones en vigor, se produjo la reunión de Pedro Sánchez con Ayuso en la Puerta del Sol. Fue un espejismo de colaboración institucional que tardó poco en saltar por los aires, porque ambas administraciones tenían estrategias opuestas para luchar contra los rebrotes: la regional quería cautela en las restricciones para no dañar la economía y apostaba por confinamientos muy selectivos; Sanidad creía que los datos de Madrid obligan a un confinamiento general con el que frenar la expansión del virus (que ya estaba descontrolada). La propuesta de ambas administraciones para delimitar el confinamiento muestra lo alejadas que estaban las posiciones de partida en esa negociación. Para el 25 de septiembre, los puentes ya estaba prácticamente rotos.
A pesar de ello, hubo un último atisbo de entendimiento. El 29 de septiembre, Ayuso aceptó los criterios de confinamiento del Gobierno: una incidencia acumulada de 500 casos por 100.000 habitantes en 14 días, tener más del 10% de positivos en PCR y una ocupación del 35% de las camas de UCI. De lo que Ayuso no se dio cuenta en ese momento fue de que éste era un traje a medida para Madrid (implicaba restringir los movimientos de los residentes en 10 ciudades de la Comunidad de Madrid, y ningún sitio más de España).
Cuando parecía que al final había consenso y Madrid iba a poner en marcha las medidas para frenar su tasa de contagios llegó el último giro de guión. El Ejecutivo regional se descolgó del acuerdo, dijo que los criterios que había aceptado el martes ya no le valían el miércoles, y quería unos nuevos y específicos para la región.
A Sanidad se le acabó la paciencia y no entró al trapo en la última maniobra de Ayuso. El Ministerio mantuvo su propuesta, la llevó al Consejo Interterritorial –que la aprobó pese al rechazo de Catalunya y algunas comunidades del PP– y decretó su entrada en vigor en 48 horas.
El Gobierno regional insinuó una insumisión que al final se ha quedado en un recurso a la Audiencia Nacional en el que acusa al Gobierno de invadir sus competencias y recupera, una vez más, el argumento económico. Pero el tribunal no se pronunciará hasta la próxima semana, y hasta entonces, la capital y otras nueve ciudades de la Comunidad de Madrid van a permanecer confinadas por orden del Ministerio de Sanidad.
Los desencuentros entre presidenta (PP) y vicepresidente de la Comunidad de Madrid (Cs) han sido muchos en la presente legislatura, que apenas cuenta con un año de vida. Y el hostil enfrentamiento que han protagonizado en los últimos días, a tenor del cierre de Madrid decretado por el Ministerio de Sanidad y ejecutado por el Gobierno regional en contra del criterio de Díaz Ayuso pero no del de Aguado ha dinamitado todo espejismo de tregua entre ambos socios. Los puentes entre ambos terminaron de saltar por los aires cuando Aguado se rebeló contra la directriz de la presidenta y anunció que no apoyaría su intención de llevar el confinamiento forzoso de Madrid ante la Audiencia Nacional.
La presente guerra en Madrid, no sólo entre los socios de Gobierno sino también con Moncloa está pasando, aunque indirectamente, factura al PP por las evidentes grietas en el seno del partido y la falta de unidad de acción en el discurso contra Sánchez que están provocando las batallas de Díaz Ayuso. La dirección del partido cierra filas y cubrirá las espaldas a la presidenta madrileña, también en el terreno judicial, pero eso le costará a Casado cierto descrédito sobre todo por parte de importantes barones y dirigentes territoriales que piden al líder del partido regresar a la política de la no confrontación.
Por su parte, el responsable de políticas sociales de la CAM dimitió el 2 de octubre, poco antes de la entrada en vigor las nuevas restricciones impuestas por el Ministerio de Sanidad. ¿El motivo? La batalla campal entre los equipos de Gobierno y la falta de «unidad en las instituciones».
La CAM alega que desde la primera semana de 'sus' restricciones los datos han mejorado y que, por tanto, no era necesario decretar el cierre perimetral de la capital y otras 9 ciudades, pero Sanidad duda de la validez de las cifras que presenta Ayuso, por ser muy mosqueantes y oportunas.
Por un lado, porque se necesitan de 10 a 14 días (tiempo de incubación del virus) para poder conocer los resultados de las medidas impuestas. Y por otro lado, porque diariamente, el Gobierno de Madrid va sumando nuevos casos en jornadas anteriores; contagios que se admiten a posteriori y que modifican la estadística de forma notable. Así, la foto reciente nunca es completa: solo varios días después (incluso hasta más de dos semanas).
Esta enorme dilación en los registros provoca dos cosas: que el dato del día siempre sea menos grave que la realidad, y que se minusvalore la incidencia acumulada (indicador que se ha convertido en el protagonista del debate político), que varía según el día en el que se mida.
Por ejemplo, según el departamento de sanidad madrileño, en la semana del 25 sept. al 1 oct. los contagios se redujeron en un 3% y descensió un 9% el número de nuevos ingresos hospitalarios. Según el Ministerio de Sanidad, a 6 de octubre la incidencia acumulada en la CAM seguía siendo alarmante: 710 casos/100.000 hab.
