España se ha convertido en la nueva Wuhan, con epicentro en Madrid. Y ello se debe en buena parte a la descarnada pugna política por controlar la capital. En un país gobernado por la izquierda, el hecho de que la joya de la corona esté gobernada por la derecha hace pupa. Madrid ha dejado de ser una comunidad autónoma para convertirse en un símbolo de poder que todos quieren controlar. Si los socialistas logran hacerse con la capital habrán derrotado (simbólicamente) al principal partido de la oposición. De ahí que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya estado en el ojo del huracán desde el minuto uno de la pandemia (recordemos el ensañamiento de Salvador Illa al no dejar que Madrid abandonase la Fase 0,5 de la desescalada durante semanas). En Madrid no solo se libra una batalla contra el virus, feroz la pasada primavera, sino también por la supervivencia de un modelo político, económico y social que la izquierda quiere arruinar (¿o lo ha hecho ya?).
En España se ha desatado un intenso blame game (juego de culpas) desde que se levantó el estado de alarma. Moncloa decidió que, desde entonces, la responsabilidad y el coste político de ejercerla sería de otros, y se parapetó en lo que ha llamado 'cogobernanza'.
De esta forma está ejecutando una venganza bien fría para aquellos barones populares que más criticaron el mando único, y especialmente Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la CAM. Ahora mismo, lo único que Sánchez tiene entre ceja y ceja es aprovechar la crisis para derrocar a Ayuso, pero para ello debe ganar "la batalla del relato". Y lo está consiguiendo.
Ayuso se ha pasado el verano pidiendo a Sánchez una reunión para establecer unas medidas coordinadas que permitieran no solo afrontar los rebrotes, sino también un control efectivo de los posibles casos importados de Covid (que han estado entrando sin control a través del aeropuerto de Barajas), obteniendo la callada por respuesta, mientras los contagios subían más y más.
No fue hasta el 17 de septiembre cuando Sánchez se dignó en contestar. Y además, lo hizo apuntándose el tanto: ÉL es quien solicitaba a Ayuso (por carta) una reunión, y no sería en Moncloa, sino que Su Persona tendría a bien desplazarse a la sede del Gobierno de la CAM. Eso sí, tardó 4 días en hacer hueco su agenda para celebrar la cumbre (estaba muy ocupado dando entrevistas de televisión), que finalmente tuvo lugar el 21 de septiembre, mismo día en que entraban en vigor las nuevas restricciones decretadas (con anterioridad) por Ayuso.
La cumbre entre Gobierno central y autonómico fue un paripé con una alta dosis de escenografía y barniz institucional. El único objetivo ha sido hacerse "la foto" con la que se pretendía representar una especie de "tregua política" (que apenas ha durado 48 horas).
A efectos prácticos, la reunión ha sido un auténtico fracaso; lo único que han acordado es la creación de un nuevo comité (debe ser que tenemos pocos).
Como digo, poco duró la tregua. Apenas 48 horas después del inicio de las restricciones, el ministro Salvador Illa se enfundó la camiseta del militante socialista que es para dinamitar el plan de Ayuso, calificando -en rueda de prensa desde La Moncloa- las medidas implantadas de suicidas e injustas. Illa emergió cual bombero pirómano y divulgó que las exigencias del Ministerio de Sanidad eran el cierre de Madrid y de los municipios con más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes (incidencia acumulada en los últimos 14 días).
¿La respuesta de la CAM? Madrid no se cierra, aunque estaría dispuesta a hablar de confinar los municipios con más de 500 contagios/100.000 habitantes siempre y cuando dicha medida se aplique también al resto de municipios españoles. Es decir, Ayuso pide que se establezcan criterios objetivos y comunes para toda España, lo cual es de pura lógica, además de justo, y facilitaría mucho las cosas a los presidentes autonómicos a la hora de confinar ciertos territorios para controlar la expansión del virus.
De hecho, la ausencia de estrategias claras y coherentes y el no haber ponderado explícitamente los valores de los parámetros epidemiológicos, de movilidad, sociales y económicos en el chapucero Plan de Desescalada son, según los expertos, uno de los mayores errores que ha cometido España a la hora de levantar las restricciones en la transición hacia la 'nueva normalidad'.
El caso es que, mientras los gobiernos central y autonómico continúan enzarzados en batallas políticas, pasan los días sin que se tomen las medidas que la Comunidad de Madrid necesita. Es urgente una vuelta, al menos, a la Fase 2, lo que implica el aislamiento de la región para evitar la propagación del virus a otras autonomías. Y es vital hacerlo cuanto antes. No entiendo por qué confinar Madrid es algo tan terrible y causa tanta polémica, cuando durante todo el verano las demás comunidades han estado decretando confinamientos en otras ciudades y acatándolas sin rechistar.
