El Gobierno se pasa la normas por el moño de Iglesias. La velocidad del Ejecutivo asusta. Pero no es para frenar la covid o afrontar la crisis económica, sino para imponer su propia agenda esquivando la legalidad vigente. Tras las vacaciones de verano, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha empleado a fondo en su campaña por cambiarlo todo. Hemos visto el regreso a nuestras vidas de la 'memoria histórica' y la puesta en marcha de campañas de desprestigio contra la Corona, la Justicia, los medios de comunicación, los partidos de la oposición y todo aquello que huela o suene poco sanchista.
La actividad de los cien asesores que rodean al poderoso Iván Redondo es frenética, pero no para buscar soluciones a la crisis, sino para maquinar estrategias tendentes a que Sánchez pueda quedarse en La Moncloa, al menos, hasta que culmine su legislatura. Particularmente negra ha sido la última semana, donde ha habido hasta cuatro pruebas flagrantes del poco respeto que tiene el Gobierno socialcomunista por la legalidad.
El problema es que la Constitución y la ley vigente establecen que se necesita una mayoría de tres quintos del Parlamento para proceder a su renovación, lo cual obliga a un pacto PSOE-PP. Y, dado que Sánchez y Casado son incapaces de ponerse de acuerdo, el socialista no tiene mejor plan que cambiar la ley para rebajar ese requisito hasta la mayoría absoluta, mucho más fácil de lograr, ya sea con la siempre bien dispuesta Inés Arrimadas (Cs) o con los independentistas.
Curiosa la manera de Sánchez de resolver los problemas. Tiene al órgano de gobierno de los jueces con el mandato caducado y, en vez de esmerarse en buscar un pacto para renovarlo, pretende cambiar las reglas del juego para imponer al menos a 12 magistrados afines y, si eso finalmente no es posible debido a su dudosa constitucionalidad, aguar las competencias del CGPJ todo lo posible para que no pueda seguir tomando decisiones en los próximos meses.
Y lo más sospechoso es que Sánchez hizo este anuncio el pasado 2 de octubre en Bruselas, justo después de que el CGPJ, en un inaudito pacto entre sus vocales conservadores y progresistas, renovara varias plazas de magistrado vacantes.
¿Pretende el Gobierno vengarse ahora del CGPJ por tomar decisiones para que la Justicia no se paralice? ¿Acaso le molesta a Sánchez ese pacto (que él ha sido incapaz de alcanzar) en aras del bien común? ¿Qué pretendía el presidente, poner a cuatro amiguetes suyos en las plazas sensibles recién adjudicadas? (Está claro que sí, dado su gusto por la 'dedocracia').
Por supuesto, nadie pone en cuestión la legitimidad de Sánchez para cambiar las leyes que quiera si alcanza la mayoría parlamentaria para ello. El problema estriba en que pretenda pasar de los tres quintos a la mayoría absoluta porque ahora mismo a él no le salen las cuentas. Afrontar una reforma de ese calado sin consenso con la oposición, sin llevarla previamente en el programa electoral, y sólo y exclusivamente por el interés de mangonear la Justicia demuestra muy pocos principios democráticos.
Por cierto: llama poderosamente la atención que Sánchez no tenga la misma diligencia que con el CGPJ para sacar a Rosa María Mateo del ente público de RTVE, donde está como administradora provisional desde hace 2 años, en espera de que se nombre un nuevo presidente.
Y la segunda parte de ese capítulo la vivimos el pasado 30 de septiembre, cuando el Gobierno se cargó de un plumazo las reglas fiscales para los años 2020 y 2021. Con el pretexto de dar liquidez a los ayuntamientos, el Ejecutivo ha suprimido también la obligación de que el Parlamento apruebe la denominada senda de déficit, que es el paso previo a la presentación de los Presupuestos.
Aparte de lo inquietante que resulta que el Gobierno haya decidido suprimir cualquier atadura de control fiscal (si bien es cierto que varios países europeos han hecho lo mismo) la conclusión práctica de este cambio es que Sánchez se ha ahorrado de un plumazo tener que votar la senda de déficit en el Congreso y, en consecuencia, tener que buscar los apoyos necesarios para sacarla adelante. Así, sólo tendrá que esmerarse en salvar una sola votación, la del proyecto de Presupuestos.
Sin embargo, al Gobierno no parece preocuparle incumplir las normas, y tampoco demuestra tener mucha prisa para aprobar los Presupuestos, pues ni siquiera hemos conocido una sola línea de su proyecto todavía. ¿No se han podido elaborar en todos estos meses? ¿No son prioritarios en plena hecatombe económica? ¿Cómo es posible que el Ejecutivo nos haya puesto encima de la mesa leyes como la de 'memoria histórica' o la de libertad sexual antes que la de Presupuestos, cuando llevamos 3 años prorrogando los de Cristóbal Montoro?
