Sí se podía saber. Bastaba leer. La respuesta estaba en los informes que iba haciendo la OMS, en lo que iba radiando China, Japón, Corea, Tailandia. También Italia, en su momento. O incluso el Centro de Prevención de Enfermedades de la Unión Europea.
A día de hoy tenemos 10 veces más muertos por millón de habitantes que la India. ¿Tenemos realmente peor sanidad que la India o que Sierra Leona? ¿Qué ha hecho España para tener la peor sanidad del mundo? El periodista Francisco Mercado desnuda la gestión del Gobierno durante la crisis de la covid-19 en su libro: Una pandemia de errores. Éstas son algunas de sus certeras conclusiones.
El primer error sucedió en enero y fue no prestarle la atención suficiente a ese virus que había surgido en una ciudad de China y que en pocas semanas había obligado a sitiar poblaciones enteras. El Gobierno fue el primer negacionista del coronavirus. Desde enero, todas las medidas y advertencias que fue promulgando la OMS fueron ignoradas por el Ejecutivo.
Avanzado febrero, cuando ya era evidente que el virus había atravesado el bloqueo chino y se había expandido a distintos continentes, las autoridades españolas seguían dudando de que existiese contagio entre personas. Para entonces, los países asiáticos ya controlaban la temperatura a los viajeros en los aeropuertos. España no empezó a hacerlo hasta julio, 4 meses después.
Para Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, España sólo iba a sufrir "un caso o dos", nada por lo que hubiese que alarmarse. La parálisis en la previsión y organización de una respuesta ante una crisis sanitaria perfectamente previsible quedó patente enseguida, y pese a todo, a finales de febrero, aún con el Gobierno habiéndose tomado un mes de ‘vacaciones’, España sólo registraba una treintena de casos. Había tiempo de hacer las cosas bien. Había tiempo de iniciar un rastreo eficaz. Lo que se hizo, sin embargo, fue limitarse a decirle a los enfermos leves que se quedasen en sus casas.
La excusa de la ignorancia ante una amenaza completamente nueva no se sostiene si se atiende a las propias maniobras que se fueron realizando durante los primeros compases del año. En el Gobierno han pecado de doble lenguaje. El 20 de febrero, cuando decían con optimismo que como mucho habría un par de casos y que España estaba salvaguardada por un sistema sanitario que entonces calificaban de robusto, se estaba elaborando al mismo tiempo un manual para el manejo de cadáveres del coronavirus.
Pese a que existían una serie de protocolos supuestamente fiables, esos mismos protocolos reconocían que faltaba material sanitario; aún sosteniendo que el impacto no iba a notarse demasiado, se comenzó a hablar de posibles colapsos hospitalarios y se puso sobre la mesa la necesidad de los triajes. Pero ni siquiera entonces se vio necesaria la compra de material. Alemania inició las suyas a principios de enero. España las retrasó hasta el 20 de marzo, en un momento en el que el mercado ya estaba colapsado y lleno de mafiosos que vendían desechos a un precio tres veces superior.
Aún con todo, el mensaje que se vendía era optimista. No importa que fuese para salvar la economía o para no tener que cancelar manifestaciones. Fue un problema de irresponsabilidad. A finales de febrero, el 80% de los positivos en España eran importados. No se llevaron a cabo rastreos exhautivos ni confinamientos prudenciales para los pacientes con síntomas leves. Tampoco se cerró la conexión aérea con una Italia confinada, ni se examinaba a los pasajeros de esos vuelos. No se realizó un cribado exhaustivo de los viajeros procedentes de lugares de riesgo, no se utilizaron termómetros en la frontera, no se estableció un plan de rastreo de contactos ni de confinamiento obligado para los posibles positivos que pudiesen ir surgiendo.
Otra de las grandes controversias de aquellos meses estuvo centrada en la manera de informar sobre la crisis adoptada por el Gobierno. Seleccionaron las preguntas, primero; no aceptaron repreguntas, después; y mantuvieron con los periodistas una relación más parecida a la de cualquier conferencia irrelevante que a la de una rueda de prensa destinada a garantizar el derecho a la información de los ciudadanos durante la mayor crisis que se recuerda. Han tratado a la prensa de una manera que no es digna de un país democrático.
Por otro lado, el Gobierno se centró en perseguir los bulos, pero sólo los que perjudicaban su imagen, no los que eran peligrosos para la sociedad. Bulos hubo tanto desde la izquierda como desde la derecha, pero el Gobierno sólo se preocupó por unos concretos, no por todos.
Aunque más grave fue el trato a los ciudadanos. En abril, de pronto, desaparecieron de las estadísticas miles de positivos detectados por test rápidos. El Gobierno había cambiado sus criterios, pese a que eran los que funcionaban en el resto de países. Lo hicieron de una forma tan burda que hasta la OMS se mosqueó y dejó de tratar los datos españoles por falta de confianza. El número real de infectados a día de hoy sigue sin estar claro, lo que hace que cualquier otra estadística derivada se vea sustancialmente contaminada.