Todos los indicadores disponibles señalan que la situación en Madrid es crítica y se deteriora más cada día, con un sistema de salud al borde de un nuevo colapso. Los casos crecen descontroladamente y las medidas anunciadas por el Gobierno regional en los últimos 15 días difícilmente van a revertir la tendencia, ya que apenas se reduce la movilidad.
La ocupación hospitalaria ronda el 100% de las camas UCI médicas, aunque las cifras oficiales muestran tan sólo una tasa del 38% porque se incluyen camas de críticos globales (quirófanos, salas de reanimación y otros). Las hospitalizaciones crecen a una ritmo semanal del 18%; los ingresos UCI, al 16%, y los fallecimientos, al 32%.
Además, los centros de Atención Primaria están desbordados. Esto obligó a la Consejería de Sanidad a cambiar (el 26 de septiembre) los protocolos sobre manejo de casos positivos en los centros educativos de la Comunidad de Madrid que habían sido publicados apenas tres semanas antes, eliminando la necesidad de PCR a los contactos estrechos “salvo que desarrollen síntomas”.
Hay otras dos claras señales de que el sistema de rastreo está sobrepasado: 1) la positividad de las PCR es del 23% (según la OMS superar el 5% indica que la epidemia está descontrolada); y 2) según la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave), más de un 70% de los nuevos casos tiene origen desconocido, frente al 41% del conjunto de España.
Un confinamiento es indeseable. Es el último recurso, consecuencia de un fracaso colectivo. Pero hace semanas que Madrid agotó todas las balas. Ahora la cuestión no es si confinar o no, sino cuándo y cuánto.
Responder ‘cuándo’ es sencillo: inmediatamente. Cada día que pasa, el número de casos aumenta un 2-3%; retrasar otras dos semanas más el confinamiento (hasta ver qué ocurre tras aplicar las medidas de Ayuso) puede conllevar entre 1.000 y 1.500 muertes adicionales.
Responder ‘cuándo’ es algo más complejo. La duración del confinamiento depende fundamentalmente de tres factores: la incidencia al comienzo del confinamiento, la intensidad de las restricciones, y la incidencia que marque el fin de las restricciones. Cuanto mayor sea la intensidad en las restricciones, más rápida será la reducción de nuevos casos. El tiempo de confinamiento podría oscilar entre 5 y 8 semanas, en función de la fecha de comienzo de éste y su intensidad. Un retraso de dos semanas en el arranque se traduce en alargar el confinamiento aproximadamente una semana más.
Ya es tarde. El rastreo hoy no es viable, pues con la incidencia actual harían falta unos 20.000 rastreadores en la CAM. Primero hay que confinar para bajar el número de casos a una cifra 10 veces inferior a la actual. Logrado ésto, para controlar futuros brotes es imprescindible fortalecer la capacidad administrativa de centros de salud y hospitales, con más personal no sanitario, y multiplicar los recursos humanos dedicados al rastreo de casos.
Para municipios de menos de 100.000 habitantes, serán las comunidades las que seguirán tomando la decisión sobre posibles restricciones, atendiendo a las normativas y protocolos en el ámbito estatal.
En los municipios mayores de 100.000 habitantes, se aplicará un criterio homogéneo de aplicación en toda España (igual para todos, como pedía el Gobierno madrileño). Si se cumplen las siguientes condiciones simultáneamente:
- Que la incidencia acumulada (IA) en los últimos 14 días sea de 500 casos / 100.000 habitantes o más (medida hasta 5 días antes de la fecha de valoración, para evitar así que se utilicen datos desactualizados que luego son modificados días después para simular que la evolución de la pandemia va mejor, como está haciendo la Comunidad de Madrid).
- Que el porcentaje de positividad del municipio sobre el total de pruebas realizadas supere el 10%.
- Que en la Comunidad Autónoma a la que pertenezca el municipio exista una ocupación de las UCI por encima del 35%.
Las restricciones serán:
- Confinamiento perimetral de dichos municipios (sí se permite circular por dentro de los mismos), de los que no se podrá entrar ni salir salvo en los siguientes casos: asistencia a centros sanitarios, para desplazarse al trabajo, acudir a centros educativos y universitarios, retornar al lugar de residencia, cuidar a personas mayores, menores y dependientes, desplazarse a entidades financieras, para renovar documentaciones oficiales o realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
- Limitaciones de aforo al 50% en establecimientos y locales comerciales.
- Toque de queda: establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público no podrán cerrar más tarde de las 20h. En la hostelería y restauración, y de juegos y apuestas, no podrán admitirse nuevos clientes a partir de las 22h y la hora de cierre no podrá superar las 23h, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio.
- En la hostelería y salas de apuestas el aforo máximo sea del 50% en espacios interiores y del 60% en exteriores; se prohíbe el consumo en barras; las mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de mesas; y la ocupación máxima será de 6 personas por mesa o agrupación de mesas.
- En lugares de culto, el aforo se reduce a 1/3, garantizando una distancia mínima interpersonal de 1,5 metros.