Por otro lado, claro que es lógico que haya menos contagios, dados los cambios de protocolo a la hora de hacer test: desde el 25 de septiembre en los centros educativos solo se realizan pruebas PCR a aquellos contactos que muestren síntomas. Y a partir del 29 de septiembre también dejó de hacer PCR a los contactos estrechos de casos positivos: desde ese día solo se realizan a personas convivientes, vulnerables o que tengan síntomas. Los tests han disminuido desde entonces a más de la mitad.
Esta estrategia vuela por los aires el objetivo marcado de detectar precozmente a todos los posibles enfermos y trazar todas las cadenas de transmisión, porque deja fuera a los asintomáticos. ¿No será que hay una disminución de la transmisión del virus porque no estamos viéndolo todo? ¿Y no será que es demasiado pronto para ver nada?
8 de octubre. Mientras se sucedían las disputas entre gobierno central y regional por los datos (y oportuna mejoría de la curva, según Ayuso), el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulaba las restricciones impuestas por Sanidad (que la CAM había recurrido). Los jueces denegaron la ratificación de las medidas que se habían acordado al amparo de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (la misma a la que se acogió el Ministerio para dictar la Orden con los criterios de confinamiento tras el Consejo Interterritorial).
¿Por qué se tumban las medidas? El Tribunal entiende que dicha ley es insuficiente para restringir y limitar derechos fundamentales y libertades públicas (independientemente de considerar que las medidas restrictivas fueran necesarias e idóneas para evitar la expansión del virus) porque no es una ley orgánica -las que permiten limitar derechos fundamentales-, ni recoge exactamente la posibilidad de que el Ministerio obligue a una CCAA a imponer un confinamiento.
La opinión del TSJM es clara: o se reforma la ley (algo que, recordemos, Sánchez se comprometió a hacer el pasado mes de mayo) o se recurre al estado de alarma para limitar de manera generalizada la movilidad y otros derechos fundamentales. Actuaciones puntuales, sí. Restricciones generalizadas, no. Cuestión de proporcionalidad. La Fiscalía ha anunciado que recurrirá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de levantar las restricciones del Gobierno.
En definitiva, la formula legal elegida por Illa para decretar el cierre de Madrid no es ajustada a Derecho. ¿Cuál habría sido la correcta? La Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que al ser 'orgánica' permite limitar los derechos fundamentales, y además, en uno de sus artículos permite a la autoridad sanitaria competente (la comunidad autónoma en este caso) tomar las medidas "que considere necesarias" para frenar la expansión de una enfermedad. De hecho, la CAM ya había empleado esta ley cuando impuso 'sus restricciones' de limitación de movilidad en 17 áreas sanitarias o cuando prohibió fumar en espacios públicos. ¿Por qué no lo hecho ahora? ¿Solicitó la ratificación de restricciones basándose en la ley de 2003 en vez de en la de 1986, a sabiendas de que su cobertura era insuficiente? Para mí está claro que SÍ, dado su rechazo frontal a cerrar Madrid.
El caso es que los cierres perimetrales de Madrid capital y otros 9 municipios madrileños quedaron en papel mojado el 8 de octubre. ¡Y a las puertas del Puente del Pilar! Ante la estupefacción del Gobierno central, Illa convocó para ese mismo día por la tarde una reunión urgente del Grupo Covid para analizar la situación, pero Ayuso le dio plantón. No quería reunirse con Sanidad hasta tener perfilada una nueva orden regional en la que regulara sus propias restricciones para confinar por barrios, rebajando el umbral de aplicación a zonas con 750 casos por 100.000 habitantes (la Orden de Sanidad establecía el límite en 500).
9 de octubre. Al Gobierno de Sánchez se le acabó la paciencia y el 9 de octubre por la mañana (viernes y día del comienzo del 'puente') convocó un Consejo de Ministros Extraordinario para decretar unilateralmente el estado de alarma en la Comunidad de Madrid con efecto inmediato, con el fin de evitar el éxodo masivo de madrileños que ya estaban abandonando la ciudad a otras partes de España y para restablecer las medidas tumbadas por la justicia. Marlaska desplegó a más de 1.000 agentes para enjaular a los madrileños durante el Puente del Pilar. ¿Quién asumirá el mando a partir de ahora? A pesar de que la Ley Orgánica 4/1981 que regula tales situaciones permite a Sánchez delegar el mando único en la presidenta madrileña, Sánchez ha evitado hacerlo y ha sido su Gobierno el que ha asumido la autoridad en exclusiva.
En la tarde del el 9 de octubre quedan cerradas de nuevo las 9 ciudades de la región con mayor población (queda fuera Alcalá de Henares, por haber mejorado sus datos): Madrid capital, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada, Móstoles, Leganés, Getafe, Alcorcón y Parla (casi 5 millones de personas, las 3/4 partes de los habitantes de la región). A ellas hay que sumar los cierres por zonas básicas de salud impuestos por el Gobierno regional el 5 de octubre en las localidades de menos de 100.000 habitantes: las zonas de Reyes Católicos, en San Sebastián de los Reyes; la zona de Humanes de Madrid, que agrupa al municipio homónimo y a Moraleja de Enmedio; y la zona de Villa del Prado, que incluye también a la localidad de Aldea del Fresno.
Éstas son las restricciones para los próximos 15 días, pese a la oposición del Gobierno de Díaz Ayuso:
10 de octubre. A pesar de que el gobierno madrileño insiste una y otra vez en levantar el estado de alarma porque las cifras están mejorando, ha decretado restringir la movilidad en 4 nuevas zonas básicas de salud de otros municipios de menos de 100.000 habitantes no incluidos en el estado de alarma: Colmenar Viejo, Arganda del Rey, Coslada y Collado Villalba. ¿En qué quedamos Sra. Díaz Ayuso?