¿Por qué España tiene una tasa de mortalidad tan exagerada? Se trata de un dato poco fiable porque no sabemos exactamente cuántos contagiados tenemos. De hecho, ni siquiera el número de fallecidos es exacto. En mayo se decía que había 28.000, pero el MoMo señalaba un incremento con respecto al año anterior de 44.000. ¿Cómo es posible un desajuste de 16.000 muertes? Se utilizó la excusa de causas ajenas al coronavirus, o de las patologías previas. ¿Pero qué anciano no tiene patologías previas? De 44.000 muertos, la mayoría pertenecían a la tercera edad. ¿Por qué el Gobierno no dio los datos de fallecidos en residencias, pese a que los poseía? ¿Dónde estaba la transparencia? No hemos tenido información real porque admitir las cifras reales habría sido reconocer el fracaso de la gestión de un Gobierno que decía que el virus no iba a llegar.
Hay una cosa curiosa. De pronto, a partir del 8 de marzo, comienzan a desconvocarse manifestaciones. La cosa es que, como no podían prohibirse, la Delegación de Gobierno encontró una solución intermedia. Se dedicó a llamar a los distintos organizadores para hacerles saber que la situación era 'delicada'. Naturalmente, si la Delegación de Gobierno te llama en esos términos tú desconvocas tu manifestación. Así hicieron todos. Lo curioso es que de esas llamadas no dejaron constancia escrita, ni emplearon ninguna fórmula legal para hacerlo.
Pero hay que preguntarse: ¿si pudieron hacerlo desde el 9 de marzo, por qué no lo hicieron con las del 8-M? Ahí te salen con la respuesta peregrina de que esas ya habían sido autorizadas por el anterior delegado. ¿Qué habría pasado si el 7 de marzo se hubiera aplicado ya el confinamiento en lugar de tolerar los actos masivos del día siguiente?
Por aquellas fechas, además, se desaconsejaron de manera furibunda una serie de encuentros de la Iglesia Evangélica. Una nota firmada por la directora de Salud Pública, Pilar Aparicio, decía que "todo evento multitudinario de cualquier tipo con alta presencia de personas de las zonas del mundo en las que hay transmisión" era "considerado de riesgo". ¿Las manifestaciones del 8-M no? Ahí te dicen que el requisito para que el evento fuese considerado de riesgo es que hubiese personas de países con transmisión y a las manifestaciones feministas iban a acudir nacionales.
Pero se da una paradoja en todo este asunto. En ese momento España ya tenía transmisión local. El truco era hacer creer que el riesgo venía de concentraciones con gente venida de China, o Corea, pero es que ese fin de semana en España ya había 489 positivos y 17 muertos. Además, ni Sanidad se puso en contacto con Delegación de Gobierno en ningún momento, ni Delegación preguntó a Sanidad si era pertinente seguir adelante con los preparativos.
¿Cuál fue la repercusión directa que tuvieron dichas manifestaciones en la curva de contagio? Un informe que no había visto la luz hasta ahora del Centro Nacional de Criminología, recogió la evolución del ratio de contagio y en febrero estaba bajando. A principios de marzo se estimaba que cada enfermo contagiaba a una media de 2 personas. El 10 de marzo estábamos en un ratio de 4,5. Además, una semana después, los casos habían subido un 1.200%.
Naturalmente, no toda la subida en el número de casos se debió a las manifestaciones feministas; en aquel fin de semana también tuvieron lugar un partido del Atlético de Madrid y un mitin de Vox, entre otos actos masivos. Pero desde luego tuvieron mucho que ver.
De lo que no hay duda es de la repercusión directa que tuvo el retraso en la toma de decisiones hasta el 9 de marzo, que se tradujo en un incremento llamativo de positivos por coronavirus.
¿Y el genocidio de las residencias? La primera cuestión que hay que tener en cuenta para entender lo que ha sucedido en los geriátricos es que el Gobierno tuvo mucho interés desde el principio en no coger esas competencias, a pesar de que tenía la obligación de velar por el buen funcionamiento de esos centros. Estaba decretado que cualquier anomalía debía ser informada a la Delegación de Gobierno, pero no consta que hayan existido demasiadas inspecciones en ninguna Comunidad Autónoma. ¿Tenían las autonomías capacidad para llevar a cabo esas inspecciones, o estaban saturadas con la mera respuesta sanitaria?
Los propios protocolos elaborados por el Gobierno dejaban a los ancianos desprotegidos. Se estipulaba que los enfermos de coronavirus debían permanecer en habitaciones bien ventiladas, pero se abría la opción a que lo hiciesen en habitaciones compartidas por la falta de espacio. ¿De verdad creían que no iba a haber contagios de esa manera?
Como añadidura, además de no abastecer a las autonomías con material sanitario, Moncloa aconsejó el uso de sustitutivos ineficaces como mascarillas reutilizadas o guantes de cocina. El mensaje que recibían las residencias era que se apañasen con lo que tuviesen. Es obvio que con esas condiciones, bastaba que un único trabajador llevase el virus de fuera para que el contagio se extendiese entre los residentes sin capacidad de reacción.