- Velatorios: máximo 15 personas en espacios al aire libre o de 10 en espacios cerrados, reduciéndose a 15 personas la participación en la comitiva para el enterramiento o despedida.
- Restricción a un máximo de 6 personas en todas las reuniones familiares y sociales, tanto en la vía pública como en los espacios privados, excepto en el caso de actividades laborales e institucionales.
(Dichas acciones son de obligado cumplimiento y de mínimos, es decir, las comunidades podrán aplicar restricciones extra).
Dado que dicho pre-acuerdo (borrador) pactado entre el gobierno central y el madrileño afecta al conjunto de autonomías, debía ser expuesto, debatido y aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que fue convocado el 30 de septiembre.
¿Cómo fue la votación? El plan del Ministerio de Sanidad ha sido acogido con un 'sí' por parte de la mayoría de Comunidades Autónomas (aunque no todas están de acuerdo al 100% con la propuesta, por la forma en la que se ha llegado a ella y el nulo tiempo para estudiarla), pero ha sido rechazado por Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia, Cataluña y Ceuta. Lo cierto es que las CCAA que lo han apoyado son las gobernadas por el PSOE, y han votado en contra las gobernados por el PP (excepto Castilla y León, que se desmarcó del pacto político).
¿A qué se debe el cambio de opinión de Madrid? A que la CAM ha hecho cuentas y se ha dado cuenta de que el plan de Illa es un traje hecho a medida para Madrid: los tres indicadores pactados solo los superan (por ahora) las poblaciones de la región. Ahora quedará confinada la capital y otras nueve ciudades madrileñas más. La aplicación de estos nuevos criterios rompe con el modelo aplicado hasta ahora por la Comunidad de Madrid, que introdujo restricciones de movilidad, aforos y horarios en 45 zonas básicas de salud (en vez de en municipios) con una tasa de incidencia acumulada en torno a 1.000 positivos, en vez de 500.
Ayuso ha dinamitado el pre-acuerdo, desautorizando a su vicepresidente, planteando la ampliación del número de indicadores, cuestionando la validez científica de los utilizados por Sanidad, y exigiendo que los distritos de Madrid sean considerados como poblaciones independientes, al tener casi todos más de 100.000 habitantes. El Gobierno regional también pide que se tenga en cuenta su disponibilidad de ampliar la capacidad hospitalaria en caso necesario, así como su capacidad diagnóstica "muy superior a la del resto de comunidades". (Y ésto lo dice un día después de que haya cambiado el protocolo y haya decidido que a los contactos estrechos de personas con pruebas positivas no se les realice el test, a no ser que sean convivientes, personas vulnerables o tengan síntomas).
El pulso entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid se recrudece, y de forma inesperada. El consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, dice que el acuerdo no tiene validez jurídica porque no se ha adoptado por consenso, y se niegan a acatarlo (se agarra a que el artículo 14 del reglamento del Consejo exige adoptar los acuerdos, plasmados en "recomendaciones", "por consenso", pero no explicita que eso sea sinónimo de "unanimidad").
Por su parte, Illa hace valer en todo momento que el acuerdo del CISNS es perfectamente válido, porque está avalado por un 70% de sus miembros, e insiste es que es vinculante y de obligado cumplimiento. Y se apoya en el artículo 151.2 de la ley del Sector Público: "cuando el Estado ejerza funciones de coordinación, el acuerdo que se adopte en la conferencia sectorial será de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas, con independencia del sentido de su voto".
¿Y ahora qué? La Orden de Sanidad que recoge las medidas del acuerdo ha sido publicada en el BOE del 1 de octubre. En un plazo máximo de 48 horas deberán cerrarse perimetralmente Madrid capital, Fuenlabrada, Parla, Alcobendas, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Getafe, Leganés, Móstoles y Alcalá de Henares, y aplicarse todas las demás restricciones en estos municipios. La CAM debe ratificar las medidas de la Orden ante el Tribunal Superior de Justicia.
El Gobierno se había estado planteando seriamente intervenir la Comunidad de Madrid por la fuerza y de manera inminente si la reunión del CISNS no se cerraba con acuerdo, pero con esta jugada maestra no ha hecho falta. No hay duda de que Sánchez ha conseguido una contundente victoria al imponer una norma que (por el momento) solo afecta a Madrid. La coalición socialcomunista ha optado así por una semi intervención que deja en manos de la CAM la gestión a la hora de aplicar las medidas. Y además, el Gobierno ha conseguido el beneplácito de la mayoría de Comunidades para ser intervenidas de facto cuando sea necesario.
Ayuso anuncia rebeldía (habrá que ver si no se convierte en la nueva Torra) y recurrirá la Orden ante la Audiencia Nacional, que será quien decidirá si paraliza o no la entrada en vigor del confinamiento perimetral. Después, el proceso se alargará durante semanas hasta que el tribunal escuche a las partes y tome una decisión. La CAM también solicitará medidas cautelares, con las que persigue paralizar -o al menos retrasar- las restricciones decididas por el Gobierno central.