20 de octubre. Una lluvia de dimisiones acorrala al gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso. Las últimas, la de la gerente de Atención Primaria, Marta Sánchez Celaya, y la gerente de Atención Asistencial de Hospitales, Bárbara Fernández. A ellas se suman la del consejero de políticas Sociales, Alberto Reyero, la directora de salud Pública, Yolanda Fuentes, y el director de Coordinación Sociosanitaria, Francisco Javier Martínez Peromingo. Mientras, en el ruido de fondo, sobrevuelan la falta del refuerzo de plantillas: faltan 3.000 profesionales en atención primaria.
23 de octubre. A las 16:47 horas decae el estado de alarma decretado por el Gobierno central hace dos semanas. La curva de contagios ha descendido en estos 15 días en 6 de los 10 distritos confinados, aún hay 33 zonas con una incidencia acumulada superior a los 500 casos/100.000 hab. Por eso, la CAM ha decidido implantar de nuevo medidas encaminadas a restringir la movilidad y los aforos en esas zonas. Las restricciones volverán a aplicarse por zonas básicas de salud (ZBS), y no por municipios completos. Entrada en vigor: 24 de octubre. Son éstas:
*
* Guetos Covid en 32 áreas de salud, en las que se restringen la entrada y salida sin causa justificada. En la capital, son 20 las zonas de salud afectadas, y en la comunidad hay otros 12 los municipios afectados.
* Toque de queda: prohibición de reuniones familiares y sociales de personas no convivientes, tanto en espacio público como privado, de 12 de la noche a 6 de la mañana. El resto del día, la limitación es de un máximo de 6 personas.
* Bares y restaurantes: cierre a las 23h en áreas no afectadas, y las 12 de la noche en zonas con restricciones. Se prohíbe el consumo en las barras. Reducción de aforo al 50% en el interior y al 75% en las terrazas.
* Los establecimientos comerciales (no esenciales), las residencias, colegios mayores y parques y jardines, deberán cerrar a las 22h.
* Se limita el aforo de cines y teatros al 50%, al igual que las instalaciones deportivas en interior.
* Se cerrarán de nuevo los parques infantiles, a diferencia de lo que ocurría con el estado de alarma y de lo que aconsejan los expertos.
Las medidas deberán ser ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia.
A comienzos de mayo, Madrid inició un proceso de desescalada lleno de roces con el Gobierno central, en medio de una pugna interna en el Ejecutivo regional y bajo un mantra que se repetía como escudo frente a quienes esgrimían razones sanitarias para avanzar con prudencia: Madrid no se puede parar, la economía de la capital tiene que reactivarse.
El 21 de septiembre, el gobierno madrileño decretó un paquete de restricciones y el confinamiento perimetral de 37 áreas de salud, que se amplió a 8 zonas más el 28 de septiembre. Sanidad no lo consideró suficiente y 2 de octubre impuso por la fuerza nuevas medidas restrictivas. Aún asi, todas estas medidas son mucho más laxas que las que se impusieron durante el estado de alarma. El Ministerio de Sanidad las ha impuesto pese al rechazo del equipo de Ayuso, que ha tratado hasta el último momento de evitar el confinamiento completo de la capital. De hecho, aún esperan que los tribunales tumben esas restricciones.
Madrid ha recorrido en estos 5 meses el camino desde una reapertura económica apresurada hacia un progresivo cierre, cuando no quedaba ya ninguna otra opción. El conflicto político se ha fundido con la gestión sanitaria hasta desembocar en un choque total entre la administración madrileña y la central: mientras Sanidad aduce razones epidemiológicas para este nuevo confinamiento, desde la Puerta del Sol se alude a una supuesta estrategia de Sánchez para "hundir" Madrid. Ambas posturas tienen su parte de razón.
El repaso al proceso de desescalada, más allá de la disputa política, muestra que en la Comunidad de Madrid se impuso el optimismo a la prudencia. Las autoridades no acompañaron la apresurada apertura de comercios y espacios públicos y la caída de las restricciones a la movilidad con una estrategia para evitar un nuevo pico en los contagios. Cuando éste se produjo, trataron por todos los medios de aplazar las restricciones.
Mayo, el inicio de la desescalada y el conflicto
A principios de mayo el Gobierno central abrió la posibilidad de que las comunidades autónomas solicitasen el paso a la Fase 1, el primero de los estados del Plan de Desescalada que debía conducir a un desembarco controlado en la 'nueva normalidad'. En ese mismo momento empezaron los problemas en la desescalada de Madrid.El 7 de mayo, en pleno debate interno entre políticos y técnicos sobre si la región debía dar el paso de solicitar su entrada en la Fase 1 dimitió Yolanda Fuentes, la directora de Salud Pública del Gobierno de Ayuso. Fuentes era la voz cantante de quienes no veían a Madrid con posibilidades de relajar sus medidas de confinamiento con los hospitales aún saturados.
La propia Ayuso admitió que Fuentes no quería firmar el pase a la Fase 1 por temor a un colapso de las UCI. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, había manifestado también sus dudas en público. Pero la presidenta regional dejó claro que las razones sanitarias no eran las únicas que iban a pesar en la desescalada que iniciaba el territorio: "Si seguimos estirando nos iríamos a tantos parados que sería un grave problema. Tenemos que conjugar la vida con empezar a activar la economía".