Otra cuestión controvertida fueron los triajes. A Madrid la han acusado de exterminar a los ancianos, pero resulta que el primero en dictaminar los triajes fue el propio Gobierno. El problema estuvo en que Moncloa nunca quiso saber el verdadero estado de las residencias a través de inspecciones y, por tanto, tampoco llevó a cabo medidas para revertir el colapso.
Evidentemente, las competencias eran de las autonomías, pero el Gobierno seguía siendo el máximo responsable y no se preocupó en ningún momento por la evolución de esos centros en ninguna comunidad. Buena parte del fracaso de las residencias, de hecho, se debió a la falta de material homologado, algo que sólo es achacable a la falta de previsión inicial del Ejecutivo.
¿Y si se comparan las medidas tomadas por España con las de otros países? Alemania, por ejemplo, ha demostrado una reacción mucho más rápida e inteligente. En abril destinó 20.000 soldados a hacer de rastreadores. España sólo a 2.000, y a partir de octubre. También ha hecho muchos más test. Consiguieron radiografiar de forma mucho más eficaz la realidad del virus dentro de sus fronteras y, por tanto, las medidas que tomaron posteriormente no necesitaron ser tan severas.
A Grecia, país más pobre que nosotros, le han sobrado camas UCI. Desde el primer momento organizaron confinamientos y cerraron los aeropuertos al turismo extranjero; se prohibieron actos masivos; se decretaron cuarentenas obligatorias para todos los griegos que llegasen de sitios sospechosos; y un largo etcétera. España, todavía con datos poco fiables, sigue entre los primeros países del mundo en número de contagios y de muertes.
A lo mejor lo que nos diferencia de otros países mucho menos desarrollados de todo el globo es que ellos han hecho cosas de forma un poco más sensata que nosotros. A lo mejor simplemente el uso de mascarillas en espacios cerrados desde el comienzo ha marcado una diferencia significativa en cifras. No se puede saber con exactitud. Lo que se sabe es que al principio aquí hasta se desaconsejaba el uso de la mascarilla, cuando la OMS siempre las recomendó. Antes ya las recomendaba para la gripe, ¿cómo no las iba a recomendar también para el coronavirus?
Sea como fuere la situación, en la actualidad, dista mucho de ser ideal. La segunda ola nos ha señalado nuevamente como uno de los países que peor han gestionado la crisis.
Y lo primero que se ha hecho entre la primera y la segunda ola es incumplir las normas de la UE para desconfinar. La UE exigía que España tuviera el sistema sanitario recuperado antes del desconfinamiento total. Porque iban a venir dos olas y se sabía. Los pronósticos se han cumplido más rápido de lo esperado, sin embargo, ¿qué ha hecho España en ese lapso? ¿Ha creado decenas de miles de UCIS para hacer frente a posibles rebrotes? ¿Ha contratado muchos más médicos? ¿Ha hecho acopio de material sanitario? ¿Ha protegido las residencias? No. Nuestros dirigentes no han aprendido nada.
El que gobernaba la gestión de la pandemia a nivel nacional, incluso antes del mando único, era Illa. El Ministerio de Sanidad estipulaba las pautas que debían seguirse. Lo que ha fallado es que el Gobierno central no ha sabido restablecer completamente el sistema sanitario. Desde luego, también ha faltado una buena gestión autonómica posterior. Tampoco se han hecho rastreos de contactos de nuevos positivos a ningún nivel. Eso ha provocado que se quede bajo la alfombra una tasa de infección brutal. Pero lo llamativo es que todo lo que no se hizo durante meses, antes incluso del estado de alarma, es lo que el Gobierno de Sánchez le exige a algunas autonomías de repente.
Otra cosa que llama la atención es el repentino cambio de criterio en la exigencia de responsabilidades. Al principio, cuando alguien osaba criticar la gestión o buscar comparaciones con otros países, se le acusaba de antipatriota y se decía que lo que tocaba era remar unidos. Ahora, sin embargo, parece que esa regla ya no vale y que se pueden señalar culpables con nombre y apellidos y comparar comunidades autónomas.
Esto es algo que ni siquiera tiene sentido porque ¿cuál ha sido la herencia que les ha dejado el Gobierno a las autonomías? La cosa sería distinta si Moncloa se hubiera volcado con todas ellas. Si les hubiera proporcionado todo lo indispensable para que hicieran frente al virus. Entonces sí que después tendría derecho a discernir quién lo ha hecho mejor y quién lo ha hecho peor. Ahora, sin embargo, acusa a las autonomías de falsear datos, cuando ellos llevan haciéndolo desde abril.
Con el decreto del estado de alarma en Madrid, la situación evidencia una clara batalla política antes que sanitaria. Pero de nuevo aparecen las paradojas. Por un lado, el Gobierno desea que a las autonomías les vaya mal para hacer ver como que tampoco han sabido hacerlo mejor que el mando único; y por otro, las autonomías parecen desear ser confinadas, pero no lo pueden reconocer en público.