Actualización 8 octubre 2020: La Justicia anula el cierre de Madrid. Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado autorizar, como es preceptivo, el paquete de restricciones acordado por la Comunidad de Madrid al hilo de la Orden 1273/2020 del Ministerio de Sanidad para frenar la expansión del coronavirus. Entiende que no tiene ni capacidad ni amparo legal para adoptar medidas que lesionan derechos fundamentales de los ciudadanos, como en este caso sería la restricción de la libertad de movimiento.
Concluye que «las medidas limitativas de derechos fundamentales que establece la Orden de Sanidad al amparo de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud constituyen una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare, por lo que no puede ser ratificada». La CAM debería haberse amparado en la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que al ser 'orgánica' permite limitar los derechos fundamentales, y además, en uno de sus artículos permite a la autoridad sanitaria competente (la comunidad autónoma en este caso) tomar las medidas "que considere necesarias" para frenar la expansión de una enfermedad.
Actualización 9 octubre 2020: El Gobierno de Sánchez toma las riendas de la situación y decreta, de manera unilateral, el estado de alarma en la Comunidad de Madrid con efecto inmediato.
Esto es algo que no entiendo, ya que no se trata de replicar la gran reclusión vivida en marzo, en la que los españoles estábamos en arresto domiciliario; ahora los habitantes de los municipios afectados pueden moverse dentro de su municipio sin limitaciones, y seguirán yendo a trabajar, a estudiar, a la compra, a hacer gestiones, a visitar a amigos y familiares (si viven en el mismo municipio), a bares y restaurantes, al gimnasio... es decir, la economía no se va a paralizar.
El dilema entre salvar vidas o salvar la economía no existe; la inacción tiene un coste directo en la salud pública y no evita la crisis económica, simplemente la retrasa, a costa de agravarla. Un confinamiento temprano es más corto y menos dañino para nuestra economía que uno tardío.
La idea de que cerrar Madrid arruinará la economía de la región y la del país es una falsa premisa. ¿Cuánto le costaría a la región la ausencia de restricciones mientras se extiende el Covid? La incertidumbre y el miedo que genera la pandemia también lastran la economía, desde el retraimiento de los propios madrileños al consumo, a la paralización de inversiones de los sectores empresariales, sin olvidar el coste del deterioro de la marca España por temor a la infección.
Está muy claro: el mejor escenario posible para la economía es controlar la pandemia. Este es el primer paso para restaurar la confianza y, por tanto, para crear las condiciones para el crecimiento económico. Y lo que verdaderamente puede condenar la economía no es un nuevo confinamiento, sino la falta de liderazgo claro en la gestión de la pandemia.
Tampoco entiendo muy bien a qué viene tanta polémica, si las restricciones de Illa son prácticamente las mismas (incluso más laxas) que las de Ayuso. La principal diferencia es el ámbito de aplicación: la CAM había establecido confinamientos por zonas sanitarias (que eran un caos) mientras que ahora se harán por municipios completos. Las restricciones de aforo, actividad de bares y restaurantes y otros establecimientos no varían. No obstante, uno de los puntos más controvertidos, como es el cierre de los parques y jardines, no aparece en la propuesta de Sanidad (sí en la de la CAM).
En el plano sanitario, me parece una barbaridad extremadamente generosa que el corte sea de 500 contagios/100.000 hab, cuando ésta es una cifra muy superior a la de algunos de nuestros vecinos europeos (Francia toma medidas con 250 casos/100.000; Reino Unido lo hace con 225, y Alemania con tan solo 100). Asimismo, la Universidad de Harvad recomienda confinar en los domicilios a partir de los 350 positivos/100.000; y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) considera que un país está en serios problemas si tiene más de 120 casos/100.000 habitantes registrados en los últimos 14 días.
En el plano jurídico, el abogado Curro Nicolau ya ha presentado un recurso en la Audiencia Nacional contra la Orden de Sanidad, en el que pide suspender la vigencia del acuerdo del CISNS por considerar que las restricciones lesionan los derechos a la libre circulación y a la reunión, afectando con carácter general a millones de personas. El letrado argumenta que, conforme a la Constitución, la suspensión o limitación de derechos fundamentales solo puede hacerse mediante la declaración de un estado de excepción o de sitio, no a través de "un mero acuerdo de una conferencia sectorial, como es el CISNS". Además, dice que Sanidad impone como 'obligatoriedad' a las comunidades autónomas una serie de medidas que tienen carácter de meras 'recomendaciones'.