El argumento económico pasó a imponerse a la razones sanitarias y no ha dejado de hacerlo hasta ahora. En aquellas fechas, además de Ayuso, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, también apuntaba a la prevalencia de la economía sobre la salud: “Hay que pasar a la fase 1 para recuperar la actividad económica cuanto antes”. “No estamos en condiciones de derrotar al virus,” admitió, pero “sí en condiciones de recuperar la actividad económica en la Comunidad de Madrid”.
El Gobierno central evaluó entonces la propuesta de Ayuso para pasar de fase y la desestimó. El principal argumento fue que el sistema de Atención Primaria, desmantelado a consecuencia de la pandemia, no estaba listo para afrontar la detección temprana de casos. La presidenta regional lo volvió a intentar una semana después, sin que hubiese habido ningún cambio en el sistema previsto de rastreo, pero ya con un incipiente discurso contra un gobierno central que, dijo, no parecía dispuesto a que Madrid avanzase a la Fase 1.
La presión de Ayuso surtió efecto, al menos en parte. El Ejecutivo de Sánchez se sacó de la manga una fase intermedia, la 0.5, para que Madrid abriese parte de su comercio minorista sin cita previa, pero manteniendo cerrados bares y terrazas.
Ayuso abandonó entonces la moderación con la que había llevado la primera negativa para abrir una guerra con el Gobierno central. El 15 de mayo, en una comparecencia, calificó la decisión de “ataque político”, que enmarcó en una “campaña inaceptable” del Gobierno central contra su Ejecutivo. Al día siguiente volvió a ponerse frente a los micrófonos para decir que Sánchez quería llevar “a la ruina” a Madrid: “Todo nos va a llevar a un precipicio, a un borde que al final no va a causar más que problemas mayores. Nos tienen rehenes, nos tienen amordazados, y al final lo que está habiendo es un recorte de libertades”. ¿Y Ayuso no se enteró de ésto hasta el 15 de mayo? Los españoles (no solo madrileños) lo hemos visto (y vivido) desde el 14 de marzo.
Sus palabras despertaron a una parte de la sociedad madrileña, la que como Ayuso entendió las reticencias en el cambio de fase como un choque ideológico y no una cuestión sanitaria. Por los barrios de renta más alta de Madrid (con epicentro en la calle Núñez de Balboa del barrio de Salamanca), con mayoría de votantes de la derecha, se extendieron las concentraciones en la calle llenas de banderas de España y mensajes que pedían la dimisión del Gobierno Sánchez. En otras ciudades del país se replicó esta rebelión ciudadana, alentada por Vox, y que el PP no veía con malos ojos, mientras que desde el lado más radical del gobierno socialcomunista trataban de estigmatizarlos con la etiqueta de Cayetanos, pudientes insolidarios y fachas con banderitas, como si ello fuera un movimiento «de ricos». Nada más lejos de la realidad. No se trataba solo de 'madrileños ricos', sino del conjunto de los ciudadanos españoles, hartos del totalitarismo que nos habían impuesto con la excusa del Covid y de la pérdida de nuestras libertades y derechos fundamentales.
Ayuso alimentó la guerra política con un recurso a los tribunales contra la decisión de no entrar en la Fase 1. La presidenta madrileña insistía en que la comunidad estaba preparada y no permitía que nadie dudase de su criterio, ni siquiera el Colegio de Médicos, a quienes excluyó de las reuniones sobre la desescalada el 19 de mayo. Su presidente había criticado que no había habido ningún cambio que justificase el cambio de fase.
Toda esta polémica no habría existido si el Ministerio de Sanidad hubiese hecho un Plan de Desescalada con dos dedos de frente, con criterios claros y transparentes e indicadores explícitos (numéricos) que los territorios deberían cumplir para avanzar en las fases. Éste ha sido uno de los mayores errores que los científicos internacionales achacan a nuestro Gobierno.
22 de mayo: Madrid entra en Fase 1
Al tercer intento, el 22 de mayo, la Comunidad de Madrid recibió el aval del Ministerio de Sanidad para entrar en la Fase 1, que conllevaba la reapertura de terrazas de los bares, las reuniones de hasta 10 personas y libertad de movimiento. El recurso a la justicia quedó entonces en el olvido y las manifestaciones y caceroladas de las 20.00 horas se diluyeron, a la par que se llenaban los bares.Ayuso rebajó el tono contra el Gobierno. Dijo no tener prisa por avanzar rápidamente en las siguientes fases (solo suponían ir aumentando progresivamente los aforos) y habló de “prudencia” y “cautela”. Siguió presionando para la reapertura de ciertos sectores económicos (como los centros comerciales) pero ya sin el esfuerzo de plantear la desescalada como una contienda política. Madrid entró en la Fase 2 sin mayor estruendo el 8 de junio.
A partir de entonces Madrid ha lidiado con su desescalada particular, marcada por el enfrentamiento político (en la Comunidad, donde ha sobrevolado la moción de censura, y de nuevo con el Gobierno central), la falta de previsión en cuanto a la contratación de rastreadores o el inicio del curso escolar, y las decisiones contradictorias (como el tardío uso obligatorio de la mascarilla).