Si de verdad la prioridad del Ejecutivo central fuese la salud de los madrileños, a Sánchez no le hubiera temblado el pulso en aplicar un nuevo estado de alarma para la región [Finalmente lo hizo el 9 octubre 2020]. En su lugar, ha buscado un absurdo choque de trenes tras el cual la situación en Madrid es caótica y donde incluso algunas de las nuevas restricciones son más laxas que las que había decretado Ayuso. Aunque, en mi opinión, no había ninguna duda en que había que cerrar Madrid.
Y la enésima prueba de que aquí importan más los votos que los muertos la hemos tenido el 3 de octubre, cuando se ha descubierto que, en paralelo al cierre de Madrid, el Gobierno ha vuelto a retrasar la megacompra de material sanitario que anunció en el mes de agosto. Si tan mal está la cosa, ¿qué narices hace el Gobierno que no se pone a acelerar ese contrato?
Mientras la sociedad se enfrenta a una segunda ola pandémica que Sánchez no supo ver cuando, de forma precipitada y calculada, cantó victoria sobre la enfermedad, el Gobierno acorrala al poder judicial, cede a las demandas antisistema de sus socios separatistas, polariza a la opinión pública, agrede de forma sistemática a la Corona, e inhabilita a la oposición como interlocutor para cualquier reconstrucción. El cierre de Madrid es la tapadera, el problema para ocultar el gran problema.
La actividad de los cien asesores que rodean al poderoso Iván Redondo es frenética, pero no para buscar soluciones a la crisis, sino para maquinar estrategias tendentes a que Sánchez pueda quedarse en La Moncloa, al menos, hasta que culmine su legislatura. Particularmente negra ha sido la última semana, donde ha habido hasta cuatro pruebas flagrantes del poco respeto que tiene el Gobierno socialcomunista por la legalidad.
1. Consejo General del Poder Judicial
El acontecimiento probablemente más grave haya sido el anuncio, por parte del propio presidente, de que pretende cambiar la ley que regula el Poder Judicial. ¿Por qué motivo? Porque el órgano clave de la Justicia española, el CGPJ, lleva casi 2 años con el mandato caducado, y Sánchez quiere sustituir cuanto antes su actual mayoría conservadora por una mucho más partidaria del Gobierno PSOE-Podemos.El problema es que la Constitución y la ley vigente establecen que se necesita una mayoría de tres quintos del Parlamento para proceder a su renovación, lo cual obliga a un pacto PSOE-PP. Y, dado que Sánchez y Casado son incapaces de ponerse de acuerdo, el socialista no tiene mejor plan que cambiar la ley para rebajar ese requisito hasta la mayoría absoluta, mucho más fácil de lograr, ya sea con la siempre bien dispuesta Inés Arrimadas (Cs) o con los independentistas.
Curiosa la manera de Sánchez de resolver los problemas. Tiene al órgano de gobierno de los jueces con el mandato caducado y, en vez de esmerarse en buscar un pacto para renovarlo, pretende cambiar las reglas del juego para imponer al menos a 12 magistrados afines y, si eso finalmente no es posible debido a su dudosa constitucionalidad, aguar las competencias del CGPJ todo lo posible para que no pueda seguir tomando decisiones en los próximos meses.
Y lo más sospechoso es que Sánchez hizo este anuncio el pasado 2 de octubre en Bruselas, justo después de que el CGPJ, en un inaudito pacto entre sus vocales conservadores y progresistas, renovara varias plazas de magistrado vacantes.
¿Pretende el Gobierno vengarse ahora del CGPJ por tomar decisiones para que la Justicia no se paralice? ¿Acaso le molesta a Sánchez ese pacto (que él ha sido incapaz de alcanzar) en aras del bien común? ¿Qué pretendía el presidente, poner a cuatro amiguetes suyos en las plazas sensibles recién adjudicadas? (Está claro que sí, dado su gusto por la 'dedocracia').
Por supuesto, nadie pone en cuestión la legitimidad de Sánchez para cambiar las leyes que quiera si alcanza la mayoría parlamentaria para ello. El problema estriba en que pretenda pasar de los tres quintos a la mayoría absoluta porque ahora mismo a él no le salen las cuentas. Afrontar una reforma de ese calado sin consenso con la oposición, sin llevarla previamente en el programa electoral, y sólo y exclusivamente por el interés de mangonear la Justicia demuestra muy pocos principios democráticos.
Por cierto: llama poderosamente la atención que Sánchez no tenga la misma diligencia que con el CGPJ para sacar a Rosa María Mateo del ente público de RTVE, donde está como administradora provisional desde hace 2 años, en espera de que se nombre un nuevo presidente.