Por otro lado, expertos juristas advierten de que aunque el acuerdo es ejecutivo frente a las CCAA, no lo es frente a los ciudadanos. Lo que significa que las personas que no cumplan las restricciones no podrán ser sancionadas hasta que el Tribunal Superior de Justicia avale la orden que debe publicar el gobierno autonómico en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
En España se ha desatado un intenso blame game (juego de culpas) desde que se levantó el estado de alarma. Moncloa decidió que, desde entonces, la responsabilidad y el coste político de ejercerla sería de otros, y se parapetó en lo que ha llamado 'cogobernanza'.
De esta forma está ejecutando una venganza bien fría para aquellos barones populares que más criticaron el mando único, y especialmente Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la CAM. Ahora mismo, lo único que Sánchez tiene entre ceja y ceja es aprovechar la crisis para derrocar a Ayuso, pero para ello debe ganar "la batalla del relato". Y lo está consiguiendo.
Ayuso se ha pasado el verano pidiendo a Sánchez una reunión para establecer unas medidas coordinadas que permitieran no solo afrontar los rebrotes, sino también un control efectivo de los posibles casos importados de Covid (que han estado entrando sin control a través del aeropuerto de Barajas), obteniendo la callada por respuesta, mientras los contagios subían más y más.
No fue hasta el 17 de septiembre cuando Sánchez se dignó en contestar. Y además, lo hizo apuntándose el tanto: ÉL es quien solicitaba a Ayuso (por carta) una reunión, y no sería en Moncloa, sino que Su Persona tendría a bien desplazarse a la sede del Gobierno de la CAM. Eso sí, tardó 4 días en hacer hueco su agenda para celebrar la cumbre (estaba muy ocupado dando entrevistas de televisión), que finalmente tuvo lugar el 21 de septiembre, mismo día en que entraban en vigor las nuevas restricciones decretadas (con anterioridad) por Ayuso.
La cumbre entre Gobierno central y autonómico fue un paripé con una alta dosis de escenografía y barniz institucional. El único objetivo ha sido hacerse "la foto" con la que se pretendía representar una especie de "tregua política" (que apenas ha durado 48 horas).
A efectos prácticos, la reunión ha sido un auténtico fracaso; lo único que han acordado es la creación de un nuevo comité (debe ser que tenemos pocos).
Como digo, poco duró la tregua. Apenas 48 horas después del inicio de las restricciones, el ministro Salvador Illa se enfundó la camiseta del militante socialista que es para dinamitar el plan de Ayuso, calificando -en rueda de prensa desde La Moncloa- las medidas implantadas de suicidas e injustas. Illa emergió cual bombero pirómano y divulgó que las exigencias del Ministerio de Sanidad eran el cierre de Madrid y de los municipios con más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes (incidencia acumulada en los últimos 14 días).
¿La respuesta de la CAM? Madrid no se cierra, aunque estaría dispuesta a hablar de confinar los municipios con más de 500 contagios/100.000 habitantes siempre y cuando dicha medida se aplique también al resto de municipios españoles. Es decir, Ayuso pide que se establezcan criterios objetivos y comunes para toda España, lo cual es de pura lógica, además de justo, y facilitaría mucho las cosas a los presidentes autonómicos a la hora de confinar ciertos territorios para controlar la expansión del virus.
De hecho, la ausencia de estrategias claras y coherentes y el no haber ponderado explícitamente los valores de los parámetros epidemiológicos, de movilidad, sociales y económicos en el chapucero Plan de Desescalada son, según los expertos, uno de los mayores errores que ha cometido España a la hora de levantar las restricciones en la transición hacia la 'nueva normalidad'.
El caso es que, mientras los gobiernos central y autonómico continúan enzarzados en batallas políticas, pasan los días sin que se tomen las medidas que la Comunidad de Madrid necesita. Es urgente una vuelta, al menos, a la Fase 2, lo que implica el aislamiento de la región para evitar la propagación del virus a otras autonomías. Y es vital hacerlo cuanto antes. No entiendo por qué confinar Madrid es algo tan terrible y causa tanta polémica, cuando durante todo el verano las demás comunidades han estado decretando confinamientos en otras ciudades y acatándolas sin rechistar.
Todos los indicadores disponibles señalan que la situación en Madrid es crítica y se deteriora más cada día, con un sistema de salud al borde de un nuevo colapso. Los casos crecen descontroladamente y las medidas anunciadas por el Gobierno regional en los últimos 15 días difícilmente van a revertir la tendencia, ya que apenas se reduce la movilidad.
La ocupación hospitalaria ronda el 100% de las camas UCI médicas, aunque las cifras oficiales muestran tan sólo una tasa del 38% porque se incluyen camas de críticos globales (quirófanos, salas de reanimación y otros). Las hospitalizaciones crecen a una ritmo semanal del 18%; los ingresos UCI, al 16%, y los fallecimientos, al 32%.