Desde el principio de la pandemia aquí no se hicieron test a los viajeros, ni se les tomó la temperatura. No se hizo nada. Cuando no se hace nada, la ola te come, y cuando ya está toda la población sumergida, ¿qué medida cabe?, ¿el confinamiento de toda la población de forma indefinida? Sólo hay una solución viable y eficaz, aunque costosa: hacer test a toda la población. ¿Cuánto dinero costaría? ¿No estamos dispuestos a gastarlo? El problema no es ese. El problema es que queramos saber realmente cuántos infectados hay. Si lo hiciéramos, posiblemente saldría una cifra brutal de gente que tendría que confinarse. Pero es que esas son las únicas cuarentenas efectivas.
La economía es importante, qué duda cabe. Pero si no tomamos las medidas adecuadas, por muy drásticas que parezcan al principio, nos veremos obligados a seguir confinando intermitentemente a la población, y la economía se derrumbará igual. Lo único importante, en realidad, es saber a ciencia cierta quién está enfermo y rastrear a todos sus contactos.
Once alertas que no fueron suficientes para impedir la marabunta sufragada con el dinero del contribuyente, a más gloria de ese Ministerio de Igualdad donde se almacena toda la chatarra ideológica y el laboratorio dogmático con una curiosa carga vírica: la ingeniería social que envenena a la ciudadanía con sectarismo infantil veteado de odio irracional. Un feminismo folclórico y vergonzante que explota la debilidad mental de sus adeptas, un movimiento clerical con un reverso tenebroso en una vuelta a la barbarización y a la estupidez.
Hay un luctuoso antes y después de esas alertas y del 8 de marzo, y es de una evidencia abrumadora. Hasta entonces, ese feminismo era una cosa más o menos sonrojante y descabellada, censora y catequista; que provocaba tanto asombro como vergüenza ajena, en guerra constante contra el sentido común y contra la gramática. Y un pesebre donde mecer los chiringuitos en lo que abrevaban una variopinta fauna de caraduras, fanáticos y vividores sin escrúpulos; gente capaz de usar el dolor y la muerte de mujeres para hacer medre político y lucro. Uno de los soportes de la agenda de una izquierda colectivista e iletrada, con sus cenobios de disparates antiliberales.
Pero después de la infamia de las once alertas, después de su fiesta de berridos donde lo dejaron todo perdido de demagogia y de carteles con mensajes inverosímiles, con una horda a duras penas alfabetizada puesta al servicio de la agenda de Gobierno; después de lo que pasó y de lo que sabemos, ese feminismo ha dejado de ser un comedero para cientos de asociaciones y ha mutado en una perversión criminal. En algo que ha enterrado a demasiada gente demasiado rápido. Por cerrilismo, falta de escrúpulos, por el enconamiento obtuso del que necesita hacer algo sí o sí porque ese día era el cabeza de cartel de todo su entramado propagandístico, de toda la estrategia política.
Miles de personas han sido sacrificadas en el altar del 8-M, por dejadez o irresponsabilidad, pero también por un crimen consciente. Los efectos onerosos del populismo.
Once veces que prefirieron mirar para otro lado, desoyendo cualquier emergencia, porque era impensable cancelar la gran fiesta de la pomposa 'ministra celebrity' que ha pasado de las concentraciones asamblearias de Sol a la portada de las revistas de postín con la misma facilidad con la que humillaba a su escolta. La vanidad es una característica que suelen llevar encima todos los indeseables.
No hay atisbo de arrepentimiento, o de sonrojo. Nadie ha articulado un tímido y susurrante “lo siento”. Ese desentenderse de la realidad y de las trágicas consecuencias de su integrismo produce escalofríos. Siguen con la apisonadora ideológica a todo lo que da, subiendo de marcha, arrollando y cribando para dejar fuera a la mitad (por lo menos) de la población, y a todo el que se niegue a comulgar con las ruedas de los molinos totalitarios que envilecen la convivencia y agrian los debates. Su indigencia intelectual y moral estremece. Pocas veces se habían juntado en los atractivos pasillos del poder tal colección de despropósitos con sueldo público.
Esto va a durar tiempo, un tiempo largo y desesperante, y vamos a relacionarnos con esa gente, tendremos que convivir con ellos, hasta los misántropos más convencidos. Encenderemos la tele y ahí estarán, los que se pasaron por el forro de los huevos las alertas; pero también en nuestro entorno entraremos en contacto con todos los mamporreros gubernamentales que aplaudieron primero, jalearon durante y justificaron después y ahora. Los que decían a los demás que no se podía saber y además no se podía criticar. Vamos a coincidir, en nuestro día a día, o en cenas, reuniones, ascensores… con personas que avalaron esa negligencia y esa actitud homicida. Proselitistas de la muerte, zumbados que han hecho de Fernando Simón una especie de icono pop fúnebre.
Sí, tendremos que lidiar con esos descerebrados arrogantes y fanáticos. Y, además, para no crispar más el asunto y que no nos acusen de exaltados, tendremos que sonreír. Una sonrisa dolorosa en una cordialidad insostenible.