2. Las reglas fiscales
Lo de cambiar las normas cuando las reglas vigentes no te permiten hacer lo que te plazca no es nuevo tampoco para Sánchez. En febrero pasado se cepilló la parte de la ley presupuestaria que exigía el visto bueno del Senado para sacar adelante el techo de gasto, que es la antesala de los Presupuestos. Como un Senado controlado por el PP le tumbó en 2018 su primer intento de cuentas públicas, Sánchez aprovechó su nueva mayoría en el Congreso para suprimir ese requisito, ya que esta legislatura tampoco hay una mayoría clara en el Senado y podrían haberle tocado las narices llegado el caso. En vez de fajarse en buscar los votos en la Cámara Alta, el presidente prefirió cambiar la ley. ¡Mucho más sencillo, dónde va a parar!Y la segunda parte de ese capítulo la vivimos el pasado 30 de septiembre, cuando el Gobierno se cargó de un plumazo las reglas fiscales para los años 2020 y 2021. Con el pretexto de dar liquidez a los ayuntamientos, el Ejecutivo ha suprimido también la obligación de que el Parlamento apruebe la denominada senda de déficit, que es el paso previo a la presentación de los Presupuestos.
Aparte de lo inquietante que resulta que el Gobierno haya decidido suprimir cualquier atadura de control fiscal (si bien es cierto que varios países europeos han hecho lo mismo) la conclusión práctica de este cambio es que Sánchez se ha ahorrado de un plumazo tener que votar la senda de déficit en el Congreso y, en consecuencia, tener que buscar los apoyos necesarios para sacarla adelante. Así, sólo tendrá que esmerarse en salvar una sola votación, la del proyecto de Presupuestos.
3. Los Presupuestos Generales del Estado
Precisamente, pocos han sido los que han reparado estos días en que la semana pasada el Gobierno incumplió descaradamente la Constitución. Y es que, según establece el artículo 134.3 de la Carta Magna, los Presupuestos Generales del Estado deben presentarse ante el Parlamento al menos tres meses antes de que termine el ejercicio anterior. Es decir, que el 1 de octubre era el último día para presentarlos.Sin embargo, al Gobierno no parece preocuparle incumplir las normas, y tampoco demuestra tener mucha prisa para aprobar los Presupuestos, pues ni siquiera hemos conocido una sola línea de su proyecto todavía. ¿No se han podido elaborar en todos estos meses? ¿No son prioritarios en plena hecatombe económica? ¿Cómo es posible que el Ejecutivo nos haya puesto encima de la mesa leyes como la de 'memoria histórica' o la de libertad sexual antes que la de Presupuestos, cuando llevamos 3 años prorrogando los de Cristóbal Montoro?
4. La guerra contra Madrid
Y la última prueba de lo que es capaz de hacer este Gobierno para retorcer las normas la vimos la semana pasada en el rifirrafe contra Madrid. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, tuvo el cuajo de salir en rueda de prensa, y posteriormente dictar una orden ministerial, asegurando que había habido un acuerdo en el Consejo Interterritorial de Salud para 'cerrar' ciudades que cumpliesen determinados criterios sanitarios. El problema es que la ley establece que los acuerdos de ese órgano se adoptan por consenso (¿implica unanimidad?), y hubo varias comunidades que votaron en contra. Así que ahora la batalla está en discernir si es válido o no lo acordado en dicha reunión.Si de verdad la prioridad del Ejecutivo central fuese la salud de los madrileños, a Sánchez no le hubiera temblado el pulso en aplicar un nuevo estado de alarma para la región [Finalmente lo hizo el 9 octubre 2020]. En su lugar, ha buscado un absurdo choque de trenes tras el cual la situación en Madrid es caótica y donde incluso algunas de las nuevas restricciones son más laxas que las que había decretado Ayuso. Aunque, en mi opinión, no había ninguna duda en que había que cerrar Madrid.
Y la enésima prueba de que aquí importan más los votos que los muertos la hemos tenido el 3 de octubre, cuando se ha descubierto que, en paralelo al cierre de Madrid, el Gobierno ha vuelto a retrasar la megacompra de material sanitario que anunció en el mes de agosto. Si tan mal está la cosa, ¿qué narices hace el Gobierno que no se pone a acelerar ese contrato?
Mientras la sociedad se enfrenta a una segunda ola pandémica que Sánchez no supo ver cuando, de forma precipitada y calculada, cantó victoria sobre la enfermedad, el Gobierno acorrala al poder judicial, cede a las demandas antisistema de sus socios separatistas, polariza a la opinión pública, agrede de forma sistemática a la Corona, e inhabilita a la oposición como interlocutor para cualquier reconstrucción. El cierre de Madrid es la tapadera, el problema para ocultar el gran problema.