Además, los centros de Atención Primaria están desbordados. Esto obligó a la Consejería de Sanidad a cambiar (el 26 de septiembre) los protocolos sobre manejo de casos positivos en los centros educativos de la Comunidad de Madrid que habían sido publicados apenas tres semanas antes, eliminando la necesidad de PCR a los contactos estrechos “salvo que desarrollen síntomas”.
Hay otras dos claras señales de que el sistema de rastreo está sobrepasado: 1) la positividad de las PCR es del 23% (según la OMS superar el 5% indica que la epidemia está descontrolada); y 2) según la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave), más de un 70% de los nuevos casos tiene origen desconocido, frente al 41% del conjunto de España.
Un confinamiento es indeseable. Es el último recurso, consecuencia de un fracaso colectivo. Pero hace semanas que Madrid agotó todas las balas. Ahora la cuestión no es si confinar o no, sino cuándo y cuánto.
Responder ‘cuándo’ es sencillo: inmediatamente. Cada día que pasa, el número de casos aumenta un 2-3%; retrasar otras dos semanas más el confinamiento (hasta ver qué ocurre tras aplicar las medidas de Ayuso) puede conllevar entre 1.000 y 1.500 muertes adicionales.
Responder ‘cuándo’ es algo más complejo. La duración del confinamiento depende fundamentalmente de tres factores: la incidencia al comienzo del confinamiento, la intensidad de las restricciones, y la incidencia que marque el fin de las restricciones. Cuanto mayor sea la intensidad en las restricciones, más rápida será la reducción de nuevos casos. El tiempo de confinamiento podría oscilar entre 5 y 8 semanas, en función de la fecha de comienzo de éste y su intensidad. Un retraso de dos semanas en el arranque se traduce en alargar el confinamiento aproximadamente una semana más.
Ya es tarde. El rastreo hoy no es viable, pues con la incidencia actual harían falta unos 20.000 rastreadores en la CAM. Primero hay que confinar para bajar el número de casos a una cifra 10 veces inferior a la actual. Logrado ésto, para controlar futuros brotes es imprescindible fortalecer la capacidad administrativa de centros de salud y hospitales, con más personal no sanitario, y multiplicar los recursos humanos dedicados al rastreo de casos.
Criterios comunes
Y así, entre la negativa de imponer medidas más drásticas de la CAM y el intento de imponerlas a las bravas por parte del gobierno central, la nueva comisión Covid se reunió el 29 de septiembre, y -contra todo pronóstico- alcanzaron un pre-acuerdo sobre las medidas a aplicar para frenar la expansión descontrolada del virus:Para municipios de menos de 100.000 habitantes, serán las comunidades las que seguirán tomando la decisión sobre posibles restricciones, atendiendo a las normativas y protocolos en el ámbito estatal.
En los municipios mayores de 100.000 habitantes, se aplicará un criterio homogéneo de aplicación en toda España (igual para todos, como pedía el Gobierno madrileño). Si se cumplen las siguientes condiciones simultáneamente:
- Que la incidencia acumulada (IA) en los últimos 14 días sea de 500 casos / 100.000 habitantes o más (medida hasta 5 días antes de la fecha de valoración, para evitar así que se utilicen datos desactualizados que luego son modificados días después para simular que la evolución de la pandemia va mejor, como está haciendo la Comunidad de Madrid).
- Que el porcentaje de positividad del municipio sobre el total de pruebas realizadas supere el 10%.
- Que en la Comunidad Autónoma a la que pertenezca el municipio exista una ocupación de las UCI por encima del 35%.
Las restricciones serán:
- Confinamiento perimetral de dichos municipios (sí se permite circular por dentro de los mismos), de los que no se podrá entrar ni salir salvo en los siguientes casos: asistencia a centros sanitarios, para desplazarse al trabajo, acudir a centros educativos y universitarios, retornar al lugar de residencia, cuidar a personas mayores, menores y dependientes, desplazarse a entidades financieras, para renovar documentaciones oficiales o realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
- Limitaciones de aforo al 50% en establecimientos y locales comerciales.
- Toque de queda: establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público no podrán cerrar más tarde de las 20h. En la hostelería y restauración, y de juegos y apuestas, no podrán admitirse nuevos clientes a partir de las 22h y la hora de cierre no podrá superar las 23h, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio.
- En la hostelería y salas de apuestas el aforo máximo sea del 50% en espacios interiores y del 60% en exteriores; se prohíbe el consumo en barras; las mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de mesas; y la ocupación máxima será de 6 personas por mesa o agrupación de mesas.
- En lugares de culto, el aforo se reduce a 1/3, garantizando una distancia mínima interpersonal de 1,5 metros.
- Velatorios: máximo 15 personas en espacios al aire libre o de 10 en espacios cerrados, reduciéndose a 15 personas la participación en la comitiva para el enterramiento o despedida.
- Restricción a un máximo de 6 personas en todas las reuniones familiares y sociales, tanto en la vía pública como en los espacios privados, excepto en el caso de actividades laborales e institucionales.