A día de hoy tenemos 10 veces más muertos por millón de habitantes que la India. ¿Tenemos realmente peor sanidad que la India o que Sierra Leona? ¿Qué ha hecho España para tener la peor sanidad del mundo? El periodista Francisco Mercado desnuda la gestión del Gobierno durante la crisis de la covid-19 en su libro: Una pandemia de errores. Éstas son algunas de sus certeras conclusiones.
El primer error sucedió en enero y fue no prestarle la atención suficiente a ese virus que había surgido en una ciudad de China y que en pocas semanas había obligado a sitiar poblaciones enteras. El Gobierno fue el primer negacionista del coronavirus. Desde enero, todas las medidas y advertencias que fue promulgando la OMS fueron ignoradas por el Ejecutivo.
Avanzado febrero, cuando ya era evidente que el virus había atravesado el bloqueo chino y se había expandido a distintos continentes, las autoridades españolas seguían dudando de que existiese contagio entre personas. Para entonces, los países asiáticos ya controlaban la temperatura a los viajeros en los aeropuertos. España no empezó a hacerlo hasta julio, 4 meses después.
Para Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, España sólo iba a sufrir "un caso o dos", nada por lo que hubiese que alarmarse. La parálisis en la previsión y organización de una respuesta ante una crisis sanitaria perfectamente previsible quedó patente enseguida, y pese a todo, a finales de febrero, aún con el Gobierno habiéndose tomado un mes de ‘vacaciones’, España sólo registraba una treintena de casos. Había tiempo de hacer las cosas bien. Había tiempo de iniciar un rastreo eficaz. Lo que se hizo, sin embargo, fue limitarse a decirle a los enfermos leves que se quedasen en sus casas.
La excusa de la ignorancia ante una amenaza completamente nueva no se sostiene si se atiende a las propias maniobras que se fueron realizando durante los primeros compases del año. En el Gobierno han pecado de doble lenguaje. El 20 de febrero, cuando decían con optimismo que como mucho habría un par de casos y que España estaba salvaguardada por un sistema sanitario que entonces calificaban de robusto, se estaba elaborando al mismo tiempo un manual para el manejo de cadáveres del coronavirus.
Pese a que existían una serie de protocolos supuestamente fiables, esos mismos protocolos reconocían que faltaba material sanitario; aún sosteniendo que el impacto no iba a notarse demasiado, se comenzó a hablar de posibles colapsos hospitalarios y se puso sobre la mesa la necesidad de los triajes. Pero ni siquiera entonces se vio necesaria la compra de material. Alemania inició las suyas a principios de enero. España las retrasó hasta el 20 de marzo, en un momento en el que el mercado ya estaba colapsado y lleno de mafiosos que vendían desechos a un precio tres veces superior.
Aún con todo, el mensaje que se vendía era optimista. No importa que fuese para salvar la economía o para no tener que cancelar manifestaciones. Fue un problema de irresponsabilidad. A finales de febrero, el 80% de los positivos en España eran importados. No se llevaron a cabo rastreos exhautivos ni confinamientos prudenciales para los pacientes con síntomas leves. Tampoco se cerró la conexión aérea con una Italia confinada, ni se examinaba a los pasajeros de esos vuelos. No se realizó un cribado exhaustivo de los viajeros procedentes de lugares de riesgo, no se utilizaron termómetros en la frontera, no se estableció un plan de rastreo de contactos ni de confinamiento obligado para los posibles positivos que pudiesen ir surgiendo.
Otra de las grandes controversias de aquellos meses estuvo centrada en la manera de informar sobre la crisis adoptada por el Gobierno. Seleccionaron las preguntas, primero; no aceptaron repreguntas, después; y mantuvieron con los periodistas una relación más parecida a la de cualquier conferencia irrelevante que a la de una rueda de prensa destinada a garantizar el derecho a la información de los ciudadanos durante la mayor crisis que se recuerda. Han tratado a la prensa de una manera que no es digna de un país democrático.
Por otro lado, el Gobierno se centró en perseguir los bulos, pero sólo los que perjudicaban su imagen, no los que eran peligrosos para la sociedad. Bulos hubo tanto desde la izquierda como desde la derecha, pero el Gobierno sólo se preocupó por unos concretos, no por todos.
Aunque más grave fue el trato a los ciudadanos. En abril, de pronto, desaparecieron de las estadísticas miles de positivos detectados por test rápidos. El Gobierno había cambiado sus criterios, pese a que eran los que funcionaban en el resto de países. Lo hicieron de una forma tan burda que hasta la OMS se mosqueó y dejó de tratar los datos españoles por falta de confianza. El número real de infectados a día de hoy sigue sin estar claro, lo que hace que cualquier otra estadística derivada se vea sustancialmente contaminada.
¿Por qué España tiene una tasa de mortalidad tan exagerada? Se trata de un dato poco fiable porque no sabemos exactamente cuántos contagiados tenemos. De hecho, ni siquiera el número de fallecidos es exacto. En mayo se decía que había 28.000, pero el MoMo señalaba un incremento con respecto al año anterior de 44.000. ¿Cómo es posible un desajuste de 16.000 muertes? Se utilizó la excusa de causas ajenas al coronavirus, o de las patologías previas. ¿Pero qué anciano no tiene patologías previas? De 44.000 muertos, la mayoría pertenecían a la tercera edad. ¿Por qué el Gobierno no dio los datos de fallecidos en residencias, pese a que los poseía? ¿Dónde estaba la transparencia? No hemos tenido información real porque admitir las cifras reales habría sido reconocer el fracaso de la gestión de un Gobierno que decía que el virus no iba a llegar.