En conflicto político dentro de los límites de la CAM vino alimentado por las revelaciones sobre la gestión de las residencias, abandonadas a su suerte por la administración madrileña. El balance culminó con 7.600 fallecidos entre marzo y mayo (nada menos que el 18% de los usuarios de geriátricos madrileños), centros desbordados, peticiones de ayuda sin atender por parte de la administración, y escaso material para afrontar una emergencia sanitaria en los centros de mayores.
Además, se filtró que el Ejecutivo madrileño había dado orden de no trasladar a los hospitales a aquellos enfermos con síntomas si eran mayores de 80 años y tenían patologías graves. Ayuso dijo en una entrevista que esa orden se había dado por “pragmatismo”. En un pleno celebrado el 11 de junio justificó el desastre que habían vivido esos centros en Madrid por la falta de ayuda del Gobierno central. Tampoco le faltaba razón, ya que desde el 19 de marzo, la coordinación de los servicios sociales (entre los que se incluyen las residencias de ancianos) pasaron a ser responsabilidad del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por delegación de funciones del "mando único" sanitario (que ostentaba Salvador Illa). ¿Y cuál ha sido la gestión de Iglesias en este ámbito? Ninguna.
Ayuso anunció durante aquella comparecencia una investigación interna que era más bien un aviso a su socio de Gobierno. El responsable de las residencias madrileñas durante la pandemia había sido el consejero Alberto Reyero, de Ciudadanos, quien se había mostrado en contra de la orden de no trasladar a ancianos a los hospitales.
Mientras se conocían nuevos datos de la gestión de las residencias, el Gobierno de la Comunidad de Madrid trataba de desviar la atención hacia el aeropuerto de Barajas. Sin medidas que aliviaran el exceso de afluencia en el Metro, sin haber alcanzado el número prometido de rastreadores, y con una reapertura apresurada de ciertos sectores, tanto Ayuso como Aguado decidieron centrar sus críticas en la falta de un plan gubernamental para controlar la entrada de positivos por el aeropuerto de Madrid (lo cual tampoco deja de ser cierto).
El 7 de julio, Ayuso anunció que recurriría las medidas del Ministerio de Sanidad por insuficientes y pidió que se hicieran pruebas PCR a todos los viajeros del extranjero, tal y como estaban haciendo otros países. “Necesitamos que nos escuchen y que juntos pongamos medidas para evitar volver al inicio. No queremos por nada del mundo retroceder”, dijo. Contaba con el apoyo total de Aguado, dispuesto también a hacer creer que los contagios en Madrid se producirían por esa vía. Nunca lo sabremos, dado que Sánchez hizo oídos sordos a dichas peticiones, y no se han realizado pruebas PCR a los viajeros extranjeros que llegaban a nuestro país. El resultado de esta política ya lo sabemos: en pocas semanas nos convertimos en los apestados de Europa y los gobiernos europeos vetaron los viajes a nuestro país, provocando la hecatombe del sector turístico español.
Pero el aeropuerto era solo el sitio al que apuntar con el dedo mientras la Comunidad no lograba diseñar una desescalada ordenada y con recursos. Una prueba de la improvisación de aquellos días fue la orden del uso obligatorio de la mascarilla: el 14 de julio Ayuso dijo que no era necesario llevarla siempre puesta; el 28 de julio, su Gobierno obligó a su uso en todos los espacios públicos, sumándose así al resto de Comunidades Autónomas.
La realidad detrás del cambio de decisión era que los contagios en Madrid se estaban disparando. A finales de julio, los positivos se habían multiplicado por 6 respecto a las dos semanas anteriores. Ayuso acompañó el uso obligatorio de la mascarilla con la limitación de reuniones a 10 personas y del cierre de bares a la 1.30 horas, pero su Gobierno era incapaz de cumplir con la exigencia fundamental de los expertos: rastrear los contactos de los positivos para evitar la expansión descontrolada del virus.
El Ejecutivo madrileño vivió en aquellos momentos una carrera contrarreloj por ampliar una plantilla de rastreadores ínfima: tan solo 180 cuando la cifra prometida era de 400. Intentó reclutar a funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, buscó que algunos trabajaran gratis (como voluntarios), hasta que finalmente optó por privatizar el servicio con un coste de 200.000 euros el 10 de agosto, ante el aumento de los casos.
Agosto, el repunte de la pandemia en Madrid
En agosto la Comunidad tenía cada vez menos controlada la situación, en un más que evidente repunte de la pandemia. El 7 de agosto la región ya estaba a la cabeza en contagios diarios y el Gobierno de Ayuso enfrascado en un nuevo conflicto con Sanidad, esta vez a costa de la incapacidad para detectar a los asintomáticos. La Comunidad de Madrid llegó a borrar de sus informes los datos de rastreo de personas sin síntomas porque contradecían sus declaraciones en público. Como vemos, la misma estrategia que utilizó el Gobierno de Sánchez en la primera ola (aunque la falsedad en el recuento también la estamos viendo en una segunda ola de mentiras).A mediados de agosto, Madrid había pasado de 338 casos semanales a 6.481 en tan solo un mes. Había 49 focos de contagio detectados y los expertos alertaban de que se estaba produciendo transmisión comunitaria. Para el 21 de agosto, la Comunidad ya concentraba un tercio de los nuevos positivos que se detectaban en todo el país, y sus datos de ingresos hospitalarios estaban muy por encima de los que presentaban el resto de comunidades autónomas.