(Dichas acciones son de obligado cumplimiento y de mínimos, es decir, las comunidades podrán aplicar restricciones extra).
Dado que dicho pre-acuerdo (borrador) pactado entre el gobierno central y el madrileño afecta al conjunto de autonomías, debía ser expuesto, debatido y aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que fue convocado el 30 de septiembre.
¿Cómo fue la votación? El plan del Ministerio de Sanidad ha sido acogido con un 'sí' por parte de la mayoría de Comunidades Autónomas (aunque no todas están de acuerdo al 100% con la propuesta, por la forma en la que se ha llegado a ella y el nulo tiempo para estudiarla), pero ha sido rechazado por Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia, Cataluña y Ceuta. Lo cierto es que las CCAA que lo han apoyado son las gobernadas por el PSOE, y han votado en contra las gobernados por el PP (excepto Castilla y León, que se desmarcó del pacto político).
¿A qué se debe el cambio de opinión de Madrid? A que la CAM ha hecho cuentas y se ha dado cuenta de que el plan de Illa es un traje hecho a medida para Madrid: los tres indicadores pactados solo los superan (por ahora) las poblaciones de la región. Ahora quedará confinada la capital y otras nueve ciudades madrileñas más. La aplicación de estos nuevos criterios rompe con el modelo aplicado hasta ahora por la Comunidad de Madrid, que introdujo restricciones de movilidad, aforos y horarios en 45 zonas básicas de salud (en vez de en municipios) con una tasa de incidencia acumulada en torno a 1.000 positivos, en vez de 500.
Ayuso ha dinamitado el pre-acuerdo, desautorizando a su vicepresidente, planteando la ampliación del número de indicadores, cuestionando la validez científica de los utilizados por Sanidad, y exigiendo que los distritos de Madrid sean considerados como poblaciones independientes, al tener casi todos más de 100.000 habitantes. El Gobierno regional también pide que se tenga en cuenta su disponibilidad de ampliar la capacidad hospitalaria en caso necesario, así como su capacidad diagnóstica "muy superior a la del resto de comunidades". (Y ésto lo dice un día después de que haya cambiado el protocolo y haya decidido que a los contactos estrechos de personas con pruebas positivas no se les realice el test, a no ser que sean convivientes, personas vulnerables o tengan síntomas).
El pulso entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid se recrudece, y de forma inesperada. El consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, dice que el acuerdo no tiene validez jurídica porque no se ha adoptado por consenso, y se niegan a acatarlo (se agarra a que el artículo 14 del reglamento del Consejo exige adoptar los acuerdos, plasmados en "recomendaciones", "por consenso", pero no explicita que eso sea sinónimo de "unanimidad").
Por su parte, Illa hace valer en todo momento que el acuerdo del CISNS es perfectamente válido, porque está avalado por un 70% de sus miembros, e insiste es que es vinculante y de obligado cumplimiento. Y se apoya en el artículo 151.2 de la ley del Sector Público: "cuando el Estado ejerza funciones de coordinación, el acuerdo que se adopte en la conferencia sectorial será de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas, con independencia del sentido de su voto".
¿Y ahora qué? La Orden de Sanidad que recoge las medidas del acuerdo ha sido publicada en el BOE del 1 de octubre. En un plazo máximo de 48 horas deberán cerrarse perimetralmente Madrid capital, Fuenlabrada, Parla, Alcobendas, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Getafe, Leganés, Móstoles y Alcalá de Henares, y aplicarse todas las demás restricciones en estos municipios. La CAM debe ratificar las medidas de la Orden ante el Tribunal Superior de Justicia.
El Gobierno se había estado planteando seriamente intervenir la Comunidad de Madrid por la fuerza y de manera inminente si la reunión del CISNS no se cerraba con acuerdo, pero con esta jugada maestra no ha hecho falta. No hay duda de que Sánchez ha conseguido una contundente victoria al imponer una norma que (por el momento) solo afecta a Madrid. La coalición socialcomunista ha optado así por una semi intervención que deja en manos de la CAM la gestión a la hora de aplicar las medidas. Y además, el Gobierno ha conseguido el beneplácito de la mayoría de Comunidades para ser intervenidas de facto cuando sea necesario.
Ayuso anuncia rebeldía (habrá que ver si no se convierte en la nueva Torra) y recurrirá la Orden ante la Audiencia Nacional, que será quien decidirá si paraliza o no la entrada en vigor del confinamiento perimetral. Después, el proceso se alargará durante semanas hasta que el tribunal escuche a las partes y tome una decisión. La CAM también solicitará medidas cautelares, con las que persigue paralizar -o al menos retrasar- las restricciones decididas por el Gobierno central.