Hay una cosa curiosa. De pronto, a partir del 8 de marzo, comienzan a desconvocarse manifestaciones. La cosa es que, como no podían prohibirse, la Delegación de Gobierno encontró una solución intermedia. Se dedicó a llamar a los distintos organizadores para hacerles saber que la situación era 'delicada'. Naturalmente, si la Delegación de Gobierno te llama en esos términos tú desconvocas tu manifestación. Así hicieron todos. Lo curioso es que de esas llamadas no dejaron constancia escrita, ni emplearon ninguna fórmula legal para hacerlo.
Pero hay que preguntarse: ¿si pudieron hacerlo desde el 9 de marzo, por qué no lo hicieron con las del 8-M? Ahí te salen con la respuesta peregrina de que esas ya habían sido autorizadas por el anterior delegado. ¿Qué habría pasado si el 7 de marzo se hubiera aplicado ya el confinamiento en lugar de tolerar los actos masivos del día siguiente?
Por aquellas fechas, además, se desaconsejaron de manera furibunda una serie de encuentros de la Iglesia Evangélica. Una nota firmada por la directora de Salud Pública, Pilar Aparicio, decía que "todo evento multitudinario de cualquier tipo con alta presencia de personas de las zonas del mundo en las que hay transmisión" era "considerado de riesgo". ¿Las manifestaciones del 8-M no? Ahí te dicen que el requisito para que el evento fuese considerado de riesgo es que hubiese personas de países con transmisión y a las manifestaciones feministas iban a acudir nacionales.
Pero se da una paradoja en todo este asunto. En ese momento España ya tenía transmisión local. El truco era hacer creer que el riesgo venía de concentraciones con gente venida de China, o Corea, pero es que ese fin de semana en España ya había 489 positivos y 17 muertos. Además, ni Sanidad se puso en contacto con Delegación de Gobierno en ningún momento, ni Delegación preguntó a Sanidad si era pertinente seguir adelante con los preparativos.
¿Cuál fue la repercusión directa que tuvieron dichas manifestaciones en la curva de contagio? Un informe que no había visto la luz hasta ahora del Centro Nacional de Criminología, recogió la evolución del ratio de contagio y en febrero estaba bajando. A principios de marzo se estimaba que cada enfermo contagiaba a una media de 2 personas. El 10 de marzo estábamos en un ratio de 4,5. Además, una semana después, los casos habían subido un 1.200%.
Naturalmente, no toda la subida en el número de casos se debió a las manifestaciones feministas; en aquel fin de semana también tuvieron lugar un partido del Atlético de Madrid y un mitin de Vox, entre otos actos masivos. Pero desde luego tuvieron mucho que ver.
De lo que no hay duda es de la repercusión directa que tuvo el retraso en la toma de decisiones hasta el 9 de marzo, que se tradujo en un incremento llamativo de positivos por coronavirus.
¿Y el genocidio de las residencias? La primera cuestión que hay que tener en cuenta para entender lo que ha sucedido en los geriátricos es que el Gobierno tuvo mucho interés desde el principio en no coger esas competencias, a pesar de que tenía la obligación de velar por el buen funcionamiento de esos centros. Estaba decretado que cualquier anomalía debía ser informada a la Delegación de Gobierno, pero no consta que hayan existido demasiadas inspecciones en ninguna Comunidad Autónoma. ¿Tenían las autonomías capacidad para llevar a cabo esas inspecciones, o estaban saturadas con la mera respuesta sanitaria?
Los propios protocolos elaborados por el Gobierno dejaban a los ancianos desprotegidos. Se estipulaba que los enfermos de coronavirus debían permanecer en habitaciones bien ventiladas, pero se abría la opción a que lo hiciesen en habitaciones compartidas por la falta de espacio. ¿De verdad creían que no iba a haber contagios de esa manera?
Como añadidura, además de no abastecer a las autonomías con material sanitario, Moncloa aconsejó el uso de sustitutivos ineficaces como mascarillas reutilizadas o guantes de cocina. El mensaje que recibían las residencias era que se apañasen con lo que tuviesen. Es obvio que con esas condiciones, bastaba que un único trabajador llevase el virus de fuera para que el contagio se extendiese entre los residentes sin capacidad de reacción.
Otra cuestión controvertida fueron los triajes. A Madrid la han acusado de exterminar a los ancianos, pero resulta que el primero en dictaminar los triajes fue el propio Gobierno. El problema estuvo en que Moncloa nunca quiso saber el verdadero estado de las residencias a través de inspecciones y, por tanto, tampoco llevó a cabo medidas para revertir el colapso.
Evidentemente, las competencias eran de las autonomías, pero el Gobierno seguía siendo el máximo responsable y no se preocupó en ningún momento por la evolución de esos centros en ninguna comunidad. Buena parte del fracaso de las residencias, de hecho, se debió a la falta de material homologado, algo que sólo es achacable a la falta de previsión inicial del Ejecutivo.
¿Y si se comparan las medidas tomadas por España con las de otros países? Alemania, por ejemplo, ha demostrado una reacción mucho más rápida e inteligente. En abril destinó 20.000 soldados a hacer de rastreadores. España sólo a 2.000, y a partir de octubre. También ha hecho muchos más test. Consiguieron radiografiar de forma mucho más eficaz la realidad del virus dentro de sus fronteras y, por tanto, las medidas que tomaron posteriormente no necesitaron ser tan severas.
A Grecia, país más pobre que nosotros, le han sobrado camas UCI. Desde el primer momento organizaron confinamientos y cerraron los aeropuertos al turismo extranjero; se prohibieron actos masivos; se decretaron cuarentenas obligatorias para todos los griegos que llegasen de sitios sospechosos; y un largo etcétera. España, todavía con datos poco fiables, sigue entre los primeros países del mundo en número de contagios y de muertes.
A lo mejor lo que nos diferencia de otros países mucho menos desarrollados de todo el globo es que ellos han hecho cosas de forma un poco más sensata que nosotros. A lo mejor simplemente el uso de mascarillas en espacios cerrados desde el comienzo ha marcado una diferencia significativa en cifras. No se puede saber con exactitud. Lo que se sabe es que al principio aquí hasta se desaconsejaba el uso de la mascarilla, cuando la OMS siempre las recomendó. Antes ya las recomendaba para la gripe, ¿cómo no las iba a recomendar también para el coronavirus?
Sea como fuere la situación, en la actualidad, dista mucho de ser ideal. La segunda ola nos ha señalado nuevamente como uno de los países que peor han gestionado la crisis.
Y lo primero que se ha hecho entre la primera y la segunda ola es incumplir las normas de la UE para desconfinar. La UE exigía que España tuviera el sistema sanitario recuperado antes del desconfinamiento total. Porque iban a venir dos olas y se sabía. Los pronósticos se han cumplido más rápido de lo esperado, sin embargo, ¿qué ha hecho España en ese lapso? ¿Ha creado decenas de miles de UCIS para hacer frente a posibles rebrotes? ¿Ha contratado muchos más médicos? ¿Ha hecho acopio de material sanitario? ¿Ha protegido las residencias? No. Nuestros dirigentes no han aprendido nada.
El que gobernaba la gestión de la pandemia a nivel nacional, incluso antes del mando único, era Illa. El Ministerio de Sanidad estipulaba las pautas que debían seguirse. Lo que ha fallado es que el Gobierno central no ha sabido restablecer completamente el sistema sanitario. Desde luego, también ha faltado una buena gestión autonómica posterior. Tampoco se han hecho rastreos de contactos de nuevos positivos a ningún nivel. Eso ha provocado que se quede bajo la alfombra una tasa de infección brutal. Pero lo llamativo es que todo lo que no se hizo durante meses, antes incluso del estado de alarma, es lo que el Gobierno de Sánchez le exige a algunas autonomías de repente.
Otra cosa que llama la atención es el repentino cambio de criterio en la exigencia de responsabilidades. Al principio, cuando alguien osaba criticar la gestión o buscar comparaciones con otros países, se le acusaba de antipatriota y se decía que lo que tocaba era remar unidos. Ahora, sin embargo, parece que esa regla ya no vale y que se pueden señalar culpables con nombre y apellidos y comparar comunidades autónomas.
Esto es algo que ni siquiera tiene sentido porque ¿cuál ha sido la herencia que les ha dejado el Gobierno a las autonomías? La cosa sería distinta si Moncloa se hubiera volcado con todas ellas. Si les hubiera proporcionado todo lo indispensable para que hicieran frente al virus. Entonces sí que después tendría derecho a discernir quién lo ha hecho mejor y quién lo ha hecho peor. Ahora, sin embargo, acusa a las autonomías de falsear datos, cuando ellos llevan haciéndolo desde abril.
Con el decreto del estado de alarma en Madrid, la situación evidencia una clara batalla política antes que sanitaria. Pero de nuevo aparecen las paradojas. Por un lado, el Gobierno desea que a las autonomías les vaya mal para hacer ver como que tampoco han sabido hacerlo mejor que el mando único; y por otro, las autonomías parecen desear ser confinadas, pero no lo pueden reconocer en público.
Desde el principio de la pandemia aquí no se hicieron test a los viajeros, ni se les tomó la temperatura. No se hizo nada. Cuando no se hace nada, la ola te come, y cuando ya está toda la población sumergida, ¿qué medida cabe?, ¿el confinamiento de toda la población de forma indefinida? Sólo hay una solución viable y eficaz, aunque costosa: hacer test a toda la población. ¿Cuánto dinero costaría? ¿No estamos dispuestos a gastarlo? El problema no es ese. El problema es que queramos saber realmente cuántos infectados hay. Si lo hiciéramos, posiblemente saldría una cifra brutal de gente que tendría que confinarse. Pero es que esas son las únicas cuarentenas efectivas.