La última semana del mes añadió un problema más: el comienzo del curso escolar. Sin un plan definido para la apertura de los colegios (tampoco lo había a nivel nacional, ante la inacción de la ministra Celáa), el Gobierno de Ayuso se apresuró a hacer test a todos los profesores en apenas un par de días. El caos fue absoluto. Cientos de personas se agolpaban frente a los centros donde habían sido citados; las empresas privadas que realizaban esos test no fueron capaces de asumir la ingente cantidad de pruebas que había que realizar en tan poco tiempo, y al final, los tests tuvieron que suspenderse.
Septiembre: la paulatina vuelta al confinamiento
Septiembre ha supuesto en Madrid una paulatina vuelta de las restricciones hasta llegar al actual confinamiento perimetral. El 4 de septiembre se impusieron limitaciones a las reuniones familiares y se redujo el aforo en bodas, velatorios y espectáculos. El Ejecutivo regional anunció también que su plantilla de rastreadores ascendería al millar y que se habían adquirido dos millones de test rápidos de antígenos.Pero aquellas medidas no lograron frenar los contagios, y de nuevo Ayuso y su equipo emprendieron una batalla política con la que enmascarar el fracaso de la desescalada. Superado un debate del Estado de la Región en el que la presidenta madrileña pasó de puntillas por encima de la pandemia -salvo su alusión a la inmigración-, la situación en Madrid volvió a ser muy similar a la del inicio de la desescalada, con líos internos y un choque con el Gobierno de Sánchez.
El 16 de septiembre, el responsable de Salud Pública que sustituyó a Yolanda Fuentes, Antonio Zapatero, apuntó la posibilidad de llevar a cabo confinamientos selectivos en las zonas más afectadas por el virus. El Gobierno de Ayuso se apresuró a negarlo, pero el incendio político ya estaba en marcha.
Aguado no compareció en la tradicional rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, pero lo hizo al día siguiente. El vicepresidente el Ejecutivo que había rechazado constantemente la tutela del Gobierno central durante la gestión de la pandemia, pidió ese día ayuda a Sánchez: “La situación de la epidemia en Madrid no va bien. Está empeorando. Vamos a necesitar hacer más esfuerzos”.
El 18 de septiembre el Gobierno de Ayuso tuvo que tomar la medida que había negado solo unos días antes. La presidenta madrileña, acompañada del consejero de Sanidad y del vicepresidente regional anunció que confinaba 37 áreas sanitarias (que una semana después amplió a 45) y limitaba en toda la región las reuniones a un máximo de 6 personas. Eso sí, como en mayo, no se abandonó el argumento de la economía: "Hay que evitar a toda costa el estado de alarma y un confinamiento porque eso supondría el desastre económico”.
El lunes 21 de septiembre, ya con las restricciones en vigor, se produjo la reunión de Pedro Sánchez con Ayuso en la Puerta del Sol. Fue un espejismo de colaboración institucional que tardó poco en saltar por los aires, porque ambas administraciones tenían estrategias opuestas para luchar contra los rebrotes: la regional quería cautela en las restricciones para no dañar la economía y apostaba por confinamientos muy selectivos; Sanidad creía que los datos de Madrid obligan a un confinamiento general con el que frenar la expansión del virus (que ya estaba descontrolada). La propuesta de ambas administraciones para delimitar el confinamiento muestra lo alejadas que estaban las posiciones de partida en esa negociación. Para el 25 de septiembre, los puentes ya estaba prácticamente rotos.
A pesar de ello, hubo un último atisbo de entendimiento. El 29 de septiembre, Ayuso aceptó los criterios de confinamiento del Gobierno: una incidencia acumulada de 500 casos por 100.000 habitantes en 14 días, tener más del 10% de positivos en PCR y una ocupación del 35% de las camas de UCI. De lo que Ayuso no se dio cuenta en ese momento fue de que éste era un traje a medida para Madrid (implicaba restringir los movimientos de los residentes en 10 ciudades de la Comunidad de Madrid, y ningún sitio más de España).
Cuando parecía que al final había consenso y Madrid iba a poner en marcha las medidas para frenar su tasa de contagios llegó el último giro de guión. El Ejecutivo regional se descolgó del acuerdo, dijo que los criterios que había aceptado el martes ya no le valían el miércoles, y quería unos nuevos y específicos para la región.
A Sanidad se le acabó la paciencia y no entró al trapo en la última maniobra de Ayuso. El Ministerio mantuvo su propuesta, la llevó al Consejo Interterritorial –que la aprobó pese al rechazo de Catalunya y algunas comunidades del PP– y decretó su entrada en vigor en 48 horas.
El Gobierno regional insinuó una insumisión que al final se ha quedado en un recurso a la Audiencia Nacional en el que acusa al Gobierno de invadir sus competencias y recupera, una vez más, el argumento económico. Pero el tribunal no se pronunciará hasta la próxima semana, y hasta entonces, la capital y otras nueve ciudades de la Comunidad de Madrid van a permanecer confinadas por orden del Ministerio de Sanidad.
Los desencuentros entre presidenta (PP) y vicepresidente de la Comunidad de Madrid (Cs) han sido muchos en la presente legislatura, que apenas cuenta con un año de vida. Y el hostil enfrentamiento que han protagonizado en los últimos días, a tenor del cierre de Madrid decretado por el Ministerio de Sanidad y ejecutado por el Gobierno regional en contra del criterio de Díaz Ayuso pero no del de Aguado ha dinamitado todo espejismo de tregua entre ambos socios. Los puentes entre ambos terminaron de saltar por los aires cuando Aguado se rebeló contra la directriz de la presidenta y anunció que no apoyaría su intención de llevar el confinamiento forzoso de Madrid ante la Audiencia Nacional.