Actualización 8 octubre 2020: La Justicia anula el cierre de Madrid. Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado autorizar, como es preceptivo, el paquete de restricciones acordado por la Comunidad de Madrid al hilo de la Orden 1273/2020 del Ministerio de Sanidad para frenar la expansión del coronavirus. Entiende que no tiene ni capacidad ni amparo legal para adoptar medidas que lesionan derechos fundamentales de los ciudadanos, como en este caso sería la restricción de la libertad de movimiento.
Concluye que «las medidas limitativas de derechos fundamentales que establece la Orden de Sanidad al amparo de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud constituyen una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare, por lo que no puede ser ratificada». La CAM debería haberse amparado en la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que al ser 'orgánica' permite limitar los derechos fundamentales, y además, en uno de sus artículos permite a la autoridad sanitaria competente (la comunidad autónoma en este caso) tomar las medidas "que considere necesarias" para frenar la expansión de una enfermedad.
Actualización 9 octubre 2020: El Gobierno de Sánchez toma las riendas de la situación y decreta, de manera unilateral, el estado de alarma en la Comunidad de Madrid con efecto inmediato.
Repercusiones del acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud
En el plano económico, la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) prevé que las nuevas restricciones supondrán para la capital de España un coste de 600 millones de euros semanales y una caída del Producto Interior Bruto (PIB) de un 15%, al tiempo que se dinamitarán miles de empleos.Esto es algo que no entiendo, ya que no se trata de replicar la gran reclusión vivida en marzo, en la que los españoles estábamos en arresto domiciliario; ahora los habitantes de los municipios afectados pueden moverse dentro de su municipio sin limitaciones, y seguirán yendo a trabajar, a estudiar, a la compra, a hacer gestiones, a visitar a amigos y familiares (si viven en el mismo municipio), a bares y restaurantes, al gimnasio... es decir, la economía no se va a paralizar.
El dilema entre salvar vidas o salvar la economía no existe; la inacción tiene un coste directo en la salud pública y no evita la crisis económica, simplemente la retrasa, a costa de agravarla. Un confinamiento temprano es más corto y menos dañino para nuestra economía que uno tardío.
La idea de que cerrar Madrid arruinará la economía de la región y la del país es una falsa premisa. ¿Cuánto le costaría a la región la ausencia de restricciones mientras se extiende el Covid? La incertidumbre y el miedo que genera la pandemia también lastran la economía, desde el retraimiento de los propios madrileños al consumo, a la paralización de inversiones de los sectores empresariales, sin olvidar el coste del deterioro de la marca España por temor a la infección.
Está muy claro: el mejor escenario posible para la economía es controlar la pandemia. Este es el primer paso para restaurar la confianza y, por tanto, para crear las condiciones para el crecimiento económico. Y lo que verdaderamente puede condenar la economía no es un nuevo confinamiento, sino la falta de liderazgo claro en la gestión de la pandemia.
Tampoco entiendo muy bien a qué viene tanta polémica, si las restricciones de Illa son prácticamente las mismas (incluso más laxas) que las de Ayuso. La principal diferencia es el ámbito de aplicación: la CAM había establecido confinamientos por zonas sanitarias (que eran un caos) mientras que ahora se harán por municipios completos. Las restricciones de aforo, actividad de bares y restaurantes y otros establecimientos no varían. No obstante, uno de los puntos más controvertidos, como es el cierre de los parques y jardines, no aparece en la propuesta de Sanidad (sí en la de la CAM).
En el plano sanitario, me parece una barbaridad extremadamente generosa que el corte sea de 500 contagios/100.000 hab, cuando ésta es una cifra muy superior a la de algunos de nuestros vecinos europeos (Francia toma medidas con 250 casos/100.000; Reino Unido lo hace con 225, y Alemania con tan solo 100). Asimismo, la Universidad de Harvad recomienda confinar en los domicilios a partir de los 350 positivos/100.000; y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) considera que un país está en serios problemas si tiene más de 120 casos/100.000 habitantes registrados en los últimos 14 días.
En el plano jurídico, el abogado Curro Nicolau ya ha presentado un recurso en la Audiencia Nacional contra la Orden de Sanidad, en el que pide suspender la vigencia del acuerdo del CISNS por considerar que las restricciones lesionan los derechos a la libre circulación y a la reunión, afectando con carácter general a millones de personas. El letrado argumenta que, conforme a la Constitución, la suspensión o limitación de derechos fundamentales solo puede hacerse mediante la declaración de un estado de excepción o de sitio, no a través de "un mero acuerdo de una conferencia sectorial, como es el CISNS". Además, dice que Sanidad impone como 'obligatoriedad' a las comunidades autónomas una serie de medidas que tienen carácter de meras 'recomendaciones'.
Por otro lado, expertos juristas advierten de que aunque el acuerdo es ejecutivo frente a las CCAA, no lo es frente a los ciudadanos. Lo que significa que las personas que no cumplan las restricciones no podrán ser sancionadas hasta que el Tribunal Superior de Justicia avale la orden que debe publicar el gobierno autonómico en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.