La economía es importante, qué duda cabe. Pero si no tomamos las medidas adecuadas, por muy drásticas que parezcan al principio, nos veremos obligados a seguir confinando intermitentemente a la población, y la economía se derrumbará igual. Lo único importante, en realidad, es saber a ciencia cierta quién está enfermo y rastrear a todos sus contactos.
La España insostenible de las once alertas
Once alertas del Departamento de Seguridad Nacional avisando de lo que se nos venía encima. Once alertas como once condenas, como once evidencias, como once omisiones que fueron hachazos a la razón y a la vida. Tampoco es que parezcan suficientes para los yihadistas de partido. Para los que tienen una capacidad critica cuestionable o directamente inexistente. Hay que enterrar las evidencias con el mismo sigilo con el que se entierran miles de compatriotas. No quieren dar lugar a la especulación, no van a dejar que se investigue la gestión de la pandemia, porque para eso controlan la fiscalía. No es no, bonita.Once alertas que no fueron suficientes para impedir la marabunta sufragada con el dinero del contribuyente, a más gloria de ese Ministerio de Igualdad donde se almacena toda la chatarra ideológica y el laboratorio dogmático con una curiosa carga vírica: la ingeniería social que envenena a la ciudadanía con sectarismo infantil veteado de odio irracional. Un feminismo folclórico y vergonzante que explota la debilidad mental de sus adeptas, un movimiento clerical con un reverso tenebroso en una vuelta a la barbarización y a la estupidez.
Hay un luctuoso antes y después de esas alertas y del 8 de marzo, y es de una evidencia abrumadora. Hasta entonces, ese feminismo era una cosa más o menos sonrojante y descabellada, censora y catequista; que provocaba tanto asombro como vergüenza ajena, en guerra constante contra el sentido común y contra la gramática. Y un pesebre donde mecer los chiringuitos en lo que abrevaban una variopinta fauna de caraduras, fanáticos y vividores sin escrúpulos; gente capaz de usar el dolor y la muerte de mujeres para hacer medre político y lucro. Uno de los soportes de la agenda de una izquierda colectivista e iletrada, con sus cenobios de disparates antiliberales.
Pero después de la infamia de las once alertas, después de su fiesta de berridos donde lo dejaron todo perdido de demagogia y de carteles con mensajes inverosímiles, con una horda a duras penas alfabetizada puesta al servicio de la agenda de Gobierno; después de lo que pasó y de lo que sabemos, ese feminismo ha dejado de ser un comedero para cientos de asociaciones y ha mutado en una perversión criminal. En algo que ha enterrado a demasiada gente demasiado rápido. Por cerrilismo, falta de escrúpulos, por el enconamiento obtuso del que necesita hacer algo sí o sí porque ese día era el cabeza de cartel de todo su entramado propagandístico, de toda la estrategia política.
Miles de personas han sido sacrificadas en el altar del 8-M, por dejadez o irresponsabilidad, pero también por un crimen consciente. Los efectos onerosos del populismo.
Once veces que prefirieron mirar para otro lado, desoyendo cualquier emergencia, porque era impensable cancelar la gran fiesta de la pomposa 'ministra celebrity' que ha pasado de las concentraciones asamblearias de Sol a la portada de las revistas de postín con la misma facilidad con la que humillaba a su escolta. La vanidad es una característica que suelen llevar encima todos los indeseables.
No hay atisbo de arrepentimiento, o de sonrojo. Nadie ha articulado un tímido y susurrante “lo siento”. Ese desentenderse de la realidad y de las trágicas consecuencias de su integrismo produce escalofríos. Siguen con la apisonadora ideológica a todo lo que da, subiendo de marcha, arrollando y cribando para dejar fuera a la mitad (por lo menos) de la población, y a todo el que se niegue a comulgar con las ruedas de los molinos totalitarios que envilecen la convivencia y agrian los debates. Su indigencia intelectual y moral estremece. Pocas veces se habían juntado en los atractivos pasillos del poder tal colección de despropósitos con sueldo público.
Esto va a durar tiempo, un tiempo largo y desesperante, y vamos a relacionarnos con esa gente, tendremos que convivir con ellos, hasta los misántropos más convencidos. Encenderemos la tele y ahí estarán, los que se pasaron por el forro de los huevos las alertas; pero también en nuestro entorno entraremos en contacto con todos los mamporreros gubernamentales que aplaudieron primero, jalearon durante y justificaron después y ahora. Los que decían a los demás que no se podía saber y además no se podía criticar. Vamos a coincidir, en nuestro día a día, o en cenas, reuniones, ascensores… con personas que avalaron esa negligencia y esa actitud homicida. Proselitistas de la muerte, zumbados que han hecho de Fernando Simón una especie de icono pop fúnebre.
Sí, tendremos que lidiar con esos descerebrados arrogantes y fanáticos. Y, además, para no crispar más el asunto y que no nos acusen de exaltados, tendremos que sonreír. Una sonrisa dolorosa en una cordialidad insostenible.