La presente guerra en Madrid, no sólo entre los socios de Gobierno sino también con Moncloa está pasando, aunque indirectamente, factura al PP por las evidentes grietas en el seno del partido y la falta de unidad de acción en el discurso contra Sánchez que están provocando las batallas de Díaz Ayuso. La dirección del partido cierra filas y cubrirá las espaldas a la presidenta madrileña, también en el terreno judicial, pero eso le costará a Casado cierto descrédito sobre todo por parte de importantes barones y dirigentes territoriales que piden al líder del partido regresar a la política de la no confrontación.
Por su parte, el responsable de políticas sociales de la CAM dimitió el 2 de octubre, poco antes de la entrada en vigor las nuevas restricciones impuestas por el Ministerio de Sanidad. ¿El motivo? La batalla campal entre los equipos de Gobierno y la falta de «unidad en las instituciones».
Octubre: del confinamiento laxo al estado de alarma
La guerra política continúa entre el gobierno central y regional. Ahora la batalla se centra en apuntarse el tanto de cuáles son las restricciones que están dando buenos resultados, si las que decretó Ayuso el 21 de septiembre o las decretadas por Salvador Illa el 2 de octubre.La CAM alega que desde la primera semana de 'sus' restricciones los datos han mejorado y que, por tanto, no era necesario decretar el cierre perimetral de la capital y otras 9 ciudades, pero Sanidad duda de la validez de las cifras que presenta Ayuso, por ser muy mosqueantes y oportunas.
Por un lado, porque se necesitan de 10 a 14 días (tiempo de incubación del virus) para poder conocer los resultados de las medidas impuestas. Y por otro lado, porque diariamente, el Gobierno de Madrid va sumando nuevos casos en jornadas anteriores; contagios que se admiten a posteriori y que modifican la estadística de forma notable. Así, la foto reciente nunca es completa: solo varios días después (incluso hasta más de dos semanas).
Esta enorme dilación en los registros provoca dos cosas: que el dato del día siempre sea menos grave que la realidad, y que se minusvalore la incidencia acumulada (indicador que se ha convertido en el protagonista del debate político), que varía según el día en el que se mida.
Por ejemplo, según el departamento de sanidad madrileño, en la semana del 25 sept. al 1 oct. los contagios se redujeron en un 3% y descensió un 9% el número de nuevos ingresos hospitalarios. Según el Ministerio de Sanidad, a 6 de octubre la incidencia acumulada en la CAM seguía siendo alarmante: 710 casos/100.000 hab.
Por otro lado, claro que es lógico que haya menos contagios, dados los cambios de protocolo a la hora de hacer test: desde el 25 de septiembre en los centros educativos solo se realizan pruebas PCR a aquellos contactos que muestren síntomas. Y a partir del 29 de septiembre también dejó de hacer PCR a los contactos estrechos de casos positivos: desde ese día solo se realizan a personas convivientes, vulnerables o que tengan síntomas. Los tests han disminuido desde entonces a más de la mitad.
Esta estrategia vuela por los aires el objetivo marcado de detectar precozmente a todos los posibles enfermos y trazar todas las cadenas de transmisión, porque deja fuera a los asintomáticos. ¿No será que hay una disminución de la transmisión del virus porque no estamos viéndolo todo? ¿Y no será que es demasiado pronto para ver nada?
8 de octubre. Mientras se sucedían las disputas entre gobierno central y regional por los datos (y oportuna mejoría de la curva, según Ayuso), el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulaba las restricciones impuestas por Sanidad (que la CAM había recurrido). Los jueces denegaron la ratificación de las medidas que se habían acordado al amparo de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (la misma a la que se acogió el Ministerio para dictar la Orden con los criterios de confinamiento tras el Consejo Interterritorial).
¿Por qué se tumban las medidas? El Tribunal entiende que dicha ley es insuficiente para restringir y limitar derechos fundamentales y libertades públicas (independientemente de considerar que las medidas restrictivas fueran necesarias e idóneas para evitar la expansión del virus) porque no es una ley orgánica -las que permiten limitar derechos fundamentales-, ni recoge exactamente la posibilidad de que el Ministerio obligue a una CCAA a imponer un confinamiento.
La opinión del TSJM es clara: o se reforma la ley (algo que, recordemos, Sánchez se comprometió a hacer el pasado mes de mayo) o se recurre al estado de alarma para limitar de manera generalizada la movilidad y otros derechos fundamentales. Actuaciones puntuales, sí. Restricciones generalizadas, no. Cuestión de proporcionalidad. La Fiscalía ha anunciado que recurrirá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de levantar las restricciones del Gobierno.
En definitiva, la formula legal elegida por Illa para decretar el cierre de Madrid no es ajustada a Derecho. ¿Cuál habría sido la correcta? La Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que al ser 'orgánica' permite limitar los derechos fundamentales, y además, en uno de sus artículos permite a la autoridad sanitaria competente (la comunidad autónoma en este caso) tomar las medidas "que considere necesarias" para frenar la expansión de una enfermedad. De hecho, la CAM ya había empleado esta ley cuando impuso 'sus restricciones' de limitación de movilidad en 17 áreas sanitarias o cuando prohibió fumar en espacios públicos. ¿Por qué no lo hecho ahora? ¿Solicitó la ratificación de restricciones basándose en la ley de 2003 en vez de en la de 1986, a sabiendas de que su cobertura era insuficiente? Para mí está claro que SÍ, dado su rechazo frontal a cerrar Madrid.
El caso es que los cierres perimetrales de Madrid capital y otros 9 municipios madrileños quedaron en papel mojado el 8 de octubre. ¡Y a las puertas del Puente del Pilar! Ante la estupefacción del Gobierno central, Illa convocó para ese mismo día por la tarde una reunión urgente del Grupo Covid para analizar la situación, pero Ayuso le dio plantón. No quería reunirse con Sanidad hasta tener perfilada una nueva orden regional en la que regulara sus propias restricciones para confinar por barrios, rebajando el umbral de aplicación a zonas con 750 casos por 100.000 habitantes (la Orden de Sanidad establecía el límite en 500).
9 de octubre. Al Gobierno de Sánchez se le acabó la paciencia y el 9 de octubre por la mañana (viernes y día del comienzo del 'puente') convocó un Consejo de Ministros Extraordinario para decretar unilateralmente el estado de alarma en la Comunidad de Madrid con efecto inmediato, con el fin de evitar el éxodo masivo de madrileños que ya estaban abandonando la ciudad a otras partes de España y para restablecer las medidas tumbadas por la justicia. Marlaska desplegó a más de 1.000 agentes para enjaular a los madrileños durante el Puente del Pilar. ¿Quién asumirá el mando a partir de ahora? A pesar de que la Ley Orgánica 4/1981 que regula tales situaciones permite a Sánchez delegar el mando único en la presidenta madrileña, Sánchez ha evitado hacerlo y ha sido su Gobierno el que ha asumido la autoridad en exclusiva.
En la tarde del el 9 de octubre quedan cerradas de nuevo las 9 ciudades de la región con mayor población (queda fuera Alcalá de Henares, por haber mejorado sus datos): Madrid capital, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada, Móstoles, Leganés, Getafe, Alcorcón y Parla (casi 5 millones de personas, las 3/4 partes de los habitantes de la región). A ellas hay que sumar los cierres por zonas básicas de salud impuestos por el Gobierno regional el 5 de octubre en las localidades de menos de 100.000 habitantes: las zonas de Reyes Católicos, en San Sebastián de los Reyes; la zona de Humanes de Madrid, que agrupa al municipio homónimo y a Moraleja de Enmedio; y la zona de Villa del Prado, que incluye también a la localidad de Aldea del Fresno.
Éstas son las restricciones para los próximos 15 días, pese a la oposición del Gobierno de Díaz Ayuso:
10 de octubre. A pesar de que el gobierno madrileño insiste una y otra vez en levantar el estado de alarma porque las cifras están mejorando, ha decretado restringir la movilidad en 4 nuevas zonas básicas de salud de otros municipios de menos de 100.000 habitantes no incluidos en el estado de alarma: Colmenar Viejo, Arganda del Rey, Coslada y Collado Villalba. ¿En qué quedamos Sra. Díaz Ayuso?
20 de octubre. Una lluvia de dimisiones acorrala al gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso. Las últimas, la de la gerente de Atención Primaria, Marta Sánchez Celaya, y la gerente de Atención Asistencial de Hospitales, Bárbara Fernández. A ellas se suman la del consejero de políticas Sociales, Alberto Reyero, la directora de salud Pública, Yolanda Fuentes, y el director de Coordinación Sociosanitaria, Francisco Javier Martínez Peromingo. Mientras, en el ruido de fondo, sobrevuelan la falta del refuerzo de plantillas: faltan 3.000 profesionales en atención primaria.
23 de octubre. A las 16:47 horas decae el estado de alarma decretado por el Gobierno central hace dos semanas. La curva de contagios ha descendido en estos 15 días en 6 de los 10 distritos confinados, aún hay 33 zonas con una incidencia acumulada superior a los 500 casos/100.000 hab. Por eso, la CAM ha decidido implantar de nuevo medidas encaminadas a restringir la movilidad y los aforos en esas zonas. Las restricciones volverán a aplicarse por zonas básicas de salud (ZBS), y no por municipios completos. Entrada en vigor: 24 de octubre. Son éstas:
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* Guetos Covid en 32 áreas de salud, en las que se restringen la entrada y salida sin causa justificada. En la capital, son 20 las zonas de salud afectadas, y en la comunidad hay otros 12 los municipios afectados.
* Toque de queda: prohibición de reuniones familiares y sociales de personas no convivientes, tanto en espacio público como privado, de 12 de la noche a 6 de la mañana. El resto del día, la limitación es de un máximo de 6 personas.
* Bares y restaurantes: cierre a las 23h en áreas no afectadas, y las 12 de la noche en zonas con restricciones. Se prohíbe el consumo en las barras. Reducción de aforo al 50% en el interior y al 75% en las terrazas.
* Los establecimientos comerciales (no esenciales), las residencias, colegios mayores y parques y jardines, deberán cerrar a las 22h.
* Se limita el aforo de cines y teatros al 50%, al igual que las instalaciones deportivas en interior.
* Se cerrarán de nuevo los parques infantiles, a diferencia de lo que ocurría con el estado de alarma y de lo que aconsejan los expertos.
Las medidas deberán ser ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia.